John M. Ackerman La Jornada/15 de diciembre de 2008
La intensa actividad legislativa que marcó el cierre del periodo ordinario del Congreso de la Unión la semana pasada dejó varios pendientes que son sintomáticos de la falta de conducción política del país. Los legisladores se echaron para atrás en la regulación de los bancos, se negaron a adecuar la Ley Federal de Radio y Televisión a las nuevas disposiciones en materia electoral, se rehusaron a aprobar modificaciones que evitarían la utilización política del gasto social y pararon en seco el intento de introducir una versión light del plebiscito y el referendo.
Muchas veces las omisiones dicen más que las acciones, y estas ausencias desnudan la timidez de la coalición gobernante que no se ha atrevido a poner un alto a los poderes fácticos o abrirse a la ciudadanía. La verdadera salida de la triple crisis (política, económica y de seguridad) en que nos encontramos, no podrá venir de la firma de “pactos” y “acuerdos”, sino de una profunda renovación de la clase política, así como de las formas de ejercer el poder público. Lamentablemente, seguimos anclados en la lógica de los acuerdos cupulares, donde el quid pro quo (“el toma y daca”) es la prioridad, mientras los cambios que necesita el país duermen el sueño de los justos.
La reforma que hubiera controlado algunos abusos de los banqueros ni siquiera abordaba el asunto de las comisiones e intereses leoninos que estas instituciones financieras cobran a una ciudadanía cada vez más empobrecida. La nueva ley simplemente se limitaba a “transparentar” estos abusivos cobros, poner límites a las llamadas telefónicas de hostigamiento crediticio y dotar de algunas facultades adicionales de control al gobierno. Aun así, los legisladores no se atrevieron a molestar a los señores del dinero.
Llama la atención el cinismo de Luis Pazos, titular del órgano federal responsable de defender a los usuarios de los bancos, quien en días recientes ha declarado que la posibilidad de establecer topes a las comisiones y a los intereses: “no va a dar resultados, es una posición equivalente a la pena de muerte”. Con este tipo de imposturas, el gobierno federal lleva el fetichismo del capital a su máxima expresión al dotar a los bancos de vida propia.
El próximo paso, quizás, sea inscribir la protección de las instituciones financieras en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cumplió 60 años precisamente el día de las declaraciones del funcionario.
El hecho de que la Ley Federal de Radio y Televisión todavía no refleja la reforma constitucional en materia electoral pone en riesgo la equidad de las próximas elecciones. Por ejemplo, esta norma aún no regula el nuevo régimen de transmisión de los anuncios de los partidos políticos ni desglosa las sanciones por incumplimiento. Con este boquete legal, los desacatos y los amparos de las televisoras estarán a la orden del día durante 2009, actitud que rápidamente podría provocar una crisis equivalente o peor a la de 2006.
Con respecto a la utilización de los programas sociales para fines políticos, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo han señalado como un grave riesgo para la democracia en el país. En abril pasado, el senador Graco Ramírez presentó una iniciativa que hubiera implicado un paso definitivo en la materia al prohibir la designación de políticos como delegados de la Secretaría de Desarrollo Social en las entidades federativas, así como incluir explícitamente en la Ley Federal de Responsabilidades la prohibición a la compra y coacción del voto.
Ante la falta de una ley reglamentaria de las nuevas disposiciones del artículo 134 constitucional que prohíben la propaganda gubernamental personalizada, esta iniciativa por lo menos hubiera ayudado a limitar la intervención gubernamental en el proceso electoral de 2009. Sin embargo, los senadores simplemente se negaron a dictaminar una edulcorada versión de esta iniciativa de ley.
En materia de plebiscito y referendo llama la atención lo limitado del alcance del dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado 4 de diciembre. Totalmente fuera quedaron las figuras de iniciativa popular y revocación de mandato.
Asimismo, el nuevo texto del artículo 26 de la Carta Magna dejaría exclusivamente en manos del jefe del Ejecutivo federal la facultad de convocar a un plebiscito. Para ser efectivos, estos instrumentos de democracia directa deberían ser convocados y dirigidos por la misma ciudadanía. De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en otra vía para la manipulación en lugar de alentar la participación ciudadana. Sin embargo, el PAN y el PRI ni siquiera estuvieron dispuestos a aprobar en el pleno esta versión sumamente light de la reforma.
