jueves, 4 de junio de 2009

¿Para qué sirve el voto nulo?

Octavio Rodríguez Araujo
La Jornada/4 de junio de 2009

Con base en la información del Instituto Federal Electoral, la lista nominal de ciudadanos con derecho a voto consta de 77 millones 481 mil 874 personas. Algunos analistas han pronosticado que en la próxima elección federal del 5 de julio habrá entre 65 y 70 por ciento de abstención, lo que significaría, en la máxima abstención calculada, que sólo asistirían a votar poco más de 23.3 millones de ciudadanos. Los partidarios del voto nulo, por tanto, se dirigen a éstos y no a los más de 54 millones de mexicanos que probablemente se abstengan de sufragar.
Entre los promotores del voto nulo, en otros países también llamado voto en blanco, hay algunos que cuentan con blogs y otro tipo de representaciones en Internet, unos con más fundamento que otros. En todos los casos se lee una cierta posición en contra del sistema político y de los partidos, y se fundan sus esperanzas en la ciudadanía como si los políticos no formaran parte de ésta o fueran extraterrestres.
Esta propuesta tiene varios puntos flojos. El primero es creer que la ciudadanía no vive parcialidades subjetivas e intereses individuales de diversas orientaciones; es decir, se soslaya que es pluriclasista y que no son comparables los habitantes de los estados prósperos del país, incluido el Distrito Federal y buena parte de su zona metropolitana, y los de las entidades federativas donde radica el mayor número de pobres y de marginados de México. Más aún, se pasa por alto que en una misma ciudad no son semejantes los que viven en Las Lomas y Polanco, por ejemplo, con los habitantes de Iztapalapa o Milpa Alta, para sólo referirme a la ciudad de México. Ligado con esto, se omite que sólo un poco menos de 25 por ciento promedio de la población tiene acceso a Internet, y que incluso en este porcentaje general deben distinguirse las zonas del país más prósperas de las más marginadas. Los seis estados de la frontera norte y el Distrito Federal no tienen comparación, por cuanto a acceso a Internet, con los estados del centro y sur del país. En los primeros el acceso a la red es de casi el doble que en los demás. De ese 25 por ciento de la población que usa Internet, incluidos muchos menores de 18 años, ¿cuántos y por qué artes o inspiración, consultarán los blogs que llaman a anular el voto? ¿Cuántos están interesados en las páginas de contenido político, incluidos los periódicos que pueden ser consultados por medios electrónicos? ¡Qué bueno que existan páginas con intenciones de orientar o desorientar políticamente a la población! Pero, por favor, bájense de su pedestal. Pecar de soberbia puede ser peligroso, y el menor de sus riesgos sería ser víctima de la ingenuidad y del wishful thinking; es como si yo creyera que todos los lectores de La Jornada me leen y, peor, que influyo en ellos. Si en Estados Unidos muchos pensaron que mediante Internet y redes sociales podían llevar a Obama a la Casa Blanca (como en buena medida ocurrió), tenían una base de realidad que México no tiene; esto es, que 220 millones de estadunidenses (72.5 por ciento de la población total) tenían acceso a Internet en 2008 (datos de Internet World Stats).
Llamar a anular el voto es dejar, deliberadamente, que los que sí votan, por pocos que sean, elijan a los diputados por todos los demás, es decir por los abstencionistas y por quienes anulen su voto. Es dar un cheque en blanco a quienes triunfen de la próxima contienda. Estos dirán: si no votaste por mí no te debo nada, aunque por lo general digan lo mismo a los que sí votaron por ellos, pues nuestros diputados, con algunas excepciones, son bastante cínicos y nada o muy poco comprometidos con sus electores.
El cinismo de la mayor parte de nuestros políticos es ampliamente conocido, al igual que la poca o nula eficacia de las instituciones creadas teóricamente para atender las necesidades de la población. ¿Por qué, entonces, los promotores de la abstención o del voto nulo piensan que los van a afectar y/o a sensibilizar con el “látigo del desprecio” ciudadano al no acudir a las urnas o al echar a perder su voto?
La abstención, como el voto nulo, no conmueve a nadie ni cuestiona en serio la legitimidad de un candidato ganador. Cuando los serbios quisieron buscar la mayor participación legitimadora de los votos para la presidencia de la república, estableciendo que si en la segunda vuelta de la elección presidencial no sufragaba por lo menos la mitad de los votantes los partidos/candidatos tendrían que ir a nuevos comicios, se frustraron, ya que en las dos elecciones presidenciales llevadas a cabo en 2002 no se alcanzó el voto de 50 por ciento del registro de electores. En consecuencia, para las elecciones de 2003, la Asamblea Nacional de ese país modificó la ley estableciendo que ese 50 por ciento de votantes debía ser el mínimo en la primera vuelta, y no en la segunda como estaba estipulado. Sólo en los regímenes totalitarios monopartidistas la abstención es menor a 10 por ciento. En las democracias, por imperfectas o perfectas que sean, suele ser mucho mayor y ningún gobernante es de mayoría real, mucho menos un diputado, pero ahí están.
Si de veras se quisiera reprobar y rechazar en todos sentidos a la llamada clase política, mejor hubiera sido organizar desde hace tiempo (y no al cuarto para las 12) un grande y masivo movimiento en su contra y no convocar a la abstención o al voto nulo (que será secreto e íntimo) y que, al final, lo único que producirá será una satisfacción muy personal, pero no un movimiento organizado en contra del sistema. Y si el rechazo es sólo individual, aunque por su suma parezca colectivo, deberá tomarse en cuenta que los gobiernos siempre podrán absorber y paliar esa inconformidad individual, como bien lo hizo Salinas con su Programa Nacional de Solidaridad, para sólo poner un ejemplo de un candidato que, con todo y fraudes, no obtuvo siquiera el voto de 25 por ciento del padrón electoral en 1988.
El único movimiento social más o menos articulado nacionalmente en estos momentos es el que ha venido construyendo López Obrador, y no tiene nada que ver con el abstencionismo ni con el voto nulo. ¿Por qué no mejor fortalecerlo en lugar de militar en su contra a cambio de la satisfacción íntima y a la vez desorganizada de no acudir a las urnas o de votar en blanco? Para mí es obvio que después del voto nulo, por masivo que pueda ser (que no será), no pasará nada: ni los “anulistas” se organizarán ni surgirá de ahí movimiento alguno, pero Calderón y su partido estarán muy agradecidos.

