Miguel Angel Granados ChapaZócalo/23 de marzo de 2010
Un general con mando de tropas explicó así a un importante político norteño la estrategia del Ejército contra los narcotraficantes: “Salimos a las calles y donde los encontramos, los matamos”. Tal simpleza explica la cantidad de bajas que causan las intervenciones militares. Suele haber más muertos que detenidos. Pero entre las víctimas no sólo hay delincuentes, sino también personas ajenas a la batalla que con tan elemental lógica despliega la fuerza militar.
El comunicado de la Secretaría de Gobernación (¿por qué no de la Defensa?, ¿por qué no de Seguridad Pública?, ¿por qué no de la PGR?, ¿por qué de Bucareli, que carece de competencia en esa materia?) describe el trayecto de los efectivos castrenses que participaron en la balacera en que resultaron muertos dos estudiantes de posgrado de ingeniería del Tecnológico de Monterrey:
“El cuartel general de la 7ª. Zona Militar recibió una denuncia ciudadana alertando que en el bar Valentona se encontraban individuos armados. De inmediato el personal militar se trasladó a dicho lugar”. ¿Así nada más, sin recabar información adicional que corroborara la denuncia anónima? ¿Sin coordinar la acción con autoridades locales, sin siquiera notificarles ya no que se dirigían al lugar, sino del motivo del hecho, la denuncia del grupo armado presente en esa cantina? ¿Sin considerar los riesgos de una trampa?
Cuando el personal militar iba en camino, “una camioneta se emparejó y al realizar una maniobra peligrosa, fue seguida por la unidad militar”. Tal desvío de su destino previsto, ¿significó que el grupo armado en la Valentona permaneciera allí o se marchara sin problema? ¿Eran los mismos los integrantes de dicho grupo y los que distrajeron la atención de los militares que en vez de seguir hacia donde el telefonema los llamaba siguieron a un vehículo por hacer “una maniobra peligrosa?
Trocar su rumbo fue erróneo, significó caer en la probable trampa tendida a los militares, pues “momentos después, ya sobre la avenida Eugenio Garza Sada, la camioneta comenzó a abrir fuego”, ante lo cual “los efectivos militares repelieron la agresión en las inmediaciones del Tec de Monterrey”. De pronto, “el vehículo de los agresores se detuvo, parte de los delincuentes huyeron rumbo a la entrada de esa institución educativa y los restantes al crucero de las avenidas Garza Sada sur y Luis Elizondo, donde varios de ellos fueron recogidos por una patrulla tipo pick up, aparentemente de la Policía local, la cual se dio a la fuga?
Al día siguiente el gobernador Rodrigo Medina admitió que agentes estatales y municipales han sido cooptados por la delincuencia y el domingo informó que 81 miembros de esas corporaciones fueron dados de baja, pero al parecer sólo cuatro fueron consignados al Ministerio Público. El motivo del cese y la consignación fue la participación de los involucrados en los bloqueos de calles con vehículos robados, que impidieron la circulación de personal militar y generaron caos vial en la capital de Nuevo León. Pero nada se dice del auxilio presuntamente prestado a los atacantes de la unidad militar que iba a la Valentona.
“Simultáneamente a esos hechos –continúa Gobernación—arribaron más camionetas con agresores que comenzaron a atacar desde diversos puntos con granadas y armas de fuego al personal militar. Esta situación propició que los efectivos militares buscaran nuevos lugares de protección y desde dónde contraatacar a los agresores, en tanto llegaran refuerzos al lugar de los hechos…Una vez controlada la situación arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC (Agente del Ministerio Público Federal), personal de peritos en balística y del Semefo (Servicio Médico Forense) para recabar evidencias, levantar los cuerpos y dar fe de los hechos”. ¿Levantar los cuerpos? ¿Cuáles cuerpos? En las líneas anteriores, ni en las posteriores se describen los resultados de la escaramuza. En la explicación oficial no hay un solo dato sobre el momento y la forma en que cayeron Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. Se informa, en cambio, que “durante el enfrentamiento resultó herido un elemento militar, mismo que fue trasladado de inmediato para su atención médica, encontrándose estable”.
Ni Gobernación, ni la Defensa, ni el Gobierno estatal o el municipal se refieren en momento alguno a la tercera víctima del enfrentamiento en que murieron los graduados del Tec. Se trata de una señora que viajaba con su marido en un automóvil donde llevaban un pastel a casa, tal vez a una celebración que ya no pudo ocurrir. “El hombre narró que fue imposible evadir el tiroteo” (Reforma, 21 de marzo).
Los Pinos expidió un comunicado donde se presentan las condolencias presidenciales por la muerte de los jóvenes Mercado Alonso y Arredondo Verdugo. Además de la muerte, las víctimas habían sido presentadas como sicarios, en una calificación de la que nadie quiere hacerse responsable. La Sedena informó el propio día 19 que en los hechos habían perecido dos personas cuya identidad se desconocía. El procurador Alejandro Garza Garza dijo que se limitó a reiterar que no se había identificado a las víctimas. Y sin embargo, los jóvenes sacrificados llevaban consigo sus credenciales del Tecnológico. Ante los informes oficiales, la propia institución aseguró el viernes por la noche que nadie perteneciente a la misma había estado involucrado en la acción.
