Santiago Creel MirandaEl Universal/30 de septiembre de 2010
A la memoria de Don Manuel Gómez Morín
Como lo dice Don Justo Sierra en su discurso inaugural, la Universidad se constituye "sin árbol genealógico", pero con raíces que tocan su pasado. Al nacer nuestra Máxima Casa de estudios, no borra su historia, por el contrario, "reconoce a sus precursores: los gremios y el Claustro de la Real y Pontificia Universidad de México".
Este proceder constituye un acto de congruencia con lo que la Universidad significa: un espacio de unidad en la diversidad, así sea histórica. De esta manera, se deja a un lado la visión maniquea del pasado, lo que además representa el primer esfuerzo de pluralismo universitario.
La Universidad de hoy, al recordar sus vínculos con aquella Universidad originaria, resumió esta relación de una inmejorable manera: “Tan lejos, tan cerca”. ¡Qué lección más oportuna ahora que conmemoramos el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución!
El 22 de septiembre pasado se celebró un acontecimiento poco común para un Congreso post-revolucionario como el que actualmente está en sesiones. Se conmemoró una institución que se funda en la fase final del porfiriato y la ceremonia se llevó a cabo, puesto que es la obra más importante y más trascendente de ese primer centenario de nuestra Independencia.
Habrá que decir que muy pocas instituciones públicas sobrevivieron la caída del porfiriato, el paso de varios movimientos revolucionarios, el régimen de partido hegemónico y, finalmente, la puesta en marcha de nuestra democracia. La Universidad es quizá, la institución pública más antigua, puesto que casi todas las demás surgen o se renuevan a partir de la Constitución de 1917.
Desde su inicio, Don Justo Sierra estableció los principios que debían de guiar a la nueva institución: una educación pública como obligación “capital del Estado”; gratuidad, como una condición necesaria para la formación de la enseñanza superior, que en sus palabras, el Estado debía “expensar y sostener”. Y la laicidad, como un deber ineludible, dado que reconocía que no reinaba un espíritu laico en las escuelas de aquel entonces.
En estos principios, encontramos ya las ideas germinales de lo que después sería, de una manera más acabada, los contenidos del Artículo tercero de la Constitución.
La Universidad que se funda, además debía de ser una institución de carácter nacional. Había la necesidad —como lo argumentó Sierra— de “encontrar en una educación común, la forma de esa unificación suprema de la Patria”.
Con ello, en 1910 estaba ya casi listo el rostro de la actual Universidad. Faltaba el último eslabón de la cadena: su autonomía.
Tuvieron que transcurrir casi dos décadas, varias iniciativas legislativas, el admirable rectorado de José Vasconcelos y un movimiento estudiantil que terminó en huelga, para forzar al régimen a que diera su primer paso.
En 1929 se empezó ese proceso con una nueva ley, parcial en su inicio, pues todavía el gobierno tenía injerencia en la designación del Rector y veto en las resoluciones del Consejo Universitario.
Al ser derrotado el pensamiento único (la imposición de la educación socialista) como método de enseñanza, en 1933 dio una acción más contundente, aunque fue un tanto contradictoria. En ese año se legisló y se garantizó la autonomía como libertad de cátedra, y las decisiones quedaron a cargo del Consejo Universitario. Sin embargo, para neutralizar la victoria lograda por estudiantes y profesores, el gobierno decidió cancelar el subsidio gubernamental y eliminar su carácter nacional.
La comunidad universitaria, mayoritariamente vasconcelista, no estuvo dispuesta a negociar la autonomía, ni menos dejarse presionar por la falta de recursos públicos. Fue cuando se nombró a Manuel Gómez Morín como Rector para enfrentar los nuevos retos de una autonomía limitada económicamente. El joven Rector, bajo la divisa de “austeridad y trabajo”, supo sortear una de las etapas más determinantes en la historia de nuestra Universidad.
Años más tarde, en 1968, el ejemplo de Gómez Morín en la defensa de la Universidad, fue seguido por nuestros compañeros de Acción Nacional al denunciar los reprobables acontecimientos ocurridos en la toma de la Universidad y en la masacre estudiantil del 2 de octubre.
Acción Nacional supo cerrar filas con la comunidad universitaria y ser solidario con el Rector Barros Sierra, en esos días tan difíciles para el país.
A cien años de la fundación de nuestra Universidad, se hace necesario ratificar la vocación universitaria de quienes militamos en Acción Nacional y ser consistentes con nuestros orígenes, que se remontan a esas gestas encabezadas por nuestro fundador Manuel Gómez Morín. Es momento de dar un paso más en el resguardo de la autonomía universitaria.
La mejor manera para cumplir con este propósito es fortalecer el actual concepto de autonomía con su último y definitivo componente: el de los recursos públicos, para así asegurar que la Universidad pueda garantizar oportuna y eficazmente sus fines sociales.
Es hora de resolver ese gran reto. Esa sería nuestra mejor aportación para celebrar su primer centenario.
La lucha por la autonomía universitaria tuvo un efecto de enorme trascendencia en nuestro sistema político. Los cambios más significativos que hemos realizado en éstos últimos años se han hecho a través de la creación de entidades autónomas. De esa manera se logró el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y también las autonomías de los pueblos y las comunidades indígenas del país.