Razones para creer en la democracia

Diego Petersen Farah
Milenio/4 de junio de 2009

En momentos en que la democracia está tan vapuleada y cuestionada, vale la pena recordar algunas de sus virtudes, aunque por momentos estas parezcan difuminarse debajo de la decepción ciudadana por el incumplimiento de algunas expectativas. Hay en el ambiente una decepción por los pocos o nulos resultados que ha arrojado al país el sistema democrático y los muchos problemas que se han presentado por la incapacidad política de los partidos. A pasar de esto hay al menos tres razones de mucho peso parar seguir creyendo y defendiendo la democracia.
Primero: si bien la democracia tiene muchísimos defectos todo lo demás es mucho peor. El principal argumento a favor de la democracia, por más triste que este sea, es que sigue siendo el menos malo de todos los inventos que el ser humano ha intentado para gestionar un país o un ciudad. El invento se ha venido perfeccionando a lo largo de la historia y aún así sigue siendo muy imperfecto. Pero hay que tener claro que los problemas del país no son culpa de la democracia sino de a quiénes hacemos compadres, o lo que es lo mismo, gobernantes.
Segundo: el voto sigue siendo el arma más efectiva para dirimir problemas de manera pacífica, sensata y equilibrada. La mayor y mejor certeza que podemos tener los ciudadanos es que siempre habrá otra cita en las urnas. Esa certeza, que parece una obviedad y una nimiedad, es el principal inhibidor de la violencia social y el acto sobre el cual descansa en gran medida la gobernabilidad. El voto es el arma que tenemos los ciudadanos para protestar y la disparamos cuando y como nosotros queremos.
Tercero: Porque la democracia es nuestra. El voto es un derecho de los ciudadanos, los partidos son un instrumento. Dicho de otra manera, puede haber democracia sin partidos, sería un desorden y no es recomendable y quizá tampoco deseable, pero la democracia es anterior a los partidos. El derecho al voto es nuestro y podemos ejercerlo como se nos pegue la gana y en cualquier modalidad: votando por algún partido, votando por ningún partido (el voto nulo) o no votando. Los partidos han querido sacar a pasear el petate del muerto diciendo que no votar o anular el voto debilita a la democracia. Nada más falso: la abstención y el voto nulo debilitan al sistema de partidos (ni siquiera a algún partido en particular) pero no a la democracia, no a los ciudadanos. A lo mejor no sirve, eso sí para generar cambios, pero el argumento de fondo de quienes quieren anular o abstenerse es que todos son iguales. Ese es el mensaje. La democracia es nuestra. En lo personal creo que hay forma de ver el asunto, que es el voto pragmático, pero de eso hablamos mañana.
diego.petersen@milenio.com

