Mauricio FarahMilenio/27 de abril de 2010
El estado de Arizona ha decidido aprobar una ley que permite a la policía estatal interrogar a cualquier persona que parezca indocumentada, la que debe probar su estancia legal en el país para no ser detenida y expulsada.
El punto débil y grave de la ley, conocida como SB-1070, lo destaca sin querer la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, durante la conferencia de prensa que ofrece el 23de abril para anunciar que ha firmado su promulgación.
Cuando un reportero le pregunta cómo hará la policía para detectar a un indocumentado, la gobernadora responde que no sabe, porque desconoce “cómo detectar a un migrante ilegal”.
En efecto, no hay forma de saberlo, es decir, la única manera es “sospechar” que una persona no tiene documentos. Y para “sospechar” la única base es el perfil racial. Y una ley que da facultades a la policía para detener a las personas a partir del perfil racial es, por definición, racista.
En Arizona viven 6.5 millones de personas, de las cuales casi 2 millones son de origen hispano. La apariencia de estos será suficiente para que la policía los detenga para interrogarlos. La medida afecta a los migrantes documentados, a los residentes, a los ciudadanos estadunidenses de origen hispano y a los turistas, es decir, a quienes tengan rasgos hispanos, y por diversas razones viajan a Arizona. En nuestro caso, existe entre esta entidad y México una intensa relación migratoria, comercial y turística.
La organización promigrantes America’s Voice, con sede en Washington, describe con impecable pulcritud los efectos de la disposición legal: “La nueva ley convertirá a la Arizona del siglo XXI en el Misisipi de los años 60”, cuando estaba en vigor la política de segregación racial.
En esa década los negros no tenían que cometer un acto ilícito para ser segregados o perseguidos: bastaba el color de su piel, como ahora bastará ser o parecer hispano para ser detenido e interrogado en cualquier lugar del estado.
Como afirma Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de la Unión de las Libertades Civiles (ACLU) en Arizona, “Con la promulgación de la ley, la gobernadora ha dado la orden a cada policía de ese estado para hostigar a cualquier persona que parezca extranjero”, aunque la propia gobernadora confiese no saber cómo se detecta a un migrante indocumentado. Aun cuando no lo sabe, ha dispuesto una forma: hostigar a todos para detectar a algunos.
Resulta paradójico que al anunciar una ley que contradice la Constitución de Estados Unidos, Jan Brewer, por cierto en busca de reelección, diga que “esta ley asegura que los derechos constitucionales de todos permanezcan sólidos”.
No lo cree así el presidente Barack Obama, quien el mismo 23 de abril dijo que el proyecto de ley (lo era en ese momento) de Arizona estaba “mal encaminado” y que vigilaría de cerca esa medida estatal, “para estar seguro de que no se violaran los derechos civiles de los ciudadanos”.
Tampoco lo cree el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, quien ha dicho que la ley no debe ser aplicada y que solicitará al cabildo de la ciudad que se pronuncie a favor de interponer una demanda contra el estado de Arizona con el argumento de que la nueva norma es inconstitucional.
Por lo que hace al presidente, tiene una voz cercana que puede contribuir de manera determinante en la conformación de su criterio: Janet Reno, ex gobernadora de Arizona, quien en 2006 vetó una ley similar y ahora es secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos.
La tradicional postura antiinmigrante en Arizona se acentuó cuando fracasó la reforma migratoria durante el mandato de George W. Bush, hecho que disparó una proliferación sin precedente de iniciativas y ordenanzas contra los inmigrantes en muchos de los estados de la Unión Americana, a tal grado que al término de 2008 se encontraban en análisis más de mil iniciativas de este tipo en diversas legislaturas estatales.
En todo caso, la promulgación de la ley SB-1070 puede tener el efecto, no buscado por sus autores, de volver a poner el tema migratorio en la agenda prioritaria de Estados Unidos, más aún si, como afirmó el ex presidente Bill Clinton en la Convención Bancaria en Acapulco, Barack Obama le dijo en marzo que la reforma migratoria se lograría en 2010.
La falta de esta reforma ha afectado sensiblemente los derechos de los migrantes sin documentos y ha reducido su existencia al sobresalto y la inmovilidad y, sobre todo, ha disminuido radicalmente sus posibilidades de integración social.
Son ya varios años de acentuado acoso, puesto que las autoridades estatales han ido tendiendo un cerco legal en torno de los migrantes, pasando por encima, incluso, del principio jurídico que establece que la inmigración es de exclusiva competencia federal.
Sin duda, organizaciones como la mencionada ACLU y el Fondo México-Americano para la Defensa Legal, entre otras, interpondrán recursos legales para que la ley entre en vigor en julio, lo que es posible dada la fragilidad de la propia ley frente al marco legal estadunidense y dada la capacidad de lucha de estas organizaciones.
Los hechos están orillando a las máximas autoridades de Estados Unidos a impulsar una reforma migratoria integral, que había venido siendo pospuesta por asuntos aparentemente más urgentes.
México puede aprovechar este momento en el que los reflectores nuevamente alumbran la migración mexicana hacia Estados Unidos. El poder Ejecutivo puede dirigir esfuerzos diplomáticos en un entorno con posibilidades de ser favorable, sobre todo por la visión de Obama y por la capacidad de diálogo del presidente Calderón con su homólogo, en tanto que el Senado mexicano puede jugar un papel determinante si intensifica su relación con sus pares estadunidenses.
Con una estrategia ganadora, la actual circunstancia puede convertirse en una coyuntura aprovechable para atender la migración de fondo y para que no sigan proliferando leyes que, como lo afirma el Centro Simon Wiesenthal, no tienen nada qué ver con migración sino con discriminación.
mauriciofarahg@hotmail.com
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