jueves, 11 de noviembre de 2010

La juventud y la Revolución Mexicana

María Herlinda Suárez Zozaya*
herlinda@servidor.unam.mx

EN los albores de la Revolución Mexicana, en un tiempo y contexto donde el único territorio reservado para la existencia juvenil eran los centros de estudio, la recién creada Universidad Nacional de México, junto con otros centros de educación superior, albergaban a los jóvenes privilegiados que contaban con los recursos para formar parte de la juventud mexicana que se estaba gestando. Los estudiantes universitarios aparecían frente a quienes entonces se adscribían a la identidad de revolucionarios bajo la representación de aristócratas y conservadores, simpatizantes con los valores del porfirismo. Pero esto, siguiendo lo expuesto por Soledad Loaeza en su libro Clases medias y política en México, no necesariamente era cierto.

Ciertamente, la mayoría de los primeros estudiantes universitarios mexicanos del siglo XX provenía de las filas de la clase media. En ese entonces esta clase social podía considerarse como la más progresista, revolucionaria y nacionalista. Claro está que entre ella había conservadores, pero la “nueva clase” más bien tenía como referencia ideológica central la tradición liberal y tenía más de un motivo para estar descontenta con el porfirismo. Entre 1900 y 1910 su nivel de vida había disminuido significativamente debido a la inflación y a que el gobierno introdujo una elevación general de impuestos. Cierto es también que los fraccionamientos característicos de la clase media se manifestaron entre la juventud naciente y que no puede hablarse de que frente a la Revolución los jóvenes mexicanos hayan tenido una reacción en bloque; de hecho, ni siquiera entre los ateneístas hubo una única postura.

Acerca del significado que tuvo el pensamiento y la actividad de los ateneístas para la Revolución Mexicana, existe polémica. En ella participaron intelectuales mexicanos de la más alta talla. Los pensamientos de Octavio Paz y Leopoldo Zea, por ejemplo, sostienen que los ateneístas fueron precursores ideológicos de la Revolución Mexicana. En oposición, Alfonso Reyes desplegó la tesis de que fueron un grupo cultural ajeno a la política. Incluso, escribió Reyes, que la Revolución Mexicana, a diferencia de las de Francia o Rusia, brotó de impulsos más que de ideas. La discusión sobre este asunto no ha acabado y en la actualidad todavía persiste. No es de ninguna manera banal y debe darse de manera seria, puesto que contribuye a crear representaciones y significaciones sobre uno de los movimientos sociales más importantes de la historia de México.

No es mi intención entrar en el debate sobre si la juventud ateneísta jugó un papel o no en la Revolución. Lo que a mí me interesa destacar aquí es que la llegada de la juventud al país, como concepto y anhelo de cambio que incorporaba ideas de progreso material y social y renovación moral, ligadas al desarrollo de la educación superior, contribuyó a dar fuerza a las tensiones que desencadenaron en el movimiento armado. Dicho de otra manera, las demandas por el paso de una generación a otra que era impedido por una gerontocracia fue uno más de los ingredientes detonantes del movimiento revolucionario. Justo antes de que estallara la Revolución se registraba en el país un proceso de creciente oligarquización que amenazaba con clausurar todos los canales de movilidad social. Además, las condiciones económicas del periodo dificultaban el acceso a un ámbito laboral que asegurara independencia económica. Si no había posibilidades de movilidad social ni de independencia económica, entonces ¿para que servía la educación superior y para qué iba a servir la recién creada universidad?

En los jóvenes nacidos a finales del siglo XIX, que para cuando dio inicio la Revolución Mexicana eran estudiantes de preparatoria, de otros centros de educación superior y de la recién creada universidad, o que aspiraban a serlo, la identificación con la idea de formar parte de la naciente juventud mexicana había generado expectativas respecto de su posición socioeconómica y su función política. Había propiciado en ellos, también, aversión contra un poder corrupto, patriarcal, autoritario y caduco que en vez de abrirles opciones, se las cerraba. Así que las frustraciones y aversiones de estos entonces jóvenes, seguramente, nutrieron los conflictos sociales y políticos del periodo.

Terminado el movimiento armado, los cambios se dieron y la juventud mexicana se llenó de esperanza. El hecho de que la educación de los jóvenes se haya convertido en un compromiso social incorporado al acervo de símbolos y de lealtades colectivos, es muestra de que para la juventud mexicana el movimiento social trajo ganancias. Pero ahora, que ya han pasado 100 años, encontramos que los (as) jóvenes, universitarios(as) y no, que nacieron a fines del siglo XX, se encuentran con escasas expectativas respecto del futuro que el país les ofrece y con aversión frente a los gobernantes y sus políticas que no respetan, entre muchas otras cosas, el compromiso educativo que tienen con la juventud.

