Carlos OrnelasExcélsior/5 de noviembre de 2008
En inglés la palabra overhaul significa la revisión y reparación de un artefacto. Su uso más común es en la aviación. Los aviones deben pasar un chequeo mayor cada determinado tiempo. En un aeroplano grande implica examinar más de un millón de partes y cientos de kilómetros de cables y subsanar lo que haya que arreglarse para que siga en buenas condiciones. A veces un overhaul implica la sustitución de más de la mitad de las partes; la nave queda como nueva, pero sigue siendo el mismo aparato. Ciertos autores han utilizado la palabra como una metáfora para describir reformas profundas en procesos políticos o instituciones gubernamentales. Parece que al sistema educativo mexicano le llegó la hora de experimentar uno de esos escrutinios: ya no da para más.
A raíz de una mayor libertad de prensa, de procesos de transparencia y de la participación de actores antes excluidos de la política educativa, crece el conocimiento público sobre las piezas oscuras del sistema, en especial de las aguas turbias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la camarilla que se lo apropió. También de sus opositores que, si alguna vez enarbolaron demandas democráticas, las trocaron por prebendas; me refiero a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Muchos observadores expresaron tristeza o enojo al ver a miles de maestros defendiendo lo absurdo, su derecho a vender o heredar su plaza. Otros han manifestado su indignación al conocer cómo dinero público y de las cuotas sindicales de los docentes alimentaron la creación y consolidación del Partido Nueva Alianza, para agrandar el poder de la presidenta del SNTE y de sus seguidores. Los investigadores agrupados en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa repudian el pacto entre el SNTE y el gobierno federal porque éste transfiere cada vez más porciones de la gobernación de la educación a validos del sindicato. Ellos critican a la ACE por los desvaríos de la autoridad, no por la defensa de privilegios. Sin embargo, ni los observadores ni los investigadores tienen el poder o la influencia suficientes para cambiar las cosas que fastidian a las conciencias y perjudican a la educación nacional. Otros critican a la ACE por su centralismo, por la falta de consulta con los maestros —y hasta con los gobernadores—, por su espíritu de cúpula y porque su intención es fortalecer el pacto político entre el presidente Calderón y Elba Esther Gordillo.
Hoy tenemos más referencias. Dos auditorías hacen público lo que conocedores ya sospechaban pero no podían demostrar por la falta de datos precisos: miles de millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica se desvían cada año con el fin de satisfacer los apetitos de poder de sindicalistas y burócratas.
El chequeo que hizo la Auditoría Superior de la Federación movió a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados a proponer que “las instituciones del sistema educativo nacional, en todos sus niveles, estarán obligadas a publicar, en los primeros seis meses de 2009, las listas del personal comisionado. Dichos listados deberán incluir el número de comisionados, los nombres, los montos pagados y las actividades específicas que realicen” (citado por reforma.com, el 29 de octubre). Hay estimaciones que aseguran que el sistema educativo mantiene a cerca de 120 mil comisionados sindicales.
La auditoría que realizó un despacho particular por encargo de la SEP encontró —entre muchas otras cosas— que cientos de profesores cobran en dos estados distintos, como Hidalgo y Baja California Sur o Coahuila y Guanajuato; y que más de 500 de ellos perciben más de 100 mil pesos al mes. Hay un caso de una maestra de Chihuahua que devenga 700 mil. No obstante que los auditores no tienen competencia para explicar los porqués, ofrecen los nombres de esos docentes. “¿Cómo no van a defender con toda el alma esas plazas? Yo también lo haría”, me dijo con sarcasmo uno de mis estudiantes. ¡Hasta dónde hemos llegado!
La diputación del PAN prepara una propuesta con miras a reformar la Ley General de Educación y formalizar que el ingreso a la carrera docente sea por concurso. La Comisión de Educación plantea poner candados al FAEB en las entidades federativas; todos coinciden en que llegó el tiempo de la transparencia y la rendición de cuentas. Pero las medidas que se promueven son parciales, débiles, reformas superficiales. Lo que se requiere es una remodelación institucional completa. No podemos deshacernos del todo de ese sistema, pero hay que revisarlo a fondo y desechar las partes defectuosas, empezando por el sindicato corporativo, y resanar lo que pueda funcionar.
