Alberto Aziz NassifEl Universal/9 de diciembre de 2008
Las malas noticias no terminan, todos los días aparece un nuevo hallazgo que pone a temblar al país. Hace unos días nos enteramos de que la mitad de los policías se ubican en una categoría de incompetentes, no confiables y no sirven para realizar sus tareas. Después llegó otro dato más preocupante, porque al final de cuentas las policías no gozan de mucha credibilidad; más bien están en el sótano de la confianza. Pero cuando el propio Ejército indica que su poder se encuentra en peligro de “degradación” y que en unos años esa situación puede ser irreversible, sin duda estamos antes un problema muy grave para la gobernabilidad. Además, hay 150 mil desertores en los últimos ocho años, muchos de ellos convertidos en sicarios. Con ese tipo de instituciones el actual gobierno enfrenta la peor batalla que se ha librado en contra del crimen organizado.
Dentro de las instituciones que tienen más baja credibilidad se encuentra la policía, para cerrar la brecha de la percepción ciudadana y los estudios oficiales, porque la descalificación no la hizo la oposición o un grupo radical de ciudadanos, que fue una evolución del propio gobierno.
Según la medición de Consulta Mitofsky (octubre 2008), existe un bloque de instituciones que tienen baja confianza ciudadana: senadores, sindicatos, policía, diputados y partidos, prácticamente todos por debajo de seis puntos; en el bloque intermedio se encuentran el IFE, la SCJN, la Presidencia, empresarios y bancos; y en la parte de mayor confianza están las universidades, la Iglesia, el Ejército y los medios. En estos tres bloques se fragmenta la percepción ciudadana del eje confianza-desconfianza. Llama la atención que de una año a la fecha el Ejército bajó ligeramente su calificación de 8 a 7.8 en esta misma medición. En suma, buena parte de los actores de la política formal, la representación democrática del país, si es que así se puede denominan, los partidos y las dos cámaras del Congreso están reprobados en materia de confianza. En cualquier sentido, resulta complicado que una democracia funcione con estos actores tan mal apreciados por la ciudadanía.
Con estos antecedentes podemos entender de mejor forma la evaluación del Informe 2008 que presentó recientemente Latinobarómetro, medición que se hace en 18 países de América Latina. Se pueden resaltar algunas de las cifras particularmente preocupantes, por ejemplo, el crecimiento de una actitud de hartazgo o incluso de desesperación frente a las falsas promesas de una democracia que no ofrece resultados.
A la pregunta de si está de acuerdo con que exista un gobierno no democrático si resuelve los problemas económicos, hay un promedio latinoamericano de 53 puntos sobre 100, pero la nota de México es superior y se ubica en 61 puntos, el más alto es Paraguay con 69 puntos y el más bajo es Uruguay con 31. Ante los problemas económicos que cada día se agravan por la crisis, más los problemas de seguridad que señalamos antes, la perspectiva de salidas institucionales a los graves problemas resulta complicada. Otro de los datos de esta encuesta latinoamericana es la comprensión de que un sistema democrático garantiza libertades, pero no seguridad y bienestar, porque hasta la fecha la democracia en nuestros países no ha generado una mejor distribución del ingreso ni protección a los ciudadanos contra el crimen.
Quizá por ello en México sólo 23% piensa que la democracia que tenemos funciona mejor que en otros países. Año con año el apoyo a la democracia en México se deteriora, en esta ocasión el apoyo bajó cinco puntos porcentuales, y la satisfacción ha seguido deteriorándose; ahora llegó a niveles de sólo 23%, perdió ocho puntos porcentuales en el último año; además, sólo 17% considera que el sistema económico funciona bien.
Con este conjunto institucional plagado de incapacidades ahora hay oportunistas y demagogos que piden la pena de muerte. Sin embargo, lo más preocupante es que 70% de la ciudadanía está de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte (EL UNIVERSAL, 8/XII/2008). Imaginemos el desastre que sería la pena de muerte en México. Uno de los mayores retos es la reconstrucción institucional. ¿Por dónde empezar?
Investigador del CIESAS
Dentro de las instituciones que tienen más baja credibilidad se encuentra la policía, para cerrar la brecha de la percepción ciudadana y los estudios oficiales, porque la descalificación no la hizo la oposición o un grupo radical de ciudadanos, que fue una evolución del propio gobierno.
Según la medición de Consulta Mitofsky (octubre 2008), existe un bloque de instituciones que tienen baja confianza ciudadana: senadores, sindicatos, policía, diputados y partidos, prácticamente todos por debajo de seis puntos; en el bloque intermedio se encuentran el IFE, la SCJN, la Presidencia, empresarios y bancos; y en la parte de mayor confianza están las universidades, la Iglesia, el Ejército y los medios. En estos tres bloques se fragmenta la percepción ciudadana del eje confianza-desconfianza. Llama la atención que de una año a la fecha el Ejército bajó ligeramente su calificación de 8 a 7.8 en esta misma medición. En suma, buena parte de los actores de la política formal, la representación democrática del país, si es que así se puede denominan, los partidos y las dos cámaras del Congreso están reprobados en materia de confianza. En cualquier sentido, resulta complicado que una democracia funcione con estos actores tan mal apreciados por la ciudadanía.
Con estos antecedentes podemos entender de mejor forma la evaluación del Informe 2008 que presentó recientemente Latinobarómetro, medición que se hace en 18 países de América Latina. Se pueden resaltar algunas de las cifras particularmente preocupantes, por ejemplo, el crecimiento de una actitud de hartazgo o incluso de desesperación frente a las falsas promesas de una democracia que no ofrece resultados.
A la pregunta de si está de acuerdo con que exista un gobierno no democrático si resuelve los problemas económicos, hay un promedio latinoamericano de 53 puntos sobre 100, pero la nota de México es superior y se ubica en 61 puntos, el más alto es Paraguay con 69 puntos y el más bajo es Uruguay con 31. Ante los problemas económicos que cada día se agravan por la crisis, más los problemas de seguridad que señalamos antes, la perspectiva de salidas institucionales a los graves problemas resulta complicada. Otro de los datos de esta encuesta latinoamericana es la comprensión de que un sistema democrático garantiza libertades, pero no seguridad y bienestar, porque hasta la fecha la democracia en nuestros países no ha generado una mejor distribución del ingreso ni protección a los ciudadanos contra el crimen.
Quizá por ello en México sólo 23% piensa que la democracia que tenemos funciona mejor que en otros países. Año con año el apoyo a la democracia en México se deteriora, en esta ocasión el apoyo bajó cinco puntos porcentuales, y la satisfacción ha seguido deteriorándose; ahora llegó a niveles de sólo 23%, perdió ocho puntos porcentuales en el último año; además, sólo 17% considera que el sistema económico funciona bien.
Con este conjunto institucional plagado de incapacidades ahora hay oportunistas y demagogos que piden la pena de muerte. Sin embargo, lo más preocupante es que 70% de la ciudadanía está de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte (EL UNIVERSAL, 8/XII/2008). Imaginemos el desastre que sería la pena de muerte en México. Uno de los mayores retos es la reconstrucción institucional. ¿Por dónde empezar?
Investigador del CIESAS
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