Néstor Martínez CristoLa Jornada/12 de enero de 2009
Entre las múltiples atribuciones del Instituto Federal Electoral (IFE) está vigilar que los partidos políticos se conduzcan dentro de las normas legales, así como verificar que el gasto de los dineros públicos que son asignados a aquéllos cada año, como parte de sus prerrogativas, sea ejercido con transparencia y corrección.
Todos los partidos políticos con registro tienen derechos, pero también deben satisfacer una serie de obligaciones estipuladas en la ley, cuyo cumplimiento es verificado y sancionado por el IFE.
En caso de que el órgano electoral considere la comisión de alguna falta por cualquiera de los partidos políticos, tiene la obligación de aplicar la sanción que corresponda, la cual puede ir desde una amonestación o una multa económica hasta situaciones más extremas que pueden llegar, inclusive, a la cancelación del registro.
Hasta ahora, la mayoría de las sanciones impuestas por el IFE ha sido dirigida directamente al bolsillo de los partidos. Y, por ley, cada peso que el instituto electoral obtenga producto de esas multas deberá ser canalizado al fortalecimiento de las tareas de investigación y desarrollo en el país.
Durante el año que recién concluyó, por ejemplo, el IFE aplicó multas a los partidos por un monto, nada despreciable, de 190 millones 500 mil pesos.
Dicha cantidad, con base en lo dispuesto en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, es reintegrada por el IFE a la Tesorería de la Federación, para que ésta, a su vez, haga una reasignación de recursos a las arcas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El monto será aplicado para la creación de becas y apoyos a diversos proyectos de investigación, de acuerdo con las políticas y los criterios que determine el propio Conacyt.
Si bien es claro que los requerimientos para el impulso de la investigación y el desarrollo son infinitamente superiores a los cerca de 200 millones de pesos en cuestión, la determinación del órgano electoral debe ser vista como un paso importante hacia el reconocimiento de que la ciencia y la tecnología deben ser consideradas, y tratadas en los presupuestos, como actividades prioritarias para el desarrollo del país.
Muchas y muy diversas han sido las voces que han expresado, desde los más variados espacios, que no hay desarrollo posible para un país sin una estructura científica y tecnológica sólida y fuerte.
También es sabido que en México, por desgracia, los gobiernos no han dado a la ciencia y la tecnología la importancia que los países desarrollados sí le han conferido.
Los presupuestos asignados a las universidades, al Conacyt y a otros institutos dedicados a la investigación y al desarrollo tecnológico son exiguos y distan mucho de ser suficientes y óptimos para colocar a estas actividades en el lugar que les corresponde como palancas de desarrollo.
Por eso es preciso –e impostergable ya– diseñar e impulsar una auténtica política de Estado en materia de investigación y desarrollo, en la que los gobiernos den el primer paso, pero no necesariamente carguen ni con todo el peso ni con toda la responsabilidad.
Lejos de mantenerse al margen, como ha ocurrido hasta ahora, las empresas, la iniciativa privada en general, deben ser copartícipes y corresponsables del fortalecimiento de tareas como la investigación y el desarrollo.
Fórmulas imaginativas, como la que se lleva a cabo en el IFE, y quizás la instauración efectiva, real, de incentivos fiscales a la empresa, que permita canalizar recursos adicionales al financiamiento en la materia, deben ser analizadas y debatidas con toda seriedad y amplitud.
Ciertamente no es de celebrarse que, derivado de faltas a la legalidad, termine por beneficiarse a otras áreas; sin embargo, medidas como las del órgano electoral tampoco son desdeñables para favorecer, de algún modo, a un sector fundamental que ha sido desestimado hasta ahora.
Todos los partidos políticos con registro tienen derechos, pero también deben satisfacer una serie de obligaciones estipuladas en la ley, cuyo cumplimiento es verificado y sancionado por el IFE.
En caso de que el órgano electoral considere la comisión de alguna falta por cualquiera de los partidos políticos, tiene la obligación de aplicar la sanción que corresponda, la cual puede ir desde una amonestación o una multa económica hasta situaciones más extremas que pueden llegar, inclusive, a la cancelación del registro.
Hasta ahora, la mayoría de las sanciones impuestas por el IFE ha sido dirigida directamente al bolsillo de los partidos. Y, por ley, cada peso que el instituto electoral obtenga producto de esas multas deberá ser canalizado al fortalecimiento de las tareas de investigación y desarrollo en el país.
Durante el año que recién concluyó, por ejemplo, el IFE aplicó multas a los partidos por un monto, nada despreciable, de 190 millones 500 mil pesos.
Dicha cantidad, con base en lo dispuesto en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, es reintegrada por el IFE a la Tesorería de la Federación, para que ésta, a su vez, haga una reasignación de recursos a las arcas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El monto será aplicado para la creación de becas y apoyos a diversos proyectos de investigación, de acuerdo con las políticas y los criterios que determine el propio Conacyt.
Si bien es claro que los requerimientos para el impulso de la investigación y el desarrollo son infinitamente superiores a los cerca de 200 millones de pesos en cuestión, la determinación del órgano electoral debe ser vista como un paso importante hacia el reconocimiento de que la ciencia y la tecnología deben ser consideradas, y tratadas en los presupuestos, como actividades prioritarias para el desarrollo del país.
Muchas y muy diversas han sido las voces que han expresado, desde los más variados espacios, que no hay desarrollo posible para un país sin una estructura científica y tecnológica sólida y fuerte.
También es sabido que en México, por desgracia, los gobiernos no han dado a la ciencia y la tecnología la importancia que los países desarrollados sí le han conferido.
Los presupuestos asignados a las universidades, al Conacyt y a otros institutos dedicados a la investigación y al desarrollo tecnológico son exiguos y distan mucho de ser suficientes y óptimos para colocar a estas actividades en el lugar que les corresponde como palancas de desarrollo.
Por eso es preciso –e impostergable ya– diseñar e impulsar una auténtica política de Estado en materia de investigación y desarrollo, en la que los gobiernos den el primer paso, pero no necesariamente carguen ni con todo el peso ni con toda la responsabilidad.
Lejos de mantenerse al margen, como ha ocurrido hasta ahora, las empresas, la iniciativa privada en general, deben ser copartícipes y corresponsables del fortalecimiento de tareas como la investigación y el desarrollo.
Fórmulas imaginativas, como la que se lleva a cabo en el IFE, y quizás la instauración efectiva, real, de incentivos fiscales a la empresa, que permita canalizar recursos adicionales al financiamiento en la materia, deben ser analizadas y debatidas con toda seriedad y amplitud.
Ciertamente no es de celebrarse que, derivado de faltas a la legalidad, termine por beneficiarse a otras áreas; sin embargo, medidas como las del órgano electoral tampoco son desdeñables para favorecer, de algún modo, a un sector fundamental que ha sido desestimado hasta ahora.
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