Algo se ha hecho mal cuando la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Proceso de Bolonia, ha suscitado interpretaciones tan alejadas de la realidad como que supone la privatización, mercantilización y degradación de los estudios universitarios. Ésta es la idea, equivocada, que ha movido las protestas estudiantiles de las últimas semanas. Bienvenida sea una movilización que tenga como propósito defender la Universidad pública, con tantos problemas como enfrenta desde siempre. Pero es evidente que, en este caso, la desinformación ha llevado a atribuir al Proceso de Bolonia propósitos que no tiene.
Su objetivo consiste en construir un espacio europeo de estudios superiores por el que los estudiantes puedan moverse en igualdad de condiciones. Para ello se propone homologar los estudios universitarios en tres niveles (grado, máster y doctorado) y fijar un sistema de créditos que garantice que la obtención de un título requiere un esfuerzo similar en todos los países. El nuevo sistema supone, además, un cambio en la forma de enseñar: la docencia universitaria no ha de limitarse a unas clases magistrales que el profesor imparte y el alumno toma pasivamente, sino que exigirá una implicación tanto por parte del profesor como del estudiante. Y no es cierto que Bolonia prime los estudios técnicos o científicos por encima de los sociales y humanísticos. Tan importante es para una sociedad crear ciencia como crear significado. Lo que no tiene sentido es malbaratar el tiempo o los recursos, ni en ciencia ni en humanidades.
En la sociedad de nuestros días, la Universidad no puede conformarse con la función de crear conocimiento. Ha de ser un instrumento de equidad social y de dinamización económica. Quienes desdeñan la importancia de introducir en la Universidad mecanismos de colaboración con la industria o de capitalización del conocimiento creado en forma de patentes o de empresas spin-off lo que defienden es que un esfuerzo realizado entre todos sea aprovechado por unos pocos o por nadie. Que la Universidad sea un factor de creación de riqueza no está reñido con su autonomía ni con su carácter público. No es una mercantilización ni tiene por qué suponer un aumento de las tasas, que ahora cubren apenas el 20% del coste real. De hecho, Bolonia recomienda a los Gobiernos que inviertan más en las universidades.
Lo que seguramente ha contribuido a la actual confusión es que, en España, el Proceso de Bolonia se ha hecho coincidir con otras reformas largo tiempo pendientes, entre ellas la ordenación de las titulaciones, pues no cabe dudas de que era necesario ordenar y racionalizar. Y aunque una parte del malestar obedece a intereses poco defendibles, es urgente clarificar los términos, devolver a Bolonia lo que es de Bolonia y acelerar el proceso para que quienes son legítimamente remisos puedan comprobar que nada de lo que temen se confirma.
Editorial publicado en la edición del 30 de noviembre de 2008 en el diario español EL PAÍS
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