miércoles, 30 de junio de 2010

Con el debido respeto


Adolfo Gilly
La Jornada/30 de junio de 2010

A los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Señores magistrados:

Me atrevo a dirigirme a ustedes, siendo casi lego pero no del todo en doctrina jurídica, para tocar el caso de los 12 presos de San Salvador Atenco, que con ese nombre han quedado ya en las crónicas de esta primera década del siglo y posiblemente con ese mismo pasarán a la historia jurídica y social de nuestro país. Así también quedaron con nombres genéricos los “presos ferrocarrileros” –11 años estuvieron encarcelados Dionisio Vallejo y Valentín Campa sólo por haber encabezado una huelga– o los “presos del 68”, que salieron de Lecumberri en 1971 libres de culpa y cargo, pero despues de tres años de encierro totalmente infundado.

Esos procesos contribuyeron a corromper nuestro sistema jurídico y a destruir la confianza en la justicia como recurso último ante los abusos del poder. A historias como esas pertenece el caso que ustedes tienen bajo juicio. ¿Es que no se han terminado? ¿Es que tendremos “presos de Atenco” por años todavía? ¿Van ustedes a avalar con su voto las atrocidades jurídicas, procedimentales y morales de las instancias inferiores?

Tengo la debilidad de esperar que no, que esta vez no, que el voto de cada uno de ustedes pondrá un hasta aquí a esa historia oscura y repetida que, extraña paradoja, está descrita y condenada en los murales de José Clemente Orozco y de Rafael Cauduro en ese mismo edificio donde ustedes estudian los expedientes, deliberan los casos y dictan las sentencias. Miren una vez más, les pido por favor, el gran mural de Cauduro en el cubo de la escalera. Allí está pintada la represión de 1968, las cárceles adonde fueron a parar los estudiantes, las torturas a las que fueron sometidos, la policía cargando sobre ellos, los muertos, la sangre y los zapatos huérfanos en las calles.
El 4 de mayo de 2006 esas escenas se repitieron, a la debida escala, en un pequeño pueblo del estado de Mexico, San Salvador Atenco. Sobre él se desató la violencia sin frenos ni medida de miles de policías que mataron, golpearon, robaron, vejaron y violaron. El único “delito” que había cometido ese pueblo, ustedes bien lo saben, era el que viene cometiendo el pueblo mexicano desde tiempo inmemorial: defender sus tierras, sus aguas y sus bienes contra la usurpación y el despojo.

¿Cual es entonces el delito punible? ¿A quién mataron, a quién robaron, a quién violaron los 12 presos de San Salvador Atenco? ¿Qué bién juridico, cuál principio de justicia se tutela con las sentencias que han recaído sobre ellos?

La cárcel es dura, sobre todo para quienes se saben inocentes. Hace pocas semanas estuvimos de visita, junto con Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, en el penal de Molino de Flores. Pudimos conversar con los nueve pobladores de Atenco allí encerrados desde hace cuatro años. Son jóvenes, son gente de trabajo. No se han dejado destruir por el encierro largo e injusto.

¿Pero por qué les estan destrozando sus vidas y las de sus familias, a ellos y a los otros tres que están, peor aún, en la cárcel de alta seguridad delAltiplano?

El proceso de San Salvador Atenco se ha convertido en un caso ejemplar. Sentará jurisprudencia. Nos dirá a todos, también a ustedes, cuál es el lugar y la imagen del supremo tribunal de la nación en estos tiempos terribles que México atraviesa.

En derecho y en conciencia, quieran dictar ustedes la libertad inmediata de los 12 presos de San Salvador Atenco. No permitan que la venganza siga tomando el lugar de la justicia en esta tierra mexicana. Ojalá. Esa es mi tenue pero terca esperanza.

Reciban mis atentos saludos.

