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un mundo raro
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miércoles, 21 de mayo de 2014
viernes, 18 de noviembre de 2011
El ocio resplandeciente de las universidades
Juan Guillermo Tejeda
Artista visual. Académico de la Universidad de Chile.
Lo más bonito de la universidad es que sea un espacio un poco ocioso y abierto, donde se pierde –o se gana– mucho el tiempo. En ese mundo podemos tratar con gente de diversas generaciones, y en cambio no hay ni verdades absolutas ni doctrinas oficiales.
De mi paso como estudiante universitario recuerdo sobre todo la conversación, las experiencias, la gente que conocí, los maestros o compañeros o afectos que tuve, y sobre todo el proceso mediante el cual fui descubriendo o potenciando capas hasta entonces inactivas de mí mismo. Entendemos así la dimensión del conocimiento y qué lugar modesto ocupamos en él.
Me tocó pasar exitosa o fracasadamente por cuatro facultades de tres universidades distintas, dos de ellas públicas. Estudié (es un decir) Arquitectura en la Universidad Católica, apenas unos meses; Filosofía –dos años de bruma– en el glorioso Instituto Pedagógico, Bellas Artes completa en la Universidad de Chile y finalmente un año y medio de Arte en la Escuela de Sant Jordi, en la Universidad de Barcelona, donde poco aporté y se me olvidó casi todo.
Siempre me ha gustado medir mis fuerzas, sentirme vivo y renovado en algo, acogido por una red de personas y situaciones, navegar en una ola de cambio durante meses o años, y cuando el ambiente se marchita pasar a otra cosa, aunque conserve algunas de esas relaciones para el resto de mi vida. No creo que a un libro haya que leerle todos los capítulos ni que a una carrera haya que seguirle todos los ramos, en una buena fiesta basta con haber estado un rato. Las experiencias desarrollan su curva natural, que es la que vale y está viva, lo demás son burocracias, alimentadas por la expectativa ilusoria de que las cosas en la vida “se completan”. La verdad es que vamos haciendo la vida día a día hasta que simplemente se extingue sin que sepamos por qué.
Para seguir leyendo, da click aquí
Artista visual. Académico de la Universidad de Chile.
Lo más bonito de la universidad es que sea un espacio un poco ocioso y abierto, donde se pierde –o se gana– mucho el tiempo. En ese mundo podemos tratar con gente de diversas generaciones, y en cambio no hay ni verdades absolutas ni doctrinas oficiales.
De mi paso como estudiante universitario recuerdo sobre todo la conversación, las experiencias, la gente que conocí, los maestros o compañeros o afectos que tuve, y sobre todo el proceso mediante el cual fui descubriendo o potenciando capas hasta entonces inactivas de mí mismo. Entendemos así la dimensión del conocimiento y qué lugar modesto ocupamos en él.
Me tocó pasar exitosa o fracasadamente por cuatro facultades de tres universidades distintas, dos de ellas públicas. Estudié (es un decir) Arquitectura en la Universidad Católica, apenas unos meses; Filosofía –dos años de bruma– en el glorioso Instituto Pedagógico, Bellas Artes completa en la Universidad de Chile y finalmente un año y medio de Arte en la Escuela de Sant Jordi, en la Universidad de Barcelona, donde poco aporté y se me olvidó casi todo.
Siempre me ha gustado medir mis fuerzas, sentirme vivo y renovado en algo, acogido por una red de personas y situaciones, navegar en una ola de cambio durante meses o años, y cuando el ambiente se marchita pasar a otra cosa, aunque conserve algunas de esas relaciones para el resto de mi vida. No creo que a un libro haya que leerle todos los capítulos ni que a una carrera haya que seguirle todos los ramos, en una buena fiesta basta con haber estado un rato. Las experiencias desarrollan su curva natural, que es la que vale y está viva, lo demás son burocracias, alimentadas por la expectativa ilusoria de que las cosas en la vida “se completan”. La verdad es que vamos haciendo la vida día a día hasta que simplemente se extingue sin que sepamos por qué.
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miércoles, 16 de noviembre de 2011
La miel del Panal
Carlos Ornelas*
Aunque es temprano para analizar el papel del Panal en las elecciones de Michoacán, parece que es ficticia la fuerza que muchos le atribuyen al Partido Nueva Alianza por su simbiosis con el SNTE. Cierto, en Michoacán los seguidores de Elba Esther Gordillo no hacen mayoría y la violencia campea en la entidad, por lo que era previsible que su legendaria "ingeniería electoral" no funcionaría con el empuje acostumbrado. Al final la señora Gordillo le falló al PAN y a la hermana del Presidente; no hubo tanta miel en el Panal.
Aunque es temprano para analizar el papel del Panal en las elecciones de Michoacán, parece que es ficticia la fuerza que muchos le atribuyen al Partido Nueva Alianza por su simbiosis con el SNTE. Cierto, en Michoacán los seguidores de Elba Esther Gordillo no hacen mayoría y la violencia campea en la entidad, por lo que era previsible que su legendaria "ingeniería electoral" no funcionaría con el empuje acostumbrado. Al final la señora Gordillo le falló al PAN y a la hermana del Presidente; no hubo tanta miel en el Panal.
La pregunta hoy es si todavía hay un partido o un candidato que acepte de aliada a la señora Gordillo a cambio de la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE y al menos 32 diputaciones federales, además de las otras dependencias que ya controla, como la Lotería Nacional.
El presidente Calderón está pagando los costos por haber confiado en ella y en su palabra; ella no cumple, recibe todos los bienes a cambio de muy poco. Es posible que el candidato presidencial que ahora apunta como favorito, Enrique Peña Nieto, esté repensando hacer un pacto con ella y el Panal. Quizá no la quiera de enemiga, pero dudo que ansíe pagar el precio que ella pide.
Tal vez en la cabeza de los estrategas del PRI (si es que tiene cuadros que se puedan catalogar como tales) naveguen ciertas ideas. Por ejemplo, si bien el Panal y el SNTE le pueden acarrear votos a los candidatos de ese partido; también lo pueden hacer en contra. El desprestigio pesa. Si la lleva como compañera, no sólo los maestros disidentes, que son enemigos jurados de la señora Gordillo, votarían en contra del PRI, también lo harían los segmentos sociales que se interesan por la educación.
No me refiero nada más al voto intuitivo, el de la ciudadanía descontenta, la que dice que ya basta de tanta corrupción y mala educación, que puede estar aislada y desorganizada. Pienso en el "círculo rojo" contra el SNTE y la señora Gordillo. La semana pasada, por ejemplo, durante el XI Congreso Nacional de Investigación Educativa, en muchas mesas se criticaba el hacer y deshacer del SNTE en la SEP y se hablaba de organizar el descontento. En algunas mesas se dio la bienvenida a la iniciativa que propuso Pedro Flores Crespo hace algunas semanas de promover un voto de castigo contra el Panal y quien se concuerde con él.
Más allá de ese círculo, la Coalición Ciudadana por la Educación, compuesta por intelectuales y activistas con experiencia en la movilización política, algunos provenientes de la Alianza Cívica, organizan una campaña de alcance nacional para elevar el costo político de quien busque a la señora Gordillo como aliada.
Sin embargo, puede ser que la ceguera o las ganas de seguir creyendo en el poder de manipulación de la señora Gordillo se afiance en las filas del PRI. Y, si gana las elecciones, la camarilla hegemónica del SNTE acaso apriete su control sobre la educación, al menos la básica. ¡Sería una desgracia nacional!Hay quienes piensan en el regreso del PRI a Los Pinos como si fuera a implantar una reacción termidoriana (porque -dicen- en el segmento de educación básica reina el terror) cuya misión principal sería vengar los agravios de que fue objeto desde el año 2000. El mundo no es tan sencillo, pienso. Los juegos del poder son complejos y los grupos e individuos buscan fortalecer sus intereses mas, con el fin de alcanzar ciertos fines, tienen que hacer pactos con otros grupos o personas, algunos hasta con el diablo.
Sostengo que hay materia suficiente para desplegar un programa político, de cara a las elecciones de 2012, que tenga como piedra angular recuperar la educación para beneficio de la nación. Hay que hacer pública a la educación pública, que ha sido privatizada por la camarilla hegemónica del SNTE.
Frente a los intereses de esa cuadrilla, habrá que imponer los principios de la nación. Hay que hacer saber a todos que la miel del Panal es amarga.
Retazos
Espero que el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, recupere pronto su salud y despache con normalidad en su puesto.
En mi artículo del 26 de octubre aseguré que Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, lo era también de la Fundación Televisa. Pido disculpas por la mención, pero no tenía conocimiento de que ya había abandonado la Fundación.
*Académico de la UAM
jueves, 10 de noviembre de 2011
¡En defensa de la autonomía!
Humberto Muñoz García*
La defensa de la autonomía es, en la actualidad, el principal reto de las universidades públicas. Hay que insistir en ello porque en las universidades de Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, recientemente, ha habido amenazas en su contra. La alerta proviene de lo dicho por el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), doctor Enrique Fernández Fassnacht, en la entrevista realizada por el director de Campus, Jorge Medina Viedas, publicada la semana pasada.
