jueves, 29 de abril de 2010

Canonjías

Carlos Ornelas
Excélsior/28 de abril de 2010

Para comenzar, una paráfrasis del clásico: “Pobre educación mexicana, tan lejos de la calidad y tan cerca del SNTE”. Y se puede agregar que la Secretaría de Educación Pública (o, para decirlo con corrección, el gobierno federal) le sirve de alcahuete político. Utilizo el término alcahuete en la segunda acepción del diccionario: “persona o cosa que sirve para cubrir lo que se quiere ocultar”.

Hay muchas razones para el enojo que provoca que el gobierno del presidente Felipe Calderón provea de tanta canonjía a la camarilla que controla al sindicato de los maestros. Atención, no me opongo a que los docentes obtengan ingresos decorosos y recompensas adecuadas por su trabajo. Lo que molesta es que no haya avances en la educación y que un grupo se beneficie del temor que le infunde al gobierno.

Lo que obtuvo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es mucho más de lo que conocimos la semana pasada.

La SEP publicó en su página web un informe detallado de la negociación e incluye el oficio de respuesta que el secretario, Alonso Lujambio, dirigió a Elba Esther Gordillo y a Rafael Ochoa, presidenta y secretario general ejecutivo, respectivamente, del SNTE. Bien por la transparencia, qué bueno que tenemos acceso a esa información. Con ello se confirma que este gobierno le hace un daño gigante a la educación.

Los incrementos a salario y prestaciones se acompañaron de mejoras a la carrera magisterial, como el programa de incentivos, que fue la vía para incrementar las retribuciones de los docentes, pero que no ha contribuido a una mayor calidad, lo que fue su propósito principal (o el pretexto para medrar, incluir a favoritos y excluir a los adversarios, arguyen algunos de mis colegas) al ser instituido en 1993. Recibirá 750 millones de pesos más los que se acumulen por el retiro de profesores. Además, la SEP le otorga 150 millones de pesos al SNTE para que sus dirigentes se luzcan haciéndole propaganda a la Alianza por la Calidad de la Educación (vía Televisa) y otros 150 millones para “actividades culturales”.

Este año se sumarán otros 150 millones de pesos al programa que otorga computadoras a los maestros y 100 millones más para enriquecer los fideicomisos de vivienda. Se da por sentado que, como una vez que salen de las arcas públicas, esos recursos son patrimonio del sindicato, sus dirigentes los distribuirán como les plazca.

El oficio del secretario Lujambio lo muestra como una persona que se dirige a los maestros con respeto y afirma que el Presidente y él mismo se interesan por el bienestar de los docentes como instrumento para que México tenga educación de calidad con equidad. Pero también se nota que el gobierno se subordina al sindicato y está dispuesto a negociar lo que por ley corresponde en exclusiva a las autoridades.

La respuesta de la SEP glorifica la ACE y hace una caricatura del supuesto federalismo en ese sector. Por ejemplo, en el numeral 51, el secretario Lujambio asienta que “la Secretaría de Educación Publica y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación continuarán desarrollando acciones tendientes a concretar el Sistema Nacional de Evaluación, en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación”. Pero el artículo 29 de la Ley General de Educación dicta que esa es una responsabilidad exclusiva de las autoridades. O en el aparte 38, cuando afirma que la SEP se propone restaurar al “Consejo Nacional Técnico de la Educación con la participación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y los distintos actores involucrados en el sector educativo”, aunque la misma LGE (artículo 10) se lo ordena.

En otros párrafos, siempre cuidando la retórica de que sólo en el marco de sus competencias la Secretaría convocará a las autoridades de educación de los estados a que hagan tal o cual cosa que acordó con el SNTE, se ratifica que el centralismo burocrático es vigente. Los gobiernos de los estados nada más cuentan como administradores de las políticas que acuerden el sindicato y el gobierno federal.

Me pregunto qué piensa el presidente Calderón cuando concede tanta prebenda a una camarilla que lucra con la educación pública y se enriquece a costa de los impuestos. ¿Afianzar lealtad de una aliada política? Tal vez, pero acaso eso marcará a su gobierno como uno de los más irresponsables en la historia de la educación mexicana.

*Académico de la UAM

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