miércoles, 27 de mayo de 2009

Coinciden STAUS y STEUS: Pedro le echa más leña a la hoguera

José Luis Jara
Dossier Político/27 de mayo de 2009
A la huelga del STEUS que mantiene paralizada a la Universidad de Sonora por más de 50 días, sólo le faltaba más leña al fuego.
Y esa leña la arrojó el rector de esta casa de estudios, Pedro Ortega Romero. De nada sirvieron las firmas de contrato colectivo con el STAUS, pues decidió aventarse el boleto de promover la impartición de clases en escuelas diferentes a la Universidad de Sonora.
Para ello, el director de Servicios Escolares, el integrante del grupo de los químicos, Héctor Escárcega empezó las negociaciones con el director del Colegio de Bachilleres, Eusebio Pillado, para que esta institución le prestara aulas para las clases que imparten a estudiantes de la Universidad de Sonora.
Y Eusebio Pillado se prestó a la jugada. Les autorizó seis aulas en el plantel Villa de Seris y seis aulas en el plantel Reforma.
Ante ello, los dirigentes de los sindicatos de trabajadores y empleados y el de trabajadores académicos de la unisón, STEUS y STEUS, criticaron la decisión del rector.
Dorotea Rascón Gámez, del STEUS, dijo que si el rector pretendía impartir clases, los integrantes del sindicato irán a colocar las banderas rojinegras, porque eso significaría que estarían abriendo un recinto de la Universidad de Sonora, a la que tienen paralizada sus labores de manera legal.
Sergio Barraza Félix, dirigente de los maestros universitarios, lanzó un llamado al rector Pedro Ortega para que no le meta leña al fuego. Aseveró que el rector está violando el derecho de huelga del STEUS y que la decisión de la autoridad universitaria es unilateral de manera que violó las relaciones laborales que sostiene con el STAUS, porque con el sindicato tiene convenido en el contrato colectivo, que tomará en cuenta al gremio cuando se modifiquen las condiciones laborales de los maestros.
En este sentido, impartir clases fuera de la universidad, implica un cambio radical de condiciones de trabajo para los maestros. Barraza Félix puntualizó que el sindicato no está de acuerdo con esa medida porque se tomó de manera unilateral.
Realiza asamblea el STEUS
A eso de las once de la mañana, los trabajadores del STEUS realizaron una asamblea, para responder a la presión que se ejerció contra la dirigencia sindical, en el sentido de que no convocaba asambleas.Incluso este reclamo se llegó a interpretar como una estrategia de la corriente rojinegra que se ha manifestado contra la huelga del STEUS.
Sin embargo, la dirigencia del sindicato universitario convocó a una asamblea, a la que acudió alrededor del 80 por ciento de los agremiados.
El teatro Emiliana de Zubeldía se llenó hasta el tope. Los trabajadores y trabajadores ocuparon todas las butacas y los pasillos. Difícilmente se podía circular al interior de este espacio ubicado en el Museo y Biblioteca de la Universidad.
Hasta afuera del teatro, se escucharon las arengas de los dirigentes. Y hasta afuera se escucharon los reclamos de la base sindical, que unánimemente aplaudió a una trabajadora cuando les dijo a voz en cuello: ¡Despensa o muerte!
El ánimo de la gente se manifestó fuera de la asamblea. Algunos trabajadores acudieron porque decidieron parar la intentona de la rojinegra de querer levantar la huelga. Pero esa oposición quedó apabullada con la decisión de la mayoría de mantener la huelga.
Miguel Luna y Pablo Taddei, alumnos de electrónica e ingeniería, respectivamente, entraron a la asamblea para exponer una solicitud: que permitan la participación de una comisión estudiantil en las negociaciones con las autoridades universitarias.
La propuesta que tienen los estudiantes es que las partes del conflicto se pongan a negociar y lleguen a un acuerdo para levantar la huelga.
Su preocupación es volver a clases y no perder el semestre. Pero cuando salieron de la asamblea, la cara de los alumnos manifestaba una cierta incertidumbre. Estaban con cierta esperanza de que la participación de la base trabajadora del sindicato participaba en asamblea, pudiera dar otra directriz a sus dirigentes para levantar la huelga. Y cuando fueron testigos de la decisión casi unánime del 80 por ciento de los trabajadores del sindicato, de seguir en la huelga, se dieron cuenta que el STEUS se había radicalizado.
Más leña al fuego: Barraza
En tanto, el dirigente del STAUS, Sergio Barraza Félix informó sobre los acuerdos que tuvieron en la reunión del Consejo General de Delegados y la comisión revisora del pliego de demandas.
Dijo que este día, los maestros del STAUS van a realizar una asamblea con el fin de informar sobre los últimos ofrecimientos de las autoridades universitarias. Los maestros, recordó, tienen prorrogado estallar la huelga para el 29 de mayo.
Por esta razón, dijo que uno de los acuerdos que tuvieron en el máximo órgano de dirección del sindicato, es plantearle a la universidad que se aproveche estos días para solucionar el conflicto de huelga del STEUS y responda a las demandas de los maestros, para evitar que se vuelva a estallar otra huelga en la Universidad de Sonora.
Barraza Félix dijo que estos días son claves para resolver el pliego de demandas que interpuso el STAUS en su revisión de contrato colectivo y demanda de aumento salarial.
Y sobre el caso de la huelga del STEUS, el dirigente de los maestros consideró que las clases que imparten a los alumnos de la universidad en instalaciones prestadas, representa una violación al derecho de huelga de los trabajadores.
Con este tipo de medidas, consideró que Pedro Ortega le está echando leña a la hoguera, con el alto riesgo de que el conflicto de la universidad se traslade a otras instituciones. “Creemos que debe haber un acuerdo a la brevedad posible, para que el regreso a clases sea dentro de la universidad y sin afectar intereses”.
Y en este arreglo, la autoridad universitaria debe aprovechar para resolver de una vez las demandas de los maestros de la institución. Si el rector no levanta la mira y actúa en consecuencia, la universidad puede volverse a parar, ahora por los maestros que prorrogaron su huelga para el próximo 29 de agosto.Las demandas de los maestros
En este lapso, en que el STEUS mantiene la huelga en la universidad de Sonora, los maestros universitarios consideran que debe aprovecharse para resolver la revisión de contrato colectivo y demanda de aumento salarial.
Sergio Barraza aclaró que tienen alrededor de diez puntos fuertes, que se pueden resolver. Estos puntos están relacionados con demandas de estímulos de exclusividad que se encuentra en un programa que acordaron sindicato a universidad, para ir paulatinamente recuperando el poder adquisitivo de los maestros. El sindicato, dijo, está demandando que se incremente la bolsa para este proyecto.
Sobre la mesa de negociaciones se encuentra la demanda de estímulos a la jubilación y la demanda es que también se incluya a los maestros por asignatura; la construcción del modulo delo ISSSTESON en el campus universitario y un problema de descuento que le hacen a unos maestros que fueron becados.
El colofón de Pedro Ortega
Pedro Ortega está a punto de entregar la administración el próximo 15 de junio. Se acerca el fin de todo un período en que el rector ha estado en la administración de la Universidad de Sonora.
Llegó a la vicerrectoría de la unidad Hermosillo de la universidad en 1995. Terminó su período hasta 1999 y luego fue reelecto en este mismo cargo para el período de 1999 a 2001. Fueron ocho años en este cargo, donde su papel fue el de hacerle sombra a Jorge Luis Ibarra Mendívil que estaba en la rectoría de la Universidad.
Luego, Pedro Ortega llegó a la rectoría en 2001. Fue designado por la Junta Universitaria que había integrado el entonces rector y actual candidato del PAN a diputado federal por el distrito 05, Ibarra Mendívil, para que estuviera en el cargo hasta 2005. Después se vino otra reelección de Ortega en la rectoría, de tal suerte que su administración concluye este junio de 2009.
Ahora que a Pedro Ortega unos 20 días para dejar la rectoría, enfrenta las revisiones salariales del STEUS y del STAUS.
Y precisamente, cuando está a punto de concluir su mandato, Pedro Ortega decidió echarle más leña al fuego.

