Manuel Castells, La Vanguardia.comLa ocupación estudiantil de la Universitat de Barcelona y de la Universitat Autònoma de Barcelona, independientemente de la opinión sobre sus razones, tiene el enorme mérito de plantear mediáticamente el indispensable debate público sobre la universidad, la institución central de la economía y la sociedad. La universidad es esencial en la producción de conocimiento, fuente del crecimiento económico. Pero también es esencial para la equidad, porque la igualdad de oportunidades pasa por el acceso a una educación superior de calidad.
Además, es el único espacio donde hay una relativa libertad de pensamiento y creación, porque desde hace siglos los poderes económicos y políticos entendieron que sin libertad se seca la fuente de innovación de la que depende el progreso. Pero los poderes ideológicos y religiosos siempre intentaron aherrojar la universidad para imponer su pensamiento único. De ahí la carga emocional que conlleva todo debate sobre la universidad. Hay que conjugar pasión con confrontación de ideas, sin límites ni a prioris, para un diálogo que genere un proyecto innovador de universidad. Diálogo que, dicho sea de paso, excluye la negociación a golpes de expediente.
Debatamos, pues. Tras tres décadas como catedrático en la universidad española y en algunas de las mejores universidades del mundo, sigo percibiendo en muchas de nuestras universidades el predominio de los intereses corporativos y personales sobre los valores de la educación y la ciencia. Eso quiero decir a los estudiantes que se oponen al proceso de Bolonia que propone un espacio europeo de educación superior. Yo también critico ese plan. Pero tiene la ventaja de romper la rutina de un sistema burocratizado y en el que cada reforma ha cambiado todo para que todo siga igual. En la raíz de esa inercia está el control del Estado sobre las universidades, a través de los planes de estudio, del funcionariado docente y del presupuesto. La uniformidad estatista dificulta la diversificación de las universidades, frena la innovación y las nivela por su nivel más bajo. Y esa es mi crítica a una posible interpretación del proceso de Bolonia. Podría intentar extender la uniformidad estatal a la uniformidad europea so pretexto de hacer compatibles los programas. Pero eso no está decidido, depende de cómo use cada país y cada universidad los márgenes de autonomía que deja Bolonia. De ahí la urgencia del debate que exigen los estudiantes y que los rectores dicen haber emprendido. Hagámoslo. Pero no sólo en la universidad, sino también en la sociedad, porque a todos concierne la universidad.
En donde estoy en desacuerdo con los documentos que los estudiantes me dieron en mi visita a la universidad ocupada es en que Bolonia supone “la privatización y la mercantilización de la universidad”. Hay en el mundo universidades públicas, como mi Universidad de Berkeley, que reciben fondos de investigación y becas de empresas sin comprometer la independencia y la calidad de la enseñanza.
Las empresas saben que la autonomía universitaria es esencial para que les sirvan sus productos. Hay que conseguir incremento de la financiación pública y posibilidad de recabar financiación privada y programas con empresas que proporcionen una formación directamente útil en el mercado de trabajo. En Europa las universidades son y serán predominantemente públicas. Pero para servir a la sociedad, empezando por los estudiantes, han de ser capaces de gestión autónoma, lo cual pide fórmulas jurídicas sin las trabas de la administración pública. También necesitan autonomía financiera. Y ahí hay que romper tabúes.
Sería aconsejable aumentar el precio de las matrículas para que la parte más importante del presupuesto de las universidades dependa de la aportación de sus estudiantes y se vean obligadas a competir para atraer estudiantes ofreciendo mejor calidad y servicio. El Estado tiene que dar becas a todos los estudiantes que las necesiten. Precios públicos bajos para todos es una política regresiva, como demuestran los estudios internacionales, porque si los hijos de buena familia pagan lo mismo que los de familias modestas quiere decir que nuestros impuestos subvencionan a los más ricos. Equidad es que paguen todos más y que la mayoría reciba becas según el ingreso familiar.
Las universidades que no den buen servicio tendrán que darlo si no quieren que los estudiantes se vayan a las que funcionen mejor. Aguijoneadas por la búsqueda de recursos, dedicarán más esfuerzo a innovar en la enseñanza y a dar una formación útil que a pedirle al Estado café para todos. Ello exige renovar la gobernanza universitaria, empezando por la elección de los rectores. Las mejores universidades del mundo son las que gozan de autonomía de decisión, combinando en su gobierno la gestión académica descentralizada en manos de los profesores con la dirección estratégica y la necesaria disciplina por parte de la administración de la universidad. ¿Quién nombra entonces a los rectores? Patronatos de personalidades independientes nombrados por quienes aportan los recursos. En el caso de las universidades privadas, los donantes. En el caso de las universidades públicas, los parlamentos y gobiernos que administran nuestros impuestos. Pero, ya nombrados, patronatos, administradores y profesores gozan de autonomía para gestionar la universidad.
La elección de rectores por estudiantes y personal introduce un elemento político y demagógico que desestabiliza la institución universitaria. Pero su participación en las deliberaciones de los órganos del gobierno universitario es clave para asegurar la pluralidad y la democracia en la institución. Saber combinar el autogobierno de los profesores, la dirección de los administradores y la representación de estudiantes y trabajadores es la fórmula ganadora para una universidad capaz de adaptarse a un mundo en continuo cambio tecnológico y social. Pero si la universidad carece de capacidad económica y política para decidir su destino, los problemas se enquistan, la frustración aumenta, las empresas se alejan, los estados ordenan y los estudiantes, en justa correspondencia, ocupan los lugares en donde buscaban guía y encuentran hastío.
