Alejandro CanalesEn este mismo espacio, en reiteradas ocasiones, preguntamos por los resultados del examen de la política de innovación de México que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata de un examen especializado, como los que generalmente realiza ese organismo internacional, a solicitud de algunos gobiernos de los países miembros; el mexicano lo había solicitado hace tiempo.
En la reunión del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico —el máximo órgano de gobierno del Conacyt, que preside el Ejecutivo federal— de septiembre del año pasado, se dijo que ahí se habían presentado los resultados. Sin embargo, públicamente nada se conoció y el estudio más bien parecía inexistente. Ni el mismo centro de la OCDE en México informó al respecto.
Recientemente volvimos a tener noticia: en esta semana se presentó un avance del estudio de innovación (Reviews of Innovation Policy. Overall Assessment and Recomendations). En realidad, fue una presentación relativamente singular. El documento fue distribuido en el marco de lo que se llamó Primer Foro Innovación para la Competitividad en México, y se suponía que era el eje central del foro, pero lo cierto es que su contenido apenas fue aludido de manera apresurada por el secretario adjunto de la OCDE, Pier Carlo Padoan, para dar paso a otras intervenciones del extenso programa del encuentro y a las premuras de agenda de los funcionarios participantes.
Efectivamente, en el mismo acto se firmó un acuerdo marco entre Nacional Financiera y el Conacyt para impulsar un fondo de emprendedores; también intervinieron el representante de México ante la OCDE, Agustín García-López, y el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, pero especialmente se presentó por primera vez, públicamente, el programa sectorial del Conacyt de esta administración.
El tema de la innovación ha sido uno de los puntos clave de la estrategia de desarrollo y crecimiento de los países miembros de la OCDE. Según la propia organización, la innovación puede jugar un papel relevante para impulsar el crecimiento productivo y, en el caso de naciones como México, para incrementar la capacidad de las compañías mexicanas a fin de absorber y adaptar las tecnologías desarrolladas fuera del país y aumentar su competitividad.
El estudio sobre el sistema de innovación de México todavía es una versión resumida y preliminar, al parecer en este año se dará a conocer la versión extensa. De cualquier forma, se anotan las principales limitaciones y desafíos. Por ejemplo, en el documento se destaca que, pese a los avances normativos realizados en la última década para mejorar el diseño e implementación de la política de innovación, como las reformas a la legislación científica y tecnológica y al estatuto orgánico del Conacyt, en el balance general se puede apreciar que “el conjunto de metas no se ha alcanzado”. No se ha logrado, indica, sobreponer la debilidad estructural del sistema de innovación y atender las prioridades reconocidas en el programa sectorial.
También se reconocen las limitaciones de los insumos y productos de la innovación del caso mexicano, como el bajo nivel de gasto en investigación y desarrollo experimental como proporción del PIB (el segundo más bajo de los países miembros de la OCDE) y su alta concentración en el sector público, o la cantidad sumamente baja de patentes registradas por nacionales, o el desequilibrio de la balanza tecnológica, entre otros.
No menos importante es el rezago que indica en materia de formación de recursos humanos para ciencia y tecnología, no solamente en comparación con los países miembros de la OCDE, sino también respecto de las naciones llamadas emergentes, como Brasil o Chile. Reconoce el esfuerzo del Conacyt a través del sostenido programa de becas para estudios de posgrado, pero también sugiere que el programa podría cambiar en sus modos de financiamiento, sus criterios de selección en función de las áreas de conocimiento y en corregir los desequilibrios en el mercado laboral para científicos e ingenieros.
En lo correspondiente a las sugerencias de la OCDE, en primer lugar propone objetivos estratégicos de orden económico, político y social, como la edificación de un sistema de innovación más sólido y firme, con un incremento del apoyo público para la innovación, así como “asegurarse de apoyar la investigación básica y orientada solamente en áreas críticas y cuando se pueda lograr la excelencia, y utilizar las reformas y el financiamiento competitivo más efectivamente para fortalecer la investigación pública sobre necesidades socioeconómicas y prioridades bien definidas”.
El documento también plantea otro tipo de recomendaciones, como los principios orientadores para el diseño, gobernanza, financiamiento e implementación de las políticas de innovación en el esquema del programa sectorial. La intersección con este último, al final de cuentas, será el indicador más importante para valorar la importancia del sistema de innovación y del programa mismo.