Hay países donde la autonomía de las universidades no está sancionada en la ley suprema; los gobiernos la dan por hecho, y la respetan, en sus relaciones con las casas de estudio. En México, la autonomía universitaria aparece definida en la fracción siete del artículo tercero de la Constitución Política. Se otorgó de manera formal, por primera vez, en 1917, cuando el Congreso local decretó la creación de la Universidad de Michoacán.
En 1923, cuando se origina la Universidad de San Luis Potosí, el gobierno de la entidad decretó que sería una institución autónoma en lo que respecta a su funcionamiento interno. En 1929 se otorgó el carácter de autónoma a la Universidad Nacional de México. Hoy casi todas nuestras universidades han ganado la autonomía.
Estos antecedentes son importantes porque ha sido el gobierno el que estableció formalmente la autonomía para regular sus relaciones con las universidades públicas. Y han sido los gobiernos federal y estatales los que se han encargado de amenazarla y, en ocasiones, de violarla de manera flagrante.
La autonomía es fundamental para que las universidades no tengan ingerencias externas que quieran influir en el rumbo que se tracen. Es esencial para que las casas de estudio puedan fincar relaciones sanas con todos los públicos que en la sociedad se interesan por los resultados de su trabajo.
La autonomía garantiza que las universidades puedan esforzarse en dar una educación de la más alta calidad posible, dentro de sus condiciones y capacidades. La autonomía brinda la seguridad para que las universidades decidan qué y cómo enseñar, para elaborar sus planes y programas de estudio e investigar todo aquello que consideren importante conocer. Libertad de cátedra y de investigación, en suma.
También, la autonomía permite que las universidades se gobiernen por sus propias reglas. Por todo ello, dice el rector de la UAM, hay que “conservar el concepto de autonomía químicamente puro”.
En varios libros, resultado de proyectos de investigación del Seminario de Educación Superior de la UNAM, hemos tocado lo relativo a las relaciones de la universidad pública con el gobierno y el significado del carácter público y autónomo de nuestras universidades.
La revista Perfiles Educativos publicó un número especial con motivo del aniversario número ochenta de la autonomía de la UNAM. En estas publicaciones, y en otras, habíamos asentando los peligros y fragilidades de la autonomía en medio de políticas y actitudes de los gobiernos dirigidas al control político y académico de las universidades públicas.
La entrevista con el doctor Fernández Fassnacht ilustra, con toda claridad, algunos de los problemas que habíamos enunciado y analizado. El gobierno federal ha tratado de avanzar sobre la autonomía por medio de la rendición de cuentas orquestada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desde donde pide regular y evaluar la vida académica de las instituciones.
En los centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Hacienda tiene representantes en los órganos de gobierno que intervienen en la evaluación de dichas instituciones, en ejercicios que se llevan a cabo varias veces al año, lo cual es un sinsentido dentro de las lógicas con las que avanza la academia.
Me ha tocado escuchar, debatir y estar en contra de la idea de que la evaluación a la docencia universitaria se lleve a cabo mediante la intervención de la Dirección General de Profesiones, la cual podría determinar la entrega de la cédula profesional a los egresados de una serie de carreras mediante un examen que mida su calidad.
Otros han argumentado que se haga por la vía del examen de egresados que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). Tiene toda la razón el rector de la UAM. Por cualquiera de estas vías se atenta contra la autonomía.
Hay un punto más, de enorme relevancia, que toca el rector de la UAM. Los programas de concurso por fondos extraordinarios, que fragmentan los recursos económicos, que han sido los vehículos para introducir la competencia entre las instituciones —una competencia en la que no todos tienen las mismas condiciones para competir, donde el gobierno es juez y parte—, han sido el canal por el cual el gobierno federal ha podido intervenir en el rumbo académico de las instituciones, la vía causante de que los académicos tengan que estar llenando formatos anuales para poder hacer normalmente su trabajo.
Dos cosas salen de aquí. La necesidad de un cambio de óptica y de procedimientos para financiar a las casas de estudio y la idea de poner en marcha un sistema de evaluación institucional que rompa con la república de los indicadores.
El país requiere que se hagan cambios que dejen a las universidades hacer su papel para apoyar el desarrollo nacional y local. La buena educación superior y la creación científica florecen más y mejor en un régimen democrático.
Hay que poner en marcha políticas que dejen en libertad política y académica a las universidades, mediante un nuevo pacto social en el cual intervengan los rectores y las comunidades académicas, que deben poner especial atención a las políticas educativas y a lo que resulta de la becarización de nuestro trabajo.
Por lo pronto, en defensa de la autonomía, sería deseable que nos unamos a las ideas del rector Fernández Fassnacht.
* UNAM. Seminario de Educación Superior, IIS. Profesor de la FCPS. recillas@unam.mx
La defensa de la autonomía es, en la actualidad, el principal reto de las universidades públicas. Hay que insistir en ello porque en las universidades de Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, recientemente, ha habido amenazas en su contra. La alerta proviene de lo dicho por el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), doctor Enrique Fernández Fassnacht, en la entrevista realizada por el director de Campus, Jorge Medina Viedas, publicada la semana pasada.
Hay países donde la autonomía de las universidades no está sancionada en la ley suprema; los gobiernos la dan por hecho, y la respetan, en sus relaciones con las casas de estudio. En México, la autonomía universitaria aparece definida en la fracción siete del artículo tercero de la Constitución Política. Se otorgó de manera formal, por primera vez, en 1917, cuando el Congreso local decretó la creación de la Universidad de Michoacán.
En 1923, cuando se origina la Universidad de San Luis Potosí, el gobierno de la entidad decretó que sería una institución autónoma en lo que respecta a su funcionamiento interno. En 1929 se otorgó el carácter de autónoma a la Universidad Nacional de México. Hoy casi todas nuestras universidades han ganado la autonomía.
Estos antecedentes son importantes porque ha sido el gobierno el que estableció formalmente la autonomía para regular sus relaciones con las universidades públicas. Y han sido los gobiernos federal y estatales los que se han encargado de amenazarla y, en ocasiones, de violarla de manera flagrante.
La autonomía es fundamental para que las universidades no tengan ingerencias externas que quieran influir en el rumbo que se tracen. Es esencial para que las casas de estudio puedan fincar relaciones sanas con todos los públicos que en la sociedad se interesan por los resultados de su trabajo.
La autonomía garantiza que las universidades puedan esforzarse en dar una educación de la más alta calidad posible, dentro de sus condiciones y capacidades. La autonomía brinda la seguridad para que las universidades decidan qué y cómo enseñar, para elaborar sus planes y programas de estudio e investigar todo aquello que consideren importante conocer. Libertad de cátedra y de investigación, en suma.
También, la autonomía permite que las universidades se gobiernen por sus propias reglas. Por todo ello, dice el rector de la UAM, hay que “conservar el concepto de autonomía químicamente puro”.
En varios libros, resultado de proyectos de investigación del Seminario de Educación Superior de la UNAM, hemos tocado lo relativo a las relaciones de la universidad pública con el gobierno y el significado del carácter público y autónomo de nuestras universidades.
La revista Perfiles Educativos publicó un número especial con motivo del aniversario número ochenta de la autonomía de la UNAM. En estas publicaciones, y en otras, habíamos asentando los peligros y fragilidades de la autonomía en medio de políticas y actitudes de los gobiernos dirigidas al control político y académico de las universidades públicas.
La entrevista con el doctor Fernández Fassnacht ilustra, con toda claridad, algunos de los problemas que habíamos enunciado y analizado. El gobierno federal ha tratado de avanzar sobre la autonomía por medio de la rendición de cuentas orquestada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desde donde pide regular y evaluar la vida académica de las instituciones.
En los centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Hacienda tiene representantes en los órganos de gobierno que intervienen en la evaluación de dichas instituciones, en ejercicios que se llevan a cabo varias veces al año, lo cual es un sinsentido dentro de las lógicas con las que avanza la academia.
Me ha tocado escuchar, debatir y estar en contra de la idea de que la evaluación a la docencia universitaria se lleve a cabo mediante la intervención de la Dirección General de Profesiones, la cual podría determinar la entrega de la cédula profesional a los egresados de una serie de carreras mediante un examen que mida su calidad.
Otros han argumentado que se haga por la vía del examen de egresados que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). Tiene toda la razón el rector de la UAM. Por cualquiera de estas vías se atenta contra la autonomía.
Hay un punto más, de enorme relevancia, que toca el rector de la UAM. Los programas de concurso por fondos extraordinarios, que fragmentan los recursos económicos, que han sido los vehículos para introducir la competencia entre las instituciones —una competencia en la que no todos tienen las mismas condiciones para competir, donde el gobierno es juez y parte—, han sido el canal por el cual el gobierno federal ha podido intervenir en el rumbo académico de las instituciones, la vía causante de que los académicos tengan que estar llenando formatos anuales para poder hacer normalmente su trabajo.
Dos cosas salen de aquí. La necesidad de un cambio de óptica y de procedimientos para financiar a las casas de estudio y la idea de poner en marcha un sistema de evaluación institucional que rompa con la república de los indicadores.
El país requiere que se hagan cambios que dejen a las universidades hacer su papel para apoyar el desarrollo nacional y local. La buena educación superior y la creación científica florecen más y mejor en un régimen democrático.
