Hacia un Estado inquisitorial

Miguel Angel Granados Chapa
Zócalo/8 de abril de 2010


El Estado avanzará a partir de la medianoche de mañana hacia su intento no expreso, pero claro de conocer a sus gobernados palmo a palmo, con fines que no pueden ser si no inquisitoriales, limitativos de los derechos individuales, entre los que cuentan primordialmente en este caso los de privacidad. Con el apoyo de su partido (al que se sumó el PRD), el Senado rechazó ayer la minuta en que los diputados aprobaron prorrogar el plazo para la inscripción de los teléfonos celulares en un registro montado con propósitos de seguridad pública y nacional, pero carente de mecanismos que garanticen su uso adecuado a sólo esos objetivos.

El establecimiento de este registro, que la autoridad alega que es necesario a partir de su propia incapacidad de controlar el uso de la telefonía móvil en la comisión de delitos, hace pareja con otras disposiciones tendientes al mismo fin, el de conocer datos personales de los mexicanos con fines más allá de los expresados. El más sobresaliente es el de la cédula de identidad personal que en el proyecto gubernamental –echado a andar, por lo demás, con serios problemas de transparencia administrativa– busca información que se satisface con la ya obtenida en millones de casos por el registro electoral. Pero la Secretaría de Gobernación quiere más. Por eso se empecina en generar un nuevo documento que además de costoso entraña riesgos mayores aun que los del registro de la telefonía celular, que no son menores. A ese paso usted quedará fichado como lo están los delincuentes, aun sin haber incurrido en ninguna conducta ilícita.

El camino hacia el Estado inquisitorial se pavimentaría más de aprobarse la ley que, a pedido formal suyo, otorgaría al Ejército facultades policiales que permitan a militares irrumpir en los domicilios sin orden judicial, cuando se persiga a un presunto delincuente inmediatamente después de la comisión de un ilícito o cuando se presuma que está por cometerse. El margen de discrecionalidad que el uso de esa facultad implica, es tan ancho que haría precarísimas las garantías de seguridad y legalidad establecidas en la Constitución. Porque es fácil comprender, aun por los partidarios de la mano dura, los convencidos de que hay acabar con la creciente violencia criminal al precio que sea, que sus propios domicilios quedan en peligro de ser asaltados, a pesar de que ni remotamente guarden relación alguna con la delincuencia, organizada y común.

Ese riesgo, el de atentar contra los derechos de las personas, se actualiza cotidianamente. El sábado pasado, el de gloria para los católicos, una camioneta que recorría una carretera tamaulipeca, fue tiroteada por militares que en un retén dieron una señal ambigua: el conductor del vehículo creyó que le abría paso y reemprendió la marcha que casi había detenido ante la proximidad de los soldados, y cuando hubo cruzado el retén los militares abrieron fuego contra el vehículo. De ese modo, atacados por la espalda, murieron dos niños, Martín y Bryan Almanza Salazar, de nueve y cinco años de edad; y quedaron heridos Martín Almanza, su padre, y su tío Carlos Alfredo Rangel. En la camioneta baleada viajaban además las esposas de los lesionados y cinco niños más, uno de ellos de apenas tres meses de edad.

No ha habido explicación alguna de la autoridad militar y por supuesto ni toma de nota y menos condolencia de la casa presidencial, como no las hubo por el asesinato de diez muchachos en una remoto paraje duranguense, un trozo del país sustraído a la gobernabilidad estatal, y uno de los varios que se pudo señalar al presidente Calderón cuando retó a que le mencionara una porción por mínima que fuese donde el Estado careciera de presencia, acto de jactancia que no tuvo secuelas.

El registro telefónico cuyo incumplimiento dejará incomunicados por la vía celular a lo usuarios que no se inscriban en las próximas horas, hasta las veinticuatro de mañana sábado, contiene un elemento insidioso. Por su propia naturaleza, el de un contrato mercantil de prestación de servicios, se ha generado ya la información que ahora se requiere imperativamente. Las empresas telefónicas podrían haber sido instadas por la autoridad ya no digamos a entregar materialmente sus propios padrones, siempre al día pues son los que permiten la cobranza y el mantenimiento del servicio, sino a ponerlos enteros a disposición de las autoridades. De hecho, ya ahora mismo información de ese catálogo está disponible para casos especialmente demandados por agencias de gobierno. Pero la reforma legal quiso implicar directamente a los usuarios, contar con un gesto expreso de su voluntad que en este caso significa contribuir a tejer una cuerda que eventualmente pueda ser atada a su cuello y que los pone en riesgo de persecución judicial si el número de su aparato es utilizado para delinquir.

Aunque es tarde para que genere efectos prácticos no es desechable la doble moción de Salvador Guerrero Chiprés, comisionado ciudadano del Instituto de Información pública del Distrito Federal. A título personal solicitó amparo contra la cancelación del servicio. En esa demanda y en una iniciativa para que la Conferencia mexicana de acceso a la información pública debata el asunto, el quejoso y comisionado reclama protección a los datos personales entregados a la autoridad sin un marco legal (pues falta la ley federal respectiva) y el registro carece de un mecanismo de seguridad que impida, o inhiba, o haga sancionable su mal uso.