Se agotó


Sergio Aguayo Quezada
Reforma/30 de junio de 2010

El asesinato de Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas confirma una vez más que el principal logro de la transición y la democracia electoral se agotó. ¿Y ahora qué?
La democracia es rigurosa. Para funcionar apropiadamente requiere de un mínimo de seguridad económica y física. Hace 10 años hubo alternancia en la Presidencia y seguimos siendo un país de pobres y multimillonarios, mientras que la violencia obnubila el entendimiento. A Torre Cantú lo ejecutaron ¿por lo que había hecho o por lo que quería hacer? Nunca lo sabremos. En lugar de
certidumbres nos abrumarán con versiones encontradas que serán los tabiques para edificar la capilla a la Santa Impunidad, hermanastra de la Santa Muerte.
En el 2000 creíamos que llegábamos al Olimpo de las elecciones confiables, en el 2006 nos desengañamos y en el 2010 observamos azorados cómo los comicios son controlados por unos cuantos. No nos engañemos. Los ciudadanos somos comparsas de los grandes electores: las burocracias de los partidos, los gobernadores, algunos empresarios y sindicatos, el crimen organizado. Pelean con tanta ferocidad porque se juegan cargos, presupuestos y negocios. No hay equidad, control sobre el dinero o certidumbre pues los órganos electorales están sometidos o atemorizados. Y ahora vemos cómo la urna es la versión moderna de la piedra de los sacrificios.
Toda proporción guardada, estamos de regreso a los inicios de la transición. Los inconformes tenemos tres caminos: tomar las armas, seguir confiando en que la redención llegará de alguna manera por medio del voto o empeñarnos en la defensa cotidiana de los derechos en condiciones adversas. Desecho la violencia y en las condiciones actuales seguiré anulando mi voto. Sería de masoquistas seguir concentrándonos tanto en las elecciones cuando la democracia también se
construye de otras maneras. Nos queda el compromiso permanente.
Empecemos reescribiendo la historia. Es falso que los partidos fueran los protagonistas de la transición. Algo hicieron, por supuesto, pero la sociedad tuvo una participación mucho más destacada. Tanto así que los partidos pudieron competir en las urnas después de movilizaciones sociales en las que los partidos tuvieron una participación marginal. El movimiento del 68 y la Guerra Sucia llevaron a la reforma de 1977, y las rebeliones zapatista y cívicas de 1994 desembocaron en la legislación de 1996. Estas reformas electorales encumbraron y enriquecieron a los partidos que, cuando tuvieron jerarquía, se despreocuparon por ganar la autoridad que concede la ciudadanía. Al día de hoy los partidos son un lastre, no una vanguardia. La avanzada del futuro es la sociedad organizada que debe repensarse, renovarse y reactivarse. Entre sus tareas está la identificación de quienes corrompen de múltiples formas la vida pública y la presión simultánea a los organismos encargados de tutelar derechos; estos últimos son los aliados naturales de la ciudadanía, aunque a veces hacen lo posible por ignorarlo.
En mi natal Jalisco hay un regidor en el ayuntamiento de Guadalajara llamado Gamaliel Ramírez. Por patear balones de futbol quedó con un halo de celebridad, lo cual le ha permitido ocupar diversos cargos públicos por medio de su partido, el PRI. Por el cambalache de candidatos ahora ejerce como regidor en el ayuntamiento de Guadalajara por el Partido Verde Ecologista de México. Aunque el "partido" "Verde" pregona en su Declaración de Principios el "respeto
por todas las manifestaciones de la vida", Gamaliel Ramírez condenó hace días la marcha del orgullo gay realizada en Guadalajara porque andan "desfasados, casi semidesnudos, porque no es la Guadalajara sidosa que queremos".
No es la primera vez que hace una declaración homofóbica. Cuando buscaba el voto en el 2009 descalificó a los gays tildándolos de "bola de maricones", "anormales" y "cosas nocivas". El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco dejó pasar, por supuesto, esas declaraciones. Los afectados acertaron al presentar una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que por el perfil de quienes lo dirigen debe sacar un pronunciamiento claro y directo.
Hay muchas otras causas por las cuales pelear. No siempre se hará justicia pero es una forma digna de sobrellevar la democracia fallida mientras se crean, en algunos espacios, las condiciones para el florecimiento de elecciones limpias y confiables. Hoy, esa vía ya se agotó.
La Miscelánea
Estaré en Oaxaca en vísperas de las elecciones para apoyar a Alianza Cívica en su heroica defensa del juego limpio en los comicios. Hacen falta reflexiones colectivas y es una forma de expresar mi hartazgo por los atropellos y el cinismo de Ulises Ruiz, quien rebasó los límites de la decencia. No lo hago, aclaro, por simpatía hacia el PAN o el PRD, que ahora deambulan como "lloronas" cuando fueron cómplices en la demolición de la cultura democrática.

Colaboró Rodrigo Peña González.
Comentarios: http://www.sergioaguayo.org/

Vocación democrática


Lorenzo Córdova Vianello
El Universal/30 de junio de 2010

El asesinato de Rodolfo Torre, aventajado candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, representa, además del drama personal que supone, la constatación de un urgente replanteamiento del las políticas de seguridad pública, y, a la par, la enésima puesta a prueba de la vocación democrática de la sociedad y de los actores políticos, así como de su compromiso con la legalidad y con los derechos.

Por un lado, demuestra que la lógica unidimensional de combate al crimen organizado, que ha venido inspirado la actuación del gobierno federal, y que neciamente es defendida por éste, está condenada (como desde sus inicios) al fracaso. Es urgente entender que el único modo eficaz de enfrentar a la criminalidad es asumiendo que se trata de un fenómeno multifactorial y que tiene diversas expresiones: criminal —por supuesto—, económica, social, política, cultural y hasta religiosa. Por ello la forma de poder confrontarla con posibilidades de éxito es atacándola en diversos planos y diversificando las estrategias, no viéndola como algo que puede combatirse sólo con la fuerza.

Ayer, en su discurso televisivo, el Presidente hablaba de la necesidad del diálogo y de la unidad para enfrentar el fenómeno criminal. Tiene razón, pero me temo que lo que entiende por unidad es cerrar filas en torno a su fallida estrategia de seguridad pública. Así lo revela la tal vez inconsciente afirmación en su mensaje en el sentido de que: “Frente al desafío que hoy nos plantea la delincuencia organizada, no hay margen para pretender dividendos políticos. Éste es un reto donde sólo cabe la unidad y la corresponsabilidad de los mexicanos. Éste es un desafío que mi gobierno no ha evadido y, por el contrario, lo ha enfrentado con toda determinación, pero que requiere el apoyo de los ciudadanos y la colaboración franca y sin titubeos de las fuerzas políticas y sociales del país.”