Hay que poner en marcha políticas que dejen en libertad política y académica a las universidades, mediante un nuevo pacto social en el cual intervengan los rectores y las comunidades académicas, que deben poner especial atención a las políticas educativas y a lo que resulta de la becarización de nuestro trabajo.
Por lo pronto, en defensa de la autonomía, sería deseable que nos unamos a las ideas del rector Fernández Fassnacht.
* UNAM. Seminario de Educación Superior, IIS. Profesor de la FCPS. recillas@unam.mx
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
lunes, 31 de octubre de 2011
Hace 25 años el CEU
Roberto Rodríguez Gómez*
El 31 de octubre se cumplirán 25 años desde la creación del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), agrupación y movimiento de estudiantes de la UNAM que logró revertir las reformas impulsadas por el rector Jorge Carpizo MacGregor que establecían nuevos criterios en el régimen escolar de la institución, incluso la derogación del llamado “pase automático” del bachillerato a la licenciatura, así como cuotas por diversos servicios escolares.
Además de ver satisfechas sus demandas más urgentes, el movimiento estudiantil consiguió comprometer a la autoridad universitaria a la realización de un congreso general, en el que se revisarían, con toda amplitud, los diversos ángulos de la organización, el gobierno y las prácticas académicas de la UNAM, y se tomarían acuerdos para la renovación de aquellos aspectos en que finalmente coincidieron las fuerzas universitarias representadas. Luego de un laberíntico proceso de preparación, que transcurrió durante el primer periodo rectoral de José Sarukhán Kermez (1989-1997), el Congreso inició sus trabajos el 14 de mayo de 1990 y duró más de dos semanas. Algunas resoluciones se cumplieron, otras no, pero es indiscutible que el proceso en su conjunto marcó impronta en la historia de la universidad, y por ello vale la pena revisar, aunque sea superficialmente, algunos de sus rasgos.
El jurista Jorge Carpizo llegó a la Rectoría de la universidad de manera relativamente inesperada. El nuevo rector cumplía sin reservas los requisitos legales del cargo y contaba entonces con trayectoria académica y política suficientes para respaldar su candidatura. Sin embargo, todo apuntaba a la reelección del rector en funciones, el doctor Octavio Rivero Serrano quien, además de representar al gremio de los médicos universitarios, fracción que se había fortalecido políticamente en el periodo del rector Guillermo Soberón Acevedo (1973-1981), contaba al parecer con el respaldo del presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y con un amplio apoyo entre los directivos de la institución.
La administración de Rivero Serrano se había concentrado en desarrollar un minucioso plan de reformas, plasmado en los sesenta proyectos del “Plan rector de desarrollo institucional” concluido la víspera de su mandato. Para integrar el plan, el rector había seguido con toda puntualidad el modelo de planeación instaurado por el presidente De la Madrid, el denominado “sistema de planeación participativa”, para trazar una ruta sistemática de reformas que se buscaría desarrollar en un segundo periodo al frente de la institución. Pero la Junta de Gobierno de la universidad se decantó por la candidatura de Carpizo, probablemente porque ésta ofrecía posibilidades de transformación más efectivas, y sobre todo de corto plazo.
Desde el mismo inicio de su gestión, el rector Carpizo dejó en claro su intención de instrumentar las reformas que fuera necesario para que la universidad recuperara el perfil de una institución de “excelencia académica”. Cada año de su gestión presentó al Consejo Universitario una propuesta de programa. El correspondiente a 1985 se concentraba en la regularización de la planta académica universitaria, en particular la correspondiente al nivel de bachillerato, así como en la renovación del programa de superación académica vigente. El Programa 85, además, definía nuevas orientaciones del servicio social universitario, y planteaba la necesidad de actualizar las atribuciones y operación de los consejos técnicos de investigación. Ambos aspectos cristalizaron en reformas normativas. En septiembre de 1985 se aprobó, además, el reglamento de cátedras y estímulos especiales, instrumento que puede considerarse un antecedente relevante de la ruta hacia los programas de incentivos académicos que se desarrollaría años después en todo el sistema universitario del país.
En el Programa 86, presentado por el rector al iniciar ese año, se hacía notar la necesidad de incidir en la normativa escolar para robustecer el enfoque de “excelencia” planteado. Poco después, exactamente el 16 de abril se da a conocer un documento del rector con el título Fortaleza y debilidad de la UNAM: diagnóstico de la situación que guarda nuestra universidad, cuáles son sus aspectos positivos y cuáles son sus problemas. En apenas veinte cuartillas el rector dibuja el perfil de una institución que, a pesar de que mantiene una fuerza académica significativa, se encuentra desgastada, limitada y en algunos aspectos está agobiada por sus propios problemas. Se trata de una institución que, desde el punto de vista del rector, ha crecido desmesuradamente sin haber generado respuestas a la masificación, se ha burocratizado y se carece de herramientas para estimular la productividad académica. El régimen escolar favorece a los alumnos mediocres y no cuenta la institución con recursos suficientes para emprender un camino de mejora continua.
A partir de la publicación de Fortaleza y debilidad..., el rector Carpizo invita a toda la comunidad para que, antes del 31 de julio, exprese opiniones sobre ese diagnóstico “enviando por escrito sus propuestas a la Dirección General de Planeación”. La consulta se da por concluida el 31 de agosto aunque, en el ínterin, el rector había tenido ocasión de escuchar variadas muestras de disidencia con su diagnóstico de parte de estudiantes y académicos.
Del 11 al 12 de septiembre se lleva a cabo una larga de reunión del Consejo Universitario, las reuniones del colegiado en la gestión del rector se prolongaban hasta entrada la noche o la madrugada del día siguiente, y se da por aprobada la lista de reformas propuesta por la Rectoría, previamente revisada por las comisiones del Consejo. Los consejeros estudiantes presentes en la sesión objetaron la premura, ya que la mayoría de los integrantes del Consejo había recibido las iniciativas apenas unos días antes de la sesión. La Rectoría, mediante intervención ex officio del secretario del Consejo, el hoy rector José Narro Robles, acude al expediente de la “obvia resolución”, que faculta al órgano de gobierno a aprobar puntos de la agenda aun sin haberse cumplido el trámite de tiempo prescrito en el reglamento del Consejo.
En ese momento se inicia la movilización de estudiantes que conduciría, meses más tarde, al surgimiento del CEU, al diálogo entre estudiantes y autoridades y a la huelga universitaria del 19 de enero al 17 de febrero de 1987.
* UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales. roberto@servidor.unam.mx
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
El 31 de octubre se cumplirán 25 años desde la creación del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), agrupación y movimiento de estudiantes de la UNAM que logró revertir las reformas impulsadas por el rector Jorge Carpizo MacGregor que establecían nuevos criterios en el régimen escolar de la institución, incluso la derogación del llamado “pase automático” del bachillerato a la licenciatura, así como cuotas por diversos servicios escolares.
Además de ver satisfechas sus demandas más urgentes, el movimiento estudiantil consiguió comprometer a la autoridad universitaria a la realización de un congreso general, en el que se revisarían, con toda amplitud, los diversos ángulos de la organización, el gobierno y las prácticas académicas de la UNAM, y se tomarían acuerdos para la renovación de aquellos aspectos en que finalmente coincidieron las fuerzas universitarias representadas. Luego de un laberíntico proceso de preparación, que transcurrió durante el primer periodo rectoral de José Sarukhán Kermez (1989-1997), el Congreso inició sus trabajos el 14 de mayo de 1990 y duró más de dos semanas. Algunas resoluciones se cumplieron, otras no, pero es indiscutible que el proceso en su conjunto marcó impronta en la historia de la universidad, y por ello vale la pena revisar, aunque sea superficialmente, algunos de sus rasgos.
El jurista Jorge Carpizo llegó a la Rectoría de la universidad de manera relativamente inesperada. El nuevo rector cumplía sin reservas los requisitos legales del cargo y contaba entonces con trayectoria académica y política suficientes para respaldar su candidatura. Sin embargo, todo apuntaba a la reelección del rector en funciones, el doctor Octavio Rivero Serrano quien, además de representar al gremio de los médicos universitarios, fracción que se había fortalecido políticamente en el periodo del rector Guillermo Soberón Acevedo (1973-1981), contaba al parecer con el respaldo del presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y con un amplio apoyo entre los directivos de la institución.
La administración de Rivero Serrano se había concentrado en desarrollar un minucioso plan de reformas, plasmado en los sesenta proyectos del “Plan rector de desarrollo institucional” concluido la víspera de su mandato. Para integrar el plan, el rector había seguido con toda puntualidad el modelo de planeación instaurado por el presidente De la Madrid, el denominado “sistema de planeación participativa”, para trazar una ruta sistemática de reformas que se buscaría desarrollar en un segundo periodo al frente de la institución. Pero la Junta de Gobierno de la universidad se decantó por la candidatura de Carpizo, probablemente porque ésta ofrecía posibilidades de transformación más efectivas, y sobre todo de corto plazo.