La experiencia descubre la importancia de atender las frustraciones y desconfianzas de los jóvenes universitarios, y de la juventud en general, en contextos de crisis económicas y de anuncios de cambio de época. Pero lo que parece es que los poderosos de hoy desconocen la historia.

* Investigadora del CRIM, profesora de la FCPS, miembro del Seminario de Educación Superior y del Seminario de Juventud de la UNAM.

Movimiento Nacional a favor de la Desmilitarización


“Movimiento Nacional a favor de la Desmilitarización”

Ciudad Juárez Chih., a 9 de noviembre de 2010

A l@s estudiantes
A l@s trabajad@s
A las organizaciones sociales
A tod@s los mexican@s hartos de tanta injusticia e impunidad

La Asociación Estudiantil Juarense, asamblea que surge como respuesta al intento de asesinato del compañero estudiante de Sociología Darío Álvarez (quien recibió un disparo por la espalda por parte de la Policía Federal dentro de nuestro campus universitario), en el afán de difundir lo que realmente sucedió, mantener nuestra exigencia de justicia, repudiar la presencia de PF y del ejército en las calles, así como para poder acabar con el cerco mediático en que nos encontramos, convocamos al inicio del “Movimiento Nacional a favor de la Desmilitarización” teniendo como fecha de partida el 20 de Noviembre del año en curso.
Compañer@s, los exhortamos, en la medida de sus posibilidades, a sincronizar nuestras acciones, a difundir lo sucedido el 29 de octubre y que nos respalden en nuestra de manda por el retiro de la PF de nuestra ciudad y por el regreso de los militares a sus cuarteles. Sabemos que muchas de ustedes dentro de sus agendas ya tienen movilizaciones previstas, por lo que les pedimos incorporen, de ser posible, nuestras demandas. Nuestras razones las podrán encontrar próximamente en http://aej2010.wordpress.com/

En ciudad Juárez iniciaremos este 20 de Noviembre con la marcha “A favor de la Desmilitarización: Por una vida sin miedo; una Revolución sin armas” recorreremos La Av. De las Torres, Iniciando en Plaza Las Torres y terminando en el Monumento a Francisco Villa. La concentración será en Plaza Las Torres a la 1:30 PM. Se propone finalizar el acto con un mitin a micrófono abierto para emitir posicionamientos por organización, célula o instituto educativo. sabemos que muchas de ustedes dentro de sus agendas ya tienen movilizaciones previstas, por lo que les pedimos incorporen de ser posible nuestras demandas.
En la medida de las posibilidades difundir la información de las movilizaciones en foros, universidades y demás espacios. Difundir las fechas de sus acciones y las relatorías de sus encuentros.

Si nos dan a un@, nos dan a tod@s!!

Asociación Estudiantil Juarense



Foro internacional contra la militarizaciòn y la Violencia
29 , 30 y 31 Octubre 2010

www.jzmov.com/porunaculturadiferente


A 42 años de la matanza de estudiantes por parte del gobierno,
2 de octubre no se olvida!!!
Juárez no es cuartel fuera ejército de él!!!

