Gabriel Guerra Castellanos El Universal/15 de diciembre de 2008
Más allá de los oportunismos político-electorales a los que ya deberíamos estar acostumbrados en México, el debate acerca de la pena de muerte debería concentrarse en tres aspectos: el ético, el práctico y el jurídico o judicial.
Quienes argumentan en favor de la pena de muerte se basan en la premisa —que yo considero errónea— de que al ejecutar a los peores delincuentes se reducen los índices de criminalidad por dos razones: el efecto disuasivo sobre posibles futuros criminales y el hecho de desaparecer a los causantes inmediatos del delito. Bajo esta línea de argumentación, la reincidencia es imposible cuando el delincuente está muerto, lógica irrebatible si nos limitáramos a cada caso individual.
La venganza es un sentimiento inherente al ser humano, como lo son el amor y la generosidad o la envidia y la ira. Lo que la venganza refleja es una impotencia irracional que sobrecoge a sus víctimas y las vuelve rehenes del daño sufrido, cómplices involuntarios de quien los agravió. Es comprensible entre quienes han sufrido directamente una ofensa, una agresión, aunque no en el caso de quienes son sólo espectadores del fenómeno.
www.prodeathpenalty.com, una página dedicada a defender o a promover la aplicación de la pena de muerte en EU toca la fibra muy sensible —y muy cierta— del dolor de las víctimas y del costo social que infligen los criminales, dando numerosos ejemplos de asesinos que reinciden, muchos de ellos después de haber sido liberados, lo que se convierte en uno de sus argumentos centrales: más vale equivocarse ejecutando que liberando, entre matar a un inocente o dejar libre a un asesino, mejor lo segundo.
Por su parte, la American Civil Liberties Union (www.aclu.org) enfatiza el aspecto moral del castigo máximo y el número de inocentes condenados, así como los casos en que la justicia fue menos que expedita e imparcial. De paso, ilustra cómo las condenas dependen de factores subjetivos que tienen mucho que ver con el color de la piel y el nivel educativo y social de los inculpados y de las víctimas. De acuerdo con Amnistía Internacional (www.amnestyusa.org) y la ACLU, más negros son condenados a muerte que blancos que hayan cometido delitos similares, especialmente cuando las víctimas son blancas.
La subjetividad en la aplicación de la justicia en un país tan avanzado como EU debería ponernos a pensar dos veces antes de siquiera discutir el tema de estos castigos irreversibles e incorregibles. Por cada historia trágica de una víctima en México hay una o varias de ineptitud o de corrupción policiaca, de cada 10 muertes violentas sólo dos terminan con un acusado en la cárcel, sin siquiera la certeza de que se trate del verdadero culpable dada la tendencia nacional a fabricar sospechosos, a juzgar en los medios y a condenar por conveniencia.
Yo no veo en la venganza más que la posibilidad de satisfacer una profunda y dolorosa frustración individual, y me parece que el Estado debe estar para protegernos de nuestros peores impulsos y no para alimentarlos. En la parte práctica, no conozco un solo estudio imparcial que demuestre que la pena de muerte tiene un efecto disuasivo: por el contrario, hay quien argumenta que puede llevar al delincuente a cometer más y mayores crímenes para encubrir al primero.
Desde el aspecto jurídico, el problema de México tiene que ver con la impunidad y no con el tamaño del castigo. Un país que no es capaz de meter a la cárcel a sus delincuentes no puede hablar siquiera de aumentar las penas, y una sociedad que encubre y acoge cotidianamente a quienes violan leyes grandotas y chiquitas tampoco puede desgarrarse las vestiduras cuando la delincuencia la abruma.
Lo demás es simplismo en el mejor de los casos y cinismo en el de los políticos que buscan sacar raja del temor y el dolor de la gente.
Quienes argumentan en favor de la pena de muerte se basan en la premisa —que yo considero errónea— de que al ejecutar a los peores delincuentes se reducen los índices de criminalidad por dos razones: el efecto disuasivo sobre posibles futuros criminales y el hecho de desaparecer a los causantes inmediatos del delito. Bajo esta línea de argumentación, la reincidencia es imposible cuando el delincuente está muerto, lógica irrebatible si nos limitáramos a cada caso individual.
La venganza es un sentimiento inherente al ser humano, como lo son el amor y la generosidad o la envidia y la ira. Lo que la venganza refleja es una impotencia irracional que sobrecoge a sus víctimas y las vuelve rehenes del daño sufrido, cómplices involuntarios de quien los agravió. Es comprensible entre quienes han sufrido directamente una ofensa, una agresión, aunque no en el caso de quienes son sólo espectadores del fenómeno.
www.prodeathpenalty.com, una página dedicada a defender o a promover la aplicación de la pena de muerte en EU toca la fibra muy sensible —y muy cierta— del dolor de las víctimas y del costo social que infligen los criminales, dando numerosos ejemplos de asesinos que reinciden, muchos de ellos después de haber sido liberados, lo que se convierte en uno de sus argumentos centrales: más vale equivocarse ejecutando que liberando, entre matar a un inocente o dejar libre a un asesino, mejor lo segundo.
Por su parte, la American Civil Liberties Union (www.aclu.org) enfatiza el aspecto moral del castigo máximo y el número de inocentes condenados, así como los casos en que la justicia fue menos que expedita e imparcial. De paso, ilustra cómo las condenas dependen de factores subjetivos que tienen mucho que ver con el color de la piel y el nivel educativo y social de los inculpados y de las víctimas. De acuerdo con Amnistía Internacional (www.amnestyusa.org) y la ACLU, más negros son condenados a muerte que blancos que hayan cometido delitos similares, especialmente cuando las víctimas son blancas.
La subjetividad en la aplicación de la justicia en un país tan avanzado como EU debería ponernos a pensar dos veces antes de siquiera discutir el tema de estos castigos irreversibles e incorregibles. Por cada historia trágica de una víctima en México hay una o varias de ineptitud o de corrupción policiaca, de cada 10 muertes violentas sólo dos terminan con un acusado en la cárcel, sin siquiera la certeza de que se trate del verdadero culpable dada la tendencia nacional a fabricar sospechosos, a juzgar en los medios y a condenar por conveniencia.
Yo no veo en la venganza más que la posibilidad de satisfacer una profunda y dolorosa frustración individual, y me parece que el Estado debe estar para protegernos de nuestros peores impulsos y no para alimentarlos. En la parte práctica, no conozco un solo estudio imparcial que demuestre que la pena de muerte tiene un efecto disuasivo: por el contrario, hay quien argumenta que puede llevar al delincuente a cometer más y mayores crímenes para encubrir al primero.
Desde el aspecto jurídico, el problema de México tiene que ver con la impunidad y no con el tamaño del castigo. Un país que no es capaz de meter a la cárcel a sus delincuentes no puede hablar siquiera de aumentar las penas, y una sociedad que encubre y acoge cotidianamente a quienes violan leyes grandotas y chiquitas tampoco puede desgarrarse las vestiduras cuando la delincuencia la abruma.
Lo demás es simplismo en el mejor de los casos y cinismo en el de los políticos que buscan sacar raja del temor y el dolor de la gente.
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