Cerrar filas entendiendo que el fenómeno criminal es transversal a todas las fuerzas políticas y que su combate requiere de la condena y colaboración de todos los actores políticos y sociales es algo indispensable. Pero que ello tenga que hacerse en torno a una estrategia que apuesta por la fuerza, la militarización y el desprecio a los derechos y a sus instituciones de garantía, como lo evidencia la grosera consideración de “tontos útiles” de la delincuencia con la que el secretario de Gobernación parece confundir la actuación de los ombudsman, es otra cosa. En una democracia el combate al crimen sólo puede fundarse en un compromiso irrestricto e incondicional con el respeto de los derechos.

Por otro lado, como lo recordaba ayer en estas páginas Pedro Salazar, el desafío que hoy lanza a la democracia y a sus instituciones el crimen organizado requiere una respuesta racional y no instintiva que refrende la vocación democrática de nuestra sociedad. No es un problema sólo de las fuerzas políticas, sino también de los ciudadanos que debemos rechazar la lógica y las dinámicas que pretende imponer el crimen. En 1994, cuando la violencia —otro tipo de violencia, pero igualmente disruptiva— se instaló entre nosotros, la respuesta de la sociedad fue acudir masivamente a las urnas. Ese año se dio la mayor participación electoral de nuestra historia democrática: casi el 80% de los ciudadanos votaron y con ello hicieron patente su respaldo a la vía democrática como la ruta pacífica por excelencia para resolver las diferencias políticas.

Hoy el dilema también tiene que asumirse de la misma manera, una participación alta en las próximas elecciones también supone una manera en la que la sociedad puede refrendar su apuesta por la democracia y la mejor manera para demostrarse refractaria a asumir la excepcionalidad como parte de la normalidad.

El asesinato de Rodolfo Torre es un atentado a la convivencia democrática y la respuesta de todos tiene que ser firme y comprometida. Votar no significa avalar una situación en donde la falta de autonomía de muchas autoridades electorales ha sido exhibida, en donde la intervención de los gobernadores —los nuevos señores feudales— ha sido la constante y en donde la pequeñez de las fuerzas políticas ha campeado. Esos son problemas de los que tendremos que encargarnos. Pero votar hoy significa, más que nunca, refrendar nuestra vocación democrática.

Investigador y profesor de la UNAM

Encicloabierta


Carlos Ornelas*
Excélsior/30 de junio de 2010

¡Por fin, una buena noticia! El 12 de mayo dediqué mi artículo para analizar la tendencia patológica del Estado mexicano y utilicé como ejemplo el anuncio de la sustitución de la Enciclomedia por un nuevo programa que impulsa el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez.
Tuve bastantes respuestas en el blog de Excélsior y en mi buzón. Una de ellas, que firma Daniel Rodríguez y que mereció las felicitaciones de otros lectores, anuncia una página de acceso libre, Encicloabierta, que ofrece al público los contenidos de la Enciclomedia.
Tal vez he tratado de consultar la página de Encicloabierta en horas de mucha circulación porque mi máquina me responde que el ancho de banda del servidor se encuentra saturado. Por ello no la he podido navegar y confirmar con mis ojos lo que él me dice. Mas no tengo por qué descreerle. Una colega y amiga me comentó que, en cuanto leyó la respuesta a mi artículo, ingresó a la página y le pareció de maravilla.
En la parte medular de su alegato, don Daniel Rodríguez afirma que trabajó cinco años en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa como desarrollador, programador y coordinador de varios proyectos y que muchas veces propuso crear una versión libre de la Enciclomedia con el fin de que toda la comunidad de desarrolladores de México pudiera colaborar con ella, pero desgraciadamente eso nunca sucedió.
Él relata: "Un buen día, durante un viaje de capacitación con maestros de Guanajuato, me sorprendió mucho que la mayoría de los maestros querían tener acceso al programa Enciclomedia y Telesecundaria pero lamentablemente no estaba en línea, no era descargable y además era muy difícil de instalar. Al regresar de ese viaje decidí crear una versión libre de Enciclomedia y mucho más fácil de utilizar e instalar, ahí fue que decidí crear www.encicloabierta.org".
Para don Daniel la Encicloabierta tiene dos caras.
La bonita: cientos de personas la visitan a diario y la utilizan en sus escuelas y muchos académicos la usan para sus maestrías y publicar estudios.
La fea: poner esa herramienta en acceso libre le "costó el trabajo porque el Instituto Latinoamericano lo vio como un desafío a su autoridad y, además... trastocó muchos intereses económicos".
El conocimiento generado por la Enciclomedia se realizó con fondos públicos; la Secretaría de Educación, pienso, nos pertenece a todos. Don Daniel no viola ningún derecho de propiedad.
La Enciclomedia construyó la mayoría de contenidos interactivos con herramientas cuya licencia obliga a publicar los desarrollados, para su uso libre. Lo único original de la SEP, según don Daniel, era la plataforma. La cual él sustituyó con una nueva y que él mismo se encarga de darle mantenimiento. No la ha registrado ni persigue lucro alguno. Aquí no se aplica la máxima de Adam Smith, de que todos los individuos, no importa lo que hagan, lo hacen buscando el provecho propio. Don Daniel produce un bien público.
Tanto en artículos como en reseñas de investigaciones sobre la Enciclomedia, he dado muestras de mi simpatía por esa innovación, sin dejar de señalar algunas de sus limitaciones (ni los negocios que se hicieron alrededor de ella). También constaté, en charlas con maestros frente a grupo, cómo disminuía su ansiedad sobre la herramienta en cuanto comenzaban a entender sus ventajas, aprendían a navegar por la red, bajar contenidos para sus clases y establecer ciertas rutinas que modificaban su práctica cotidiana.
Claro, también encontré maestros que se negaban a trabajar con ella o la rechazaban por algunos motivos, el más mencionado: aumentaba su carga de trabajo. Pero quien la conoce y la tiene en su salón, la utiliza con frecuencia.
Los alumnos de quinto y sexto, en especial de las escuelas de barrios pobres, "adoran la Enciclomedia", según el testimonio de una madre de familia, porque ellos no tienen computadoras en sus casas ni recursos para pagar en los cibercafés. También sé, de maestros y de estudiantes que tienen máquina y acceso a la red en sus domicilios, que les gustaría consultarla fuera de las escuelas pero no lo podían hacer.
Doy la bienvenida a la Encicloabierta y agradezco a Daniel Rodríguez su contribución para hacer públicos los bienes de la educación pública. ¡Enhorabuena!

