Alfredo MéndezLa Jornada/1 de abril de 2009
Los dos tribunales federales que en días recientes otorgaron la libertad con las reservas de ley al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, coincidieron en que las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) perfilan a un solo presunto responsable del genocidio ocurrido el 2 de octubre de 1968: Gustavo Díaz Ordaz, antecesor de Echeverría en la Presidencia de la República.
En las resoluciones del quinto tribunal colegiado y del segundo tribunal unitario, que por primera vez se hacen públicas y a las que tuvo acceso La Jornada, se concluye que “el entonces presidente (Díaz Ordaz) preparaba una respuesta contundente para frenar el movimiento estudiantil de esa época, que ya había originado un número considerable de enfrentamientos con las fuerzas policiacas, pues así lo anunció el entonces mandatario (en su cuarto Informe de gobierno)”.
Utilizando la misma redacción los fallos agregan: “se aprecia que el temor del gobierno federal de aquel entonces era que se estropeara la celebración de los Juegos Olímpicos, que se inauguraron el 12 de octubre de 1968, lo cual sin duda revela que el entonces titular del Ejecutivo federal preparaba una respuesta contundente para poner fin al movimiento estudiantil”.
Según los impartidores de justicia, la PGR no pudo demostrar que Echeverría Álvarez, entonces secretario de Gobernación, fuera presunto responsable de los hechos de 1968 o tan siquiera cómplice de su entonces jefe, el presidente de la República en turno, pues si bien había en su contra al menos 10 denuncias de víctimas del acto genocida, “sólo se trató de apreciaciones personales y subjetivas de los dicentes, pero no se presentó una sola documental que demostrara que Gustavo Díaz Ordaz le hubiera dado instrucciones al indiciado (Luis Echeverría) para exterminar el movimiento estudiantil”.
Lo que sí está comprobado, señalan las dos resoluciones, es que con las pruebas aportadas por la autoridad ministerial, entre ellas el video denominado Operación Galeana, “se concluye que había la intención del presidente de la República de exterminar al grupo estudiantil. Lo anterior se robustece en una parte del Informe de gobierno pronunciado por Díaz Ordaz, en la que expresa: ‘asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política, histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado’ (1968)”.
Asimismo, agregaron los magistrados: “El presidente afirmó con posterioridad, en una conferencia de prensa, lo siguiente: ‘de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligro, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, usted no estaría aquí preguntando’”.
Ambos tribunales de circuito, el primero integrado por tres magistrados y el segundo por un juez unitario, narran con detalle, en sendas resoluciones de más de 4 mil fojas, lo sucedido el 2 de octubre de 1968.
Según los cuatro juzgadores federales está acreditado en autos judiciales que el Ejército Mexicano fue “confundido” por las autoridades gubernamentales de aquella época, con la “clara intención” de que el 2 de octubre de ese año “se iniciara una balacera, un fuego cruzado con elementos del llamado Batallón Olimpia (…) Esto fue para exterminar al grupo nacional estudiantil”.
Los tribunales también rechazaron la versión oficial que en su momento dio el gobierno mexicano respecto de que tras la balacera ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, hace 41 años, fallecieron únicamente 38 personas.
Al respecto, el quinto tribunal colegiado indica: “se acreditó que efectivamente se causó la muerte de por lo menos 38 personas reconocidas por el gobierno, pero en realidad fueron un grupo considerable de ellas, entre las que se encontraban estudiantes, maestros, simpatizantes del movimiento estudiantil y vecinos del lugar”.
Mientras, el segundo tribunal unitario concluyó: “el sujeto activo del delito de genocidio, mediante el uso de armas de fuego, privó de la vida a miembros y simpatizantes del grupo nacional denominado movimiento estudiantil del 68, dirigido en ese momento por el Consejo Nacional de Huelga; víctimas que en cantidad se estiman de 150 a 300 personas”.
En otro orden, ayer, en entrevista con este diario, el ex dirigente estudiantil y uno de los denunciantes de estos hechos, Raúl Álvarez Garín, sostuvo: “no van a poder con nosotros estos poderosos que se coludieron para dar la libertad a Echeverría”.
Sorprendido por las recientes resoluciones judiciales que regresaron la libertad al ex presidente, añadió: “de una vez le digo a todos que no nos vamos a dejar. Si no quisieron vernos ni oir nuestros reclamos de justicia, ahora van a olernos. Vamos a ir a tirar basura a la entrada de la Suprema Corte, de los tribunales, de Gobernación, de la PGR y de la casa de Echeverría”.