Desde el mismo inicio de su gestión, el rector Carpizo dejó en claro su intención de instrumentar las reformas que fuera necesario para que la universidad recuperara el perfil de una institución de “excelencia académica”. Cada año de su gestión presentó al Consejo Universitario una propuesta de programa. El correspondiente a 1985 se concentraba en la regularización de la planta académica universitaria, en particular la correspondiente al nivel de bachillerato, así como en la renovación del programa de superación académica vigente. El Programa 85, además, definía nuevas orientaciones del servicio social universitario, y planteaba la necesidad de actualizar las atribuciones y operación de los consejos técnicos de investigación. Ambos aspectos cristalizaron en reformas normativas. En septiembre de 1985 se aprobó, además, el reglamento de cátedras y estímulos especiales, instrumento que puede considerarse un antecedente relevante de la ruta hacia los programas de incentivos académicos que se desarrollaría años después en todo el sistema universitario del país.
En el Programa 86, presentado por el rector al iniciar ese año, se hacía notar la necesidad de incidir en la normativa escolar para robustecer el enfoque de “excelencia” planteado. Poco después, exactamente el 16 de abril se da a conocer un documento del rector con el título Fortaleza y debilidad de la UNAM: diagnóstico de la situación que guarda nuestra universidad, cuáles son sus aspectos positivos y cuáles son sus problemas. En apenas veinte cuartillas el rector dibuja el perfil de una institución que, a pesar de que mantiene una fuerza académica significativa, se encuentra desgastada, limitada y en algunos aspectos está agobiada por sus propios problemas. Se trata de una institución que, desde el punto de vista del rector, ha crecido desmesuradamente sin haber generado respuestas a la masificación, se ha burocratizado y se carece de herramientas para estimular la productividad académica. El régimen escolar favorece a los alumnos mediocres y no cuenta la institución con recursos suficientes para emprender un camino de mejora continua.
A partir de la publicación de Fortaleza y debilidad..., el rector Carpizo invita a toda la comunidad para que, antes del 31 de julio, exprese opiniones sobre ese diagnóstico “enviando por escrito sus propuestas a la Dirección General de Planeación”. La consulta se da por concluida el 31 de agosto aunque, en el ínterin, el rector había tenido ocasión de escuchar variadas muestras de disidencia con su diagnóstico de parte de estudiantes y académicos.
Del 11 al 12 de septiembre se lleva a cabo una larga de reunión del Consejo Universitario, las reuniones del colegiado en la gestión del rector se prolongaban hasta entrada la noche o la madrugada del día siguiente, y se da por aprobada la lista de reformas propuesta por la Rectoría, previamente revisada por las comisiones del Consejo. Los consejeros estudiantes presentes en la sesión objetaron la premura, ya que la mayoría de los integrantes del Consejo había recibido las iniciativas apenas unos días antes de la sesión. La Rectoría, mediante intervención ex officio del secretario del Consejo, el hoy rector José Narro Robles, acude al expediente de la “obvia resolución”, que faculta al órgano de gobierno a aprobar puntos de la agenda aun sin haberse cumplido el trámite de tiempo prescrito en el reglamento del Consejo.
En ese momento se inicia la movilización de estudiantes que conduciría, meses más tarde, al surgimiento del CEU, al diálogo entre estudiantes y autoridades y a la huelga universitaria del 19 de enero al 17 de febrero de 1987.
* UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales. roberto@servidor.unam.mx
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
miércoles, 19 de octubre de 2011
El mundo contra el neoliberalismo
María Herlinda Suárez Zozaya*
Desde que en los años ochenta los gobiernos de Ronald Reagan, en Estados Unidos, y Margaret Thatcher, en Gran Bretaña, decidieron que el principal adversario del capitalismo era el Estado de bienestar, el descontento social no ha dejado de manifestarse en prácticamente todos los países cuyos gobiernos abandonaron el compromiso de garantizar protección social a los ciudadanos.
Si bien en un primer momento, debido a las intensas campañas de los medios de comunicación, hubo quienes creyeron en la retórica de las virtudes del neoliberalismo que proclama que la imposición de la dura disciplina del mercado es la mejor vía para resolver los problemas de la sociedad y de los individuos, hoy los resultados de las políticas privatizadoras, los conflictos sociales originados y las reacciones de la población revelan que la opción de la construcción de una sociedad a partir de la exclusión de una parte importante de sí misma, resulta ineficaz y socialmente perversa.
Un hecho lo demuestra de forma contundente: después de más de 20 años, la única conquista que salta a la vista es el crecimiento de las tasas de beneficio neto de los empresarios.
Mientras “la dura disciplina del mercado” y las medidas de austeridad impuestas por los organismos internacionales, guardianes del neoliberalismo, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se han aplicado a todo lo que huele a social, los grandes capitales reciben fuertes y cuantiosos subsidios públicos.
Así, hoy no queda duda de que el neoliberalismo impuesto como forma de salvación del capitalismo lo que trajo consigo fue injusticia, aumento de la pobreza y de la desigualdad y, sobre todo, corrupción de los gobiernos. Como se sabe, la compañera inevitable de la corrupción es la violencia.
No es precisamente una casualidad que Estados Unidos, la mayor economía del mundo, se haya transformado del principal acreedor del planeta al principal deudor del orbe y que en este país se haya logrado modificar, de manera decisiva, la correlación de fuerzas entre el mercado y el Estado para así condicionar los grados de libertad que puede tener cualquier gobierno, del partido que sea, para animarse a llevar a cabo reformas y transformaciones en favor de lo social. Basta con observar lo que en la actualidad está aconteciendo al presidente estadunidense Barack Obama para ilustrar tal condicionamiento y la fuerza hegemónica del pensamiento neoliberal y su naturalización en el país más poderoso del mundo. Pero, hoy, el hecho de que prácticamente los otros países sean los que financian a Estados Unidos, ha provocado desestabilización.
Por su parte, las evidencias de que los gobiernos, las clases empresariales y los organismos internacionales anteponen las necesidades del mercado a las de los seres humanos y desprecian los costes sociales de su avidez irrefrenable de beneficios, han causado indignación, rechazo y franco repudio social a la forma de dominación asumida por el nuevo capitalismo. La revuelta es inevitable porque es ya una cuestión no sólo de dignidad, sino de supervivencia.
Desde mediados de los años noventa del siglo pasado ha aparecido en el escenario mundial un diluvio de movimientos sociales en contra del neoliberalismo y de sus promotores. En varios países del orbe han surgido manifestaciones cuyos principales protagonistas han sido actores sociales que construyen su identidad común desde el reclamo a la existencia digna y respetable, y desde su percepción y experiencias de desprecio y humillación a la que son sometidos por el poder corrupto, así como de la exclusión e invisibilidad a las que se les pretende condenar.
Podría decirse que quienes empezaron los movimientos sociales contra el neoliberalismo fueron los indígenas, precisamente en México, a partir del levantamiento zapatista, en 1994. Ellos fueron los primeros, porque desde el principio tuvieron claro que este modelo económico y político estaba empeorando las cosas para ellos.
Con diferentes matices, a partir de entonces, en distintos países, un sinnúmero de actores ha estado manifestándose contra el neoliberalismo: alumnos de secundaria, estudiantes de bachillerato y universitarios, rechazados de las instituciones educativas, dueños y deudores de viviendas, maestros, jubilados y pensionados, madres y padres de familia, trabajadores mal pagados, desempleados, inmigrados, víctimas de la inseguridad y la violencia, etcétera, etcétera.
De hecho, para estas fechas, en muchos países han aparecido Indignados, procedentes de toda gama de sectores sociales, que ocupan las calles y plazas de las ciudades para protestar contra la injusticia social y la corrupción política. Las consignas son, todas, contra el neoliberalismo, sus valores y consecuencias y proyecciones perversas.
Tomando como marco metafórico la fábula de Hans Christian Andersen El traje nuevo del emperador, podríamos decir que “el rey se ha quedado desnudo”. Es que, en fechas recientes, con la consigna Occupy Wall Street (Ocupar Wall Street), numerosos manifestantes se reúnen en el epicentro del poder del capitalismo financiero para denunciar que justamente ahí (Wall Street) está la representación desde donde se maquinan y emanan los imperativos y las perversidades del neoliberalismo.
Más importante aún: se ha revelado, ya con toda claridad, que los movimientos sociales que están apareciendo en el mundo están conectados por la determinación de poner fin a la hegemonía global de la ideología y economía neoliberal, y a la corrupción de las élites y de los políticos de los distintos países.
Quienes quieran expresar su adhesión a esta determinación y/o sumarse a la tarea de construir un movimiento social global contra el neoliberalismo pueden hacer clic en la siguiente dirección electrónica: http://www.avaaz.org/en/the_world_vs_wall_st. ¡Los invito!
* Investigadora del CRIM, profesora de la FCPS, miembro del Seminario de Educación Superior y del Seminario de Juventud de la UNAM.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
Desde que en los años ochenta los gobiernos de Ronald Reagan, en Estados Unidos, y Margaret Thatcher, en Gran Bretaña, decidieron que el principal adversario del capitalismo era el Estado de bienestar, el descontento social no ha dejado de manifestarse en prácticamente todos los países cuyos gobiernos abandonaron el compromiso de garantizar protección social a los ciudadanos.