* UNAM-IISUE/SES.
En la reunión del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico —el máximo órgano de gobierno del Conacyt, que preside el Ejecutivo federal— de septiembre del año pasado, se dijo que ahí se habían presentado los resultados. Sin embargo, públicamente nada se conoció y el estudio más bien parecía inexistente. Ni el mismo centro de la OCDE en México informó al respecto.
Recientemente volvimos a tener noticia: en esta semana se presentó un avance del estudio de innovación (Reviews of Innovation Policy. Overall Assessment and Recomendations). En realidad, fue una presentación relativamente singular. El documento fue distribuido en el marco de lo que se llamó Primer Foro Innovación para la Competitividad en México, y se suponía que era el eje central del foro, pero lo cierto es que su contenido apenas fue aludido de manera apresurada por el secretario adjunto de la OCDE, Pier Carlo Padoan, para dar paso a otras intervenciones del extenso programa del encuentro y a las premuras de agenda de los funcionarios participantes.
Efectivamente, en el mismo acto se firmó un acuerdo marco entre Nacional Financiera y el Conacyt para impulsar un fondo de emprendedores; también intervinieron el representante de México ante la OCDE, Agustín García-López, y el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, pero especialmente se presentó por primera vez, públicamente, el programa sectorial del Conacyt de esta administración.
El tema de la innovación ha sido uno de los puntos clave de la estrategia de desarrollo y crecimiento de los países miembros de la OCDE. Según la propia organización, la innovación puede jugar un papel relevante para impulsar el crecimiento productivo y, en el caso de naciones como México, para incrementar la capacidad de las compañías mexicanas a fin de absorber y adaptar las tecnologías desarrolladas fuera del país y aumentar su competitividad.
El estudio sobre el sistema de innovación de México todavía es una versión resumida y preliminar, al parecer en este año se dará a conocer la versión extensa. De cualquier forma, se anotan las principales limitaciones y desafíos. Por ejemplo, en el documento se destaca que, pese a los avances normativos realizados en la última década para mejorar el diseño e implementación de la política de innovación, como las reformas a la legislación científica y tecnológica y al estatuto orgánico del Conacyt, en el balance general se puede apreciar que “el conjunto de metas no se ha alcanzado”. No se ha logrado, indica, sobreponer la debilidad estructural del sistema de innovación y atender las prioridades reconocidas en el programa sectorial.
También se reconocen las limitaciones de los insumos y productos de la innovación del caso mexicano, como el bajo nivel de gasto en investigación y desarrollo experimental como proporción del PIB (el segundo más bajo de los países miembros de la OCDE) y su alta concentración en el sector público, o la cantidad sumamente baja de patentes registradas por nacionales, o el desequilibrio de la balanza tecnológica, entre otros.
No menos importante es el rezago que indica en materia de formación de recursos humanos para ciencia y tecnología, no solamente en comparación con los países miembros de la OCDE, sino también respecto de las naciones llamadas emergentes, como Brasil o Chile. Reconoce el esfuerzo del Conacyt a través del sostenido programa de becas para estudios de posgrado, pero también sugiere que el programa podría cambiar en sus modos de financiamiento, sus criterios de selección en función de las áreas de conocimiento y en corregir los desequilibrios en el mercado laboral para científicos e ingenieros.
En lo correspondiente a las sugerencias de la OCDE, en primer lugar propone objetivos estratégicos de orden económico, político y social, como la edificación de un sistema de innovación más sólido y firme, con un incremento del apoyo público para la innovación, así como “asegurarse de apoyar la investigación básica y orientada solamente en áreas críticas y cuando se pueda lograr la excelencia, y utilizar las reformas y el financiamiento competitivo más efectivamente para fortalecer la investigación pública sobre necesidades socioeconómicas y prioridades bien definidas”.
El documento también plantea otro tipo de recomendaciones, como los principios orientadores para el diseño, gobernanza, financiamiento e implementación de las políticas de innovación en el esquema del programa sectorial. La intersección con este último, al final de cuentas, será el indicador más importante para valorar la importancia del sistema de innovación y del programa mismo.
* UNAM-IISUE/SES.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
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