En el complicado año de crisis económica y competencia electoral que se avecina, lo más probable es que todas estas iniciativas, así como la nueva Ley Federal de Transparencia, sigan brillando por su ausencia. Permaneceremos, como siempre, viviendo bajo el signo del elitismo y la impunidad.
Muchas veces las omisiones dicen más que las acciones, y estas ausencias desnudan la timidez de la coalición gobernante que no se ha atrevido a poner un alto a los poderes fácticos o abrirse a la ciudadanía. La verdadera salida de la triple crisis (política, económica y de seguridad) en que nos encontramos, no podrá venir de la firma de “pactos” y “acuerdos”, sino de una profunda renovación de la clase política, así como de las formas de ejercer el poder público. Lamentablemente, seguimos anclados en la lógica de los acuerdos cupulares, donde el quid pro quo (“el toma y daca”) es la prioridad, mientras los cambios que necesita el país duermen el sueño de los justos.
La reforma que hubiera controlado algunos abusos de los banqueros ni siquiera abordaba el asunto de las comisiones e intereses leoninos que estas instituciones financieras cobran a una ciudadanía cada vez más empobrecida. La nueva ley simplemente se limitaba a “transparentar” estos abusivos cobros, poner límites a las llamadas telefónicas de hostigamiento crediticio y dotar de algunas facultades adicionales de control al gobierno. Aun así, los legisladores no se atrevieron a molestar a los señores del dinero.
Llama la atención el cinismo de Luis Pazos, titular del órgano federal responsable de defender a los usuarios de los bancos, quien en días recientes ha declarado que la posibilidad de establecer topes a las comisiones y a los intereses: “no va a dar resultados, es una posición equivalente a la pena de muerte”. Con este tipo de imposturas, el gobierno federal lleva el fetichismo del capital a su máxima expresión al dotar a los bancos de vida propia.
El próximo paso, quizás, sea inscribir la protección de las instituciones financieras en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cumplió 60 años precisamente el día de las declaraciones del funcionario.
El hecho de que la Ley Federal de Radio y Televisión todavía no refleja la reforma constitucional en materia electoral pone en riesgo la equidad de las próximas elecciones. Por ejemplo, esta norma aún no regula el nuevo régimen de transmisión de los anuncios de los partidos políticos ni desglosa las sanciones por incumplimiento. Con este boquete legal, los desacatos y los amparos de las televisoras estarán a la orden del día durante 2009, actitud que rápidamente podría provocar una crisis equivalente o peor a la de 2006.
Con respecto a la utilización de los programas sociales para fines políticos, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo han señalado como un grave riesgo para la democracia en el país. En abril pasado, el senador Graco Ramírez presentó una iniciativa que hubiera implicado un paso definitivo en la materia al prohibir la designación de políticos como delegados de la Secretaría de Desarrollo Social en las entidades federativas, así como incluir explícitamente en la Ley Federal de Responsabilidades la prohibición a la compra y coacción del voto.
Ante la falta de una ley reglamentaria de las nuevas disposiciones del artículo 134 constitucional que prohíben la propaganda gubernamental personalizada, esta iniciativa por lo menos hubiera ayudado a limitar la intervención gubernamental en el proceso electoral de 2009. Sin embargo, los senadores simplemente se negaron a dictaminar una edulcorada versión de esta iniciativa de ley.
En materia de plebiscito y referendo llama la atención lo limitado del alcance del dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado 4 de diciembre. Totalmente fuera quedaron las figuras de iniciativa popular y revocación de mandato.
Asimismo, el nuevo texto del artículo 26 de la Carta Magna dejaría exclusivamente en manos del jefe del Ejecutivo federal la facultad de convocar a un plebiscito. Para ser efectivos, estos instrumentos de democracia directa deberían ser convocados y dirigidos por la misma ciudadanía. De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en otra vía para la manipulación en lugar de alentar la participación ciudadana. Sin embargo, el PAN y el PRI ni siquiera estuvieron dispuestos a aprobar en el pleno esta versión sumamente light de la reforma.
En el complicado año de crisis económica y competencia electoral que se avecina, lo más probable es que todas estas iniciativas, así como la nueva Ley Federal de Transparencia, sigan brillando por su ausencia. Permaneceremos, como siempre, viviendo bajo el signo del elitismo y la impunidad.
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