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Sobre abogados

Sergio Aguayo Quezada
Reforma/10 de noviembre de 2010

Al quebranto ético hay que añadir el creciente cinismo de quienes nos gobiernan. Urgen soluciones y las busco en el mundo de la abogacía.
El futuro de los pensionados está en riesgo. Mientras bancos e instituciones financieras se dan un festín con el cobro de comisiones de las Afores, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están al borde de la bancarrota. Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones ya se enzarzaron en una competencia discursiva sin reparar en que ambos permiten el cuotismo y el saqueo del ISSSTE
y del IMSS.
En su primer día como Presidente, Vicente Fox entregó el ISSSTE al grupo político de Elba Esther Gordillo, y Calderón le refrendó la "posición". El Partido Verde Ecologista de México nunca aparece en las luchas ambientales pero es una lumbrera para hacer negocios; en alianza con el PRI y con Nueva Alianza aprobaron la llamada "Ley Simi", una reforma a la Ley del Seguro Social según la cual el IMSS entregará vales para adquirir las medicinas en farmacias
privadas; eso beneficia a los negocios de la familia controladora del Verde (Sara Cantera, Reforma, 5 de noviembre de 2010).
¿Cómo enfrentar la desvergüenza institucionalizada? Comprendiendo los engranajes y resortes que la hacen posible. Todos conocimos al joven idealista que vibraba de indignación ante las injusticias y que terminó chapoteando en la corrupción y el cinismo. Es una historia que se ha seguido reproduciendo durante la alternancia.
Luis Fernando Pérez Hurtado escribió un libro sobre los estudiantes de derecho
(La futura generación de abogados mexicanos, México, UNAM/CEEAD, 2009). Es un trabajo importante porque de los licenciados depende la existencia de un Estado de derecho y porque ésa es la profesión que profesa un importante número de políticos. Según una investigación de Esteban David Rodríguez, de los 432 diputados federales con licenciatura ¡149 son abogados! y 42 senadores con esa profesión de 128.
La abogacía sigue siendo atractiva para los jóvenes; la cursa 9% de todos los estudiantes de educación superior. De acuerdo con Pérez Hurtado esto se debe a que es relativamente fácil impartir la carrera en México porque basta con el reconocimiento oficial, unos cuantos salones, una biblioteca modesta y una planta docente generalmente mal pagada.
Pérez Hurtado entrevistó a 21 mil 798 estudiantes de 45 instituciones educativas y encontró que uno de cada cinco (17.5%) se interesaron por el derecho porque les hervía la sangre ante la injusticia, la corrupción y la impunidad. A uno de ellos le mataron al papá y como "no hubojusticia contra los asesinos" pensó en estudiar leyes, mientras que otros lo hicieron al ver la
"discriminación contra los indígenas". Convencidos de la urgencia de que México tenga "abogados preparados y honestos" entraron a las escuelas de leyes para "ayudar", para ser parte de la solución.
Su entusiasmo e idealismo iniciales los fueron perdiendo mientras cursaban la carrera. Tomo algunas frases particularmente reveladoras: "[estudié derecho] para ayudar a las personas que lo necesiten y para llevar a cabo la justicia, aunque creo que me equivoqué, porque no es como creía"; "creí encontrar la solución de algunos problemas, hoy me doy cuenta que me equivoqué"; "tenía la idea de justicia, ahora no".
¿Qué experiencias tuvieron en las aulas para terminar tan desencantados? Tropezaron con un sistema jurídico, burocrático y político -dentro y fuera de las aulas- que los fue doblegando, cuadriculando y forzando a adaptarse al orden establecido. Se rindieron y capitularon cuando se dieron cuenta lo poco que podían hacer. Dejaron de ser agentes de cambio y se transformaron en
reproductores de los antivalores del cinismo y la impunidad que hacen posibles la "Ley Televisa", la "Ley Simi", el saqueo de las pensiones, etcétera.
Aun así, es igualmente notable el número de jóvenes que egresa con su compromiso intacto, que lo mantiene porque hay instituciones oficiales, privadas y sociales auténticamentecomprometidas con el cambio. Me consta que hay muchos abogados íntegros; trabajo con ellos todo el tiempo. También hay programas que mencionaré en otra columna.
La norma es el quebranto ético de una profesión desprestigiada que requiere renovarse a fondo. Cualquier reforma en los planes de estudios requiere de una cruzada contra la corrupción y un reajuste al entramado jurídico que ahora permite el florecimiento de esas turbas de cínicos que nos asfixian.

La Miscelánea

Los diputados pueden corregir en estos días la escasez de presupuestos que padece el Archivo General de la Nación (AGN). En 2007 el AGN recibía una sexta parte de lo que Chile dedica a sus archivos nacionales. Una vergüenza nacional que eso suceda.


El capricho de los vientos


Jesús Silva-Herzog Márquez
8 de noviembre de 2010

La paliza que recibió el presidente Obama el martes pasado tiene dimensiones históricas. No fue el coscorrón común que reciben los gobernantes estadounidenses a la mitad de su gobierno. Fue una auténtica tunda. En momentos en que el desempleo llega a los niveles más altos en un cuarto de siglo, el rechazo al partido en el gobierno era esperado. Los números registran un revés inusitado para un presidente y un castigo extraordinario para el Partido Demócrata. Para los miembros de ese partido hay muchos motivos de preocupación. Los vientos no solamente soplaron hacia la derecha, le arrebataron territorios tradicionalmente seguros y apartaron a simpatizantes fieles de sus filas. Los independientes, ese sector clave para la victoria de hace un par de años, se inclinó ahora por los republicanos. Tras aquella votación, algunos comentaristas se adelantaron a decretar un cambio tectónico en la política norteamericana. La victoria de los demócratas significaría un desplazamiento de las placas del subsuelo político. El cambio duró apenas unos meses. Ese país que se movía a la izquierda, se inclina ahora a la derecha. Interesante lección: en democracias son infrecuentes esos desplazamientos tectónicos que el análisis instantáneo se apresura a decretar. Impera, más bien, el capricho de los vientos.