Si bien en un primer momento, debido a las intensas campañas de los medios de comunicación, hubo quienes creyeron en la retórica de las virtudes del neoliberalismo que proclama que la imposición de la dura disciplina del mercado es la mejor vía para resolver los problemas de la sociedad y de los individuos, hoy los resultados de las políticas privatizadoras, los conflictos sociales originados y las reacciones de la población revelan que la opción de la construcción de una sociedad a partir de la exclusión de una parte importante de sí misma, resulta ineficaz y socialmente perversa.
Un hecho lo demuestra de forma contundente: después de más de 20 años, la única conquista que salta a la vista es el crecimiento de las tasas de beneficio neto de los empresarios.
Mientras “la dura disciplina del mercado” y las medidas de austeridad impuestas por los organismos internacionales, guardianes del neoliberalismo, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se han aplicado a todo lo que huele a social, los grandes capitales reciben fuertes y cuantiosos subsidios públicos.
Así, hoy no queda duda de que el neoliberalismo impuesto como forma de salvación del capitalismo lo que trajo consigo fue injusticia, aumento de la pobreza y de la desigualdad y, sobre todo, corrupción de los gobiernos. Como se sabe, la compañera inevitable de la corrupción es la violencia.
No es precisamente una casualidad que Estados Unidos, la mayor economía del mundo, se haya transformado del principal acreedor del planeta al principal deudor del orbe y que en este país se haya logrado modificar, de manera decisiva, la correlación de fuerzas entre el mercado y el Estado para así condicionar los grados de libertad que puede tener cualquier gobierno, del partido que sea, para animarse a llevar a cabo reformas y transformaciones en favor de lo social. Basta con observar lo que en la actualidad está aconteciendo al presidente estadunidense Barack Obama para ilustrar tal condicionamiento y la fuerza hegemónica del pensamiento neoliberal y su naturalización en el país más poderoso del mundo. Pero, hoy, el hecho de que prácticamente los otros países sean los que financian a Estados Unidos, ha provocado desestabilización.
Por su parte, las evidencias de que los gobiernos, las clases empresariales y los organismos internacionales anteponen las necesidades del mercado a las de los seres humanos y desprecian los costes sociales de su avidez irrefrenable de beneficios, han causado indignación, rechazo y franco repudio social a la forma de dominación asumida por el nuevo capitalismo. La revuelta es inevitable porque es ya una cuestión no sólo de dignidad, sino de supervivencia.
Desde mediados de los años noventa del siglo pasado ha aparecido en el escenario mundial un diluvio de movimientos sociales en contra del neoliberalismo y de sus promotores. En varios países del orbe han surgido manifestaciones cuyos principales protagonistas han sido actores sociales que construyen su identidad común desde el reclamo a la existencia digna y respetable, y desde su percepción y experiencias de desprecio y humillación a la que son sometidos por el poder corrupto, así como de la exclusión e invisibilidad a las que se les pretende condenar.
Podría decirse que quienes empezaron los movimientos sociales contra el neoliberalismo fueron los indígenas, precisamente en México, a partir del levantamiento zapatista, en 1994. Ellos fueron los primeros, porque desde el principio tuvieron claro que este modelo económico y político estaba empeorando las cosas para ellos.
Con diferentes matices, a partir de entonces, en distintos países, un sinnúmero de actores ha estado manifestándose contra el neoliberalismo: alumnos de secundaria, estudiantes de bachillerato y universitarios, rechazados de las instituciones educativas, dueños y deudores de viviendas, maestros, jubilados y pensionados, madres y padres de familia, trabajadores mal pagados, desempleados, inmigrados, víctimas de la inseguridad y la violencia, etcétera, etcétera.
De hecho, para estas fechas, en muchos países han aparecido Indignados, procedentes de toda gama de sectores sociales, que ocupan las calles y plazas de las ciudades para protestar contra la injusticia social y la corrupción política. Las consignas son, todas, contra el neoliberalismo, sus valores y consecuencias y proyecciones perversas.
Tomando como marco metafórico la fábula de Hans Christian Andersen El traje nuevo del emperador, podríamos decir que “el rey se ha quedado desnudo”. Es que, en fechas recientes, con la consigna Occupy Wall Street (Ocupar Wall Street), numerosos manifestantes se reúnen en el epicentro del poder del capitalismo financiero para denunciar que justamente ahí (Wall Street) está la representación desde donde se maquinan y emanan los imperativos y las perversidades del neoliberalismo.
Más importante aún: se ha revelado, ya con toda claridad, que los movimientos sociales que están apareciendo en el mundo están conectados por la determinación de poner fin a la hegemonía global de la ideología y economía neoliberal, y a la corrupción de las élites y de los políticos de los distintos países.
Quienes quieran expresar su adhesión a esta determinación y/o sumarse a la tarea de construir un movimiento social global contra el neoliberalismo pueden hacer clic en la siguiente dirección electrónica: http://www.avaaz.org/en/the_world_vs_wall_st. ¡Los invito!
* Investigadora del CRIM, profesora de la FCPS, miembro del Seminario de Educación Superior y del Seminario de Juventud de la UNAM.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
lunes, 26 de septiembre de 2011
Recursos humanos: capacidad y orientación
Alejandro Canales*
Si en 1990 se encontraban en las instituciones de educación superior poco más de un millón de alumnos, en la actualidad suman casi tres millones de jóvenes. Un crecimiento notable de las dos décadas recientes. Sin embargo, el esfuerzo no solamente ha sido insuficiente, pues hoy sólo tres cada diez jóvenes del grupo de edad ocupan un lugar en las aulas universitarias, al parecer la orientación y formación ofrecida también ha sido limitada.
Desde mediados de los años noventa, buena parte de las energías del Estado mexicano para ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes se ha concentrado en la creación de opciones tecnológicas. Los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales han crecido exponencialmente, aunque la matrícula no ha seguido la misma tendencia.
La idea general tras el impulso a la oferta de estudios tecnológicos fue que al país le sobraban profesionistas liberales y le faltaban técnicos e ingenieros que ocuparan puestos de trabajo y se encargaran del progreso del país.
Efectivamente, a mediados de los años noventa, en el nivel de licenciatura, de la diez carreras más pobladas, cuatro concentraban casi dos terceras partes de la matrícula: contaduría, derecho, administración y medicina (en orden descendente). Después estaba ingeniería industrial y en décimo lugar, ingeniería civil; en las carreras restantes, las ciencias naturales y exactas tenían un volumen muy modesto.
Al concluir la administración anterior, la concentración de la matrícula persistía más o menos en las mismas cuatro profesiones, aunque derecho había saltado al primer sitio y en lugar de medicina apareció psicología. En el conjunto de las diez carreras más pobladas, ingeniería industrial conservó su quinto lugar, pero se agregaron ingeniería en sistemas computacionales, informática, educación y ciencias de la comunicación.
En 1990 la matrícula de licenciatura sumaba un millón 295 alumnos y de ese total, 62 por ciento cursaba estudios universitarios y el restante 38 por ciento, educación tecnológica.
La estimación para el ciclo escolar más reciente indica que la matrícula es de 2 millones 795 alumnos y los porcentajes de educación universitaria y tecnológica se conservan casi de la misma forma (63 y 37 por ciento, respectivamente). Es decir, en general se incrementó la matrícula, pero la participación relativa por sector no se modificó.
Hace algunas semanas, en este espacio y a propósito de la primera generación de ingenieros egresados de las universidades tecnológicas, comentamos sobre la matrícula de estas instituciones (Campus núm. 427). En particular, aludimos al equívoco del secretario de Educación Pública, incluso del mismo Ejecutivo federal, de confundirse con los datos para destacar el mayor volumen de técnicos superiores y de ingenieros.
En el reciente Quinto Informe de Gobierno, ya con cifras precisas, se destaca que en el año reciente se creó una veintena de instituciones: ocho institutos tecnológicos, seis universidades tecnológicas, cinco universidades politécnicas y dos universidades interculturales (p. 464). Además, puntualiza que en esta administración se han creado 96 nuevas instituciones de educación superior y otros 50 campus de universidades ya existentes.
De la matrícula de las universidades tecnológicas, el mismo informe anota que son 131 mil 182 alumnos inscritos en estas instituciones. De ese total, poco más de 100 mil cursan carreras de técnico superior universitario y los otros 31 mil han optado por cursar estudios de licenciatura o ingeniería (cerca de 15 mil).
Esto es, si se compara con los alrededor de 500 estudiantes que tenían estas instituciones cuando iniciaron funciones, es claro su incremento, aunque también su modesta proporción ante a la matrícula total y a la de ingeniería en particular.
Además, recientemente la fundación IDEA dio a conocer un estudio encargado por la Secretaría de Economía para explorar las necesidades de capital humano (Estudio de la oferta de recursos humanos críticos para el desarrollo de sectores prioritarios para la economía de México: hallazgos generales).
En el reporte se pone en tela de juicio si existe o no la cantidad suficiente de técnicos e ingenieros en México, pues señala que el número de egresados de ingenierías como porcentaje de la población es comparable al de países más avanzados.
No obstante, anota que una “gran parte trabaja en ocupaciones donde su nivel de preparación parece tener poca relevancia y su remuneración es menor de lo que podrían recibir en ocupaciones o puestos más relacionados con su educación”. Lo cual, señala el documento, podría “sugerir la presencia de un número excesivo de egresados de carreras de ingeniería en el país con respecto a las necesidades de la economía, y/o una falta de técnicos adecuadamente capacitados”.
