Miguel Angel Granados Chapa
Reforma/12 de agosto de 2010
Conforme aumenta la cartera vencida en los bancos, crece también el acoso a los deudores. Algunas instituciones de intermediación financiera entregan sus cuentas por cobrar a despachos especializados que podrían realizar una función jurídica legítima, en los términos de ley pero prefieren hostigar con amagos de cárcel a quienes se han retrasado en sus pagos.
El colmo ocurre cuando los telefonemas amenazantes, se dirigen a quienes disponen de una línea que antes estuvo asignada a un moroso. Ante los reclamos de quienes resultan acosados por los inquisitoriales cobradores -cobrones los llama el habla popular con evidente segunda intención-y nada deben, aunque sí temen, se ha instituido un procedimiento en que absurdamente la carga de la prueba recae en alguien ajeno al crédito insoluto. Conforme a una circular de la Asociación de banqueros de México, las personas en ese caso tienen que identificarse sin lugar a dudas como distintas de las señaladas como deudoras.
Con motivo de un litigio entre empresarios tapatíos, ha salido a relucir el nombre de una empresa dedicada a la cobranza que tuvo la audacia y la sinceridad de ostentar una sigla que denotaba el modo en que practica su función. La Administradora de cartera de Occidente, S.A. de C.V. se hace llamar Acosa, y en efecto ha practicado ese verbo con deudores relevantes. Es un hecho peculiar que Acosa fuera una subsidiaria del Grupo Simec, S.A. de C.V., un conjunto de empresas dedicadas a la siderurgia. Como principal productor de acero estructural no plano en México, el Grupo Simec se ha expandido desde que nació en 1969 como Compañía siderúrgica de Guadalajara. Hoy tiene plantas en esa ciudad, así como en Mexicali, Apizaco y Cholula. Recientemente adquirió una firma norteamericana, Republic Engineered Products, con plantas en Ohio, Nueva York e Indiana, en Estados Unidos, y en Ontario, Canadá.
No me queda claro si el Grupo Simec adquirió del Ipab la firma Acosa, o la constituyó para adquirir de ese instituto un lote de deudas entre las que se encontraban las que habían afectado al grupo NKS, una firma acerera japonesa establecida en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Simec quería apoderarse de NKS por la vía de sus adeudos, operación que por causas ajenas a su voluntad no se realizó.
Según su propia declaración, Acosa halló en el lote adquirido al Ipab 53 pagarés de empresas de la familia Covarrubias Valenzuela, compuesta por Juan Arturo, Ricardo y José Luís, documentos avalados por ellos en lo personal. El monto de esos documentos ascendía a 240 millones de dólares y 107 millones de pesos. Tras una renegociación con la empresa cobradora, el adeudo se fijó en 200 millones de dólares y en 25 millones de pesos. Como no fuera cubierto, según Acosa, se inició contra los Covarrubias Valenzuela un juicio ejecutivo mercantil en el Distrito Federal, que concluyó a favor del demandante con sentencia definitiva del 19 de febrero de 2007. En ese proceso se cuestionó la autenticidad de la firma de los avales. El perito tercero en discordia, según afirma Acosa, dictaminó que las rúbricas eran “de puño y letra de los señores Juan Antonio (sic, por Juan Arturo) Covarrubias Valenzuela y Ricardo Covarrubias Valenzuela”.
Éstos, sin embargo, sostuvieron que las firmas no eran suyas, que estaban falsificadas y a través de su empresa Motormexa denunciaron penalmente, el 10 de octubre de 2006, a Rufino Vigil González, presidente del consejo de administración de Simec y entonces también de Acosa. Lo señalaron “por los presuntos delitos de falsificación de firmas y uso de documentos falsos (por 200 millones de dólares), simulación de actos jurídicos y simulación de pruebas, falsedad de declaración ante autoridades, fraude procesal y tentativa de fraude.
A diferencia del tercer peritaje en el juicio mercantil, en la averiguación penal los peritos designados por el Ministerio Público, “determinaron con plena contundencia que las firmas en los documentos donde supuestamente firman Motormexa y sus accionistas son totalmente falsas”. Finalmente se dictó orden de aprehensión contra Vigil González apenas el pasado 16 de junio, por el delito de fraude genérico, considerado grave y por lo tanto desprovisto del beneficio de la fianza. Motormexa y sus accionistas, la familia Covarrubias Valenzuela, concluyen que “el señor Rufino Vigil González no ha sido localizado. Ya el procurador general de justicia del DF así como la INTERPOL están en su búsqueda para su localización y aprehensión. Por lo tanto, se le considera un prófugo de la justicia”.
Sobre este punto, Acosa refiere que los Covarrubias Valenzuela iniciaron “juicios penales contra Rufino Vigil González y otros. Se trata de tres averiguaciones previas en las cuales, tres distintas autoridades coincidieron en el no ejercicio de la acción penal a favor de Rufino Vigil González.
Inexplicablemente, una averiguación previa fue reabierta y sin practicarse diligencia alguna que aportara elementos de prueba adicionales a los ya existentes, se ejerció acción penal en contra de Rufino Vigil González”
Los Covarrubias Valenzuela aseguran haber pagado todos sus adeudos bancarios el 16 de diciembre de 2002, ante notario público y con la presencia de la banca acreedora. Llaman “intento de fraude, totalmente absurdo e inexplicable” a la presentación en tribunales de dos pagarés, por doscientos millones de pesos cada uno.
Independientemente de a quién asista la justicia, cito el caso por referirse a un caso extremo de voracidad, en el que todo se vale.
