El bachillerato obligatorio

Axel Didriksson

Excélsior/16 de diciembre de 2008

Como parte de una agenda postergada, finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la obligatoriedad del bachillerato, entre otras reformas que forman parte de un muy sustancioso, pero aún incompleto, paquete de medidas impulsadas por la Comisión de Educación de la presente Legislatura.
Habrá que revisar en detalle el conjunto de la iniciativa a la que se hace referencia, pero en lo que respecta al tema de la educación media superior se ha aprobado elevar a rango constitucional su obligatoriedad, lo que significa que, a partir de ahora, todo el mundo podrá hacer valer el derecho de obtenerla en cualquier lugar del país y demandarlo a todos los órdenes de gobierno, ya sea a nivel federal, en el Distrito Federal, en los estados y en los municipios. La tarea no será fácil porque, para ampliarlo y regularlo, se requerirá discutir, con las instituciones que ofrecen el servicio, los cambios pertinentes para su mejora y calidad, en donde destacará, por su importancia cualitativa y cuantitativa, la opinión de las universidades autónomas del país, siempre y cuando se trata de un nivel educativo harto deficitario y considerado como un “cuello de botella” en el que las mismas tienen mucho que ver.
Lo anterior da para prever una condición de tensión entre las universidades y la SEP federal, porque éstas cuentan, en su gran mayoría, con bachilleratos generales (los que constituyen, por cierto, su población más numerosa) y porque tienen reglas de operación autónomas para su gestión y reforma, muy a menudo con puntos de vista, respecto de su contraparte gubernamental, muy poco coincidentes. Aun así, el tema da para más.
Llevar a cabo una reforma como la que se pretende implicará ampliar la cobertura total del sistema para superar el umbral actual de secundaria. Como media, 88 de cada 100 estudiantes que ingresaron al primer grado de primaria van quedando en el rezago en su intento por alcanzar el nivel medio superior de educación y, de los que alcanzan a ingresar a éste, alrededor de la mitad pueden terminar este ciclo. Lo anterior significa que un poco más de 50% del grupo de edad escolar correspondiente, de entre los 15 y los 17 años, puede acceder a este nivel educativo, de los cuales la mitad no logra concluir con sus estudios. De entre ellos, 25% va quedando en el rezago, casi de por vida, entre el primero y el segundo grado de ese nivel. El gran esfuerzo del país por brindar este nivel educativo se concentra, y así parece que seguirá siendo, en el sector público (82.8% del total).
La realidad que se vive en el bachillerato impacta de forma negativa en la educación superior, porque con ello se tiene una de las coberturas más bajas de participación y ello influye en nuestra capacidad para ofrecer a la sociedad profesionales y técnicos de alto nivel, desarrollar ciencia y tecnología, nuevas áreas de conocimientos, y consolidar plataformas de despegue en la gestión y el desarrollo de aprendizajes sociales que puedan mejorar nuestro sistema político, la participación de los ciudadanos de manera crítica y activa y formar nuevas generaciones que se encarguen de construir un mejor futuro.
La reforma que se ha aprobado, por ello, podrá tener beneficios hacia la educación superior, pero sigue dejando de lado la complejidad y la problemática de la secundaria. Este es el principal hueco que no pudieron tapar los legisladores. No se imaginaron el tamaño del asunto y no dijeron ni una palabra al respecto.

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