Además, es el único espacio donde hay una relativa libertad de pensamiento y creación, porque desde hace siglos los poderes económicos y políticos entendieron que sin libertad se seca la fuente de innovación de la que depende el progreso. Pero los poderes ideológicos y religiosos siempre intentaron aherrojar la universidad para imponer su pensamiento único. De ahí la carga emocional que conlleva todo debate sobre la universidad. Hay que conjugar pasión con confrontación de ideas, sin límites ni a prioris, para un diálogo que genere un proyecto innovador de universidad. Diálogo que, dicho sea de paso, excluye la negociación a golpes de expediente.
Debatamos, pues. Tras tres décadas como catedrático en la universidad española y en algunas de las mejores universidades del mundo, sigo percibiendo en muchas de nuestras universidades el predominio de los intereses corporativos y personales sobre los valores de la educación y la ciencia. Eso quiero decir a los estudiantes que se oponen al proceso de Bolonia que propone un espacio europeo de educación superior. Yo también critico ese plan. Pero tiene la ventaja de romper la rutina de un sistema burocratizado y en el que cada reforma ha cambiado todo para que todo siga igual. En la raíz de esa inercia está el control del Estado sobre las universidades, a través de los planes de estudio, del funcionariado docente y del presupuesto. La uniformidad estatista dificulta la diversificación de las universidades, frena la innovación y las nivela por su nivel más bajo. Y esa es mi crítica a una posible interpretación del proceso de Bolonia. Podría intentar extender la uniformidad estatal a la uniformidad europea so pretexto de hacer compatibles los programas. Pero eso no está decidido, depende de cómo use cada país y cada universidad los márgenes de autonomía que deja Bolonia. De ahí la urgencia del debate que exigen los estudiantes y que los rectores dicen haber emprendido. Hagámoslo. Pero no sólo en la universidad, sino también en la sociedad, porque a todos concierne la universidad.
En donde estoy en desacuerdo con los documentos que los estudiantes me dieron en mi visita a la universidad ocupada es en que Bolonia supone “la privatización y la mercantilización de la universidad”. Hay en el mundo universidades públicas, como mi Universidad de Berkeley, que reciben fondos de investigación y becas de empresas sin comprometer la independencia y la calidad de la enseñanza.
Las empresas saben que la autonomía universitaria es esencial para que les sirvan sus productos. Hay que conseguir incremento de la financiación pública y posibilidad de recabar financiación privada y programas con empresas que proporcionen una formación directamente útil en el mercado de trabajo. En Europa las universidades son y serán predominantemente públicas. Pero para servir a la sociedad, empezando por los estudiantes, han de ser capaces de gestión autónoma, lo cual pide fórmulas jurídicas sin las trabas de la administración pública. También necesitan autonomía financiera. Y ahí hay que romper tabúes.
Sería aconsejable aumentar el precio de las matrículas para que la parte más importante del presupuesto de las universidades dependa de la aportación de sus estudiantes y se vean obligadas a competir para atraer estudiantes ofreciendo mejor calidad y servicio. El Estado tiene que dar becas a todos los estudiantes que las necesiten. Precios públicos bajos para todos es una política regresiva, como demuestran los estudios internacionales, porque si los hijos de buena familia pagan lo mismo que los de familias modestas quiere decir que nuestros impuestos subvencionan a los más ricos. Equidad es que paguen todos más y que la mayoría reciba becas según el ingreso familiar.
Las universidades que no den buen servicio tendrán que darlo si no quieren que los estudiantes se vayan a las que funcionen mejor. Aguijoneadas por la búsqueda de recursos, dedicarán más esfuerzo a innovar en la enseñanza y a dar una formación útil que a pedirle al Estado café para todos. Ello exige renovar la gobernanza universitaria, empezando por la elección de los rectores. Las mejores universidades del mundo son las que gozan de autonomía de decisión, combinando en su gobierno la gestión académica descentralizada en manos de los profesores con la dirección estratégica y la necesaria disciplina por parte de la administración de la universidad. ¿Quién nombra entonces a los rectores? Patronatos de personalidades independientes nombrados por quienes aportan los recursos. En el caso de las universidades privadas, los donantes. En el caso de las universidades públicas, los parlamentos y gobiernos que administran nuestros impuestos. Pero, ya nombrados, patronatos, administradores y profesores gozan de autonomía para gestionar la universidad.
La elección de rectores por estudiantes y personal introduce un elemento político y demagógico que desestabiliza la institución universitaria. Pero su participación en las deliberaciones de los órganos del gobierno universitario es clave para asegurar la pluralidad y la democracia en la institución. Saber combinar el autogobierno de los profesores, la dirección de los administradores y la representación de estudiantes y trabajadores es la fórmula ganadora para una universidad capaz de adaptarse a un mundo en continuo cambio tecnológico y social. Pero si la universidad carece de capacidad económica y política para decidir su destino, los problemas se enquistan, la frustración aumenta, las empresas se alejan, los estados ordenan y los estudiantes, en justa correspondencia, ocupan los lugares en donde buscaban guía y encuentran hastío.
Tomado de: http://aquevedo.wordpress.com/
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