Mejora la letra, la práctica empeora

Alberto Aziz Nassif
El Universal/27 de abril de 2010

La reforma de derechos humanos que aprobó el Senado hace unos días es una buena noticia para el país. Sin embargo, las prácticas que violentan los derechos humanos de forma creciente en México son un desafío. Detrás de la reforma están los esfuerzos de múltiples organizaciones sociales y la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sin dejar de lado el trabajo de los legisladores. La reforma pone a nuestra Constitución a tono con una concepción más democrática y representa una ampliación de derechos. Cada una de nuestras constituciones ha tenido un acento, en el siglo XIX la independencia y la separación entre la Iglesia y el Estado; la de 1917 estableció los derechos sociales y la de hoy en día necesita consagrar los derechos democráticos.

La reforma establece la diferencia entre derechos y garantías del Estado para tutelarlos. Reconoce de forma directa la aplicación de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales con los que nuestro país se ha comprometido, como por ejemplo la Convención que elimina la discriminación contra la mujer; los derechos de los niños; la convención contra la tortura y muchos otros que ahora serán una obligación constitucional. También se establecen varias políticas que tendrán que ser normadas por los derechos humanos: la educación, el sistema carcelario y la política exterior. Queda consagrada la norma de que los derechos humanos no pueden suspenderse en casos extremos, de emergencia nacional o de guerra (como el derecho a la vida, a la libertad de conciencia, los derechos políticos, entre otros). A los extranjeros se les concede el derecho de audiencia, cuando antes simplemente se les expulsaba del país. Se fortalecen los organismos de defensa de derechos humanos, a nivel nacional y en los estados, tanto para que los nombramientos de sus titulares tengan un procedimiento de consulta pública, como para que puedan investigar violaciones graves a los derechos humanos y ser autoridad investigadora. Esta facultad de investigación la tenía antes la Suprema Corte de Justicia. Este último punto sigue en debate ahora en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, cada vez hay más frentes abiertos de violaciones a los derechos humanos. El “Examen Periódico Universal” que hace la ONU sobre el estado de los derechos humanos en el país expresa la gravedad del problema. Decenas de organizaciones de la sociedad civil presentaron el nutrido panorama de violaciones, demandas, acusaciones y agresión a los derechos humanos. Por ejemplo, se pide que sean anuladas “la figura del arraigo, la prisión preventiva automática y el régimen de excepción para la delincuencia organizada”. Se denuncia la grave situación que se ha generado con la militarización y la “extensión del fuero militar”. Ahora el Ejecutivo anuncia una reforma para acotar el fuero militar en las tareas de las fuerzas armadas frente al crimen organizado, con el objetivo de que los militares sean juzgados por tribunales civiles. Una promesa más. En las violaciones de militares hay desde un uso excesivo de la fuerza, tortura, desapariciones, hasta asesinatos de civiles inocentes. El reciente caso de dos niños asesinados en un retén militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Bryan y Martín de 5 y 9 años, es una consecuencia de la intervención militar en la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico.

También se denuncia la grave situación por la que atraviesa la libertad de expresión por el asesinato y la desaparición de periodistas. La violencia contra las mujeres, desde el no resuelto caso del feminicidio en Ciudad Juárez, pasando por la trata de personas, hasta la penalización del aborto en más de la mitad de los estados de la República. Una situación deplorable son las condiciones de injusticia que padecen los grupos más vulnerables, como los indígenas. Están las violaciones en materia sindical, que contravienen los Convenios de la OIT. En suma, este Informe presenta el mosaico de un país lastimado por severas violaciones a los derechos humanos.

El contraste entre la letra y las prácticas es abismal. El Estado mexicano tiene ahora mejores instrumentos legales, los cuales —en teoría— se deberían traducir en mejores prácticas. Sin embargo, vemos a un Estado rebasado e incapaz de garantizar la tutela de los derechos humanos. La reforma reciente, que todavía necesita ser aprobada por la Cámara de Diputados y por las legislaturas estatales, puede quedarse en la pura teoría. El riesgo de que las violaciones sigan por la misma ruta, y que las nuevas reglas no logren detener las violaciones a los derechos humanos, es muy alto.

Investigador del CIESAS