La educación media

Carlos Ornelas
Excélsior/3 de junio de 2009

Es casi un axioma que las pugnas entre corrientes de pensamiento hacen de la educación una arena de lucha ideológica y política. Esas pugnas se expresan a plenitud cuando los gobiernos se enfrascan en procesos de reforma educativa; la mayoría han fracasado. Las razones de los fiascos son muchas, pero de acuerdo con el famoso educador sueco Torsten Husén, el problema común de los sistemas escolares es la “barda de cemento de la burocracia” o la “jaula de hierro”, según Max Weber.
El 20 de septiembre de 2007 la SEP anunció su Proyecto de reforma integral de la educación media superior (RIEMS). El propósito principal de la Subsecretaría de Educación Media Superior, según el documento de trabajo del 16 de noviembre de 2007, es: “La creación de un sistema nacional de bachillerato en un marco de la diversidad”. El razonamiento expreso es que la enseñanza media en México “[...] está compuesta por una serie de subsistemas que operan de manera independiente, sin correspondencia a un panorama general articulado y sin que exista suficiente comunicación entre ellos”.
Por razones históricas, riñas políticas y diseño institucional caprichoso, la variedad de programas que ofrecen educación media es impresionante. La primera división se da entre el bachillerato propedéutico, para estudios superiores, y la enseñanza profesional, que aspira a formar técnicos destinados a la industria y los servicios. En función del control (o propiedad) de los establecimientos, participan el sector público y el privado; el primero puede ser federal, estatal o autónomo (dentro de las universidades públicas). Los hay de dos y tres años, partidos en semestres, trimestres, cuatrimestres o programas anuales, Además, hay preparatoria abierta, bachilleratos de todo tipo: general, de arte, telebachillerato, por cooperación, pedagógico, así como técnico, subdivido a su vez en industrial, agropecuario, pesquero y forestal.
La SEP arguye que esa diversidad es riqueza y se debe preservar. La multitud de escuelas, programas (más de 300) y formas de administración son incompatibles entre sí. Si un estudiante por alguna causa se muda de ciudad o no le gusta la escuela donde estudia e ingresa a otra, debe comenzar desde el principio, hay pocas materias que se pueden revalidar. Cada programa tiene sus normas, rutinas y formas de control para que sus alumnos se titulen. Más que diversidad, uno pudiera pensar, la dimensión institucional de la educación media mexicana padece un diseño kafkiano, desorganizado y burocrático.
La Secretaría postuló que era ineludible alcanzar acuerdos entre los distintos subsistemas y con instituciones de educación superior que operan servicios de educación media, con el fin de integrar un sistema nacional de bachillerato. También propuso que lo haría en un marco de respeto a la diversidad de modelos, lo que buscaba era dar pertinencia y relevancia a esos estudios, así como lograr el libre tránsito de estudiantes entre subsistemas y contar con una certificación nacional.
Aunque hay grupos con influencia y ciertos grados de poder en la educación media, la SEP no enfrenta la oposición del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ni afecta la autonomía de las universidades públicas. No obstante que la UNAM y el gobierno del Distrito Federal se opusieron por principio a la REIMS, no se enfrentaron a la SEP, nada más se excluyeron del proceso de instrumentación. Pero al grupo “tecnocrático” de la SEP le surgió un adversario inesperado: el gremio de los filósofos.
Uno de los pilares de la REIMS es la reforma curricular. Su diseño original contemplaba cuatro campos: matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y comunicación, comunes a todos los bachilleratos, y proponía que las materias de filosofía fueran “transversales”. Eso fue lo que ofendió al gremio y saltó a la palestra a protestar por “el asalto tecnocrático a la educación”, “la exclusión del pensamiento crítico” y para recuperar las materias humanistas en los planes de estudio.
No estoy seguro de qué tan conveniente sea mantener asignaturas tradicionales en un diseño innovador, pero convengo con el gremio que cuando se dice que una materia sea transversal, en realidad se trata de escombrarla. Sin embargo, el grupo que dirige la REIMS actuó con rapidez, no quiso “blindar” su propuesta tras la barda de cemento ni se encerró en su jaula de hierro. Por el contrario, aceptó el diálogo con los impugnadores, agrupados en el Observatorio Filosófico y acordó mantener la lógica, la estética y la ética entre las materias comunes. Así lo propuso la SEP a las autoridades de educación de los estados.
No hubo sangre en la arena. La reforma de la SEP camina a pasos seguros, tal vez porque el grupo modernizador hasta la fecha ha vencido las resistencias internas y prefirió negociar una porción de su proyecto con el fin de mantener el control del proceso con menores dificultades. Habrá que estar pendientes de lo que se realice en el futuro inmediato.
Carlos.Ornelas10@gmail.com