Entonces, parece que después de dos décadas nuestro sistema creció mucho en términos absolutos, pero poco para los jóvenes demandantes y mal para las necesidades de la economía.
* UNAM-IISUE/SES.
canalesa@servidor.unam.mx
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1129:recursos-humanos-capacidad-y-orientacion&catid=39:opinion&Itemid=142
Si en 1990 se encontraban en las instituciones de educación superior poco más de un millón de alumnos, en la actualidad suman casi tres millones de jóvenes. Un crecimiento notable de las dos décadas recientes. Sin embargo, el esfuerzo no solamente ha sido insuficiente, pues hoy sólo tres cada diez jóvenes del grupo de edad ocupan un lugar en las aulas universitarias, al parecer la orientación y formación ofrecida también ha sido limitada.
Desde mediados de los años noventa, buena parte de las energías del Estado mexicano para ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes se ha concentrado en la creación de opciones tecnológicas. Los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales han crecido exponencialmente, aunque la matrícula no ha seguido la misma tendencia.
La idea general tras el impulso a la oferta de estudios tecnológicos fue que al país le sobraban profesionistas liberales y le faltaban técnicos e ingenieros que ocuparan puestos de trabajo y se encargaran del progreso del país.
Efectivamente, a mediados de los años noventa, en el nivel de licenciatura, de la diez carreras más pobladas, cuatro concentraban casi dos terceras partes de la matrícula: contaduría, derecho, administración y medicina (en orden descendente). Después estaba ingeniería industrial y en décimo lugar, ingeniería civil; en las carreras restantes, las ciencias naturales y exactas tenían un volumen muy modesto.
Al concluir la administración anterior, la concentración de la matrícula persistía más o menos en las mismas cuatro profesiones, aunque derecho había saltado al primer sitio y en lugar de medicina apareció psicología. En el conjunto de las diez carreras más pobladas, ingeniería industrial conservó su quinto lugar, pero se agregaron ingeniería en sistemas computacionales, informática, educación y ciencias de la comunicación.
En 1990 la matrícula de licenciatura sumaba un millón 295 alumnos y de ese total, 62 por ciento cursaba estudios universitarios y el restante 38 por ciento, educación tecnológica.
La estimación para el ciclo escolar más reciente indica que la matrícula es de 2 millones 795 alumnos y los porcentajes de educación universitaria y tecnológica se conservan casi de la misma forma (63 y 37 por ciento, respectivamente). Es decir, en general se incrementó la matrícula, pero la participación relativa por sector no se modificó.
Hace algunas semanas, en este espacio y a propósito de la primera generación de ingenieros egresados de las universidades tecnológicas, comentamos sobre la matrícula de estas instituciones (Campus núm. 427). En particular, aludimos al equívoco del secretario de Educación Pública, incluso del mismo Ejecutivo federal, de confundirse con los datos para destacar el mayor volumen de técnicos superiores y de ingenieros.
En el reciente Quinto Informe de Gobierno, ya con cifras precisas, se destaca que en el año reciente se creó una veintena de instituciones: ocho institutos tecnológicos, seis universidades tecnológicas, cinco universidades politécnicas y dos universidades interculturales (p. 464). Además, puntualiza que en esta administración se han creado 96 nuevas instituciones de educación superior y otros 50 campus de universidades ya existentes.
De la matrícula de las universidades tecnológicas, el mismo informe anota que son 131 mil 182 alumnos inscritos en estas instituciones. De ese total, poco más de 100 mil cursan carreras de técnico superior universitario y los otros 31 mil han optado por cursar estudios de licenciatura o ingeniería (cerca de 15 mil).
Esto es, si se compara con los alrededor de 500 estudiantes que tenían estas instituciones cuando iniciaron funciones, es claro su incremento, aunque también su modesta proporción ante a la matrícula total y a la de ingeniería en particular.
Además, recientemente la fundación IDEA dio a conocer un estudio encargado por la Secretaría de Economía para explorar las necesidades de capital humano (Estudio de la oferta de recursos humanos críticos para el desarrollo de sectores prioritarios para la economía de México: hallazgos generales).
En el reporte se pone en tela de juicio si existe o no la cantidad suficiente de técnicos e ingenieros en México, pues señala que el número de egresados de ingenierías como porcentaje de la población es comparable al de países más avanzados.
No obstante, anota que una “gran parte trabaja en ocupaciones donde su nivel de preparación parece tener poca relevancia y su remuneración es menor de lo que podrían recibir en ocupaciones o puestos más relacionados con su educación”. Lo cual, señala el documento, podría “sugerir la presencia de un número excesivo de egresados de carreras de ingeniería en el país con respecto a las necesidades de la economía, y/o una falta de técnicos adecuadamente capacitados”.
Entonces, parece que después de dos décadas nuestro sistema creció mucho en términos absolutos, pero poco para los jóvenes demandantes y mal para las necesidades de la economía.
* UNAM-IISUE/SES.
canalesa@servidor.unam.mx
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1129:recursos-humanos-capacidad-y-orientacion&catid=39:opinion&Itemid=142
martes, 14 de junio de 2011
¿Cómo las escuelas y facultades de educación pueden recuperar su papel en la política pública?
Importante contribución para entender los términos del debate actual sobre la incidencia de las escuelas y facultades de educación en el diseño y la deliberación de políticas públicas educacionales. Análisis de los nuevos y viejos actores que participan en este ámbito, las diversas formas de justificar su intervención y evaluar sus propuestas y el papel que pueden jugar las facultades de educación. A continuación del texto original en inglés, traducción automática al castellano proporcionada por0 Google.
How Education Schools Can Take Back Their Role in Policy
By Jeffrey R. Henig, The Chronicle of Higher Education, June 2, 2011
In recent years, education schools have been marginalized in the national education-policy debates. On the teaching side, they have been edged from their traditional central place by alternative training programs for teachers, principals, and district leaders. Most recently, education schools have been displaced by philanthropic and for-profit businesses that have become prominent players in an enterprise previously shaped by educators. Since education has become front-page news, the dominance of education schools in the field of education research has also been challenged by private research organizations and by renewed interest in education among scholars in academic disciplines such as economics and political science.
The marginalization of education schools has been partly based on legitimate criticisms about the weakness of rigor and training, and the narrowness of ideas, at some schools.
How Education Schools Can Take Back Their Role in Policy
By Jeffrey R. Henig, The Chronicle of Higher Education, June 2, 2011
In recent years, education schools have been marginalized in the national education-policy debates. On the teaching side, they have been edged from their traditional central place by alternative training programs for teachers, principals, and district leaders. Most recently, education schools have been displaced by philanthropic and for-profit businesses that have become prominent players in an enterprise previously shaped by educators. Since education has become front-page news, the dominance of education schools in the field of education research has also been challenged by private research organizations and by renewed interest in education among scholars in academic disciplines such as economics and political science.
The marginalization of education schools has been partly based on legitimate criticisms about the weakness of rigor and training, and the narrowness of ideas, at some schools.
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viernes, 6 de mayo de 2011
Miente usted, señor Calderón
Epigmenio Carlos Ibarra
Milenio/6 de mayo de 2011
Había decidido no escribirle ni una carta más a través de este medio. Lo declarado por usted a Joaquín López-Dóriga el martes pasado y luego su mensaje a la nación del miércoles, en cadena nacional y en los horarios estelares de tv, me ha hecho cambiar de opinión.
Tenemos los ciudadanos —y en especial quienes ejercemos el oficio periodístico— no solamente el derecho, sino el deber de hacer contrapeso, en la medida de nuestras posibilidades, al poder y más cuando éste se ejerce con tan notoria y criminal ineptitud como usted lo hace.
Aunque usted y sus seguidores pretendan llevar el país hacia el pasado autoritario donde la palabra del presidente era prácticamente dogma de fe, lo cierto es que los tiempos han cambiado.
Si aspiramos a retomar el rumbo democrático, perdido cuando la traición de Vicente Fox le permitió a usted sentarse en la silla, no podemos ni debemos tolerar que nadie, escudándose en el cargo, en el que supuestamente está para servirnos y no para servirse de nosotros, mienta impunemente.
Sé que —como ha sucedido en el pasado— no habré de recibir respuesta de su parte y que esta nueva carta que le dirijo no tendrá, ni por asomo, la difusión tanto de la entrevista como del mensaje que usted dirigió a la nación, pero no puedo quedarme, ante los mismos, con la boca cerrada.
Ofende e indigna profundamente la ofensiva propagandística desatada por usted en la inminencia de la partida, desde la ciudad de Cuernavaca, de la marcha por la paz con justicia y dignidad convocada por Javier Sicilia.
No tuvo usted el recato y la prudencia de los que, quienes han convocado a la marcha y quienes en ella participan, han hecho gala. En lugar de esperar, callar y escuchar prefirió de nuevo la estridencia. Se lanzó así, como es su costumbre, al ataque, reafirmando la vocación autoritaria que lo caracteriza.
Ofende e indigna la forma en que pretende desvirtuar el creciente clamor ciudadano y su esfuerzo consistente por presentar ante la opinión pública, a la cual tiene usted acceso privilegiado, a quienes nos oponemos a su estrategia como cómplices del crimen organizado.
