Los enemigos de la transparencia

Darío Ramírez
El Universal/6 de noviembre de 2010

El deterioro de las instituciones públicas en México se alimenta de la impunidad y opacidad. La falta de transparencia genera incertidumbre y perpetúa un sistema social inequitativo, donde unos cuantos gozan de privilegios indebidos, donde el gasto público se confunde con privado, donde los que más tienen siguen aumentando sus riquezas, donde las políticas públicas anquilosan prácticas de mal gobierno. La libertad de conocer a fondo el actuar del gobierno, es fundamental para erradicar la corrupción que a su vez frena el desarrollo y modernidad del sistema político, económico y social del país. La transparencia no es un capricho, es una necesidad si queremos avanzar a un régimen democrático donde la igualdad de oportunidades y no discriminación sean pilares fundamentales de la sociedad.

Entonces, la pregunta simple pero fundamental es ¿quién se beneficia con la opacidad y quién no la quiere? Lo obvio es pensar que la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, incomoda a las autoridades. Por ello, no sorprende que sean instituciones públicas las que busquen vericuetos y artilugios legales para acotar nuestra libertad de acceder a la información pública. Después de un vertiginoso desarrollo, el sistema de transparencia y acceso a la información está siendo ferozmente atacado por aquellos sujetos que apuestan por acciones de gobierno cubiertas por un manto de opacidad y de impunidad. La realidad nos señala que sigue habiendo actores públicos, quienes se resisten a que se instale un efectivo sistema de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Su perverso objetivo es mantener el status quo y debilitar el derecho de la ciudadanía a conocer su información pública.

La alarma hoy es porque los enemigos de la transparencia han ganado terreno. Han diseñado y avanzado en el camino para debilitar nuestras libertades. Hoy el deporte es pegarle al IFAI. Cada vez más autoridades públicas retan la autoridad del Instituto. Vale la pena señalar que dichas autoridades forman parte del ejecutivo federal. Por ejemplo, las autoridades con mandatos relacionados con la materia fiscal y las autoridades de procuración de justicia son las que más que frecuentemente combaten las resoluciones del Instituto, mediante juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que también forma parte del Ejecutivo; o mediante amparos interpuestos ante el Poder Judicial. Los alegatos legales son sólo para minar la autoridad del IFAI y negar la información. La práctica ya es común, de 6 amparos y juicios de nulidad que el IFAI reportó que fueron interpuestos en 2006, la cifra había aumentado para 2008 a 26 resoluciones suspendidas por la interposición de juicios de amparo y nulidad. Durante 2009 se interpusieron 15 juicios de amparo y nulidad. Cada uno de ellos con un objetivo: negar la información.

El último enemigo de la transparencia en mostrarse fue el SAT, el que con perversa ayuda de la CNDH logró un acto conciliatorio, el cual le allanó el camino para que el SAT dejase de cumplir con una resolución que le ordenaba revelar los nombres de los contribuyentes (559 mil personas y empresas) que tuvieron la cancelación de créditos fiscales en 2007, por un total de 74 mil millones de pesos (esto representa, aproximadamente, cinco veces más que el presupuesto anual de Oportunidades) ¿Quién pierde al no conocer la lista de nombres de personas físicas y morales que gozaron de la dicha de no pagar impuestos? Sin duda, la sociedad. Independientemente, si la CNDH tiene argumentos para haber hecho lo que hizo, su acción le ha dado santuario a actos opacos, discrecionales y corruptos. Así dejó de lado el interés de la sociedad.

Los enemigos de la transparencia comienzan a desenmascararse, provenientes de todos los partidos y en todos los niveles de gobierno. A los actos aquí descritos, se les tiene que sumar infinidad de artimañas para negar información o desalentar su uso. Los golpes contra el IFAI no son esporádicos, responden a una estrategia. Debemos recordar que fue la sociedad civil la que ganó y logró imponer estas libertades en nuestras leyes. Parece ser momento, nuevamente, para que esa sociedad civil cierre filas y defienda nuestro derecho a conocer nuestra información pública. Nadie más lo podrá hacer por nosotros, la responsabilidad de preservar nuestros derechos y libertades ante los opacos y corruptos es nuestra. ¿Qué vamos hacer?

Coordinador de Artículo XIX, capítulo México