Humberto Musacchio*Excélsior/25 de marzo de 2010
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por decisión unánime de los señores ministros, resolvió el pasado martes que Banamex no debe pagar al inversionista José Luis Saldívar lo que la institución financiera y el cliente habían convenido en 1987, cuando el particular depositó 400 mil pesos viejos.
El señor Saldívar confió su dinero a Banamex en una época de acelerada depreciación del dinero, cuando en algunos años las tasas de inflación llegaron a superar ciento por ciento, lo que obligaba a las instituciones bancarias a ofrecer grandes rendimientos, como en el caso en litigio, en que se convino para el depósito un rendimiento fijo de 91.3%, lo que 23 años después representa casi 270 mil millones de pesos.
Los 400 mil viejos pesos iniciales, apenas 400 pesos de los que están en circulación, se convirtieron en esa suma estratosférica por otra decisión de la Corte que, como ésta, favoreció a los bancos, a los que autorizó a cobrar intereses sobre intereses y ya no sólo sobre el principal, como se hacía tradicionalmente. Pero aquello que la Suprema Corte consideró bueno para los banqueros no alcanza a beneficiar a los usuarios de la banca.
Cualquier mexicano que opere con un banco de los establecidos en el país sabe que los pagarés que tenga firmados con las casas financieras se renuevan automáticamente en las mismas condiciones, a menos que el banco decida cambiarlas, lo que de cualquier manera exige que se le avise al cliente de los cambios y de sus alcances, lo que no se hizo en el caso del señor Saldívar, pues no se modificaron las condiciones. Esa potestad que el Estado mexicano otorga a los bancos no la tiene el cliente, al que no le queda sino aceptar las nuevas condiciones o liquidar de una vez la deuda o retirar su dinero, según sea el caso.
Si el cliente contrae una deuda con el banco y no paga en los tiempos y condiciones pactados, el banco acreedor procede contra el cliente y se apropia de sus bienes hasta por una cantidad equivalente a la deuda, sus intereses, los intereses sobre intereses y las costas del juicio. Si el banco recibe un dinero en depósito y no le quiere restituir al cliente ese mismo dinero más sus intereses, entonces recurre a la Suprema Corte, donde encuentra comprensión y apoyo para esquilmar a la confiada persona que le entregó en custodia su dinerito.
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, travestido en abogado defensor de los pobrecitos banqueros (“¿De dónde va a agarrar el banco ese dinero?”, preguntó el piadoso ministro), declaró que no se debe entregar al cliente lo convenido porque “con toda seguridad no alcanzaría el dinero del propio banco para hacer el pago que en este caso se reclama” y porque de hacerlo, agregó, eso pondría en riesgo “la estabilidad de la intermediación financiera”.
Don Guillermo, sabedor de que la resolución es un caso de escandalosa injusticia, añadió: “Es necesaria la intervención del Estado mexicano para impedir que los bancos hagan operaciones de alto riesgo o totalmente equivocadas que los pongan en condiciones de ruina”.
Sí, como ahora que la Suprema Corte de Justicia acude en auxilio de los banqueros, quienes si aún así tienen problemas, siempre cuentan con la protección del Estado, que para absorber las deudas contraídas por los señores del dinero ideó el mecanismos perverso del Fobaproa o el otro, no menos canallesco, que son las afores, que se encargan de jibarizar los ahorros de los trabajadores para condenarlos a una vejez de miseria.
Ante eso, la Corte opta por voltear para otro lado.
*Periodista y autor de Milenios de México
hum_mus@hotmail.com
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