Falsificar la ciencia


Martín Bonfil Olivera
Milenio/27 de mayo de 2009

La gran confianza que tenemos en la ciencia y en el conocimiento que produce se basa en gran parte en su riguroso sistema de control de calidad.
Para que algo sea válido en ciencia no basta con que lo diga alguien que tenga un doctorado.
El trabajo del investigador, incluyendo una descripción detallada de sus antecedentes, métodos, resultados, el análisis de los mismos y la argumentación que sustente sus conclusiones, tiene que haber sido socializado en seminarios, conferencias y congresos, y aceptado por la comunidad de expertos a la que pertenece.
El proceso culmina con su publicación en una revista arbitrada internacional. Estos journals sólo aceptan trabajos que hayan pasado por un minucioso proceso de “revisión por colegas” (peer review), normalmente anónimo, en el que es frecuente pedir cambios y adiciones a satisfacción de los árbitros expertos.
De ahí el pequeño escándalo que se suscitó cuando la revista The scientist (30 de abril) publicó que la empresa farmacéutica Merck, Sharp & Dohme había negociado con Elsevier, la editorial de revistas científicas más famosa y poderosa del mundo, la publicación entre 2003 y 2004 de una revista científica armada sobre pedido con resúmenes y revisiones de artículos publicados en otras revistas cuyos resultados eran siempre favorables a productos de Merck.
La industria farmacéutica es uno de esos puntos peligrosos donde la frontera entre ciencia y empresa se borra. No es malo que una empresa haga publicidad a sus productos. Son comunes las revistas informales que se regalan a médicos y resumen información de revistas arbitradas.
Pero siempre está claro que no son verdaderas revistas científicas, sino formas de propaganda.
Lo grave del caso es haber disfrazado los “infomerciales” de Merck como buena ciencia. Y peor: a la luz del escándalo, Elsevier reveló que había hecho no sólo una, sino seis revistas pagadas por empresas.
Dejó de hacerlo hace años, pero la lección es clara: la ambición de publicistas y empresas puede poner en riesgo la calidad y confiabilidad de la ciencia.
Igual que ocurre en la democracia, la transparencia, lejos de debilitar a la ciencia, la fortalece. Ojalá Elsevier haya aprendido la lección.
lacienciaporgusto.blogspot.com
mbonfil@servidor.unam.mx