martes, 2 de junio de 2009

Se decide afuera, se enmaraña adentro

Axel Didriksson
Excélsior/2 de junio de 2009

Los temas de la actual, subrogada, agenda nacional, se discuten, se difunden (y también, sin duda, se deciden) en Estados Unidos. Algunos dirán que es como descubrir el agua tibia, pero rechazo el que debamos aceptar esto como si fuera parte de un destino manifiesto.
Para el caso, hago referencia a algunos de los temas hechos públicos durante la pasada semana: la venta abierta, el trasiego legal e ilegal de armas que nutre y pertrecha a las bandas del narcotráfico que fue airadamente defendido, en EU y en contra de México, por quienes se sustentan como los nuevos cowboys, que viven y se benefician de un floreciente y pujante mercado. Ninguna consecuencia en el interior del país, porque el resultado fue que debemos respetar el actual estado de cosas decidido por ellos, pues no existe nadie que proponga una ley bilateral para el control de armas en las fronteras. Lo mismo pasa con los derechos de nuestros migrantes. Tampoco se hace nada en serio aquí, aunque allá sí se debate, se propone y se dispone.
Sin embargo, comentamos lo más novedoso y quizás lo más trascendente para el momento: lo referido a las telecomunicaciones, uno de los temas cruciales para el desarrollo económico y social del país, que también se discute y se decide en EU. La reciente entrevista a Carlos Slim, publicada en la revista New Yorker, da cuenta de ello. En México, el tema parecería ser sólo materia de interés para los expertos en el sensacionalismo (sobre todo televisivo), porque muy poco se ha analizado sobre las consecuencias de lo que se está discutiendo y decidiendo en materia de educación, cultura, telefonía, tecnologías y telecomunicaciones.
Para los educadores y los investigadores, esto debería de ser un asunto de verdadera importancia, porque constituye un tema central. Por ejemplo, en la revista Wired (junio, 2009), sus artículos de fondo hacen referencia a lo que se denomina “The New ‘New’ Economy” (La nueva “nueva” economía), para dar cuenta del modelo de relaciones comerciales, financieras, culturales y sociales articulado al desarrollo de componentes de alta tecnología e innovación que tiende a la miniaturización, a la pequeña empresa global y a las redes. Emergiendo, dicen, de las cenizas de la vieja organización manufacturera, las nuevas relaciones de intermediación económicas y sociales están impulsando un sistema económico que no depende del Estado, sino de las redes: núcleos plurales diseminados por todas partes que no dependen de ningún gobierno, pero están haciendo evolucionar a miles de pequeños negocios con miles de contratos de trabajo libre y abierto (freelance labor).
En uno de sus artículos, se hace referencia a la emergencia de un nuevo tipo de “socialismo”, que opera en el mundo de la cultura y de la economía bajo la forma de una descentralización extrema, como las wikis o la webificación que sustituye a las líneas manufactureras de montaje. La idea de un nuevo tipo de “socialismo” no tiene nada que ver con una visión ideológica de izquierda. Se trata de una referencia analógica de cooperativismo y colectivismo.
Así, por simple contraste, mientras la discusión de los temas de la agenda nacional ocurre en otro país, aquí estamos en una transición caótica, que rebasa todo lo que antes vivíamos y que impone reglas implícitas por encima de los derechos humanos y de cualquier normatividad democrática. Así las cosas, veremos qué siguen diciendo afuera.
didrik@servidor.unam.mx