Soy consciente de que el gobierno actual no emprenderá una acción política de tal envergadura. Tampoco pienso que los diputados se aventuren a proponer una reforma profunda, aunque tal vez se den cuenta de que las cosas no pueden seguir así, que este avión no se compone con reparaciones pequeñas y preparen el camino para un overhaul.
A raíz de una mayor libertad de prensa, de procesos de transparencia y de la participación de actores antes excluidos de la política educativa, crece el conocimiento público sobre las piezas oscuras del sistema, en especial de las aguas turbias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la camarilla que se lo apropió. También de sus opositores que, si alguna vez enarbolaron demandas democráticas, las trocaron por prebendas; me refiero a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Muchos observadores expresaron tristeza o enojo al ver a miles de maestros defendiendo lo absurdo, su derecho a vender o heredar su plaza. Otros han manifestado su indignación al conocer cómo dinero público y de las cuotas sindicales de los docentes alimentaron la creación y consolidación del Partido Nueva Alianza, para agrandar el poder de la presidenta del SNTE y de sus seguidores. Los investigadores agrupados en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa repudian el pacto entre el SNTE y el gobierno federal porque éste transfiere cada vez más porciones de la gobernación de la educación a validos del sindicato. Ellos critican a la ACE por los desvaríos de la autoridad, no por la defensa de privilegios. Sin embargo, ni los observadores ni los investigadores tienen el poder o la influencia suficientes para cambiar las cosas que fastidian a las conciencias y perjudican a la educación nacional. Otros critican a la ACE por su centralismo, por la falta de consulta con los maestros —y hasta con los gobernadores—, por su espíritu de cúpula y porque su intención es fortalecer el pacto político entre el presidente Calderón y Elba Esther Gordillo.
Hoy tenemos más referencias. Dos auditorías hacen público lo que conocedores ya sospechaban pero no podían demostrar por la falta de datos precisos: miles de millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica se desvían cada año con el fin de satisfacer los apetitos de poder de sindicalistas y burócratas.
El chequeo que hizo la Auditoría Superior de la Federación movió a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados a proponer que “las instituciones del sistema educativo nacional, en todos sus niveles, estarán obligadas a publicar, en los primeros seis meses de 2009, las listas del personal comisionado. Dichos listados deberán incluir el número de comisionados, los nombres, los montos pagados y las actividades específicas que realicen” (citado por reforma.com, el 29 de octubre). Hay estimaciones que aseguran que el sistema educativo mantiene a cerca de 120 mil comisionados sindicales.
La auditoría que realizó un despacho particular por encargo de la SEP encontró —entre muchas otras cosas— que cientos de profesores cobran en dos estados distintos, como Hidalgo y Baja California Sur o Coahuila y Guanajuato; y que más de 500 de ellos perciben más de 100 mil pesos al mes. Hay un caso de una maestra de Chihuahua que devenga 700 mil. No obstante que los auditores no tienen competencia para explicar los porqués, ofrecen los nombres de esos docentes. “¿Cómo no van a defender con toda el alma esas plazas? Yo también lo haría”, me dijo con sarcasmo uno de mis estudiantes. ¡Hasta dónde hemos llegado!
La diputación del PAN prepara una propuesta con miras a reformar la Ley General de Educación y formalizar que el ingreso a la carrera docente sea por concurso. La Comisión de Educación plantea poner candados al FAEB en las entidades federativas; todos coinciden en que llegó el tiempo de la transparencia y la rendición de cuentas. Pero las medidas que se promueven son parciales, débiles, reformas superficiales. Lo que se requiere es una remodelación institucional completa. No podemos deshacernos del todo de ese sistema, pero hay que revisarlo a fondo y desechar las partes defectuosas, empezando por el sindicato corporativo, y resanar lo que pueda funcionar.
Soy consciente de que el gobierno actual no emprenderá una acción política de tal envergadura. Tampoco pienso que los diputados se aventuren a proponer una reforma profunda, aunque tal vez se den cuenta de que las cosas no pueden seguir así, que este avión no se compone con reparaciones pequeñas y preparen el camino para un overhaul.
Carlos.Ornelas10@gmail.com
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