Mery Hamui Sutton y Lorenza Villa Lever El Universal/22 de mayo de 2009
Hace ya un año, el 15 de mayo pasado, se firmó la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Para muchos, su anuncio auguraba la posibilidad de mejorar los muy preocupantes resultados de la educación en el país; no obstante, su diseño y la forma en la que se intentó implementar dejaron mucho que desear.
En cuanto a su diseño, no se aprovechó el conocimiento disponible acerca de la dinámica del cambio educativo ni se fundó en diagnósticos que apoyaran lo que se propone en ella. En su implementación, tuvo como marca de origen un acuerdo cupular sin el necesario sustento político. Los actores principales de la ACE fueron el gobierno federal, representado por el Presidente de la República y la secretaria de Educación del momento, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la persona de su presidenta vitalicia.
Aunque hubo grupos de maestros, alumnos, padres de familia y organismos de la sociedad civil en la ceremonia de la firma de la alianza, sus intereses no quedaron plasmados, no participaron en las negociaciones ni se establecieron consensos con ellos. Es por eso que la reacción de los maestros a este pacto cupular se manifestó en conflictos en varios estados, donde se enfrentaron con el gobierno federal, que fue incapaz de mantener, fortalecer y consolidar el acuerdo.
A un año de iniciada, la alianza se ha posicionado por encima de acuerdos previos como la federalización de la educación básica, la adjudicación de responsabilidades de los gobiernos de los estados y municipios, y del Plan Sectorial de Educación 2001-2006, el cual ha dejado de ser la referencia obligada de la política orientada a la educación básica.
La alianza tiene cinco ejes temáticos: a) modernizar los centros escolares, b) profesionalizar a los profesores y a las autoridades educativas, c) promover el bienestar y desarrollo integral de los alumnos, d) la formación integral para la vida y el trabajo, y e) evaluar mejor.
Aunque todos los ejes tienen relación con la calidad educativa, la profesionalización de los maestros y directivos es el que tiene mayores repercusiones y alcances. Este eje contempla el ingreso y promoción de todas las nuevas plazas y vacantes definitivas mediante concurso. Se esperaba que con el concurso nacional público de oposición se terminaría con la asignación arbitraria de plazas, se cumpliría con la tarea de erradicar la corrupción en el manejo de éstas y se impediría el control del escalafón y otras prestaciones por parte del SNTE.
El 28 de julio del año pasado la SEP publicó dos convocatorias: una para maestros de nuevo ingreso y la otra para docentes en servicio. Para la primera se registraron 59 mil 51 aspirantes, para la segunda fueron 21 mil 515, aunque la convocatoria se abrió sólo para 8 mil 500 nuevas plazas. La expectativa era que los concursos fueran convocados y dictaminados de tal manera que la selección de los ganadores no dependiera de decisiones burocráticas o de designaciones de naturaleza gremial. No obstante, lo único que cambió fue la estrategia. Cada sección sindical definió, en acuerdo con las secretarías de Educación estatales, qué maestros participarían en los concursos; además, no hubo convocatorias públicas en los estados y no se sabe, hasta la fecha, quién diseñó el examen y con qué criterios. (Este País, mayo de 2009).
No se sabe oficialmente por qué estados como Michoacán y Oaxaca no participaron, pero sus docentes se manifestaron en rechazo a la ACE en marchas, paros y mítines. Mientras que en Quintana Roo, Morelos y Guerrero hubo periodos en los que las escuelas permanecieron cerradas.
Una segunda mejora esperada era la reformulación de los lineamientos de carrera magisterial, pues el rubro que tenía mayor importancia en la distribución de incentivos era la antigüedad. También se anunció la creación de un Programa de Estímulos de Calidad Docente, para premiar a los docentes que mejoren los resultados de sus alumnos, medidos con el puntaje alcanzado año con año en la prueba ENLACE.
Observatorio Ciudadano de la Educación (Este País, de julio 2008) y algunos especialistas nos pronunciamos en contra de que el aumento de los puntajes en dicha prueba fuera lo que definiera la distribución de los estímulos a los docentes, por considerar que esta práctica oculta la estratificación socio-académica de los alumnos, y estructura desigualmente las oportunidades de aprendizaje, además de que no incide en el origen del problema ni en las pautas de distribución del personal docente.
En ese sentido, es importante evitar que sólo se premie a quienes trabajan en los ambientes más favorables para el aprendizaje, en detrimento de los docentes que desempeñan su profesión en ambientes socioeconómica y culturalmente adversos. Si esto se hiciera, además de profundizar la injusticia, el nuevo programa repercutiría negativamente en la motivación de esos docentes para mejorar los resultados de sus alumnos.
A un año de la firma de este acuerdo pensamos que es necesario revisar el contenido de la alianza y lograr los consensos necesarios con los maestros, padres de familia, ONG y organismos de la sociedad civil para que haya realmente “un acuerdo” y se pueda contar con una política de Estado en educación.