*Académico de la UAM
Carlos.Ornelas10@gmail.com

Newton, Magnus y los tiros libres


Martín Bonfil Olivera
Milenio/30 de junio de 2010

La descorazonadora derrota de la selección nacional ante Argentina hace que hablar de futbol duela. Quizá conocer la ciencia detrás de los tiros libres podría mejorar el desempeño de nuestros futbolistas.

Es un asunto bastante bien estudiado. En primera aproximación, basta la física de Newton, cuya primera ley reza: “Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que una fuerza lo obligue a cambiarlo”. Un balón se seguirá moviendo en línea recta eternamente, a menos que otra fuerza lo afecte.

Esto podría suceder en el espacio vacío. Pero en una cancha terrestre, dos fuerzas importantes afectan al balón: la gravedad, que tira hacia abajo, y la fricción del aire, que lo frena. En combinación, hacen que su movimiento se transforme en un tiro parabólico. Un futbolista profesional (igual que un artillero), debe ser capaz de juzgar con qué fuerza y ángulo tiene que patear el balón para atinar a la portería.

Pero hay más, como los famosos tiros curvos (con “efecto”, o “chanfle”) que tantos goles espectaculares dan. Aquí interviene la dinámica de fluidos: así como un avión puede sostenerse en el aire gracias al efecto Bernoulli (la curva del ala hace que el aire avance más rápidamente por la parte superior, lo que disminuye la presión y crea una fuerza hacia arriba), un balón que gira puede curvar su movimiento gracias al efecto Magnus: el giro del balón aumenta la velocidad del aire en uno de sus lados (lo que disminuye la presión) y la frena en el opuesto (lo que la aumenta). Efecto neto: una fuerza que desvía al balón hacia un lado.

No sé si los futbolistas estudien física. Pero la industria del futbol sin duda la usa: el diseño del tan criticado balón Jabulani llevó 4 años de investigación para supuestamente mejorar su desempeño (aunque muchos jugadores, especialmente porteros, se han quejado amargamente de lo “impredecible” del balón, que es más rápido de lo habitual debido a su diseño sin costuras, que reduce la fricción).

Aunque el fracaso de la selección nacional difícilmente se podrá atribuir al Jabulani, quizá un poco de física los pudiera ayudar a jugar mejor. Será para la próxima.

lacienciaporgusto.blogspot.com

mbonfil@unam.mx

martes, 29 de junio de 2010

Sí y qué


Jesús Silva-Herzog Márquez

Empezamos mal cuando le llamamos guerra sucia. Es otra cosa: un torneo de cinismo. Nuestras elecciones pueden ser una competencia de cínicos, no el mando de los torturadores. La extraña expresión—que sugiere la posibilidad de una guerra limpia—da cuenta de uno de lo espisodios más monstruosos de la política latinoamericana del siglo XX: el terrorismo de estado. Persecusión de los enemigos políticos; desapariciones forzadas, tortura. Lo que pasa en la política mexicana es algo muy distinto, reprobable y odioso, pero incomparable con aquellos horrores. Busquemos otro nombre para describir la disposición de la clase política a transgedir la ley para colgarle al otro la medalla del desprestigio.

Es cosa democrática que los ambiciosos busquen el desdoro del adversario. Quienes aspiran al poder sirven a la ciudadanía escudriñando interesadamente la trayectoria de sus antagonistas. Nos ofrecen así una información relevante. Gracias a la crítica que nace de la parcialidad, conocemos algo de quien es denunciado y algo también de quien denuncia. La negatividad política, el acento en las lacras del adversario es parte vital del debate democrático. Necesitamos de ese impulso crítico que no nace de la objetividad sino de la ambición. El problema, pues, no deriva de la hostilidad, sino de la ilegalidad. Y de ilegalidades está salpicada nuestra contienda electoral. Vale la precisión porque ahí se origina una de las lecturas equivocadas de la anterior elección presidencial: muchos concluyeron que el proceso se descompuso por el tono polarizante de la campaña. No fue así, la elección del 2006 estuvo a punto de descarriarse por una conspiración de deslealtades: desde el gobierno se usó el aparato estatal para eliminar a un contendiente y quien perdió las elecciones no estuvo dispuesto a reconocer su derrota. El problema, insisto no fue la polarización discursiva sino la falta de un compromiso auténtico con la legalidad. Esa es la sombra que se asoma en las elecciones locales: abusos el ejercicio del poder y abusos en la denuncia de los abusos.