Campañas sin propuestas

Arturo Barba
Milenio/2 de junio de 2009

En las actuales campañas político-electorales, la falta de propuestas concretas a favor de la sociedad es el denominador común, carecen de medidas tendientes a reconstruir la economía y otros sectores fundamentales para el país y, en contraste, predominan discursos llenos de descalificaciones, retórica pendenciera y acusaciones leguleyas.
Nada distinto podría surgir de la clase política mexicana, sus discursos los retratan de cuerpo completo, sus pleitos mediáticos describen a la perfección su descomposición e incapacidad.
El país atraviesa una terrible crisis económica agravada por las condiciones financieras internacionales, por la inseguridad lacerante y por las enormes fallas de los sectores salud, científico y educativo, cuya problemática está ausente en las campañas electorales.
No se habla de las alternativas a favor de la ciencia ni de la educación, y a pesar de que la influenza puso en evidencia la incapacidad del sistema de salud, no hay propuestas para contar con un sistema que atienda a los mexicanos.
No les importa que la riqueza de la dueña del SNTE sea inversamente proporcional a la ineficiente educación del país. Por ello, no se pronuncian por realizar una reforma educativa que permita mejorar la formación de la infancia y la juventud mexicanas. No les importa que México sea un país de reprobados en los exámenes del conocimiento internacionales.
Las instituciones científicas son enormes maquinarias burocratizadas y. por lo tanto, ineficientes. No es sólo presupuesto adicional lo que requiere la ciencia,sino una reestructuración de estas instituciones y un mejor aprovechamiento de los pocos recursos que reciben.
Pero los políticos ignoran la importancia de la ciencia y de la economía basada en el conocimiento, y tampoco les interesa resolver los problemas del país.
Seguramente la sociedad se lo cobrará a los políticos. Hay que considerar los resultados de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008, de la propia Secretaría de Gobernación, donde 66% de los mexicanos no les interesa la política y sólo 48 % cree que éste es un país democrático; 76% no tiene confianza en los partido políticos y, a la hora de legislar, 74% de los mexicanos sostiene que los políticos piensan en sus intereses personales y no del país. Será interesante ver los resultados el próximo 5 de julio.
http://www.sapiensideas.com/
abanav@gmail.com

Pandemia y otros demonios no genómicos

Rosaura Ruiz y Ricardo Noguera
El Universal/1 de junio de 2009

Pandemia significa en griego reunión del pueblo. Se ha convertido en una palabra apocalíptica relacionada con la transmisión de una enfermedad mortal que se extiende a muchos países y ataca a casi todos los individuos de una localidad o de una región. Aunque en el pasado una pandemia causaba millones de muertes, hoy tenemos la posibilidad de evitarla o de reducir sus efectos.
Los miedos a los fenómenos naturales vuelven a surgir, se hacen visibles en México y en distintas partes del mundo. La información sobre virus y pandemias se ha utilizado para anunciar terribles desgracias y ha puesto en evidencia los temores más profundos de la humanidad. Pero la ignorancia que mata al conocimiento humano es más virulenta, combinada con la irresponsabilidad de los gobernantes que descuidan o desatienden su obligación de apoyar, crear y sostener programas de educación científica para sus ciudadanos. El conocimiento científico nos ayuda a comprender, por un lado, la dinámica de los procesos naturales y sus elementos, como los virus, su origen, su evolución, su naturaleza y su papel en los procesos evolutivos; y, por otro lado, nos permite resolver problemas como los que generan las enfermedades virales.
Hoy, palabras como virus y pandemia han hecho resurgir miedos a demonios imaginarios y han reavivado actitudes terribles que ya deberíamos haber superado, como el racismo, la xenofobia y la discriminación, todas basadas en la ignorancia e incluso ridículas, como la discriminación hacia los que padecieron influenza, cuando son quienes adquirieron una envidiable inmunidad.
La ciencia puede ayudarnos a dejar atrás miedos que se asemejan a los de los primeros Homo sapiens que, espantados, no comprendían una erupción volcánica, un eclipse solar, o una tormenta de truenos y relámpagos.
Al mismo tiempo, resulta fundamental para superar los mitos científicos como la idea de que la panacea contra los males humanos está en el conocimiento de la naturaleza del genoma.
La información sobre el genoma humano es importante y puede ser útil en algunos casos particulares, pero no hay que olvidar que existen alternativas más eficaces como la medicina preventiva, eficiente con programas de salud pública y educación.
Por la peligrosidad que pueden representar los virus y diversos microorganismos para la salud humana, debemos insistir en la creación de una profunda cultura científica relacionada con temas básicos como la biología y la evolución. Como especie biológica, somos parte de los elementos que interactúan en el planeta de una forma dinámica. Los virus, al igual que bacterias, priones y plásmidos, son elementos importantes en los procesos evolutivos y en la transferencia horizontal de genes (THG) que, junto con la mutación y la recombinación genética, aumentan la variabilidad de las poblaciones y la posibilidad de mayores innovaciones evolutivas.
La THG y otros procesos evolutivos hacen que la dinámica de la vida se vuelva compleja, pero no imposible de comprender, si asumimos que se puede lograr a través de la investigación científica, útil cuando se socializan los resultados, como un instrumento que destruye nuevos mitos, como el reducionismo genético y viejos miedos colectivos de demonios imaginarios.

¿Toda la carga a los maestros?