Finalmente, alertamos sobre el posible uso político de la ACE desde la posición del SNTE en las elecciones y la oposición que puede generar por parte de los grupos en desacuerdo, pues más que servir a la búsqueda de calidad puede responder a otros intereses políticos.
www.observatorio.org
Observatorio Ciudadano de la Educación
En cuanto a su diseño, no se aprovechó el conocimiento disponible acerca de la dinámica del cambio educativo ni se fundó en diagnósticos que apoyaran lo que se propone en ella. En su implementación, tuvo como marca de origen un acuerdo cupular sin el necesario sustento político. Los actores principales de la ACE fueron el gobierno federal, representado por el Presidente de la República y la secretaria de Educación del momento, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la persona de su presidenta vitalicia.
Aunque hubo grupos de maestros, alumnos, padres de familia y organismos de la sociedad civil en la ceremonia de la firma de la alianza, sus intereses no quedaron plasmados, no participaron en las negociaciones ni se establecieron consensos con ellos. Es por eso que la reacción de los maestros a este pacto cupular se manifestó en conflictos en varios estados, donde se enfrentaron con el gobierno federal, que fue incapaz de mantener, fortalecer y consolidar el acuerdo.
A un año de iniciada, la alianza se ha posicionado por encima de acuerdos previos como la federalización de la educación básica, la adjudicación de responsabilidades de los gobiernos de los estados y municipios, y del Plan Sectorial de Educación 2001-2006, el cual ha dejado de ser la referencia obligada de la política orientada a la educación básica.
La alianza tiene cinco ejes temáticos: a) modernizar los centros escolares, b) profesionalizar a los profesores y a las autoridades educativas, c) promover el bienestar y desarrollo integral de los alumnos, d) la formación integral para la vida y el trabajo, y e) evaluar mejor.
Aunque todos los ejes tienen relación con la calidad educativa, la profesionalización de los maestros y directivos es el que tiene mayores repercusiones y alcances. Este eje contempla el ingreso y promoción de todas las nuevas plazas y vacantes definitivas mediante concurso. Se esperaba que con el concurso nacional público de oposición se terminaría con la asignación arbitraria de plazas, se cumpliría con la tarea de erradicar la corrupción en el manejo de éstas y se impediría el control del escalafón y otras prestaciones por parte del SNTE.
El 28 de julio del año pasado la SEP publicó dos convocatorias: una para maestros de nuevo ingreso y la otra para docentes en servicio. Para la primera se registraron 59 mil 51 aspirantes, para la segunda fueron 21 mil 515, aunque la convocatoria se abrió sólo para 8 mil 500 nuevas plazas. La expectativa era que los concursos fueran convocados y dictaminados de tal manera que la selección de los ganadores no dependiera de decisiones burocráticas o de designaciones de naturaleza gremial. No obstante, lo único que cambió fue la estrategia. Cada sección sindical definió, en acuerdo con las secretarías de Educación estatales, qué maestros participarían en los concursos; además, no hubo convocatorias públicas en los estados y no se sabe, hasta la fecha, quién diseñó el examen y con qué criterios. (Este País, mayo de 2009).
No se sabe oficialmente por qué estados como Michoacán y Oaxaca no participaron, pero sus docentes se manifestaron en rechazo a la ACE en marchas, paros y mítines. Mientras que en Quintana Roo, Morelos y Guerrero hubo periodos en los que las escuelas permanecieron cerradas.
Una segunda mejora esperada era la reformulación de los lineamientos de carrera magisterial, pues el rubro que tenía mayor importancia en la distribución de incentivos era la antigüedad. También se anunció la creación de un Programa de Estímulos de Calidad Docente, para premiar a los docentes que mejoren los resultados de sus alumnos, medidos con el puntaje alcanzado año con año en la prueba ENLACE.
Observatorio Ciudadano de la Educación (Este País, de julio 2008) y algunos especialistas nos pronunciamos en contra de que el aumento de los puntajes en dicha prueba fuera lo que definiera la distribución de los estímulos a los docentes, por considerar que esta práctica oculta la estratificación socio-académica de los alumnos, y estructura desigualmente las oportunidades de aprendizaje, además de que no incide en el origen del problema ni en las pautas de distribución del personal docente.
En ese sentido, es importante evitar que sólo se premie a quienes trabajan en los ambientes más favorables para el aprendizaje, en detrimento de los docentes que desempeñan su profesión en ambientes socioeconómica y culturalmente adversos. Si esto se hiciera, además de profundizar la injusticia, el nuevo programa repercutiría negativamente en la motivación de esos docentes para mejorar los resultados de sus alumnos.
A un año de la firma de este acuerdo pensamos que es necesario revisar el contenido de la alianza y lograr los consensos necesarios con los maestros, padres de familia, ONG y organismos de la sociedad civil para que haya realmente “un acuerdo” y se pueda contar con una política de Estado en educación.
Finalmente, alertamos sobre el posible uso político de la ACE desde la posición del SNTE en las elecciones y la oposición que puede generar por parte de los grupos en desacuerdo, pues más que servir a la búsqueda de calidad puede responder a otros intereses políticos.
www.observatorio.org
Observatorio Ciudadano de la Educación
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