¿Tendrá México una nueva ley de medios?

Alberto Aziz Nassif
El Universal/20 de abril de 2010

Hay tiempos en los que parece haber todas las condiciones políticas para avanzar en la ruta de cambios y reformas legislativas de fondo y no sucede nada, porque las inercias se imponen a los impulsos de transformación. En cambio, hay momentos que parecen poco propicios y, de pronto, surgen posibilidades de hacer un cambio de fondo que pueda resarcir nuestra vulnerada democracia. Es posible que hoy estemos en uno de esos raros momentos propicios para un cambio de reglas en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. Se trata del proyecto más completo, integrado en una sola ley, para regular a los medios y las telecomunicaciones.

El pasado 8 de abril un nutrido grupo plural de senadores y otro de diputados, presentaron en sus respectivas cámaras una iniciativa de ley para regular la radiodifusión y las telecomunicaciones. Por primera vez —en sus más de nueve años al frente del gobierno federal— el partido gobernante presentó de forma conjunta la iniciativa en ambas cámaras. Este proyecto, compuesto por 13 títulos y 272 artículos, está íntimamente relacionado con las propuestas que ha impulsado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y hoy también apoyado por el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios.

El Congreso puede dar sorpresas positivas, como sucedió hace unas semanas con la reforma en materia de derechos humanos, la más completa que se haya elaborado y se aprobó con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas. De igual forma sucedió con la reforma sobre las ‘acciones colectivas’, un avance progresista en materia de derechos y participación ciudadana. La diferencia con la ley de medios son las poderosas empresas que no quieren ver afectados sus intereses y que tienen una gran capacidad para presionar legisladores y someter a los poderes constitucionales. Una buena expresión de las resistencias a la nueva ley es el desplegado de la CIRT (EL UNIVERSAL, 19/IV/2010).

Estamos frente a un proyecto que es innovador, que protege los derechos de las audiencias y los consumidores, amplía los márgenes de la libertad de expresión, está en favor de la competitividad y es un proyecto integral. Los ejes más relevantes de esta iniciativa apuntan hacia una concepción del espacio radioeléctrico como un bien de la nación y como un servicio público, que tiene que ser regulado por el Estado mexicano. La información y la comunicación son bienes públicos y no meras mercancías. Se propone un órgano regulador desconcentrado con las suficientes facultades para poder regular las concesiones de manera transparente, para lo cual se necesita una integración profesional que garantice la pluralidad de voces y no tenga conflictos de interés, como sucede en la actualidad. A pesar de que la propuesta de AMEDI es por un órgano constitucional autónomo, se sabe que una reforma constitucional resulta hoy muy complicada de lograr por la gran cantidad de intereses y de propuestas en juego. Quizá más adelante se pueda dar, pero ahora con un buen diseño institucional podría funcionar el nuevo órgano regulador.

La iniciativa tiene avances en materia de concesiones y de transparencia para su otorgamiento; se propone un Registro Público de las Telecomunicaciones; una enorme ventaja es la convergencia tecnológica entre radiodifusión y telecomunicaciones; sin duda un tema clave es el monopólico escenario mexicano para lo cual se regularía el carácter de la dominancia que tienen algunos prestadores de servicio. Sin duda, el carácter dominante de ciertos actores representa una de las mayores dificultades para sacar adelante la reforma.

Los poderes fácticos de los medios y las telecomunicaciones son el mayor obstáculo para la reforma. El extraño momento que vivimos hoy —por la oportunidad de la reforma— es uno de los mayores desafíos que enfrente el Estado mexicano. La recuperación de un bien público, el bien más importante de la sociedad red en la que hoy estamos inmersos, Manuel Castells dixit, depende de la capacidad que tenga el país de regular a los medios y a las telecomunicaciones, de ese tamaño es el reto.

Es posible que México haya llegado a un límite de malestar y descomposición en donde una parte de la clase política comprende que se tiene que hacer los cambios ahora o seguiremos en la espiral de deterioro y cada vez será más difícil recuperar las oportunidades perdidas. Regular de forma democrática la radiodifusión y las telecomunicaciones, resulta una materia particularmente complicada que ha costado años de esfuerzos. Estas oportunidades se construyen muy de vez en cuando, esperemos que esta vez no se desperdicie...

Investigador del CIESAS