Ofende e indigna que en las actuales circunstancias se atreva usted a lanzar, en cadena nacional además, este tipo de acusaciones, incite, desde el poder al linchamiento, siembre la discordia, promueva el odio y ponga en riesgo la vida de tantos.
Se lo dije hace unas semanas aquí mismo y lo repito: juega usted con fuego, promueve con su discurso ahora la misma violencia que, sus erráticas acciones contra el narco, no han hecho sino escalar.
No hace usted, sin embargo, nada nuevo. Así llegó a sentarse en la silla. Así, por esta vía que usa de manera recurrente, llegaron al poder otros regímenes autoritarios; explotando el miedo en la gente, presentando a sus opositores y críticos como un “peligro para México”, invocando los más oscuros y primitivos instintos de sus partidarios y seguidores.
Si antes fue peligroso e irresponsable que usted actuara así, hoy es criminal que vuelva a hacerlo.
Ofende e indigna que se atreva a pedir “comprensión” cuando no ha sabido usted tenerla para los problemas que aquejan al país, las causas estructurales del narcotráfico, que ha dejado intocadas, y sobre todo para los sufrimientos de decenas de miles de personas cuyos seres queridos han muerto en esta guerra y a los que, sin mediar averiguación judicial alguna, ha criminalizado sistemáticamente.
Ofende e indigna que se atreva a pedir propuestas cuando sistemáticamente ha desoído las voces de expertos, instituciones académicas, organismos internacionales, gobiernos extranjeros que han insistido en la necesidad urgente de combatir de manera integral y no sólo mediante acciones de fuerza que solamente han fortalecido y radicalizado la violencia criminal de los cárteles de la droga.
Ni su estrategia de combate al narco es, señor Calderón, el “único camino” transitable para conseguir la paz y la seguridad en nuestro país ni, tampoco, quienes insistimos que ha de cambiarse con urgencia la misma pretendemos que el Estado se “eche para atrás” y ceda terreno al crimen organizado.
No queremos que el Estado renuncie a lo que constituye su tarea fundamental: la preservación de la paz y la seguridad de los ciudadanos. Es a usted a quien, en cumplimiento de un deber democrático y por la firme convicción de que con sus acciones ha conducido al país al abismo, a quien debemos atarle las manos.
Plantea usted una falsa disyuntiva. Mentira que quien no esté con usted esté contra México y a favor de que éste caiga en manos de los criminales. Mentira también que quienes nos oponemos a su “guerra” suframos de amnesia selectiva y olvidemos la responsabilidad de gobiernos anteriores al suyo.
Quien padece amnesia es usted, señor Calderón. Con el PRI, al amparo del cual floreció el narco en nuestro país, usted ha cogobernado todos estos años. De Vicente Fox, que permitió que el crimen organizado se apoderara de amplios segmentos del territorio nacional, recibió el poder.
A uno y a otro no ha hecho sino garantizarles impunidad. La misma que usted espera recibir de su sucesor; la misma que los ciudadanos, por la vía legal, habremos de negarle.
http://elcancerberodeulises.blogspot.com/
Milenio/6 de mayo de 2011
Había decidido no escribirle ni una carta más a través de este medio. Lo declarado por usted a Joaquín López-Dóriga el martes pasado y luego su mensaje a la nación del miércoles, en cadena nacional y en los horarios estelares de tv, me ha hecho cambiar de opinión.
Tenemos los ciudadanos —y en especial quienes ejercemos el oficio periodístico— no solamente el derecho, sino el deber de hacer contrapeso, en la medida de nuestras posibilidades, al poder y más cuando éste se ejerce con tan notoria y criminal ineptitud como usted lo hace.
Aunque usted y sus seguidores pretendan llevar el país hacia el pasado autoritario donde la palabra del presidente era prácticamente dogma de fe, lo cierto es que los tiempos han cambiado.
Si aspiramos a retomar el rumbo democrático, perdido cuando la traición de Vicente Fox le permitió a usted sentarse en la silla, no podemos ni debemos tolerar que nadie, escudándose en el cargo, en el que supuestamente está para servirnos y no para servirse de nosotros, mienta impunemente.
Sé que —como ha sucedido en el pasado— no habré de recibir respuesta de su parte y que esta nueva carta que le dirijo no tendrá, ni por asomo, la difusión tanto de la entrevista como del mensaje que usted dirigió a la nación, pero no puedo quedarme, ante los mismos, con la boca cerrada.
Ofende e indigna profundamente la ofensiva propagandística desatada por usted en la inminencia de la partida, desde la ciudad de Cuernavaca, de la marcha por la paz con justicia y dignidad convocada por Javier Sicilia.
No tuvo usted el recato y la prudencia de los que, quienes han convocado a la marcha y quienes en ella participan, han hecho gala. En lugar de esperar, callar y escuchar prefirió de nuevo la estridencia. Se lanzó así, como es su costumbre, al ataque, reafirmando la vocación autoritaria que lo caracteriza.
Ofende e indigna la forma en que pretende desvirtuar el creciente clamor ciudadano y su esfuerzo consistente por presentar ante la opinión pública, a la cual tiene usted acceso privilegiado, a quienes nos oponemos a su estrategia como cómplices del crimen organizado.
Ofende e indigna que en las actuales circunstancias se atreva usted a lanzar, en cadena nacional además, este tipo de acusaciones, incite, desde el poder al linchamiento, siembre la discordia, promueva el odio y ponga en riesgo la vida de tantos.
Se lo dije hace unas semanas aquí mismo y lo repito: juega usted con fuego, promueve con su discurso ahora la misma violencia que, sus erráticas acciones contra el narco, no han hecho sino escalar.
No hace usted, sin embargo, nada nuevo. Así llegó a sentarse en la silla. Así, por esta vía que usa de manera recurrente, llegaron al poder otros regímenes autoritarios; explotando el miedo en la gente, presentando a sus opositores y críticos como un “peligro para México”, invocando los más oscuros y primitivos instintos de sus partidarios y seguidores.
Si antes fue peligroso e irresponsable que usted actuara así, hoy es criminal que vuelva a hacerlo.
Ofende e indigna que se atreva a pedir “comprensión” cuando no ha sabido usted tenerla para los problemas que aquejan al país, las causas estructurales del narcotráfico, que ha dejado intocadas, y sobre todo para los sufrimientos de decenas de miles de personas cuyos seres queridos han muerto en esta guerra y a los que, sin mediar averiguación judicial alguna, ha criminalizado sistemáticamente.
Ofende e indigna que se atreva a pedir propuestas cuando sistemáticamente ha desoído las voces de expertos, instituciones académicas, organismos internacionales, gobiernos extranjeros que han insistido en la necesidad urgente de combatir de manera integral y no sólo mediante acciones de fuerza que solamente han fortalecido y radicalizado la violencia criminal de los cárteles de la droga.
Ni su estrategia de combate al narco es, señor Calderón, el “único camino” transitable para conseguir la paz y la seguridad en nuestro país ni, tampoco, quienes insistimos que ha de cambiarse con urgencia la misma pretendemos que el Estado se “eche para atrás” y ceda terreno al crimen organizado.
No queremos que el Estado renuncie a lo que constituye su tarea fundamental: la preservación de la paz y la seguridad de los ciudadanos. Es a usted a quien, en cumplimiento de un deber democrático y por la firme convicción de que con sus acciones ha conducido al país al abismo, a quien debemos atarle las manos.
Plantea usted una falsa disyuntiva. Mentira que quien no esté con usted esté contra México y a favor de que éste caiga en manos de los criminales. Mentira también que quienes nos oponemos a su “guerra” suframos de amnesia selectiva y olvidemos la responsabilidad de gobiernos anteriores al suyo.
Quien padece amnesia es usted, señor Calderón. Con el PRI, al amparo del cual floreció el narco en nuestro país, usted ha cogobernado todos estos años. De Vicente Fox, que permitió que el crimen organizado se apoderara de amplios segmentos del territorio nacional, recibió el poder.
A uno y a otro no ha hecho sino garantizarles impunidad. La misma que usted espera recibir de su sucesor; la misma que los ciudadanos, por la vía legal, habremos de negarle.
http://elcancerberodeulises.blogspot.com/
jueves, 5 de mayo de 2011
UACM: hora de definiciones
Armando Alcántara Santuario*
El asunto que generó el debate más fuerte fue la publicación de un desplegado firmado por la rectora, doctora Esther Orozco Orozco, en el cual señalaba una serie de fallas e irregularidades que entorpecían tanto la vida académica como la gestión institucional
Hace varias semanas, la crisis institucional por la que atraviesa la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha sido motivo de diversos análisis y comentarios de parte de especialistas e interesados en los asuntos de la enseñanza superior. Ella ocurre cuando dicha casa de estudios cumple su primera década de existencia.
Todo comenzó, como se sabe, con una enmienda al artículo 46 del Estatuto General Orgánico aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), relacionada con la renovación por un periodo más al cargo de rector. Sin embargo, lo que generó el debate más fuerte en el interior de la institución fue la publicación de un desplegado firmado por la rectora, doctora Esther Orozco Orozco, en algunos diarios de esta capital.
