Lorenzo Córdova VianelloEl Universal/22 de septiembre de 2010
El día de hoy la UNAM celebra el centenario de su institución como Universidad Nacional. Si bien los antecedentes de su fundación se remontan a más de cuatro siglos y medio cuando se instituyó la Real y Pontificia Universidad de México, es hace cien años cuando comienza su rol definitivo como uno de los pilares institucionales indiscutibles del Estado mexicano.
A diferencia de la suntuosa y despilfarradora celebración del Bicentenario que se ha enfocado más al oropel y al festejo —en el mejor de los casos, cuando no a proyectos inacabados, pospuestos o, de plano, fallidos—, dejando pasar la oportunidad de ser un contexto de reflexión sobre el estado que guarda el país y las rutas futuras sobre las que debería encauzarse su desarrollo, la UNAM celebra su centenario en medio de un muy intenso y bien planeado y nutrido conjunto de actividades académicas, culturales, artísticas y editoriales.
Si bien es innegable que en estos cien años la historia de la Universidad ha estado íntimamente vinculada con los sucesos políticos, económicos y sociales que han marcado el México del último siglo, hoy como pocas veces antes esa institución se proyecta de manera muy importante como un potencial puntal de transformación del país hacia el futuro.
Y es que, a mi juicio, una de las más importantes virtudes de la UNAM es que constituye un foro privilegiado de discusión y de debate de los grandes problemas nacionales y que, particularmente en tiempos recientes, en su seno se han generado algunos de los diagnósticos más relevantes para pensar las posibles soluciones para las múltiples crisis que aquejan a nuestra nación. Un ejemplo de lo anterior es el documento Hacia un nuevo curso de desarrollo. México ante la crisis que un conjunto de quince estudiosos, convocados por el rector José Narro, presentaron hace un año y que representa uno de los diagnósticos críticos más elaborados del modelo económico imperante en el país y de cuáles deberían ser los ejes que debería inspirar las políticas de desarrollo para hacer de la nuestra una sociedad más justa y menos desigual.
Y no se trata de mera retórica. A pesar de sus problemas —evidentes y ya diagnosticados—, la UNAM es una institución que como pocas cuenta con una masa crítica y con un prestigio capaz de incidir en los destinos nacionales en un contexto en el que las políticas públicas parecen haber perdido sentido de orientación.
Así, por ejemplo, quienes nos ocupamos de las cuestiones jurídicas debemos reivindicar el papel transformador de los derechos sociales en sociedades tan injustas y desiguales como la nuestra y colocar la defensa y efectiva garantía de esos derechos como una de las exigencias más apremiantes del desarrollo inmediato del país. Durante décadas ha prevalecido la idea de que esos derechos tienen un carácter programático e ideológico; que se trata de cartas de buenas intenciones plasmadas en la Constitución y en los tratados internacionales y que, consecuentemente, no tienen algún grado de obligatoriedad para el Estado.
Toca a nosotros desde la Universidad denunciar y desmontar ese discurso y construir uno nuevo que reivindique la obligatoriedad del respeto y satisfacción de los derechos fundamentales y en particular de los sociales, así como de su exigibilidad, como una vía transitable para lograr una sociedad más igual y más justa.
Nos corresponde, desde la academia, encauzar los esfuerzos y construir los contextos de exigencia necesarios para que los encargados de definir las políticas públicas de desarrollo atiendan y cumplan las obligaciones que al Estado le impone el reconocimiento de esos derechos.
Y es que no podemos dejar pasar el buen momento que pasa la Universidad y el innegable peso que tiene en el ámbito público para incidir en el futuro del país. Y eso es algo que nos corresponde hacer a todos los universitarios desde los distintos ámbitos del conocimiento científico, cada quien en su respectiva área.
Me parece que hoy la mejor manera en la que quienes laboramos en la Universidad podemos celebrar nuestro centenario es terminar de cobrar conciencia del potencial que tiene la UNAM como una palanca de transformación de la sociedad y de incidencia en la vida nacional y de actuar en consecuencia. La deuda histórica de construir una sociedad más equilibrada, más justa y más democrática nos lo impone.
