Raúl Arias Lovillo*Las comunidades de las instituciones públicas de educación superior de México no guardamos silencio ni vamos a quedarnos pasivos ante las agresiones a la autonomía universitaria.
Las violaciones a la autonomía lo son a la Constitución General de la República. Se violan garantías y derechos de los universitarios, y se atenta contra la libertad académica y el autogobierno.
En estos momentos, la Universidad de Guadalajara (U de G) y la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) son objeto de ataques a su integridad institucional por parte de los respectivos gobiernos locales. Su autonomía está siendo ultrajada.
Contra la Universidad de Guadalajara, el gobierno de Emilio González Márquez ha emprendido, desde que llegó al poder hace cuatro años y medio, una sórdida estrategia de minar la capacidad financiera de la institución. Le ha reducido año con año los recursos comprometidos y a los que tiene derecho.
Mientras el gobierno local ha aumentado su presupuesto en 51 por ciento, a la universidad sólo le ha otorgado 23 por ciento más. En estos momentos, a la desproporción evidente hay que sumarle que le adeuda ya 701 millones de pesos, incumpliendo convenios firmados con el gobierno federal.
El gobierno del estado de Jalisco está en flagrancia y persiste en su actitud de coartar el desarrollo académico de la U de G que, como sabemos, es la segunda más grande del país.
El hostigamiento gubernamental a la comunidad universitaria tiene una intención política, intención que no es otra que la de minar la autoridad moral de la U de G, la cual a sus niveles académicos de calidad suma su actitud crítica y su vocación social, principios a los que el gobernador es ajeno.
Al limitar y cercenar los recursos de la U de G, el gobierno atenta contra la autonomía no sólo de nuestra institución hermana, sino contra el conjunto de la educación superior pública del país.
De esa dimensión es la gravedad del ataque de que es objeto la Universidad de Guadalajara.
Terror contra la UJED
El recién electo gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, llegó imponiendo terror. Se ha dicho con razón que lo que hace por “venganza política” contra la comunidad de la UJED. Ordenó al Congreso del estado que aprobara una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica absolutamente violatoria de la Constitución y de la autonomía universitaria. Aprobado el engendro jurídico, el Congreso local nombró a una rectora espuria, todo ello con el objeto de impedir la reelección del rector Rubén Calderón Luján, quien compite ahora en un proceso de elección interna apegado a derecho y en concordancia con los principios de autonomía. No sólo eso: el gobernador Herrera Caldera auspició que un grupo de porros que tomara la universidad, y luego de que un juez federal le concediera la suspensión del acto reclamado por la vía del amparo a la universidad, procedió a ordenar las detenciones del rector y el secretario de la UJED.
Los argumentos del gobierno del estado de Durango son esencialmente políticos. Como al gobernador González Márquez, al gobernador Herrera Caldera tampoco le gusta la conducta crítica de la comunidad universitaria. Heredó de su antecesor el odio contra la comunidad que no se plegó a sus preferencias políticas ni se subordinó a sus intereses partidistas y políticos. Cualquiera que sea la causa de sus discrepancias, el caso es que nada justifica la violencia ni la arbitrariedad ni la imposición que van en contra de los intereses e ideales de los estudiantes y profesores de la universidad.
Podría pensarse que lo sucedido en la U de G y en la UJED corresponde a los años setenta del siglo pasado. No, no lo es. Está ocurriendo ahora y no podemos permitir que regresen aquellos tiempos de autoritarismo y provocación antiuniversitaria.
Como rector tengo claro —bastante lo hemos abordado los rectores en la ANUIES y en el CUPIA— que el financiamiento, los recursos fiscales que reciben del pueblo por medio de los gobiernos, muchas veces se utiliza como un instrumento de control, presión y chantaje político. Y esto lesiona gravemente la vida autónoma de las instituciones.
Por ello he insistido en la pertinencia de establecer reglas que impidan la discrecionalidad y el abuso político de este instrumento indispensable para el desarrollo de las universidades. Sostengo lo siguiente: primero, que los recursos federales que les corresponden no se entreguen por conducto de los gobiernos locales, sino que se entreguen de forma directa a las universidades, de tal manera que no se escamoteen ni se desvíen, como lo viene haciendo el gobernador Emilio González en Jalisco, con los fines descritos, en contra de la U de G. Segundo, urge acordar el establecimiento del presupuesto multianual para que de esa manera los recursos fluyan sin discrecionalidad y etiquetados para apoyar los proyectos y programas de las instituciones, lo cual, además de que da pie a una verdadera planeación estratégica de las instituciones, asegura la continuidad y la cantidad de los recursos de acuerdo con políticas de crecimiento y desarrollo previamente acordadas.
En tercer lugar, pero no menos importante, la ratificación del compromiso de las universidades de asumir la transparencia y la rendición de cuentas como parte de sus políticas y de sus programas.
Una vez que esto quede perfectamente reglamentado y acordado entre nuestras casas de estudio y los diferentes niveles de gobierno, los derechos de las universidades y de los gobiernos, así como sus obligaciones, obligan por ley a todos y se evitan distorsiones e ilegalidades como las que hoy estamos viviendo.
Ya lo he manifestado: la Universidad de Guadalajara y la Universidad Juárez del Estado de Durango tienen el apoyo de todas las universidades del país y, de manera firme y decidida, de la Universidad Veracruzana.
Ninguno de los gobiernos de Jalisco y de Durango tiene alguna razón jurídica, ética y social para a agredir a las comunidades universitarias de la U de G y de la UJED. Ninguna.
En todo caso, tendríamos que preguntarnos si estas agresiones contra algunas universidades y sus autoridades provienen de un plan más perverso y a mayor plazo. En todo caso, los universitarios del país debemos estar preparados y permanecer alertas. No es la autonomía la que está en riesgo, es todo el sistema democrático.
De ahí que, en mi calidad de rector y como presidente de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), hago un llamado enérgico a los universitarios de México a sumarse en contra de esta amenaza, en contra de la estabilidad y la autonomía de las universidades.
* Rector de la Universidad Veracruzana.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/388/opinion/ral.html
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