martes, 26 de mayo de 2009

Ignorancia costosa

Arturo Barba
Milenio/26 de mayo de 2009

Muy costosa resultó para el país la ignorancia científica del gobierno federal y del DF ante la influenza. En lugar de ponderar la razón y el conocimiento, el pánico ante un supuesto nuevo virus se apoderó de ellos y de ahí se derivaron decisiones torpes, precipitadas y muy costosas.
Este “pirata celular” resultó no ser nuevo pues, según lo reporta esta semana la revista Science, al analizar los genomas de 50 cepas del A/H1N1, un grupo de científicos observó que se trata de un virus que ha estado circulando por todo el mundo desde hace más de diez años, con componentes genéticos de humanos, cerdos y aves.
Si se le compara con el virus de la influenza estacional que cada año mata a más de siete mil personas en este país, el nuevo es casi inofensivo. Entonces ¿por qué se hizo lo que se hizo? ¿por qué se sembró el pánico entre la población?¿por qué se detonó una “emergencia sanitaria” que ha costado más del ocho por ciento del PIB? Por ignorancia.
De los 80 muertos que ha dejado el virus, 77.5% tenían entre 20 y 54 años; entonces, ¿para qué cerrar las escuelas en todo el país? Lo único que hizo esta decisión injustificada fue generar pánico y alarma.
De nada sirvió cerrar restaurantes, bares, cines, teatros, discotecas, centros deportivos, parques y zoológicos, si el Metro, los microbuses y los hospitales lucían aglomeraciones a todas horas, y menos aún cuando nunca hubo cercos epidemiológicos.
Mientras acá el secretario de salud, José A. Córdova, le dijo a los mexicanos “sálvese quien pueda”, “no salgan de sus casas”, “puede morir”, en EU el presidente Obama le decía a su pueblo: “no se preocupen”, “con la ayuda de nuestros científicos todo estará bajo control”, “el gobierno los cuidará”.
Mientras allá se acudió al conocimiento, aquí todo se precipitó en el pánico. Sin información científica inició la danza de cifras y los cientos de casos “sospechosos” alarmaron aún más a la población.
El país careció de la capacidad científica que permitiera identificar al peligroso y mortal agente. La estructura burocratizada de las instituciones científicas y de salud colapsaron. El gobierno federal no acudió a sus científicos y muchos de éstos mostraron un analfabetismo social casi tan grande como el analfabetismo científico del gobierno.
Ahora, después de la borrachera de ignorancia, quieren lucirse como los “salvadores de la humanidad” o como la “ciudad modelo”, lo que nos demuestra que además de costosa, la ignorancia es osada y cínica.
abanav@gmail.com

Aprender a aprender

Axel Didriksson
Excélsior/26 de mayo de 2009

En determinados periodos de su devenir, las sociedades aprenden de forma brutal, rápida e intensa. Esto sucede cuando ocurren acontecimientos desastrosos como guerras, sismos, pandemias, pero también si se conocen datos e investigaciones que reportan un conocimiento útil para su sobrevivencia o su desarrollo.
Ambas causalidades se presentan separadas o mezcladas, pero siempre vale la pena tomarlas en cuenta, para poder alcanzar mayores niveles de aprendizaje colectivo y de organización social. Cuando esto no sucede, el acontecimiento original puede quedar como una mera referencia simbólica, algo que se va olvidando, o quedar como una experiencia efímera que no alcanza a expresarse en avances a favor de la sociedad. ¡Cómo hemos padecido esto en innumerables ocasiones¡
Una sociedad del conocimiento debe organizarse para poder transformar lo que sabe, descubre o padece en componentes sociales de superación, crecimiento para todos y estímulos para un aprendizaje permanente. Así ha ocurrido en muchas latitudes, de una manera u otra: Estados Unidos se alarmó al descubrir su brecha tecnológica, cuando Rusia lanzó su primer Sputnik. Sin embargo, más tarde, una investigación que llevó como título A Nation at Risk (1983), señaló que, “nuestros fundamentos educativos… están minados por la erosión de una marea de mediocridad (rising tide of mediocrity)”. Otros países tampoco han aprendido de sus experiencias o de sus conocimientos o no lo pueden hacer porque están metidos en una guerra o sus gobiernos son verdaderamente insulsos.
En México se sufrió de un aprendizaje violento con los sismos de 1985 y, ahora, con una mejor organización, enfrentamos la epidemia del virus A. Pero más allá de ello, no hemos sido capaces de realizar cambios fundamentales para avanzar sobre la pobreza democrática que se vive, el lodazal y la violencia cotidianos, la mediocridad educativa y el atraso en la investigación en ciencia y tecnología. Frente al virus, sólo por la disciplina de la sociedad no pasamos a mayores, pero no contábamos con una infraestructura adecuada ni con los recursos para hacer frente a una investigación a fondo sobre las cepas que se recogían durante la crisis epidemiológica, tal como lo confirmó, hace unos días, la directora del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre), Celia Alpuche.
Otra situación hubiéramos tenido si hubiésemos superado la mediocridad educativa que se vive desde hace décadas y los debates reducidos a lo insustancial. Para poner un ejemplo de ello, la discusión educativa posvirus se ha reducido al tema del alargamiento del número de horas de clase o de las horas de dedicación del profesor en el aula. Finlandia tiene el número de horas de instrucción más bajo del mundo, pero es el país con más altos niveles de desarrollo educativo. El promedio de horas que tiene México es de los más altos, pero ocupamos los más bajos indicadores en educación. Aquí los profesores trabajan más horas a la semana, mil 80 horas al año, mientras que en Corea se laboran 802 horas y sus indicadores educativos son muy superiores a los nuestros. En gran cantidad de países, los profesores y los investigadores constituyen el sector profesional mejor pagado y no hay rifas de autos de lujo. Otro absurdo para documentar nuestro optimismo: la lógica a través de la cual se ha presentado la existencia de un supuesto genoma “mexicano” y sus virtudes. Algo anda mal, ¿no es cierto?
El promedio de horas que tiene el país es de los más altos, pero ocupamos los más bajos indicadores en educación.
didrik@servidor.unam.mx