Investigador y profesor de la UNAM
A diferencia de la suntuosa y despilfarradora celebración del Bicentenario que se ha enfocado más al oropel y al festejo —en el mejor de los casos, cuando no a proyectos inacabados, pospuestos o, de plano, fallidos—, dejando pasar la oportunidad de ser un contexto de reflexión sobre el estado que guarda el país y las rutas futuras sobre las que debería encauzarse su desarrollo, la UNAM celebra su centenario en medio de un muy intenso y bien planeado y nutrido conjunto de actividades académicas, culturales, artísticas y editoriales.
Si bien es innegable que en estos cien años la historia de la Universidad ha estado íntimamente vinculada con los sucesos políticos, económicos y sociales que han marcado el México del último siglo, hoy como pocas veces antes esa institución se proyecta de manera muy importante como un potencial puntal de transformación del país hacia el futuro.
Y es que, a mi juicio, una de las más importantes virtudes de la UNAM es que constituye un foro privilegiado de discusión y de debate de los grandes problemas nacionales y que, particularmente en tiempos recientes, en su seno se han generado algunos de los diagnósticos más relevantes para pensar las posibles soluciones para las múltiples crisis que aquejan a nuestra nación. Un ejemplo de lo anterior es el documento Hacia un nuevo curso de desarrollo. México ante la crisis que un conjunto de quince estudiosos, convocados por el rector José Narro, presentaron hace un año y que representa uno de los diagnósticos críticos más elaborados del modelo económico imperante en el país y de cuáles deberían ser los ejes que debería inspirar las políticas de desarrollo para hacer de la nuestra una sociedad más justa y menos desigual.
Y no se trata de mera retórica. A pesar de sus problemas —evidentes y ya diagnosticados—, la UNAM es una institución que como pocas cuenta con una masa crítica y con un prestigio capaz de incidir en los destinos nacionales en un contexto en el que las políticas públicas parecen haber perdido sentido de orientación.
Así, por ejemplo, quienes nos ocupamos de las cuestiones jurídicas debemos reivindicar el papel transformador de los derechos sociales en sociedades tan injustas y desiguales como la nuestra y colocar la defensa y efectiva garantía de esos derechos como una de las exigencias más apremiantes del desarrollo inmediato del país. Durante décadas ha prevalecido la idea de que esos derechos tienen un carácter programático e ideológico; que se trata de cartas de buenas intenciones plasmadas en la Constitución y en los tratados internacionales y que, consecuentemente, no tienen algún grado de obligatoriedad para el Estado.
Toca a nosotros desde la Universidad denunciar y desmontar ese discurso y construir uno nuevo que reivindique la obligatoriedad del respeto y satisfacción de los derechos fundamentales y en particular de los sociales, así como de su exigibilidad, como una vía transitable para lograr una sociedad más igual y más justa.
Nos corresponde, desde la academia, encauzar los esfuerzos y construir los contextos de exigencia necesarios para que los encargados de definir las políticas públicas de desarrollo atiendan y cumplan las obligaciones que al Estado le impone el reconocimiento de esos derechos.
Y es que no podemos dejar pasar el buen momento que pasa la Universidad y el innegable peso que tiene en el ámbito público para incidir en el futuro del país. Y eso es algo que nos corresponde hacer a todos los universitarios desde los distintos ámbitos del conocimiento científico, cada quien en su respectiva área.
Me parece que hoy la mejor manera en la que quienes laboramos en la Universidad podemos celebrar nuestro centenario es terminar de cobrar conciencia del potencial que tiene la UNAM como una palanca de transformación de la sociedad y de incidencia en la vida nacional y de actuar en consecuencia. La deuda histórica de construir una sociedad más equilibrada, más justa y más democrática nos lo impone.
Investigador y profesor de la UNAM
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