El tono autocrítico del documento señalaba una serie de fallas e irregularidades que, a juicio de la doctora Orozco, entorpecían tanto la vida académica como la gestión institucional. Lo publicado provocó un profundo malestar entre varios integrantes de la comunidad académica de la UACM, quienes de inmediato pidieron la destitución de la rectora. Incluso, el rector anterior (Manuel Pérez Rocha) entró a la polémica, al sentirse aludido por algunas partes del desplegado en cuestión.
Los detractores de la doctora Orozco han solicitado reiteradamente se celebre una sesión del Consejo Universitario, en la cual se pueda ventilar la crítica situación por la que atraviesa la universidad y tomar así las medidas conducentes para su resolución.
Por diversos motivos, esa sesión no se ha podido efectuar. Según se reportó en algunos diarios (La Jornada, 30/04/2011), el viernes 29 de abril no pudo instalarse la que estaba convocada, pues no contó con los votos necesarios para aprobar el orden del día. Todo esto pone de manifiesto, de inicio, las dificultades para iniciar el diálogo entre los diversos sectores de la UACM y construir los consensos necesarios para superar la crisis institucional en la cual se encuentra la universidad.
Lo que está en juego, evidentemente, es la viabilidad de una institución que se asume como muy diferente al resto de las instituciones públicas de educación superior del país.
Si bien los objetivos institucionales de la UACM —expresados en la página electrónica de la UACM, www.uacm.edu.mx— son “brindar educación del más alto nivel académico, consolidar un proyecto innovador de enseñanza, establecer un fuerte vínculo con la sociedad, y construir una comunidad académica sólida y autónoma”, los procedimientos de admisión, el desarrollo de sus programas académicos y sus niveles de eficiencia terminal son motivo de crítica por su aparente falta de rigor.
En el caso de los criterios de admisión, por ejemplo, la institución considera que todos los aspirantes tienen la misma oportunidad de ingresar. Dado que el cupo no permite que todos sean aceptados, se realiza un sorteo atestiguado por un notario público. Más aún, aquellos solicitantes no favorecidos en el primer periodo de solicitudes son considerados en lista de espera y tienen la posibilidad de ingresar en el siguiente ciclo, dependiendo de la capacidad existente.
El tema de la calidad o del nivel académico de la formación previa de los estudiantes que ingresan en condiciones diferentes a las del grueso de quienes deben aprobar un examen o concurso de admisión, ha sido motivo de grandes discusiones. Se enfrentan en ellas dos concepciones de la justicia social: los que consideran que es necesario aumentar la representación de los grupos más desfavorecidos de la población en las instituciones de educación superior, sin importar demasiado su nivel de preparación en el nivel anterior al que pretenden ingresar y, la otra, están quienes señalan que es injusto permitir el ingreso de aquellos que no tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para realizar estudios superiores, pues dichas carencias les dificultarán terminarlos o entrar al mercado laboral en igualdad de condiciones en su formación profesional.
Estos debates se llevan a cabo en el marco de las llamadas políticas compensatorias e incluyentes, desarrolladas en varios países desde las décadas de los años sesenta y setenta, como es el caso de la llamada affirmative action (acción afirmativa) en Estados Unidos o, más recientemente, los programas para incorporar a los integrantes de minorías étnicas (negros e indígenas) en América Latina.
Si bien el tema de las políticas de admisión, permanencia, egreso y titulación de los estudiantes son sólo un elemento importante a tomar en cuenta en las discusiones que habrán de celebrarse en el Consejo Universitario, o en un congreso, el enorme reto para la comunidad de la UACM es, en primer lugar, evitar una fractura institucional que ponga en peligro la viabilidad de la universidad.
Pero también será necesario que al final del proceso —que ojalá sea del más alto nivel académico— la institución salga fortalecida y con ello pueda responder de la manera más adecuada a las necesidades y expectativas de los estudiantes y sus familias.
El cumplimiento de los objetivos y metas que se ha planteado la UACM y el novedoso modelo que pretende consolidar, dependerán del éxito de este necesario —y por ahora inevitable— ejercicio de autorreflexión. Quienes estudiamos la educación superior y pugnamos por el fortalecimiento de las universidades públicas estaremos pendientes de su desarrollo.
* IISUE-UNAM/SES.
aralsan@servidor.unam.mx
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
El asunto que generó el debate más fuerte fue la publicación de un desplegado firmado por la rectora, doctora Esther Orozco Orozco, en el cual señalaba una serie de fallas e irregularidades que entorpecían tanto la vida académica como la gestión institucional
Hace varias semanas, la crisis institucional por la que atraviesa la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha sido motivo de diversos análisis y comentarios de parte de especialistas e interesados en los asuntos de la enseñanza superior. Ella ocurre cuando dicha casa de estudios cumple su primera década de existencia.
Todo comenzó, como se sabe, con una enmienda al artículo 46 del Estatuto General Orgánico aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), relacionada con la renovación por un periodo más al cargo de rector. Sin embargo, lo que generó el debate más fuerte en el interior de la institución fue la publicación de un desplegado firmado por la rectora, doctora Esther Orozco Orozco, en algunos diarios de esta capital.
El tono autocrítico del documento señalaba una serie de fallas e irregularidades que, a juicio de la doctora Orozco, entorpecían tanto la vida académica como la gestión institucional. Lo publicado provocó un profundo malestar entre varios integrantes de la comunidad académica de la UACM, quienes de inmediato pidieron la destitución de la rectora. Incluso, el rector anterior (Manuel Pérez Rocha) entró a la polémica, al sentirse aludido por algunas partes del desplegado en cuestión.
Los detractores de la doctora Orozco han solicitado reiteradamente se celebre una sesión del Consejo Universitario, en la cual se pueda ventilar la crítica situación por la que atraviesa la universidad y tomar así las medidas conducentes para su resolución.
Por diversos motivos, esa sesión no se ha podido efectuar. Según se reportó en algunos diarios (La Jornada, 30/04/2011), el viernes 29 de abril no pudo instalarse la que estaba convocada, pues no contó con los votos necesarios para aprobar el orden del día. Todo esto pone de manifiesto, de inicio, las dificultades para iniciar el diálogo entre los diversos sectores de la UACM y construir los consensos necesarios para superar la crisis institucional en la cual se encuentra la universidad.
Lo que está en juego, evidentemente, es la viabilidad de una institución que se asume como muy diferente al resto de las instituciones públicas de educación superior del país.
Si bien los objetivos institucionales de la UACM —expresados en la página electrónica de la UACM, www.uacm.edu.mx— son “brindar educación del más alto nivel académico, consolidar un proyecto innovador de enseñanza, establecer un fuerte vínculo con la sociedad, y construir una comunidad académica sólida y autónoma”, los procedimientos de admisión, el desarrollo de sus programas académicos y sus niveles de eficiencia terminal son motivo de crítica por su aparente falta de rigor.
En el caso de los criterios de admisión, por ejemplo, la institución considera que todos los aspirantes tienen la misma oportunidad de ingresar. Dado que el cupo no permite que todos sean aceptados, se realiza un sorteo atestiguado por un notario público. Más aún, aquellos solicitantes no favorecidos en el primer periodo de solicitudes son considerados en lista de espera y tienen la posibilidad de ingresar en el siguiente ciclo, dependiendo de la capacidad existente.
El tema de la calidad o del nivel académico de la formación previa de los estudiantes que ingresan en condiciones diferentes a las del grueso de quienes deben aprobar un examen o concurso de admisión, ha sido motivo de grandes discusiones. Se enfrentan en ellas dos concepciones de la justicia social: los que consideran que es necesario aumentar la representación de los grupos más desfavorecidos de la población en las instituciones de educación superior, sin importar demasiado su nivel de preparación en el nivel anterior al que pretenden ingresar y, la otra, están quienes señalan que es injusto permitir el ingreso de aquellos que no tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para realizar estudios superiores, pues dichas carencias les dificultarán terminarlos o entrar al mercado laboral en igualdad de condiciones en su formación profesional.
Estos debates se llevan a cabo en el marco de las llamadas políticas compensatorias e incluyentes, desarrolladas en varios países desde las décadas de los años sesenta y setenta, como es el caso de la llamada affirmative action (acción afirmativa) en Estados Unidos o, más recientemente, los programas para incorporar a los integrantes de minorías étnicas (negros e indígenas) en América Latina.
Si bien el tema de las políticas de admisión, permanencia, egreso y titulación de los estudiantes son sólo un elemento importante a tomar en cuenta en las discusiones que habrán de celebrarse en el Consejo Universitario, o en un congreso, el enorme reto para la comunidad de la UACM es, en primer lugar, evitar una fractura institucional que ponga en peligro la viabilidad de la universidad.
Pero también será necesario que al final del proceso —que ojalá sea del más alto nivel académico— la institución salga fortalecida y con ello pueda responder de la manera más adecuada a las necesidades y expectativas de los estudiantes y sus familias.
El cumplimiento de los objetivos y metas que se ha planteado la UACM y el novedoso modelo que pretende consolidar, dependerán del éxito de este necesario —y por ahora inevitable— ejercicio de autorreflexión. Quienes estudiamos la educación superior y pugnamos por el fortalecimiento de las universidades públicas estaremos pendientes de su desarrollo.
* IISUE-UNAM/SES.
aralsan@servidor.unam.mx
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
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