Bajo un régimen de responsabilidad, la experiencia genera prudencia. Bajo el imperio de la impunidad, la experiencia aconseja cinismo. Las conductas de los actores políticos no pueden más que adaptarse a las circunstancias, aprenden de ellas para encumbrarse. Cada clima germina sus plantas. La temporada electoral que vivimos parece un torneo de cinismo. Los contendientes ostentan sus transgresiones para exhibir las de sus adversarios. No tienen el menor impulso de ocultar sus infracciones, no pretenden en ningún momento justificar su comportamiento: haciendo gala de la ilegalidad propia denuncian la ilegalidad del de enfrente.

El primer hecho es insólito: el presidente del partido que ocupa el gobierno federal da a conocer directamente, en conferencia de prensa, los frutos del espionaje político. Orgulloso, el dirigente panista muestra a los medios de comunicación una intervención telefónica ilegal. No hay elementos para decir que el gobierno al que respalda Nava haya sido el causante de las intervenciones, como han denunciado los priistas. Lo que no cabe duda es que el partido en el gobierno aprovecha y recompensa el espionaje político que sirve a sus intereses—el espionaje que lo perjudica sí es combatido con toda enjundia. Purificación Carpinteyro enfrenta una acusación penal por difundir grabaciones ilegales, mientras César Nava da conferencias de prensa para difundir grabaciones obtenidas ilegalmente. La ilegalidad parece irrelevante a los ojos del presidente panista: le tiene sin cuidado violar la ley. Lo que importa es darle un golpe a sus adversarios y que se vea que quien lo da es él mismo. Que la aberración pase inadvertida es alarmante: imaginemos una conferencia de prensa de uno de los principales aliados del presidente Obama mostrando una grabación obtenida ilegalmente para exhibir los abusos de los republicanos. En la medida en que el presidente de los Estados Unidos no se deslindara del espionaje, quedaría asociado indefectiblemente a la tropelía.

Pero el cinismo no se detiene ahí. La respuesta de los priistas ante las revelaciones ha sido igualmente cínica. La ciudadanía merece respuesta frente a las evidencias de sus abusos. Es cierto que las conversaciones se grabaron ilegalmente y que su difusión también es ilegal, pero no puede negarse su valor político. Que no puedan usarse judicialmente no significa que podamos borrarlas de nuestro juicio, como si nuncia las hubiéramos escuchado. Se trata de muestras extraordinarias de la forma patrimonialista en que se emplean los recursos públicos en algunos estados y de la sumisión de las autoridades electorales al poder local. Pero la respuesta de los priistas es la misma: sí… y qué.

Tomado de: http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Tamaulipas: asesinatos in crescendo


Miguel Angel Granados Chapa
Reforma/29 de junio de 2010


Seis días antes de la jornada electoral de la que muy probablemente emergería como gobernador de Tamaulipas fue asesinado el doctor Rodolfo Torre Cantú. Como principal candidato a la gubernatura su homicidio sacude a esa entidad y pone en cuestión la pertinencia de realizar los comicios el próximo domingo. Pero más allá de ese estado, donde han menudeado las muestras del poderío delincuencial que aterroriza a la gente común, aquel acontecimiento es un nuevo desafío de un poder fáctico, sobrado de armas y de dinero, al Estado mexicano, que estupefacto no acierta más que a enviar condolencias a la familia de la víctima, a su partido y al Gobernador tamaulipeco.

Conocida la fragilidad de la procuración de justicia en esa entidad, ya ingobernable, lo menos que puede hacer el gobierno de la república es que la PGR se encargue de la averiguación previa. No es que de suyo la procuración federal de justicia garantice una indagación que concluya en resultados, pero cuenta en este caso con la presunción de que sus recursos de investigación sean más efectivos y no enfrenten los lastres que podían inhibir al Ministerio Público local.

Se da por descontado que el homicidio del candidato y de sus acompañantes fue cometido por la delincuencia organizada. Autorizan a pensarlo los modos de la agresión y los antecedentes. El crimen organizado ha roto la gobernabilidad en todo Tamaulipas.

Solemos detener nuestra atención en la frontera, pero en el sur de la entidad, y en el centro; así en los límites con Nuevo León como en la costa, ha habido en los meses recientes matanzas múltiples, asesinatos de alto impacto (como se llama a los que ultiman a personas notorias), campañas de rumores que paralizan a ciudades enteras. Si el asesinato de Torre fuera puramente una agresión delincuencial para desazonar a la población y sacar de quicio a las autoridades, sería un acontecimiento grave. Pero se inscribe en la ya no breve cadena de homicidios de carácter político, que ha inaugurado una nueva forma de interferencia ilícita en la política. El crimen organizado desalienta o de plano aparta del camino a ciudadanos que han sido convencidos de participar en la lucha electoral.

Pero hacerlo en vísperas de las elecciones implica la pretensión de influir también en quién sea el candidato priísta al gobierno estatal.