Círculos viciosos

Guillermo Sheridan
El Universal/26 de mayo de 2009

Pocas cosas nos salen tan bien en México como los círculos viciosos. Están perfectamete diseñados, traen tecnología de punta, vienen con blindaje. Deberíamos exportarlos.
La forma en que hemos logrado que las soluciones agraven nuestros problemas ha inventado la inaudita categoría del problema retroalimentado. Y más abajo de los problemas retroalimentados, en el organigrama del desastre, ya no hay nada (o hay sólo talibanes, o tupamaros o cosas así). Nuestros círculos, además de viciosos, son adictos y obviamente adictivos. Presumimos que no hay problema sin solución, pero invariablemente nos las arreglamos no sólo para que la solución se convierta en parte del problema, sino que lo agrande. Esto es lo que explica que no haya mejor negocio en México que la política, que es el arte de arreglar los problemas nacionales con soluciones que los empeoren, pero dejen ganancias particulares.
¿Teníamos una democracia de mentiritas? Ahora tenemos democracia, disfuncional y además muy cara: cada uno de los 500 diputados que van a ser elegidos le va a costar al pueblo 25 millones de pesos. Esto sin contar los 6 millones que van a costar per dedo durante sus tres años de servicio.
El negocio es que las soluciones se queden como inminencia. En la medida en que una solución a un problema nacional se prolonga, los beneficios parciales aumentan. Se trata de que lo que no sirve en general, sirva en lo particular. Desde Calles se entiende que es más negocio tratar de arreglar los problemas que arreglarlos. Hay que tratar de arreglarlos lo más que se pueda y empleando la mayor cantidad de tiempo y dinero posibles, pero sin conseguirlo, pues un problema arreglado deja de ser negocio (y, además, ya no se puede heredar). En resumen, se trata de que las cosas no sirvan para lo que sirven, sino para algo más útil que su servicio. Es decir, la utilidad es mejor que la ganancia.
Haber logrado que la educación pública sea un desastre abate el progreso de la patria, inhibe su crecimiento, hipoteca su futuro, etcétera. Digamos, por ejemplo, que el profesor Pichardo no sirve para enseñar. ¿Qué hacer? Sindicalizarlo, estimularlo, meterlo a cursos, ofrecerle premios. Un año después, sigue sin poder enseñar, pero su ineptitud ha generado utilidades muy superiores a la ganancia de haber enseñado: ganaron los programas, los líderes, los diputados del magisterio, los institutos de educar educadores y sus administradores. Y, claro, perdieron los educandos. No hubo ganancia, pero sí utilidad.
El titular de la SEP Narciso Bassols escribió en 1933:
La SEP desea sinceramente que las agrupaciones magisteriales tengan una vida real robusta y sana, pues está convencida de que cuando los líderes que no sean simuladores y no necesiten derivar su fuerza del escándalo, sino que cuenten con el apoyo efectivo de las grandes masas de maestros, es decir, cuando la masa dé fuerza al líder y no sea el falso líder quien la busca en la masa halagándole sus bajas pasiones, se habrá logrado un importante progreso.
Han transcurrido 75 años desde ese importante progreso. No sirvió, pero sigue sirviendo.

Crisis económica y trabajadores en movimiento

Leopoldo Santos Ramírez

Los empleados de los VH han iniciado una resistencia por sí mismos cuando han descubierto que su suerte está signada por un sindicato blanco que los representa, al que nunca conocieron, y que “pactó” con los patrones un denominado paro técnico que le permite a la empresa abonar solamente parte del salario de los trabajadores.