Emilio Zebadúa
El Universal/1 de junio de 2009

Hay un consenso por elevar la calidad de la educación; un consenso que comparte la amplia mayoría de los maestros en el país. Para todos es evidente que los cambios que se han registrado en las últimas dos o tres décadas en la economía (en el sentido amplio del término), tanto en México como en el mundo, exigen una reforma estructural de la educación. Y el concepto de calidad educativa engloba hoy los distintos, y a veces incluso contradictorios, objetivos que una reforma requiere.
La meta general de elevar la calidad educativa goza de una amplia base social; tan amplia que incluye incluso a actores confrontados en otros campos, políticos o sociales. La necesidad imprescindible de una mejora en la educación suma a unos con otros; o al menos debería hacerlo. Los alumnos desean una mejor educación y oportunidades de acceso al empleo; los padres de familia quieren mayor bienestar para sus hijos; los empresarios requieren una fuerza de trabajo capacitada para la competencia global; los gobiernos buscan niveles más altos de productividad y una población más educada, y, por supuesto, los maestros desean mejorar las condiciones individuales y colectivas en las que laboran.
Donde radica la diferencia es, en primer lugar, en el procedimiento político-administrativo que cada uno de los actores considera idóneo para llevar a cabo las reformas al sistema educativo. Y, más de fondo, existen también diferencias en la definición que cada uno le otorga al concepto de calidad educativa. Pero el punto de tensión se genera cuando, de una forma reduccionista, se quiere recargar la responsabilidad de estas diferencias en los maestros —en lo individual y como gremio.
Es evidente que en un proceso productivo intensivo en el factor trabajo, como lo ha sido históricamente el proceso educativo, las presiones (y las expectativas) se concentran desproporcionadamente sobre los maestros. Cualquier política pública que proponga transformar el proceso educativo tiene que incorporar el esfuerzo de los trabajadores de la educación. ¡Qué mejor que hacerlo con la colaboración voluntaria de los propios maestros, que es lo que está implícito justamente en la suscripción de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) por parte del SNTE!
A medida que los cambios tecnológicos han modificado la forma en que se genera y se difunde el conocimiento, es necesario adaptar también el método de aprendizaje que prevalece dentro del aula y la escuela. No es lo mismo educar a través del libro de texto, el pizarrón y el cuaderno, que hacerlo por medio de Enciclomedia, el internet y la computadora. Pero para actualizar a dicha realidad los programas pedagógicos, la formación de los maestros bajo nuevos paradigmas y la dotación a las escuelas de los materiales y recursos necesarios, se requiere que la sociedad asuma un enorme compromiso a favor de la reforma, un compromiso a la vez administrativo, económico y político. Al frente de dicho compromiso debe estar, por supuesto, el gobierno y, específicamente, la autoridad educativa, la SEP.
La paradoja es que, a pesar del consenso que existe en la sociedad a favor de la reforma educativa, se ha buscado descalificar —desde ambos extremos del espectro político— al magisterio organizado, que es, justamente, el sector social en el que tiene que recaer el principal esfuerzo de la reforma. Se les exige a los maestros que cuenten con una formación (y disposición) para la cual no fueron capacitados en el pasado por el propio Estado. Los nuevos resultados, metas y objetivos que se espera alcancen los maestros, requieren de una transformación amplia del entorno en el que laboran (de ahí el carácter integral de la ACE); no sólo de un cambio en su desempeño individual.
Existe voluntad de los maestros para construir un nuevo sistema educativo orientado a la calidad. Pero no se pueden modificar los esquemas de formación, ingreso, ascenso, cambio de adscripción, actualización, capacitación, baja, retiro, evaluación, prerrogativas y sanciones —que forman en su conjunto los elementos del marco laboral y profesional de los maestros— sin tomar en cuenta (como en cualquier proceso productivo): 1) el marco administrativo-legal que los rige y 2) la relación con los otros factores del proceso educativo (materiales pedagógicos, infraestructura de las escuelas, acceso a la tecnología, etcétera). La reforma tiene que ser amplia e integral y avanzar en todos los ejes de manera simultánea. Y esto depende de la voluntad política del Estado.
Presidente de la Fundación del SNTE y director de la revista de educación “AZ”

