En la misma línea y sin variaciones considerables. Así fue el tránsito de las universidades públicas en este año que en unos días más expira. Entre la calidad constante y la exigencia eterna de una política de Estado; entre los aconteceres disfuncionales del presupuesto y la disponibilidad de rendir cuentas a la sociedad.
Para las instituciones de educación superior este año no marca la diferencia que ellas han esperado en los últimos años. El discurso, la problemática, la solución y las medidas se mantienen en direcciones contrarias y, en ocasiones, ni siquiera se intersectan como debieran.
La preocupación central para las universidades siguió siendo establecer un esquema de financiamiento alejado de cualquier variabilidad que ponga en riesgo su desarrollo académico, mientras que para las autoridades el dedo en el renglón está en la continuidad de las reformas estructurales y en la calidad que han venido caracterizando a las instituciones.
Y en estos temas no hubo matiz distinto al de años anteriores. Prevaleció más la promesa que la consolidación de estrategias. Quizá por ello apuntaron, las universidades públicas, hacia la puesta en marcha de un sistema de evaluación en el ámbito nacional o a la búsqueda de alternativas que garanticen el incremento en la cobertura.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) marcó la pauta en la discusión de los temas y puso en juego en la agenda educativa los ejes con los cuales se pretende trabajar en los años por venir.
Este año no estuvo exento de polémicas y asuntos que despertaron la curiosidad, y en ocasiones la hilaridad, de quienes se encuentran inmersos en esta franja de la educación, como lo fue en su momento la propuesta de los vouchers para que los alumnos decidieran a qué institución acudir para cursar sus estudios profesionales.
La política educativa
En el terreno de las propuestas y proyectos para sacar adelante el barco de la educación superior, las autoridades enfocaron más la atención en dos temas que si bien no guardan relación directa con las universidades, de alguna manera tienen cierta incidencia.
Por un lado, la reforma integral a la educación media superior, un tema que desde los últimos años de la administración anterior se centró en la parte medular de la política educativa.
Se profundizó en este tema y fueron varias las menciones para avanzar en este pendiente que amenaza con convertirse en un problema estructural muy fuerte. Aquí pidieron las autoridades la colaboración de las universidades públicas para coordinar el nivel medio superior con el superior en un intento por obtener mejores resultados.
Y en ese esquema la insistencia para que las universidades incrementen su cobertura para poder captar un mayor número de alumnos, más ahora que los diputados hicieron modificaciones a la ley que hace obligatoria la educación media superior. El dilema vendrá después cuando el número creciente de alumnos encuentre cabida en las universidades del país.
Por otro lado, la Alianza por la Calidad de la Educación acaparó la atención de las autoridades, sobre todo en la segunda parte del año. Es en el nivel básico donde se encuentra la apuesta más fuerte de este sexenio y por eso se entiende el enfoque que se le ha dado al tema.
De las universidades, las autoridades esperan la continuidad en los programas que han emprendido en los últimos años. La Subsecretaría de Educación Superior trabajó con ellas en dos vertientes: la certeza financiera a través de la reestructuración de los esquemas de pensiones y jubilaciones y la operación de los fondos adicionales al presupuesto que se juegan en diferentes bolsas.
En el caso de las pensiones, hasta el año 2007 la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha liberado más de 4 mil 773 millones de pesos a las instituciones de educación superior, con el fin de impulsar reformas en sus sistemas de pensiones y que de esa manera disminuyan sus pasivos, mientras que en 2008 la cifra fue de mil 200 millones de pesos adicionales.
Del lado de los fondos extraordinarios, la preferencia es enfocarlos hacia la puesta en marcha de programas de calidad y la consolidación de los estándares de excelencia que han privilegiado las universidades como una característica inherente a ellas.
Por ello, una de las metas delineadas y muy marcada este año es que 60 de cada 100 estudiantes de instituciones de educación superior estén inscritos en un programa reconocido por su buena calidad.
Pieza central
De parte de la ANUIES, este organismo se consolidó, como lo reconocieron los propios rectores, como un enlace eficiente y certero entre las autoridades federales, las universidades públicas y otros actores determinantes este año como el Congreso de la Unión.
La labor de la ANUIES concluye este 2008 con los esfuerzos realizados para subsanar los vacíos presupuestales que la propuesta del Ejecutivo tenía en detrimento de las universidades públicas.
El trabajo de gestión desarrollado por la asociación para la defensa razonada de los intereses educativos, se reflejó en un aumento favorable del presupuesto federal 2009 asignado a la educación superior para alcanzar una cifra de 79 mil millones de pesos.
Y en concordancia con la confianza puesta en estas reasignaciones, la ANUIES lanzó una propuesta que, sin duda, causará ámpula en el transcurso de 2009 conforme se vaya cristalizando: impulsar un Subsistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior.
De concretarse, éste permitiría distinguir qué instituciones tienen buena o mala calidad, mecanismo al cual tendrán que someterse todas las universidades que “consideren que les conviene ofertar educación de calidad”, aseguró en su momento Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES.
Julio 2008
A invitación de la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, titulares y representantes de instituciones de educación superior públicas afiliadas a la ANUIES asistieron a una reunión para presentar a la titular de la SEP, las conclusiones que en el área de financiamiento derivaron de la mesa de trabajo instalada por la asociación y la SEP el miércoles 18 de mayo del presente año como parte de los acuerdos que derivaron de la XXX Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA).
En el desarrollo de la reunión, Raúl Arias Lovillo, rector de la Universidad Veracruzana e integrante del Consejo Nacional, en representación del secretario general ejecutivo de la ANUIES, presentó las conclusiones, destacando solicitudes de las instituciones de educación superior públicas en el sentido de: a) reconocer como irreductible de 2008 los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para resarcir disminuciones del subsidio ordinario; b) prever recursos para incorporar al irreductible de 2009 los recursos otorgados en 2008 por los fondos de financiamiento extraordinarios, y c) explorar la factibilidad de regularizar en el irreductible el Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la media nacional en subsidio por alumno.
Asimismo, reiteró el compromiso de las instituciones educativas públicas por continuar con sus procesos de mejora y aseguramiento de la calidad, así como ampliar la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos elevando la efectividad de sus resultados.
Por su parte, la titular de la SEP, ante la solicitud de apoyo que le expusieron los rectores para gestionar recursos dentro del PEF 2009, propuso sostener en septiembre próximo, una serie de reuniones con las comisiones del Congreso de la Unión, con el secretario de Hacienda y Crédito Público y otras instancias, para presentar las ideas vertidas en la reunión y, asimismo, un encuentro con el presidente Felipe Calderón, para que él conozca de viva voz, los resultados de las universidades.
Las privadas
Del lado de las privadas, la propuesta de la ANUIES tendrá que ser analizada a conciencia porque se trata de una medida que pondría un parámetro más riguroso en cuanto a la calidad y habrá que ver cuál es la reacción de estas instituciones a esta postura.
Lo que es un hecho es que las instituciones privadas no dejarán morir tan fácil la propuesta de activar los vouchers para poder captar una mayor matrícula en el país y una cantidad de recursos que vendría de manera directa del gobierno federal. Esa discusión se avivó este año y en 2009 traerá reacciones al respecto.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
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