En los hechos se trata de una maniobra del consorcio VH para evadir su obligación de hacerse cargo de las liquidaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo, vigente aún en este país. Aun cuando los VH pasaran a manos de otra empresa habrá dificultades para que los nuevos dueños reconozcan la antigüedad de los empleados en el caso de que accedieran a recontratarlos. La resistencia obrera de estos empleados tiene pocas posibilidades de durar y conseguir una mejor negociación dado su desamparo sindical y la falta de solidaridad de las organizaciones laborales para con sus hermanos de clase. Sus probabilidades de sostenerse serán menos si no consiguen el apoyo de organizaciones sindicales de a de veras, o de las agrupaciones no gubernamentales. Dado que no son los únicos resistiendo las arbitrariedades de empresarios fraudulentos en complicidad con funcionarios corruptos, lo más probable es que más adelante veamos a una clase trabajadora en movimiento. Igual que los trabajadores de la UNISON, los empleados de los VH no piden privilegios sino un trato conforme a la ley.

Ambos ejemplos, la quiebra fraudulenta de los VH y la huelga de los empleados de la UNISON, junto a los trabajadores mineros de Cananea evidencian el fracaso del modelo depredador del neoliberalismo que fue impuesto al pueblo hace casi treinta años por la clase política. En ese largo período ocurrieron cuatro cuestiones centrales; la primera fue el desmantelamiento no discriminatorio del Estado que se privó de recursos centrales que le permitían intervenir y dirigir la economía buscando la relativa armonía entre los factores de la producción, el capital y el trabajo, pero también entre los sectores económicos que ya sin ataduras, acabaron por devorarse unos a otros sometiéndose finalmente a los grandes monopolios norteamericanos.

La segunda cuestión fue que por fuera de la ley se buscó privatizar recursos estratégicos como el gas, el petróleo, la electricidad y los minerales básicos. El resultado es que hoy esos recursos no pueden utilizarse con plenitud para sortear los avatares de la crisis.

La tercera cuestión consistió en abrir nuestro mercado a los grandes capitales transnacionales que terminaron con la industria mediana y las pequeñas unidades de comercio que se fueron a la semilegalidad del comercio ambulante, el cual creció exponencialmente.

La cuarta cuestión reforzó el fortalecimiento del capital financiero y fue la política de utilizar todo el poder contra los movimientos populares y la resistencia obrera, así como deshacer el camino democrático-electoral que tanto costó construir a los mexicanos.

En este contexto, la movilización de los trabajadores universitarios sonorenses adquiere especial importancia porque servirá de ejemplo a otros trabajadores. Poco a poco, los universitarios han ido destruyendo los argumentos de que buscan privilegios con su huelga. Al contrario, ahora con más fuerza se perfila la probabilidad de que existan recursos financieros para responder a las demandas del STEUS, y en una simple contabilidad dichos recursos deben dejarse ver porque no pueden desaparecer como por arte de magia. No de la Universidad de Sonora.


lunes, 25 de mayo de 2009

Con nivelación e incremento salarial de 4.25%, termina huelga en el Colpos

Carolina Gómez Mena
La Jornada/23 de mayo de 2009

En las primeras horas de este sábado se consideraba un hecho la firma de un acuerdo que pone punto final a la huelga que mantuvo paralizado al Colegio de Posgraduados (Colpos) durante 97 días.
El documento establece el pago de 65 por ciento de los salarios caídos sobre los días laborales, un incremento salarial de 4.25 por ciento, más 2.5 en prestaciones y 24.3 millones de pesos para dar inicio a la homologación salarial, la cual se concretará en un plazo de 5 años.
Lo que al principio atoró la negociación fue el monto destinado a homologación salarial (los aumentos a percepciones y a prestaciones ya habían sido aceptados por los trabajadores), el cual finalmente quedó dividido en 17.3 millones de pesos directos al salario tabular y 7 millones al salario tabular de acuerdo con la productividad individual.
Anoche las partes se aprestaban a signar el acuerdo, el cual fue calificado por la dirigencia del Sindicato Independiente de Académicos del Colpos (Siacop) como un “triunfo sobre la incapacidad de las autoridades de la institución, la negligencia, opacidad y los objetivos oscuros tendientes a desviar la misión fundamental del colegio”.
Anoche, en el plantón que los integrantes del Siacop establecieron frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), los sindicalistas comenzaban a celebrar el fin de la huelga.
Entre música, cantos y baile, el doctor en epidemiología vegetal, Gustavo Mora Aguilar, integrante del comité de huelga, comentó que aunque había júbilo en el plantón, éste no sería levantado hasta tener el documento firmado.
Asimismo, celebró que en “pocos días” (desde la instalación del plantón) se haya logrado lo que no se logró en 90 jornadas y resaltó la valentía y compromiso de los académicos que arriesgaron incluso su salud. En tal sentido señaló que el doctor Oliverio Hernández levantó su ayuno al cuarto día, y lo mismo hizo el doctor Mario Valadez, quien iniciaba el noveno día sin ingerir alimentos.
Fue al mediodía del 15 de febrero cuando fueron colgadas las banderas rojinegras en los siete campus que posee el Colpos en el país, y la previsión es que hoy a las 10 de la mañana éstas sean retiradas.
Para el Siacop, encabezado por Lenin Guajardo, quien firmó anoche el acuerdo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la huelga en el Colpos puso en evidencia el “menosprecio” de las autoridades hacia la investigación, pero también demostró que un gremio es capaz de “defender la dignidad de una institución”.
Mora Aguilar, remarcó que también hizo evidente que era posible “vencer la ineficiencia y autoritarismo del director general del Colpos, Félix González Cossío”.
En el último comunicado del comité de huelga se estableció que el paro duró 97 días porque González Cossío “ignoró el problema y fingió que no pasaba nada” y luego “se delegó la negociación en un grupo de administradores con un completo desconocimiento de las actividades y características de los académicos”.