Votar, abstenerse o anular

Alberto Aziz Nassif
El Universal/2 de junio de 2009

En un clima de mucho desencanto ha crecido el fenómeno del desafecto ciudadano por la política y las urnas. No es un fenómeno exclusivo de nuestro país; en América Latina crece la insatisfacción democrática y en las viejas democracias también existen estas expresiones.
En México, la relación de los ciudadanos con las urnas ha sido complicada. Desde finales de los años 80 una de las demandas más importantes de la sociedad fue el respeto al voto. El cambio constante de reglas electorales ha sido, quizá, la estrategia más visible para lograr una democracia electoral y dejar atrás un régimen autoritario. Pero la historia no va en un solo sentido ni siempre corre hacia delante; muchas veces está plagada de regresos, cambios de ruta y desviaciones. En nuestro país hay dos procesos sociales que se han empalmado: por una parte, la transición democrática y la llegada del neoliberalismo; por la otra, la llegada de la alternancia política y el crecimiento de la abstención electoral.
Cada proceso electoral se construye con características singulares y el actual no es la excepción. La memoria nos remite a que 1988 se caracterizó por el fraude, la ruptura del cardenismo, la inauguración de la competencia tripartita, la caída del voto priísta. La de 1994 fue una elección dentro de un clima de miedo, con un altísimo nivel de participación, la ruptura de los límites políticos y una marcada desigualdad en las condiciones de la competencia. En 1997 se estrenaron organismos autónomos, el DF eligió a sus autoridades. El 2000 fue la alternancia presidencial; 2003 fue la elección más cara y abstencionista de la historia y en 2006 regresó el conflicto y hubo una grave polarización política. Una de las novedades más importantes de 2009 es la corriente de opinión que plantea la anulación del voto como una respuesta ciudadana ante el descontento con los partidos políticos.
Una parte importante de la discusión electoral de 2009 se ha centrado en la pregunta de qué hacer frente a las urnas. Tradicionalmente las opciones han sido votar por una opción o abstenerse. Las opciones por el voto tienen diversas lógicas, desde la compatibilidad de proyecto y programas, pasando por la cercanía ideológica, hasta las opciones más pragmáticas que ven hacia el mejor candidato o la opción menos mala. En el 2000 se usó el voto útil para cambiar de partido gobernante. Al final están las opciones del clientelismo, el corporativismo y la compra del sufragio. La abstención tiene también varias expresiones, desde el que nunca pasa por las urnas porque no está convencido de participar, el abstencionista sistemático. Pero también está el ocasional, que no vota por desidia o desinterés, es el ciudadano desconectado de las urnas. Otro grupo es el que lo hace como una expresión pasiva de inconformidad y descontento. La novedad ahora es que se ha formado un movimiento que reivindica el derecho ciudadano de ir a las urnas, pero para anular el voto. No se trata de una abstención pasiva, sino de un ejercicio ciudadano activo y muy razonado. Algunas consignas que circulan son: “yo anularé mi voto”; “tache a todos”; “para políticos nulos, votos nulos”.
Los “anulistas” forman un universo muy heterogéneo de personas que se han desencantado —con razón— de los partidos políticos porque: no ven diferencias importantes en la forma de enfrentar problemas de corrupción y de impunidad; porque les parece que hay abusos de poder y excesos en el uso de los recursos públicos; porque hay una desvinculación entre las élites dirigentes y la ciudadanía; porque la rendición de cuentas es muy débil; porque la eficacia para gobernar deja mucho que desear; porque la labor legislativa representa mayoritariamente los intereses particulares de los grupos de poder. Se trata de un abanico de inconformidades cada vez más amplio que se ha agudizado con las múltiples crisis por las que atraviesa el país. Una medición reciente ubica en 10% a este sector que está por la anulación (Reforma, 29/V/2009). Si a ello le sumamos que la participación estará en un rango que sólo llegará a 30% o 35%, algo grave sucede en nuestro sistema político.
Las diferentes opciones tienen supuestos compartidos, como la importancia de los partidos para la democracia o la relevancia del voto libre como una conquista reciente en nuestro país. Pero también hay diferencias sobre la eficacia en las estrategias. Los que dicen que es mejor votar indican que su voto decidirá la conformación del gobierno, y los abstencionistas y los “anulistas” dejarán en manos de otros la decisión. En cambio, los que quieren anular confían en que se podrá dar una señal, una llamada de atención a los partidos para que cambien sus rasgos partidocráticos, su autismo político y reconstruyan una representación democrática de calidad. Un resultado es que los altos niveles de abstención y de anulación jugarán contra la legitimidad de los candidatos electos. En suma, 2009 se caracterizará por ser una elección en la que una parte importante del voto se anule, como un instrumento legítimo y democrático. ¿Votar, abstenerse o anular?
Investigador del CIESAS