Es posible sustituirlo, pues el código electoral tamaulipeco, como lo hacen en general las leyes del caso en todas las entidades y la de orden federal, permiten el registro de un nuevo candidato para reemplazar a uno que muera. Pero la persona que designe el PRI no tendrá identidad propia. Hará apenas, hoy y mañana si hay la premura necesaria, dos días de campaña, y el domingo obtendrá votos no a su nombre sino dedicados a Torre. Se produce así, y ése pudiera ser uno de los propósitos del atentado en este momento, un fraude a la democracia, pues los priístas y sus simpatizantes sufragarán por un desconocido o por lo menos por alguien a quien el partido no consideró idóneo en el momento adecuado. Los tamaulipecos ignorarán a quién escogen para gobernador.

La respuesta a esta situación anómala es el aplazamiento de los comicios, por lo menos los de Gobernador (ya que se eligen también ayuntamientos y diputados), a fin de que haya una contienda que permita contrastar la personalidad de los aspirantes. La diferición de la jornada electoral no causaría perjuicio al PRI, que según las varias mediciones obtendría el domingo más del 50 por ciento de los votos, en proporción que deja muy atrás a sus contrincantes, pues su ventaja es estructural, viene de su implantación en el estado y de los modos de condicionar el voto que el Gobierno estatal ha practicado desde siempre.

La inclinación natural a atribuir al crimen organizado el asesinato de Torre no debería eliminar otras líneas de investigación, como las rivalidades internas. Es cierto que la contienda por la candidatura se resolvió con tersura y que los aspirantes se ciñeron a la decisión del gobernador Eugenio Hernández para hacer de su secretario de Salud (elegido diputado federal para satisfacer los requisitos estatutarios del PRI) el candidato de unidad. El reconocimiento de que esa decisión era inmutable no sólo impidió escisiones (como en Sinaloa y Durango, en que precandidatos priístas abanderan hoy a la oposición), sino que llevó a gestos como el siguiente: uno de los principales aspirantes, el alcalde de Reynosa, Óscar Luebbert, pidió licencia por 36 horas, que se extenderían la tarde ayer y el día de hoy martes, para acompañar a su amigo el senador Manlio Fabio Beltrones, que a su vez haría campaña con Torre Cantú. Pero eliminando a éste a última hora se abriría la posibilidad de que un precandidato preterido a la hora de escoger a quien postularía el PRI fuera finalmente elegido gobernador.

Como quiera que sea, el atentado que cobró la vida del candidato priísta y de sus acompañantes cimbra al país entero, aunque sus habitantes en mala hora vayan acostumbrándose a la violencia homicida, ya sea porque la vivan de cerca o porque tengan noticia de ella a través de los medios informativos.

No es extravagante el temor, basado en el orden jerárquico que lleva a suponer posible que así como ya se ultimó a un candidato a alcalde y no pasó nada, y se asesinó a un candidato a gobernador y no pasa nada, se alce la mira y en pleno 2012, o con motivo de la contienda de ese año, se atente contra un candidato presidencial.

Cajón de sastre

Al cumplirse ayer 14 años de la aparición en público del Ejército Popular Revolucionario, esa organización guerrillera y su brazo partidario, el Partido Democrático Popular Revolucionario emitieron un comunicado que no debe ser pasado por alto. Reiteraron su convicción de que no es “la vía pacífica la que conduzca al pueblo de México a restituir derechos ...perdidos durante esta larga noche del neoliberalismo, a pesar de los invaluables esfuerzos que realizan quienes están seguros de poder conseguirlos”. Y recordando que comprometieron con la Comisión de mediación una tregua mientras se logra la presentación con vida de dos de sus militantes, advirtieron que ésa no puede “ser una tregua indefinida (pues) aunque hemos cumplido esa petición de la Comed, no se sabe en qué momento el Estado quiera romper la delgada línea de la tregua...”.


Democracia moribunda


León Krauze
Milenio/29 de junio de 2010

Uno puede darle todas las vueltas retóricas que quiera, pero los mexicanos debemos enfrentar una verdad incontrovertible: nuestra democracia está muriendo. El proceso electoral de 2010 no deja lugar a dudas. La violencia (que ayer lo cambió todo), el cinismo político-electoral de los gobiernos estatales, la complicidad de muchos medios locales, el surgimiento de la forma más virulenta de las campañas de desprestigio y la falta absoluta de reglas que realmente persiga estos excesos están llevando nuestra democracia a su agonía.

