A un año del genocidio en Hermosillo

Humberto Musacchio
Excélsior/3 de junio de 2010

Cuando está por cumplirse un año de la tragedia de Hermosillo en la que murieron 49 niños y 75 más resultaron con lesiones severas, no hay un solo detenido y todo indica que, si alguien llega a ser consignado, éste será un pobre diablo, un chivo expiatorio que permitirá a sus jefes seguir disfrutando de la libertad y de la vida, del presupuesto y las ventajas del poder.

Se insistirá en presentar lo ocurrido en la guardería ABC como una desgracia de esas que ocurren por casualidad o por designio divino. Pero, a lo largo de un año, tanto los padres de las víctimas como muchas voces independientes han venido repitiendo que lo ocurrido se pudo evitar, que establecimientos como ése operan con un enorme margen de riesgo, bajo un peligro que hacía previsible un incendio u otro tipo de siniestro.

La muerte de los niños no fue producto de la fatalidad, sino de una política que expresamente desprecia a los seres humanos y reduce en forma unilateral y arbitraria la prestación de servicios a quienes tienen derecho. La inseguridad y los accidentes son parte del juego, pues deliberadamente se reduce el presupuesto por cada infante y además se entrega el servicio a particulares que tienen como meta no el servicio sino la ganancia.

Por supuesto, debe precisarse si se cumplió o no con las indispensables medidas de seguridad, aunque desde ahora podemos adelantar que la guardería estaba en riesgo notorio desde el momento en que se instaló junto a un almacén donde había productos inflamables, hecho que conocían las autoridades, porque la guardería de marras era un negocito de particulares, quienes pusieron en último término la seguridad de los infantes, con el conocimiento y la complicidad de las autoridades estatales y federales.

El expediente del caso se halla en la Suprema Corte, donde el ministro Arturo Saldívar es el encargado de presentar conclusiones. Lamentablemente no hay base para esperar que se imparta justicia. Se hallan involucrados personajes que ocupan los más altos cargos públicos y algunos políticos con suficiente dinero como para evitar que los alcance la mano de la justicia, cualquier cosa que eso signifique.

Pese a lo anterior, hay que mantener en pie la exigencia de que sean cesados en forma fulminante los funcionarios y ex funcionarios involucrados. Todos y cada uno de ellos deben ser sometidos a proceso por los delitos que se desprenden de la renuencia del Seguro Social a cumplir con una prestación de ley y por hacer de la seguridad de los niños un negocito en favor de parientes y amigos.

Quien impuso el perverso sistema de la subrogación de servicios debe ir también a la cárcel, quienes lo aplicaron deben acabar en prisión e igualmente sus jefes y los jefes de sus jefes, que son tanto o más culpables. Son varios los delitos imputables, pero el que no debe faltar en las consignaciones es el de genocidio, pues los funcionarios del Seguro Social, con el visto bueno de su director y del jefe de su director, y la complicidad de los estatales, han tomado decisiones a sabiendas de que ponían y ponen en riesgo la integridad de los niños confiados a su cuidado.

Cientos de guarderías están en las mismas deplorables condiciones que propiciaron la tragedia de Hermosillo y cualquier día se repite la historia para vergüenza de todos los mexicanos. Por eso, cabe recordar que una sociedad incapaz de preservar la vida de sus niños está condenada al fracaso, es un conglomerado envilecido, sin presente y sin futuro. México debe ser otra cosa.

*Periodista y autor de Milenios de México

hum_mus@hotmail.com