La política puesta a prueba de su compleja ingeniería. La Casa Blanca en manos demócratas; la Cámara de Representantes con franca mayoría republicana y el Senado con una encogida mayoría demócrata. Lo único que salvó a los demócratas de la debacle, fue el haber logrado mantener el control del Senado. A los radicales del té y, en particular a Sarah Palin, deben ese obsequio. Sus ultras resultaron exitosos en las primarias pero fracasaron en la elección constitucional. No solamente ha habido en un franco desplazamiento a la derecha; también se ha atizado la polarización. Al tiempo que la cámara baja cambió de manos, también debilitó su centro. Los moderados fueron barridos por los radicales. El calendario parece ser también adversario de la moderación e, incluso, repelente a la colaboración con el Presidente Obama. Buena parte de los legisladores demócratas que enfrentan la perspectiva de su reelección en 2012, se ubican en distritos en donde la derecha se ha fortalecido recientemente. Tenderán, inevitablemente, a apartarse de la agenda del presidente. Tomemos nota para que no haya sorpresas si cambiamos nosotros. La reelección podrá tener muchas virtudes pero de ninguna manera asegura cooperación en el ámbito legislativo. La reelección también puede desalentar la cooperación cuando ésta resulta electoralmente costosa.

Se escucha en Estados Unidos la tentación de comparar esta elección con la del 94 cuando, el presidente Clinton recibió un revés en una elección semejante. El paralelo es interesante. Recuerda que las derrotas no son irreversibles y que una derrota a tiempo puede llegar a ser una bendición. Pero las diferencias son también notables. En primer lugar, el partido republicano no es el partido unificado que fue hace dieciséis años. No tiene el ansioso liderazgo que tenía bajo el diputado Newt Gingrich, convencido de que el voto le había dado un mandato claro para estrangular al demócrata al punto de cerrar el gobierno. La habilidad de Clinton y la torpeza de Gingrich dieron a los demócratas una nueva oportunidad con la reelección del sureño un par de años después de que se le daba ya por muerto. Hoy los republicanos están unidos solamente por su antipatía a Obama y unos cuantos lemas pero carecen de una agenda clara y de un liderazgo firme. Los radicales del té, exitosos para movilizar la desconfianza en el gobierno, difícilmente pueden conectar con el votante medio que es necesario para conquistar una elección nacional. En el flanco republicano hay famosos, pero no dirigentes. Más aún: parece que han estudiado también la lección del 94, por lo que no estarán en camino de obsequiarle a Obama sus tonterías.

La carrera sucesoria empezó el miércoles. Mal harían los demócratas si apuestan al error del adversario y no asumen el imperativo de cambiar y sobre todo, la urgencia de echar a andar la economía. Dos incógnitas se abren este interesante experimento: ¿qué uso darán los republicanos a su victoria? ¿Qué lecciones extrae el presidente de este revés? Si piensa Obama que el único problema que tiene es una mala comunicación está en el camino equivocado. Al reconocer su derrota, asumió responsabilidad y se expresó con humildad para reconocer el castigo de los votantes. No fue, sin embargo, particularmente autocrítico. Algún simpatizante en la prensa preguntaba, ¿dónde quedó el líder que nos fascinó hace pocos meses? Otro dijo: Obama perdió la voz. Si voz era lo único que tenía Obama, no tenía nada.

Freno al ciclo progresista

Alberto Aziz Nassif
El Universal/9 de noviembre de 2010

La rapidez con la que el péndulo ha regresado y los conservadores han ganado las elecciones en Estados Unidos el pasado 2 de noviembre es sorprendente. El ciclo progresista que abrió el triunfo de Obama, hace sólo dos años, hoy está seriamente amenazado. La agenda de grandes cambios legislativos sobre medio ambiente y migración tendrá que guardarse en el cajón para mejores tiempos, así como una política exterior multipolar. ¿Qué explica este contundente viraje del electorado hacia la derecha?

Las encuestas previas a la elección anunciaron un realineamiento del electorado, por un lado, una gran participación y entusiasmo en el conservador Partido Republicano, sobre todo en su nuevo agregado el extremista, el Tea Party, un fenómeno racista, xenófobo y articulado con mucho dinero que hizo la campaña anti-Obama. Por el otro, una gran decepción y descontento en el lado demócrata por los estragos que ha dejado la crisis económica, el alto nivel de desempleo, la pérdida de viviendas, el cierre de empresas y la percepción de que las promesas de cambio no se han cumplido.


La serie de encuestas elaboradas por The New York Times y CBS News nos muestran cómo cambió la tendencia entre principios del 2009 y octubre de 2010: mientras que hace dos años la aprobación presidencial era de 62%, ahora sólo es de 45%, pero la desaprobación que entonces era de 15% ahora llegó a 47%. