Carlos OrnelasExcélsior/21 de enero de 2009
El pasado 14 de enero, una nota de Reforma llamó mi atención. La Secretaría de Educación Pública prepara el “acuerdo por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)”. Se trata de dar un golpe al descarrío de dinero que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, realizan los estados en salarios de comisionados sindicales, apoyos extraordinarios a las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y licencias con goce de sueldo para desempeñar cargos de elección popular. La SEP no actúa por cuenta propia, es una disposición que estableció la Cámara de Diputados en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009.
A primera vista fue una buena noticia, hasta me provocó cierta euforia y comentarios esperanzados: el gobierno, por prescripción del Congreso federal, decide poner un freno a las cantidades inmensas de recursos que se apropian el SNTE y, en menor medida, los gobiernos locales y otros sindicatos de docentes. Parece una respuesta a las demandas de grupos organizados de la sociedad civil, académicos y periodistas que desde hace años denuncian la corrupción, el abuso del SNTE y la merma de la hacienda para la educación pública. Pero la buena noticia pronto se desvaneció, el mismo día 14, Elba Esther Gordillo, presidenta del SNTE, acompañada de su plana mayor, presentó el pliego de demandas de incremento de salario y prestaciones para 2009 a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota. Gordillo exigió revisar el futuro acuerdo y salvaguardó la supervivencia de sus comisionados, no los de otras agrupaciones o los que disimulan los gobiernos estatales. Elba Esther Gordillo anunció que ella (claro, en primer término) y la secretaria pactaron formar una comisión mixta para revisar y aprobar quiénes sí serán comisionados. Josefina Vázquez Mota, al parecer desoyendo el mandato de la Cámara baja, aceptó que nada más serán acreditados como tales los que acuerde esa representación mixta.
Al cavilar sobre el anuncio de lo que será el acuerdo secretarial me vinieron a la mente dos pensamientos contrastantes. ¡Qué bueno!, me dije, que por fin se intente poner una brida a los afanes desmedidos del SNTE y su camarilla dirigente. Por supuesto, ya esperaba que la respuesta del sindicato y de la señora Gordillo fuera de reproche, aunque no tan inmediata, pero mantenía la esperanza de que la SEP consiguiera alguna de las metas que se propone. Sin embargo, también discurrí que esa medida debilita la escuálida descentralización educativa. Hay que reconocer que esta vez las autoridades y los sindicalistas no cayeron en la hipocresía de hablar del federalismo educativo. Ambas partes, ahora sí, sin velos discursivos, reconocen que los estados son meros vicarios de los poderes centrales.
Si la Comisión Federal de Mejora Regulatoria aprueba las aristas de ese acuerdo, las autoridades estatales deberán pagar la nómina a través de medios electrónicos, además, garantizar que el personal labora en los centros de trabajo autorizados. La SEP y los gobiernos estatales conciliarán la matrícula, la plantilla, y deberán establecer metas de desempeño para el ejercicio del gasto. Esta cara de la política educativa confirma que, más que un federalismo educativo, que tanto se afana el régimen en aplaudir, lo vigente en la educación es el centralismo burocrático. Los estados no tienen poder para legislar, elaborar materiales educativos propios, decidir sobre su política ni definir el gasto en educación. Ahora, deberán rendir cuenta detallada del gasto, no a los ciudadanos de sus entidades ni a sus congresos, sino a la SEP y, but of course, al SNTE.
No veo razones de peso para continuar con la ofuscación de que la educación básica se organiza en un régimen federal. Sostengo que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica fue un error político de graves consecuencias. El gobierno federal hizo a los estados una transferencia real de responsabilidades y sólo simbólica de facultades. Muchos de ellos, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, nada más para poner los ejemplos lacerantes, no tenían ni tienen la fortaleza institucional para resistir los embates de las secciones del SNTE. Son ellas las que les imponen el mayor número de comisionados y les arrancan canonjías para sus dirigentes. Vamos, en este gobierno, a pesar de cierto empuje de la secretaria Vázquez Mota, ni siquiera la SEP tiene capacidades para lidiar con el SNTE. El presidente Calderón les concede todo.
La buena noticia que leí la semana pasada duró menos que un suspiro. ¡Pobre educación mexicana!
Retazos
¿Quién manda en este país? No puedo confiar en un presidente que permite que el SNTE colonice el gobierno de la educación básica y el ISSSTE, y que, además, endosa a Elba Esther Gordillo la facultad de remover y designar al director de la Lotería Nacional.
Carlos.Ornelas10@gmail.com
A primera vista fue una buena noticia, hasta me provocó cierta euforia y comentarios esperanzados: el gobierno, por prescripción del Congreso federal, decide poner un freno a las cantidades inmensas de recursos que se apropian el SNTE y, en menor medida, los gobiernos locales y otros sindicatos de docentes. Parece una respuesta a las demandas de grupos organizados de la sociedad civil, académicos y periodistas que desde hace años denuncian la corrupción, el abuso del SNTE y la merma de la hacienda para la educación pública. Pero la buena noticia pronto se desvaneció, el mismo día 14, Elba Esther Gordillo, presidenta del SNTE, acompañada de su plana mayor, presentó el pliego de demandas de incremento de salario y prestaciones para 2009 a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota. Gordillo exigió revisar el futuro acuerdo y salvaguardó la supervivencia de sus comisionados, no los de otras agrupaciones o los que disimulan los gobiernos estatales. Elba Esther Gordillo anunció que ella (claro, en primer término) y la secretaria pactaron formar una comisión mixta para revisar y aprobar quiénes sí serán comisionados. Josefina Vázquez Mota, al parecer desoyendo el mandato de la Cámara baja, aceptó que nada más serán acreditados como tales los que acuerde esa representación mixta.
Al cavilar sobre el anuncio de lo que será el acuerdo secretarial me vinieron a la mente dos pensamientos contrastantes. ¡Qué bueno!, me dije, que por fin se intente poner una brida a los afanes desmedidos del SNTE y su camarilla dirigente. Por supuesto, ya esperaba que la respuesta del sindicato y de la señora Gordillo fuera de reproche, aunque no tan inmediata, pero mantenía la esperanza de que la SEP consiguiera alguna de las metas que se propone. Sin embargo, también discurrí que esa medida debilita la escuálida descentralización educativa. Hay que reconocer que esta vez las autoridades y los sindicalistas no cayeron en la hipocresía de hablar del federalismo educativo. Ambas partes, ahora sí, sin velos discursivos, reconocen que los estados son meros vicarios de los poderes centrales.
Si la Comisión Federal de Mejora Regulatoria aprueba las aristas de ese acuerdo, las autoridades estatales deberán pagar la nómina a través de medios electrónicos, además, garantizar que el personal labora en los centros de trabajo autorizados. La SEP y los gobiernos estatales conciliarán la matrícula, la plantilla, y deberán establecer metas de desempeño para el ejercicio del gasto. Esta cara de la política educativa confirma que, más que un federalismo educativo, que tanto se afana el régimen en aplaudir, lo vigente en la educación es el centralismo burocrático. Los estados no tienen poder para legislar, elaborar materiales educativos propios, decidir sobre su política ni definir el gasto en educación. Ahora, deberán rendir cuenta detallada del gasto, no a los ciudadanos de sus entidades ni a sus congresos, sino a la SEP y, but of course, al SNTE.
No veo razones de peso para continuar con la ofuscación de que la educación básica se organiza en un régimen federal. Sostengo que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica fue un error político de graves consecuencias. El gobierno federal hizo a los estados una transferencia real de responsabilidades y sólo simbólica de facultades. Muchos de ellos, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, nada más para poner los ejemplos lacerantes, no tenían ni tienen la fortaleza institucional para resistir los embates de las secciones del SNTE. Son ellas las que les imponen el mayor número de comisionados y les arrancan canonjías para sus dirigentes. Vamos, en este gobierno, a pesar de cierto empuje de la secretaria Vázquez Mota, ni siquiera la SEP tiene capacidades para lidiar con el SNTE. El presidente Calderón les concede todo.
La buena noticia que leí la semana pasada duró menos que un suspiro. ¡Pobre educación mexicana!
Retazos
¿Quién manda en este país? No puedo confiar en un presidente que permite que el SNTE colonice el gobierno de la educación básica y el ISSSTE, y que, además, endosa a Elba Esther Gordillo la facultad de remover y designar al director de la Lotería Nacional.
Carlos.Ornelas10@gmail.com
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