La huelga en la Unison y el Estado

Felipe Mora Arellano
El Imparcial/25 de mayo de 2009

Los miembros de la sociedad sonorense ocupados en darle seguimiento a la huelga de la Unison, suelen identificar dos instancias como las causantes del fenómeno: El sindicato y la administración de la Universidad. El primero personificado en su Secretaría General, y la segunda en el rector.

Hay quienes piensan que los principales afectados son los estudiantes. Otros que es la sociedad en general, y muy pocos incluyen a los trabajadores y maestros de la Universidad. También se culpa a uno u otro de los dos actores principales de tan prolongado conflicto.

Un discurso que campea y llamados que se expresan en los medios, invocan a las partes a ceder en sus pretensiones en aras de los más altos intereses de la Unison. Muestra que hay algo más superior a las partes que constituyen ese todo que es la Universidad de Sonora.

Mas resulta que las partes en conflicto también invocan, para legitimar sus demandas y prácticas, dos bases centrales del Estado de Derecho mexicano: Los artículos 3 y 123. El Derecho a la Educación y el Derecho al Trabajo.

Los estudiantes tienen derecho a estudiar y las instituciones de educación a impartir clases, investigar y difundir la cultura. Sin embargo, los trabajadores que hacen posible una parte de esa tarea, tienen también derecho a recibir un salario justo, a organizarse y a defender sus intereses como gremio. He aquí un dilema.

Las partes han sido citadas ante las autoridades laborales y políticas del Gobierno y, al parecer, éstas no han podido mediar satisfactoriamente para llegar a un arreglo en aras del interés general: Los estudiantes, la sociedad en su conjunto, los trabajadores y maestros. Y deberá añadirse: El desarrollo económico, científico y cultural, por el tipo de productos que genera la Unison.

En vista de la duración e importancia del conflicto, han saltado al ruedo un sinnúmero de actores, personas de diferentes ocupaciones y maneras de vivir. Igual, unos a favor del sindicato y otros de la administración. Esto asemeja una guerra de todos contra todos. Por fortuna, hasta ahora la guerra es mediática y de consignas, se trata de ganar aliados en la opinión pública a favor de uno u otro de los contendientes.

Hasta aquí parece un primer estado de naturaleza, dentro de un cierto orden, en el que cada quien (los conflictuados y los afectados) tiene la libertad de usar el poder y los recursos que cada uno disponga para defender sus intereses y garantizar su autoconservación.

Sin embargo, algunos de los actores de la amplia palestra se han dado cuenta que las cosas no pueden seguir como hasta hoy y de manera indefinida. Consideran, y pienso que con razón, que una parte del Estado, el Gobierno, debe intervenir en la defensa del interés general. Quién más si no él en virtud de que las partes no han podido llegar a un acuerdo y el tamaño de los daños ha crecido sin que una y otra se detenga.

El Gobierno no puede argumentar que si la Universidad es autónoma no debe intervenir en el conflicto y señalar que el caso compete sólo a ella. Se pierde de vista que la autonomía tiene que ver con el derecho y capacidad de la institución educativa a darse leyes, normas, reglas y procedimientos internos para llevar a cabo su función.

Los derechos a la educación y al trabajo deben ser salvaguardados por el Estado. Este debió haber intervenido al poco tiempo de estallado el conflicto para garantizar el servicio público y atender las necesidades de los trabajadores. La suspensión del servicio público no ha matado a alguien que se sepa, no se trata de un hospital, por ejemplo.

Pero nuestra entidad no se encuentra en un estado de sobrevivencia que requiera ver muertos para actuar. Se trata de una situación donde la educación es un bien para la supervivencia, especialmente de amplias capas de la población que no tienen acceso a colegios y universidades privadas. Ahí está el interés superior a salvar: La educación pública.

Hay quienes piensan y temen que la intervención del Gobierno se de en su rol de Estado-policía, que rompiera las banderas, introdujera la fuerza pública a las instalaciones y desapareciera al sindicato. Sería poco inteligente de su parte. Lo que se empieza a demandar del Gobierno, es que deje su papel de observador en la mesa, busque un equilibrio entre las demandas y su capacidad de satisfacción; logre acuerdos siendo vigilante de su cumplimiento, haga a un lado las posturas y poses de aparador que tuvieron que darse como en todo conflicto y contribuya a una solución satisfactoria. Para eso es el Estado, entre otras cosas.

Superado el problema, ya no debe haber vuelta a la normalidad. No se trató de una fiesta que, como dijo el poeta, disolvió el amanecer. Tras de esto se asomó una verdadera crisis institucional que debe ser atendida única y exclusivamente por la comunidad universitaria. Además de los actores están las estructuras que suelen no ver los observadores externos. Y hay plazo. Dentro de un año deberán estar aceitados los caminos para que los conflictos no se conviertan en campos de batalla.

Felipe Mora Arellano, profesor de Sociología en la Unison.

viernes, 22 de mayo de 2009

Un año de la alianza educativa

Mery Hamui Sutton y Lorenza Villa Lever
El Universal/22 de mayo de 2009

Hace ya un año, el 15 de mayo pasado, se firmó la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Para muchos, su anuncio auguraba la posibilidad de mejorar los muy preocupantes resultados de la educación en el país; no obstante, su diseño y la forma en la que se intentó implementar dejaron mucho que desear.
En cuanto a su diseño, no se aprovechó el conocimiento disponible acerca de la dinámica del cambio educativo ni se fundó en diagnósticos que apoyaran lo que se propone en ella. En su implementación, tuvo como marca de origen un acuerdo cupular sin el necesario sustento político. Los actores principales de la ACE fueron el gobierno federal, representado por el Presidente de la República y la secretaria de Educación del momento, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la persona de su presidenta vitalicia.
Aunque hubo grupos de maestros, alumnos, padres de familia y organismos de la sociedad civil en la ceremonia de la firma de la alianza, sus intereses no quedaron plasmados, no participaron en las negociaciones ni se establecieron consensos con ellos. Es por eso que la reacción de los maestros a este pacto cupular se manifestó en conflictos en varios estados, donde se enfrentaron con el gobierno federal, que fue incapaz de mantener, fortalecer y consolidar el acuerdo.
A un año de iniciada, la alianza se ha posicionado por encima de acuerdos previos como la federalización de la educación básica, la adjudicación de responsabilidades de los gobiernos de los estados y municipios, y del Plan Sectorial de Educación 2001-2006, el cual ha dejado de ser la referencia obligada de la política orientada a la educación básica.
La alianza tiene cinco ejes temáticos: a) modernizar los centros escolares, b) profesionalizar a los profesores y a las autoridades educativas, c) promover el bienestar y desarrollo integral de los alumnos, d) la formación integral para la vida y el trabajo, y e) evaluar mejor.
Aunque todos los ejes tienen relación con la calidad educativa, la profesionalización de los maestros y directivos es el que tiene mayores repercusiones y alcances. Este eje contempla el ingreso y promoción de todas las nuevas plazas y vacantes definitivas mediante concurso. Se esperaba que con el concurso nacional público de oposición se terminaría con la asignación arbitraria de plazas, se cumpliría con la tarea de erradicar la corrupción en el manejo de éstas y se impediría el control del escalafón y otras prestaciones por parte del SNTE.
El 28 de julio del año pasado la SEP publicó dos convocatorias: una para maestros de nuevo ingreso y la otra para docentes en servicio. Para la primera se registraron 59 mil 51 aspirantes, para la segunda fueron 21 mil 515, aunque la convocatoria se abrió sólo para 8 mil 500 nuevas plazas. La expectativa era que los concursos fueran convocados y dictaminados de tal manera que la selección de los ganadores no dependiera de decisiones burocráticas o de designaciones de naturaleza gremial. No obstante, lo único que cambió fue la estrategia. Cada sección sindical definió, en acuerdo con las secretarías de Educación estatales, qué maestros participarían en los concursos; además, no hubo convocatorias públicas en los estados y no se sabe, hasta la fecha, quién diseñó el examen y con qué criterios. (Este País, mayo de 2009).
No se sabe oficialmente por qué estados como Michoacán y Oaxaca no participaron, pero sus docentes se manifestaron en rechazo a la ACE en marchas, paros y mítines. Mientras que en Quintana Roo, Morelos y Guerrero hubo periodos en los que las escuelas permanecieron cerradas.
Una segunda mejora esperada era la reformulación de los lineamientos de carrera magisterial, pues el rubro que tenía mayor importancia en la distribución de incentivos era la antigüedad. También se anunció la creación de un Programa de Estímulos de Calidad Docente, para premiar a los docentes que mejoren los resultados de sus alumnos, medidos con el puntaje alcanzado año con año en la prueba ENLACE.
Observatorio Ciudadano de la Educación (Este País, de julio 2008) y algunos especialistas nos pronunciamos en contra de que el aumento de los puntajes en dicha prueba fuera lo que definiera la distribución de los estímulos a los docentes, por considerar que esta práctica oculta la estratificación socio-académica de los alumnos, y estructura desigualmente las oportunidades de aprendizaje, además de que no incide en el origen del problema ni en las pautas de distribución del personal docente.
En ese sentido, es importante evitar que sólo se premie a quienes trabajan en los ambientes más favorables para el aprendizaje, en detrimento de los docentes que desempeñan su profesión en ambientes socioeconómica y culturalmente adversos. Si esto se hiciera, además de profundizar la injusticia, el nuevo programa repercutiría negativamente en la motivación de esos docentes para mejorar los resultados de sus alumnos.
A un año de la firma de este acuerdo pensamos que es necesario revisar el contenido de la alianza y lograr los consensos necesarios con los maestros, padres de familia, ONG y organismos de la sociedad civil para que haya realmente “un acuerdo” y se pueda contar con una política de Estado en educación.
Finalmente, alertamos sobre el posible uso político de la ACE desde la posición del SNTE en las elecciones y la oposición que puede generar por parte de los grupos en desacuerdo, pues más que servir a la búsqueda de calidad puede responder a otros intereses políticos.
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Observatorio Ciudadano de la Educación

Sobre sindicatos y huelgas

Felipe Mora Arellano

En relación al artículo “El enemigo invisible”, de Margarita Oropeza publicado en la página 15 de la Sección Editorial de EL IMPARCIAL el día martes 12 de mayo, me permito expresar las siguientes consideraciones:

Las luchas sindicales de los trabajadores han venido de más a menos. Como Margarita Oropeza lo dice, el capital derrotó a la teoría marxista, que eso sería lo de menos, también a los trabajadores.

El capital y el trabajo desarrollaron sus propias teorías e ideologías. Cada uno se hizo de sus intelectuales. Los ideales del trabajo apuntaban hacia una sociedad más justa e igualitaria; el capital también desarrolló y aplicó su manera de ser justo mediante el manejo de las oportunidades para acceder a la riqueza (distribución del ingreso). Pero el capital se hizo del Estado, hizo aliados y pactos, desarrolló una serie de políticas y, en el caso nuestro, corporativizó a las organizaciones de trabajadores (Congreso del Trabajo, CTM, etcétera).

El idealismo del movimiento disidente fue acallado a fuego y cárcel. El Estado hizo las leyes y creó las instituciones para regular las relaciones entre el capital y el trabajo. Afortunadamente dejó vivo el recurso a la huelga -una manera legítima y legal de regular los desequilibrios entre los factores de la producción: De bienes y servicios, sean éstos ofrecidos por empresas públicas y privadas- pero todavía conserva la facultad de reconocer a las organizaciones de trabajadores (las famosas tomas de nota) y de proteger las acciones de patrones que recurren al llamado sindicalismo blanco y los contratos de protección.

El Estado mexicano por sus características fundacionales, es “propietario” de empresas públicas (IMSS, CFE, etcétera); los administradores son los representantes legales de esas empresas e instituciones. Quienes trabajan para ellas demandan sueldos, salarios y prestaciones. Se organizan. El control del Gobierno por su carácter corporativo, controló esas organizaciones y a cambio de su apoyo, ofreció una serie de prestaciones y canonjías. Tienen mucho poder y no resulta fácil negociar con ellos, algunos de los cuales forman, de hecho, parte de la clase política y por estatutos pertenecen a un partido.Las universidades públicas están administradas por un cuerpo de funcionarios que son los representantes legales con facultades para firmar contratos colectivos de trabajo. Manejan recursos públicos. Las organizaciones de los trabajadores (administrativos, manuales e intelectuales) sostienen relaciones laborales y para ello demandan salarios y prestaciones (Margarita les llama beneficios) para sus agremiados. Ni las administraciones ni las organizaciones laborales están libres ni de corrupción ni de mala conducción de sus papeles.

Las administraciones de las universidades están obligadas a llevar a cabo políticas de relaciones laborales que favorezcan un ambiente de trabajo sano, productivo, eficaz y eficiente, estableciendo de manera bilateral reglas para llevar a cabo esas relaciones laborales. Todo para ofrecer un servicio de calidad en: Docencia, investigación y difusión. Los sindicatos están obligados a ser democráticos y defender los intereses de sus agremiados.

Que en este momento la huelga afecta a los estudiantes es un hecho, como afecta a los trabajadores que la sostienen; afecta a los programas académicos, a muchas cosas. De ahí que las relaciones laborales deben llevarse cuidadosamente para no llegar a ese recurso legal del paro. No veo contradicción alguna en el hecho de que la Universidad, institución pública que vive en gran medida de los impuestos, haya sido llevada a una huelga, ni que ese recurso legal y legítimo represente una lucha contra la sociedad sonorense. El hecho de que quienes administren la Unison no sean sus dueños no los exime de sus responsabilidades -del manejo de las finanzas, de las políticas laborales, etcétera-; algunas empresas privadas no tienen dueños visibles, son de muchos accionistas, pero al frente de ellas ponen a administradores que piensan como patrones, desde luego.

Para terminar, Margarita, usted recordará que hace algunos años se impulsó el famoso Apartado “C” para los trabajadores de las empresas públicas, especialmente para las universidades. Los resultados del intento fueron fatales. Sin embargo, creo que hay que llevar a cabo una evaluación profunda sobre la situación de la Unison y espero que el capítulo no se cierre con el regreso a labores.

Punto importante a analizar es el comportamiento de los estudiantes. Hace muchos años, el presidente Gustavo Díaz Ordaz sentenció que “los estudiantes a estudiar”, pero olvidó que también eran ciudadanos y entonces el ‘68.


Felipe Mora Arellano
Profesor de Sociología de la Unison.