A partir de ahora, destacó, les cambiamos el tono cordial y de respeto a las instituciones por el de la protesta social, porque “de ninguna manera vamos a dejar que archiven este juicio (contra el ex presidente). Echeverría no está absuelto, no está libre de responsabilidad, todavía la Procuraduría General de la República puede y debe actuar en su contra”.
En las resoluciones del quinto tribunal colegiado y del segundo tribunal unitario, que por primera vez se hacen públicas y a las que tuvo acceso La Jornada, se concluye que “el entonces presidente (Díaz Ordaz) preparaba una respuesta contundente para frenar el movimiento estudiantil de esa época, que ya había originado un número considerable de enfrentamientos con las fuerzas policiacas, pues así lo anunció el entonces mandatario (en su cuarto Informe de gobierno)”.
Utilizando la misma redacción los fallos agregan: “se aprecia que el temor del gobierno federal de aquel entonces era que se estropeara la celebración de los Juegos Olímpicos, que se inauguraron el 12 de octubre de 1968, lo cual sin duda revela que el entonces titular del Ejecutivo federal preparaba una respuesta contundente para poner fin al movimiento estudiantil”.
Según los impartidores de justicia, la PGR no pudo demostrar que Echeverría Álvarez, entonces secretario de Gobernación, fuera presunto responsable de los hechos de 1968 o tan siquiera cómplice de su entonces jefe, el presidente de la República en turno, pues si bien había en su contra al menos 10 denuncias de víctimas del acto genocida, “sólo se trató de apreciaciones personales y subjetivas de los dicentes, pero no se presentó una sola documental que demostrara que Gustavo Díaz Ordaz le hubiera dado instrucciones al indiciado (Luis Echeverría) para exterminar el movimiento estudiantil”.
Lo que sí está comprobado, señalan las dos resoluciones, es que con las pruebas aportadas por la autoridad ministerial, entre ellas el video denominado Operación Galeana, “se concluye que había la intención del presidente de la República de exterminar al grupo estudiantil. Lo anterior se robustece en una parte del Informe de gobierno pronunciado por Díaz Ordaz, en la que expresa: ‘asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política, histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado’ (1968)”.
Asimismo, agregaron los magistrados: “El presidente afirmó con posterioridad, en una conferencia de prensa, lo siguiente: ‘de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligro, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, usted no estaría aquí preguntando’”.
Ambos tribunales de circuito, el primero integrado por tres magistrados y el segundo por un juez unitario, narran con detalle, en sendas resoluciones de más de 4 mil fojas, lo sucedido el 2 de octubre de 1968.
Según los cuatro juzgadores federales está acreditado en autos judiciales que el Ejército Mexicano fue “confundido” por las autoridades gubernamentales de aquella época, con la “clara intención” de que el 2 de octubre de ese año “se iniciara una balacera, un fuego cruzado con elementos del llamado Batallón Olimpia (…) Esto fue para exterminar al grupo nacional estudiantil”.
Los tribunales también rechazaron la versión oficial que en su momento dio el gobierno mexicano respecto de que tras la balacera ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, hace 41 años, fallecieron únicamente 38 personas.
Al respecto, el quinto tribunal colegiado indica: “se acreditó que efectivamente se causó la muerte de por lo menos 38 personas reconocidas por el gobierno, pero en realidad fueron un grupo considerable de ellas, entre las que se encontraban estudiantes, maestros, simpatizantes del movimiento estudiantil y vecinos del lugar”.
Mientras, el segundo tribunal unitario concluyó: “el sujeto activo del delito de genocidio, mediante el uso de armas de fuego, privó de la vida a miembros y simpatizantes del grupo nacional denominado movimiento estudiantil del 68, dirigido en ese momento por el Consejo Nacional de Huelga; víctimas que en cantidad se estiman de 150 a 300 personas”.
En otro orden, ayer, en entrevista con este diario, el ex dirigente estudiantil y uno de los denunciantes de estos hechos, Raúl Álvarez Garín, sostuvo: “no van a poder con nosotros estos poderosos que se coludieron para dar la libertad a Echeverría”.
Sorprendido por las recientes resoluciones judiciales que regresaron la libertad al ex presidente, añadió: “de una vez le digo a todos que no nos vamos a dejar. Si no quisieron vernos ni oir nuestros reclamos de justicia, ahora van a olernos. Vamos a ir a tirar basura a la entrada de la Suprema Corte, de los tribunales, de Gobernación, de la PGR y de la casa de Echeverría”.
A partir de ahora, destacó, les cambiamos el tono cordial y de respeto a las instituciones por el de la protesta social, porque “de ninguna manera vamos a dejar que archiven este juicio (contra el ex presidente). Echeverría no está absuelto, no está libre de responsabilidad, todavía la Procuraduría General de la República puede y debe actuar en su contra”.
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