¿Qué tan grave es el problema? Basta darle una vuelta a los estados donde el domingo se disputará la silla del gobernador. La campaña en Sinaloa ha sido una vergüenza. El gobierno priista de Jesús Aguilar ha inclinado los dados a favor de su delfín Jesús Vizcarra, un hombre sospechoso de tener vínculos con el narco en un estado asolado por la presencia criminal. El instituto electoral sinaloense ha jugado el papel de cómplice con gran pericia, haciéndole la vida imposible al candidato de la oposición, metiéndose hasta con su nombre y protegiendo al candidato del PRI de un debate público que podría haberlo dañado. Todo, en contubernio con los medios locales, que ni ven ni oyen lo que para la sociedad es evidente. Algo parecido ha ocurrido en Hidalgo, donde Xóchitl Gálvez ha enfrentado un evidente boicot en los medios de comunicación (eso, y no otras versiones absurdas, es un cerco mediático). Entre groserías, descalificaciones e injusticias, Gálvez ha tenido que nadar contra la corriente. Algo similar se ha visto en Puebla con el candidato opositor Rafael Moreno Valle. Fiel a su acostumbrada desfachatez, Mario Marín ha volcado toda su maquinaria para inclinar el tablero a favor de su candidato. Desde el principio de la campaña, el gobierno poblano ha amenazado e intimidado a la oposición mientras seduce, a punta de despensas y favores, al más puro estilo del dinosaurio, a los votantes. ¿Y qué decir de Oaxaca y Veracruz? Las grabaciones dadas a conocer hace unos días son reprobables y quizá, pero también son de agradecerse: ofrecieron una invaluable radiografía del México donde la transición democrática es sólo promesa. Los dichos de Fidel Herrera y Ulises Ruiz merecen un sitio en los anales del deshonor mexicano. El calibre de soberbia e impudor que despliega Herrera se explica sólo desde la presunción a priori de impunidad: se siente “en la plenitud del pinche poder” porque sabe que nadie puede, realmente, llamarlo a cuentas. Lo mismo ocurre con el procaz gobernador oaxaqueño, quien se da la libertad de planear sucia estrategia electoral y hasta negociar “pendientes”, porque supone que, en este México donde la democracia está muriendo, nadie se atreverá a perseguirlo. Y de ahí el asombroso cinismo priista después de conocerse las grabaciones. Lejos de manifestar una genuina preocupación por el asalto a la democracia mexicana evidente en las grabaciones, la cúpula priista optó por descalificar el método, y mucho pero mucho peor, sugerir que la divulgación del cochinero de su partido era sólo una distracción. “Que se investigue, que se investigue”, dicen con una mezcla de prepotencia y hartazgo que, a mí entender, revela la misma suficiencia que todos escuchamos en las voces de los gobernadores de Oaxaca y Veracruz.

Evidentemente, este no es un asunto exclusivo del PRI. El PAN y el gobierno han degradado el discurso político, poniendo en riesgo, gracias a su violenta estrategia electoral, cualquier posibilidad de negociación en los dos años que quedan de calderonismo. La culpa, en suma, es de todos. La persecución del poder se ha convertido en un auténtico agujero negro en nuestro país, capaz de engullir aquello mismo que le da vida: la sociedad mexicana. Lo ideal sería que los votantes castigaran esta porquería. Probablemente no lo harán. Tocará a la clase política verse al espejo y plantearse un cambio profundo que incluya maneras de embridarse. Si no lo hace, el riesgo del autoritarismo, nuestro gran fantasma, volverá a rondar las calles mexicanas. Esta vez será difícil hallarle un antídoto.

leon@wradio.com.mx

Los tontos útiles


Gustavo de la Rosa
El Universal/29 de junio de 2010

Es inconcebible que el secretario de Gobernación vaya a un evento contra la tortura a llamar “tontos útiles” a los defensores de derechos humanos y a dictarnos consejos de cómo actuar en nuestro trabajo diario.

Alguien debiera informarle que los funcionarios tienen prohibido dirigir instrucciones a las comisiones de Derechos Humanos. Por el contrario, es necesario que él asuma la responsabilidad de su trabajo en materia de derechos humanos antes de dar consejos no pedidos.


La Secretaría de Gobernación es la responsable de crear un mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos, y ese mecanismo empieza por reconocer la importancia de los derechos fundamentales de los seres humanos y a las dependencias que nos encargamos de defenderlos.


Ir a las casas de los derechohumanistas a denostar nuestro trabajo mientras los trabajos que son su obligación no se concretan es una absoluta incongruencia. Es una tontería y falta de respeto al Estado de Derecho. Sugerirnos que no apliquemos la ley cuando esté involucrado un delincuente, ¡no tenemos autorización legal para enjuiciar a los quejosos!, solamente podemos hacerlo respecto a las conductas de las autoridades.


La ley no se aplica con perspicacia ni con suspicacia, se aplica con justicia haciendo una debida interpretación de la letra de la misma.


Alguien debe informarle que los derechohumanistas sólo aplicamos la ley y la Constitución cuando se demuestra que la autoridad las violenta en perjuicio de uno o varios ciudadanos sin poder hacer ninguna consideración de índole personal sobre los ofendidos y no debemos tener otra actitud diferente a la exigencia de que la Constitución se respete. No puedo creer que un abogado insinúe que miremos de lado cuando evaluemos que nuestras resoluciones vayan a desprestigiar a las autoridades.


El prestigio de los gobernantes depende de sus conductas y nosotros nada más las analizamos a la luz de la ley. Si la conducta es indebida, el desprestigio así acarreado no es culpa de las comisiones de derechos humanos, es culpa de los funcionarios que violaron la ley y con ello la Constitución.


No me imagino cómo el secretario Gómez Mont era tan exitoso en la práctica privada, y no creo que se atreviera a pedirle a un juez que fuera perspicaz o suspicaz, y si así lo hacía, él es uno de los destructores de la escasa cultura de la legalidad en el país.


Algún amigo o asesor debe decirle que la consolidación del Estado de Derecho se logra únicamente aplicando a ojos cerrados la ley, sin tomar en cuenta efectos o resultados colaterales de la resolución.


