¿Qué significa en Arizona ilegalidad?

Arnoldo Kraus
La Jornada/28 de abril de 2010

El 24 de abril de 2010 el encabezado de la noticia principal de La Jornada informaba: “Por ley, ahora en Arizona el indocumentado es ‘criminal’”. Dos títulos agregaban otras circunstancias: “Obama considera irresponsable la norma; se minan nociones básicas de justicia, reconoce”; “Autoridades mexicanas, obligadas a replantear esquemas de cooperación con esa entidad: SRE”. Sendas noticias, cruda realidad.

Para nuestros vecinos el tema central es la ilegalidad y los vicios que ésta acarrea, sobre todo, Brewer dixit, violencia, problemas asociados al narcotráfico y conductas inadecuadas de los indocumentados, en su mayoría, mexicanos y centroamericanos. Para nosotros, el tema central es la amoralidad de la decisión.

Además de ser muchas las teselas del mosaico arizoniano, buena parte están rotas y otras se han extraviado. Los que no se han extraviado son los ciudadanos de Arizona que contratan indocumentados de acuerdo a su justicia económica. Tampoco se han extraviado los trabajadores migratorios que arriesgan sus vidas en aras del trabajo negado por los infames gobiernos de nuestros países. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, su equipo, y nuestros políticos, son los responsables de promover una ley que podría acarrear graves problemas. Ni la contratación espuria de indocumentados ni la debilidad crónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país deben pasar inadvertidas.

La nueva ley permitirá, en caso de aprobarse, criminalizar a todo indocumentado en Arizona; además, faculta a la policía a detener e interrogar a cualquier sospechoso de ser “extranjero ilegal”. La ley, conocida como SB1070, amenaza con reducir a polvo algunas teselas del mosaico vigente entre nuestra nación y Estados Unidos. Derechos civiles, justicia y derechos humanos son algunos de los conceptos que se verán afectados por la propuesta de la gobernadora republicana. Atropellar esos principios deviene estigmatización y la autorización de maltratar. Entre esas circunstancias y el racismo, la frontera es endeble. En ese entramado es imposible soslayar el nacimiento del Tea Party, movimiento que reúne activistas de derecha y de ultraderecha. Buena parte del electorado estadunidense comparte la ideología derechista del joven partido. La ley Brewer será, sin duda, atractiva para los simpatizantes del Tea Party.

No ignoro que en Estados Unidos cohabitan personas de múltiples nacionalidades y que en muchas ocasiones esa nación les ha dado la oportunidad de trabajar y mantener a sus familiares en sus países de origen. Buen ejemplo de ese fenómeno es nuestra nación. Las remesas que envían los trabajadores mexicanos desde Estados Unidos constituyen, habiendo disminuido el turismo, la segunda fuente de ingreso de nuestro país. Huelga decir que esa realidad no justifica ninguna acción como la que pretenden implementar en Arizona.
La Ley de Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros (SB1070) podría entrar en vigor a principios de septiembre. De aprobarse, aunque algunos gobernadores como Bill Richardson, de Nuevo México, deploraron la promulgación de la ley, es muy factible que la iniciativa “contagie” a otros políticos. La crisis económica por la que atraviesa Estados Unidos, la figura de Obama, denostado por los grupos reaccionarios y el rápido ascenso del Tea Party –tiene menos de un año de existir–, son buena semilla para que la propuesta de Brewer se disemine.

En Arizona existe un campo de prisioneros en el condado de Maricopa donde viven entre alambradas cientos de reos a los que se les obliga vestir uniformes y calzones rosas. Zaherirlos es la meta del sheriff. En ese mismo estado, los inmigrantes, contratados ilegalmente y explotados ad nauseam sobreviven en condiciones precarias. El problema es mayúsculo. Los “sin papeles” emigran para sobrevivir, los contratan ilegalmente, les pagan sueldos magros, la violencia aumenta y el rechazo social se multiplica. El problema, además de ser mayúsculo, no tiene solución. Ni en México ni en Centroamérica las condiciones de vida de los pobres mejorarán. Basta repasar la historia de nuestros viejos políticos, escuchar a la mayoría de los actuales y conocer la miseria de la mayor parte de los habitantes de nuestras naciones para entender que el flujo de “sin papeles” no cesará. Por esas razones, la aprobación de la ley causaría graves problemas. Justicia es no sólo una palabra bella. Es un bien universal. Atropellarla daña la dignidad de la persona. Es obligación de nuestro gobierno luchar por la dignidad y la justicia de los connacionales en Estados Unidos.

Ilegalidad es un término que no debe aplicarse solamente a la migración de personas sin documentos. Los millones de “sin papeles” han sido, desde hace décadas, factor imprescindible para la economía estadunidense. Esos trabajadores han sido contratados ilegalmente y, muchas veces, explotados. Criminalizar a los indocumentados presagia malos, muy malos tiempos. Maltrato y estigmatización son males menores. Cazar indocumentados es una vieja propuesta de algunos estadunidenses. Ahora, en Arizona, quieren legalizar ese deseo. Lo peor es que ahora el Tea Party cuenta con un nuevo sabor: Brewer.