Menos mal que a la señora muerta, la tercera víctima, no la inmiscuyeron en el narcotráfico.
El comunicado de la Secretaría de Gobernación (¿por qué no de la Defensa?, ¿por qué no de Seguridad Pública?, ¿por qué no de la PGR?, ¿por qué de Bucareli, que carece de competencia en esa materia?) describe el trayecto de los efectivos castrenses que participaron en la balacera en que resultaron muertos dos estudiantes de posgrado de ingeniería del Tecnológico de Monterrey:
“El cuartel general de la 7ª. Zona Militar recibió una denuncia ciudadana alertando que en el bar Valentona se encontraban individuos armados. De inmediato el personal militar se trasladó a dicho lugar”. ¿Así nada más, sin recabar información adicional que corroborara la denuncia anónima? ¿Sin coordinar la acción con autoridades locales, sin siquiera notificarles ya no que se dirigían al lugar, sino del motivo del hecho, la denuncia del grupo armado presente en esa cantina? ¿Sin considerar los riesgos de una trampa?
Cuando el personal militar iba en camino, “una camioneta se emparejó y al realizar una maniobra peligrosa, fue seguida por la unidad militar”. Tal desvío de su destino previsto, ¿significó que el grupo armado en la Valentona permaneciera allí o se marchara sin problema? ¿Eran los mismos los integrantes de dicho grupo y los que distrajeron la atención de los militares que en vez de seguir hacia donde el telefonema los llamaba siguieron a un vehículo por hacer “una maniobra peligrosa?
Trocar su rumbo fue erróneo, significó caer en la probable trampa tendida a los militares, pues “momentos después, ya sobre la avenida Eugenio Garza Sada, la camioneta comenzó a abrir fuego”, ante lo cual “los efectivos militares repelieron la agresión en las inmediaciones del Tec de Monterrey”. De pronto, “el vehículo de los agresores se detuvo, parte de los delincuentes huyeron rumbo a la entrada de esa institución educativa y los restantes al crucero de las avenidas Garza Sada sur y Luis Elizondo, donde varios de ellos fueron recogidos por una patrulla tipo pick up, aparentemente de la Policía local, la cual se dio a la fuga?
Al día siguiente el gobernador Rodrigo Medina admitió que agentes estatales y municipales han sido cooptados por la delincuencia y el domingo informó que 81 miembros de esas corporaciones fueron dados de baja, pero al parecer sólo cuatro fueron consignados al Ministerio Público. El motivo del cese y la consignación fue la participación de los involucrados en los bloqueos de calles con vehículos robados, que impidieron la circulación de personal militar y generaron caos vial en la capital de Nuevo León. Pero nada se dice del auxilio presuntamente prestado a los atacantes de la unidad militar que iba a la Valentona.
“Simultáneamente a esos hechos –continúa Gobernación—arribaron más camionetas con agresores que comenzaron a atacar desde diversos puntos con granadas y armas de fuego al personal militar. Esta situación propició que los efectivos militares buscaran nuevos lugares de protección y desde dónde contraatacar a los agresores, en tanto llegaran refuerzos al lugar de los hechos…Una vez controlada la situación arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC (Agente del Ministerio Público Federal), personal de peritos en balística y del Semefo (Servicio Médico Forense) para recabar evidencias, levantar los cuerpos y dar fe de los hechos”. ¿Levantar los cuerpos? ¿Cuáles cuerpos? En las líneas anteriores, ni en las posteriores se describen los resultados de la escaramuza. En la explicación oficial no hay un solo dato sobre el momento y la forma en que cayeron Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. Se informa, en cambio, que “durante el enfrentamiento resultó herido un elemento militar, mismo que fue trasladado de inmediato para su atención médica, encontrándose estable”.
Ni Gobernación, ni la Defensa, ni el Gobierno estatal o el municipal se refieren en momento alguno a la tercera víctima del enfrentamiento en que murieron los graduados del Tec. Se trata de una señora que viajaba con su marido en un automóvil donde llevaban un pastel a casa, tal vez a una celebración que ya no pudo ocurrir. “El hombre narró que fue imposible evadir el tiroteo” (Reforma, 21 de marzo).
Los Pinos expidió un comunicado donde se presentan las condolencias presidenciales por la muerte de los jóvenes Mercado Alonso y Arredondo Verdugo. Además de la muerte, las víctimas habían sido presentadas como sicarios, en una calificación de la que nadie quiere hacerse responsable. La Sedena informó el propio día 19 que en los hechos habían perecido dos personas cuya identidad se desconocía. El procurador Alejandro Garza Garza dijo que se limitó a reiterar que no se había identificado a las víctimas. Y sin embargo, los jóvenes sacrificados llevaban consigo sus credenciales del Tecnológico. Ante los informes oficiales, la propia institución aseguró el viernes por la noche que nadie perteneciente a la misma había estado involucrado en la acción.
Menos mal que a la señora muerta, la tercera víctima, no la inmiscuyeron en el narcotráfico.
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