Han sido estas instituciones públicas, junto con la Universidad, las que en buena medida han permitido que nuestro tránsito y cambio político se desarrolle con estabilidad y en paz social.
¡Que por los mexicanos de hoy siga hablando el espíritu de nuestra Universidad!
Senador del PAN
Este proceder constituye un acto de congruencia con lo que la Universidad significa: un espacio de unidad en la diversidad, así sea histórica. De esta manera, se deja a un lado la visión maniquea del pasado, lo que además representa el primer esfuerzo de pluralismo universitario.
La Universidad de hoy, al recordar sus vínculos con aquella Universidad originaria, resumió esta relación de una inmejorable manera: “Tan lejos, tan cerca”. ¡Qué lección más oportuna ahora que conmemoramos el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución!
El 22 de septiembre pasado se celebró un acontecimiento poco común para un Congreso post-revolucionario como el que actualmente está en sesiones. Se conmemoró una institución que se funda en la fase final del porfiriato y la ceremonia se llevó a cabo, puesto que es la obra más importante y más trascendente de ese primer centenario de nuestra Independencia.
Habrá que decir que muy pocas instituciones públicas sobrevivieron la caída del porfiriato, el paso de varios movimientos revolucionarios, el régimen de partido hegemónico y, finalmente, la puesta en marcha de nuestra democracia. La Universidad es quizá, la institución pública más antigua, puesto que casi todas las demás surgen o se renuevan a partir de la Constitución de 1917.
Desde su inicio, Don Justo Sierra estableció los principios que debían de guiar a la nueva institución: una educación pública como obligación “capital del Estado”; gratuidad, como una condición necesaria para la formación de la enseñanza superior, que en sus palabras, el Estado debía “expensar y sostener”. Y la laicidad, como un deber ineludible, dado que reconocía que no reinaba un espíritu laico en las escuelas de aquel entonces.
En estos principios, encontramos ya las ideas germinales de lo que después sería, de una manera más acabada, los contenidos del Artículo tercero de la Constitución.
La Universidad que se funda, además debía de ser una institución de carácter nacional. Había la necesidad —como lo argumentó Sierra— de “encontrar en una educación común, la forma de esa unificación suprema de la Patria”.
Con ello, en 1910 estaba ya casi listo el rostro de la actual Universidad. Faltaba el último eslabón de la cadena: su autonomía.
Tuvieron que transcurrir casi dos décadas, varias iniciativas legislativas, el admirable rectorado de José Vasconcelos y un movimiento estudiantil que terminó en huelga, para forzar al régimen a que diera su primer paso.
En 1929 se empezó ese proceso con una nueva ley, parcial en su inicio, pues todavía el gobierno tenía injerencia en la designación del Rector y veto en las resoluciones del Consejo Universitario.
Al ser derrotado el pensamiento único (la imposición de la educación socialista) como método de enseñanza, en 1933 dio una acción más contundente, aunque fue un tanto contradictoria. En ese año se legisló y se garantizó la autonomía como libertad de cátedra, y las decisiones quedaron a cargo del Consejo Universitario. Sin embargo, para neutralizar la victoria lograda por estudiantes y profesores, el gobierno decidió cancelar el subsidio gubernamental y eliminar su carácter nacional.
La comunidad universitaria, mayoritariamente vasconcelista, no estuvo dispuesta a negociar la autonomía, ni menos dejarse presionar por la falta de recursos públicos. Fue cuando se nombró a Manuel Gómez Morín como Rector para enfrentar los nuevos retos de una autonomía limitada económicamente. El joven Rector, bajo la divisa de “austeridad y trabajo”, supo sortear una de las etapas más determinantes en la historia de nuestra Universidad.
Años más tarde, en 1968, el ejemplo de Gómez Morín en la defensa de la Universidad, fue seguido por nuestros compañeros de Acción Nacional al denunciar los reprobables acontecimientos ocurridos en la toma de la Universidad y en la masacre estudiantil del 2 de octubre.
Acción Nacional supo cerrar filas con la comunidad universitaria y ser solidario con el Rector Barros Sierra, en esos días tan difíciles para el país.
A cien años de la fundación de nuestra Universidad, se hace necesario ratificar la vocación universitaria de quienes militamos en Acción Nacional y ser consistentes con nuestros orígenes, que se remontan a esas gestas encabezadas por nuestro fundador Manuel Gómez Morín. Es momento de dar un paso más en el resguardo de la autonomía universitaria.
La mejor manera para cumplir con este propósito es fortalecer el actual concepto de autonomía con su último y definitivo componente: el de los recursos públicos, para así asegurar que la Universidad pueda garantizar oportuna y eficazmente sus fines sociales.
Es hora de resolver ese gran reto. Esa sería nuestra mejor aportación para celebrar su primer centenario.
La lucha por la autonomía universitaria tuvo un efecto de enorme trascendencia en nuestro sistema político. Los cambios más significativos que hemos realizado en éstos últimos años se han hecho a través de la creación de entidades autónomas. De esa manera se logró el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y también las autonomías de los pueblos y las comunidades indígenas del país.
Han sido estas instituciones públicas, junto con la Universidad, las que en buena medida han permitido que nuestro tránsito y cambio político se desarrolle con estabilidad y en paz social.
¡Que por los mexicanos de hoy siga hablando el espíritu de nuestra Universidad!
Senador del PAN
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