Reforma/12 de agosto de 2010
Conforme aumenta la cartera vencida en los bancos, crece también el acoso a los deudores. Algunas instituciones de intermediación financiera entregan sus cuentas por cobrar a despachos especializados que podrían realizar una función jurídica legítima, en los términos de ley pero prefieren hostigar con amagos de cárcel a quienes se han retrasado en sus pagos.
El colmo ocurre cuando los telefonemas amenazantes, se dirigen a quienes disponen de una línea que antes estuvo asignada a un moroso. Ante los reclamos de quienes resultan acosados por los inquisitoriales cobradores -cobrones los llama el habla popular con evidente segunda intención-y nada deben, aunque sí temen, se ha instituido un procedimiento en que absurdamente la carga de la prueba recae en alguien ajeno al crédito insoluto. Conforme a una circular de la Asociación de banqueros de México, las personas en ese caso tienen que identificarse sin lugar a dudas como distintas de las señaladas como deudoras.
Con motivo de un litigio entre empresarios tapatíos, ha salido a relucir el nombre de una empresa dedicada a la cobranza que tuvo la audacia y la sinceridad de ostentar una sigla que denotaba el modo en que practica su función. La Administradora de cartera de Occidente, S.A. de C.V. se hace llamar Acosa, y en efecto ha practicado ese verbo con deudores relevantes. Es un hecho peculiar que Acosa fuera una subsidiaria del Grupo Simec, S.A. de C.V., un conjunto de empresas dedicadas a la siderurgia. Como principal productor de acero estructural no plano en México, el Grupo Simec se ha expandido desde que nació en 1969 como Compañía siderúrgica de Guadalajara. Hoy tiene plantas en esa ciudad, así como en Mexicali, Apizaco y Cholula. Recientemente adquirió una firma norteamericana, Republic Engineered Products, con plantas en Ohio, Nueva York e Indiana, en Estados Unidos, y en Ontario, Canadá.
No me queda claro si el Grupo Simec adquirió del Ipab la firma Acosa, o la constituyó para adquirir de ese instituto un lote de deudas entre las que se encontraban las que habían afectado al grupo NKS, una firma acerera japonesa establecida en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Simec quería apoderarse de NKS por la vía de sus adeudos, operación que por causas ajenas a su voluntad no se realizó.
Según su propia declaración, Acosa halló en el lote adquirido al Ipab 53 pagarés de empresas de la familia Covarrubias Valenzuela, compuesta por Juan Arturo, Ricardo y José Luís, documentos avalados por ellos en lo personal. El monto de esos documentos ascendía a 240 millones de dólares y 107 millones de pesos. Tras una renegociación con la empresa cobradora, el adeudo se fijó en 200 millones de dólares y en 25 millones de pesos. Como no fuera cubierto, según Acosa, se inició contra los Covarrubias Valenzuela un juicio ejecutivo mercantil en el Distrito Federal, que concluyó a favor del demandante con sentencia definitiva del 19 de febrero de 2007. En ese proceso se cuestionó la autenticidad de la firma de los avales. El perito tercero en discordia, según afirma Acosa, dictaminó que las rúbricas eran “de puño y letra de los señores Juan Antonio (sic, por Juan Arturo) Covarrubias Valenzuela y Ricardo Covarrubias Valenzuela”.
Éstos, sin embargo, sostuvieron que las firmas no eran suyas, que estaban falsificadas y a través de su empresa Motormexa denunciaron penalmente, el 10 de octubre de 2006, a Rufino Vigil González, presidente del consejo de administración de Simec y entonces también de Acosa. Lo señalaron “por los presuntos delitos de falsificación de firmas y uso de documentos falsos (por 200 millones de dólares), simulación de actos jurídicos y simulación de pruebas, falsedad de declaración ante autoridades, fraude procesal y tentativa de fraude.
A diferencia del tercer peritaje en el juicio mercantil, en la averiguación penal los peritos designados por el Ministerio Público, “determinaron con plena contundencia que las firmas en los documentos donde supuestamente firman Motormexa y sus accionistas son totalmente falsas”. Finalmente se dictó orden de aprehensión contra Vigil González apenas el pasado 16 de junio, por el delito de fraude genérico, considerado grave y por lo tanto desprovisto del beneficio de la fianza. Motormexa y sus accionistas, la familia Covarrubias Valenzuela, concluyen que “el señor Rufino Vigil González no ha sido localizado. Ya el procurador general de justicia del DF así como la INTERPOL están en su búsqueda para su localización y aprehensión. Por lo tanto, se le considera un prófugo de la justicia”.
Sobre este punto, Acosa refiere que los Covarrubias Valenzuela iniciaron “juicios penales contra Rufino Vigil González y otros. Se trata de tres averiguaciones previas en las cuales, tres distintas autoridades coincidieron en el no ejercicio de la acción penal a favor de Rufino Vigil González.
Inexplicablemente, una averiguación previa fue reabierta y sin practicarse diligencia alguna que aportara elementos de prueba adicionales a los ya existentes, se ejerció acción penal en contra de Rufino Vigil González”
Los Covarrubias Valenzuela aseguran haber pagado todos sus adeudos bancarios el 16 de diciembre de 2002, ante notario público y con la presencia de la banca acreedora. Llaman “intento de fraude, totalmente absurdo e inexplicable” a la presentación en tribunales de dos pagarés, por doscientos millones de pesos cada uno.
Independientemente de a quién asista la justicia, cito el caso por referirse a un caso extremo de voracidad, en el que todo se vale.
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