Focos rojos en universidades

Néstor Martínez Cristo
La Jornada/1 de junio de 2009

La decisión del gobierno federal de aplicar recortes a los presupuestos de diversas dependencias e instituciones como medida para enfrentar la crisis económica encendió los focos rojos en las universidades públicas.
Rectores y directores de instituciones públicas de educación superior de todo el país manifestaron de inmediato su preocupación y comenzaron el cabildeo, ante la posibilidad de que la medida pudiera alcanzarlos y afectar aún más sus ya de por sí magros presupuestos.
No es para menos. Nadie puede afirmar que la enseñanza, particularmente la superior, ha sido prioridad gubernamental en décadas recientes. Por el contrario, el sector es uno de los más castigados por las recurrentes –por no decir casi permanentes– crisis económicas sufridas por el país, y las universidades públicas, una y otra vez, han tenido que pagar los costos.
La mayoría con enormes carencias y otras de manera casi heroica, las universidades públicas realizan sus tareas sustantivas de enseñanza, investigación y extensión. Ante una demanda estudiantil creciente, que incluso amenaza con desbordar el sistema en su conjunto, también cumplen con su responsabilidad social de dar cabida al mayor número de alumnos posible, en más de un caso hasta el límite de su capacidad instalada.
No sólo eso. Mediante su trabajo cotidiano, esas instituciones otorgan al país un elemento fundamental que, no obstante, pareciera ser poco valorado o simplemente desconocido por los gobiernos: estabilidad social, la cual se traduce finalmente en factor de gobernabilidad.
Apenas el jueves pasado, unos 40 rectores se reunieron en privado con el todavía nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a quien, entre otras cosas, alertaron sobre los enormes riesgos sociales que podría acarrear el que las instituciones de enseñanza superior no cuenten con los recursos suficientes para llevar a cabo sus tareas.
Dijeron, con absoluta razón, que la estabilidad de sus universidades es factor de gobernabilidad en el país, y advirtieron que si la aportación que éstas hacen no se corresponde con financiamiento, se corre el riesgo de la descomposición social.
Al día siguiente, reunidos en la 18 asamblea extraordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, los rectores insistieron en que un recorte a los presupuestos significaría llevar a éstas a un callejón sin salida, y demandaron que la SEP garantice que no se tocarán los recursos ya establecidos.
De acuerdo con las notas periodísticas, hubo algún rector que inclusive dijo que las autoridades gubernamentales tendrían que entender que no es conveniente despertar al león dormido. Los universitarios, habría dicho, seguimos siendo respetuosos, porque queremos a este país y confiamos en que los gobiernos son nuestros aliados.
En ninguna de las dos reuniones los rectores pudieron obtener de su contraparte más que el tibio ofrecimiento de interceder ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para intentar evitar un eventual recorte. Esto con la premisa de que no existe compromiso de la autoridad hacendaria para exentar a las universidades públicas de los ajustes.
Lejos de quedar satisfechos, los rectores admiten estar preocupados por la bomba de tiempo que se cierne no sólo sobre las instituciones de enseñanza superior, sino que amenaza, sin duda, la estabilidad del país. Y no es retórica.
El panorama económico, político y social en México es preocupante y este año será extraordinariamente complejo. La contracción en los precios del petróleo, los terribles costos que ha implicado la lucha contra el crimen organizado, la emergencia sanitaria y la caída del producto interno bruto son factores económicos que efectivamente obligan al gobierno a reorientar el gasto público.
Pero el gobierno calderonista deberá pensar dos veces antes de meter mano a los dineros ya aprobados para las universidades. En estos momentos de crisis parecería un despropósito y sería otra muestra clara de falta de sensibilidad política.
Las voces de los rectores son dignas de escucharse y atenderse. De tanto que son repetidas, sus demandas parecieran carecer de sentido. No es así. La falta de ciencia en México para enfrentar contingencias como la del virus de la influenza representó una dolorosa lección para los gobiernos que desoyeron las recomendaciones de invertir en investigación y desarrollo.
Las universidades hacen bien en encender los focos rojos y hacer sonar sus alarmas. El riesgo de un brote desestabilizador en cualquiera de ellas es real. No es exageración. Las universidades son caldo de cultivo, y las condiciones económicas, políticas y sociales del país lamentablemente parecen estar dadas.
nestormc63@hotmail.com

lunes, 1 de junio de 2009

Levantan huelga en la Universidad de Sonora

El Universal/31 de mayo de 2009

La huelga en la Universidad de Sonora finalizó ayer, luego de 56 días de paro de actividades por las inconformidades del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la máxima casa de estudios. La decisión de culminar con el movimiento la tomó el pleno en una asamblea que arrojó una votación de 780 a favor de que se levante la huelga, contra 325 y 5 sufragios nulos. Ignacio Solano, secretario del STEUS, confirmó la conclusión del paro. (Marcelo Beyliss)