Aun durante la vigencia de la Ley de la Acordada, en el virreinato, que fue la época de mayor rigor en el combate contra los salteadores de caminos, era un juez itinerante que acompañaba a los piquetes de policías y soldados quien ordenaba la ejecución de la pena que solía ser pena capital.


Como se nos insinúa que mediante el uso de habilidades extralegales dictaminemos quién tiene derecho a la protección de sus derechos humanos y quién ya perdió ese derecho, quiénes somos nosotros para hacer eso al recibir la queja y darle trámite, o al evaluar las evidencias acumuladas en el sumario.


Sólo un juez puede determinar la pérdida de derechos de algún gobernado, nosotros no, y él debería saberlo porque es abogado. En fin, es una gran tontería llamarnos tontos útiles.


Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Una transición pendiente


Alberto Aziz Nassif
El Universal/29 de junio de 2010


Las grabaciones de los gobernadores del PRI en Oaxaca y Veracruz nos muestran cómo se ejerce el poder en esos estados. Control del árbitro de la contienda electoral, distribución de recursos con fines abiertamente partidistas, restricciones severas a la libertad de expresión y un discurso político que puede ubicarse en la década de los cincuenta. Sobre lo que ya se sospechaba, ahora hay pruebas y evidencias que muestran lo que pasa en esos territorios, en donde nunca llegó ese extraño e incierto fenómeno que hace unos años se conoció como la transición a la democracia.

Ya se había dado el gran desencanto con la democracia realmente existente en México. La última medición de Latinobarómetro 2009 nos ubica en el sótano en temas de confianza y apoyo a la democracia. Las fallas y regresiones graves a nivel federal, como el conflicto de la sucesión presidencial en 2006, deterioraron la imagen de los organismos electorales y la confianza institucional que se construyó entre 1996 y 2003. En diversos gobiernos, resultado de una alternancia a nivel estatal, el factor partido político de oposición, que gana elecciones competidas, dejó de representar una diferencia importante, porque las prácticas y la cultura política del viejo régimen contaminaron las formas de gobernar. Ya se había visto que los impulsos de la transición empezaron a agotarse, como recurso de un horizonte de futuro, y en su lugar llegó la desconfianza institucional. Los actores políticos, partidos y legisladores bajaron hasta el suelo en la confianza ciudadana. Expresiones de desafección y convocatorias para anular el voto fueron voces importantes que llegaron en 2009. Sin duda, hay graves problemas en la representación política y nos hemos llenado de una democracia que ha perdido su horizonte de futuro.


En unos cuantos años se ha vulnerado la democracia y los déficits de desigualdad, baja calidad ciudadana, la pérdida de capital político y un conjunto institucional poco confiable, forman algunas de las piezas que nos dejó la transición democrática. En este contexto aparecen los espejos locales y los gobernadores que operan para sus partidos, trafican con los recursos públicos y controlan todos los espacios en donde faltan las piezas fundamentales de una competencia democrática: equidad, debate, y tolerancia.


Ulises Ruiz y Fidel Herrera son la expresión concentrada de los gobiernos del PRI. Estas grabaciones muestran el nivel de violación a la legalidad y, sin embargo, siguen tan campantes rumbo a las elecciones del próximo 4 de julio. El PRI acusa al gobierno federal de usar los instrumentos del Estado con fines partidistas, y con ello defiende a sus gobernadores y a sus candidatos. Sin saber todavía el origen de las grabaciones, lo más probable es que no se conozca de dónde surgieron, quizá estemos ante una doble guerra sucia. La batalla en algunos casos no es entre demócratas y autoritarios, porque estos últimos están en los dos bandos, como sucede en Veracruz, en donde la opción es más PRI o el viejo PRI con acento magisterial y registro panista. Así los comicios locales se han convertido en un campo de batalla con diversos cruces, desde la propaganda sucia, la compra del voto, la debilidad del debate público, hasta los escándalos de las grabaciones, más lo que se acumule hasta el día de las elecciones, todo lo cual deja un ambiente político asfixiante. Alianza Cívica está documentado las irregularidades en la página www.cuidemoselvoto.org


La película que estamos viendo con estas elecciones me recuerda las primeras batallas electorales de la oposición al inicio de los la década de los ochentas, hace 25 años. Las estrategias son muy parecidas: era el control de su estructura corporativa, los descuentos forzados en los cheques de los trabajadores sindicalizados, el uso del dinero público, el aparato de gobierno al servicio de la campaña electoral y el gobernador como el capitán de los comicios. En ese entonces era un reto ganarle al partido gobernante, que en las elecciones era un Estado recubierto de forma partidista. Sin embargo, se pensaba que una alternancia podría cambiar la forma de hacer política. Hoy se repite la estrategia, pero se ha perdido esa expectativa, porque lo que se ha generado, en muchos casos, ha sido decepcionante.


A pesar de que ya vimos la película y lo que sigue, en varios estados es necesario completar los ciclos de la alternancia, porque esa pieza se necesita para que esos ciudadanos tengan la oportunidad de optar, quizá pasen por el desencanto y puedan llegar al hartazgo, pero hasta ahora no han experimentado una transición electoral y tienen derecho a tenerla...

Investigador del CIESAS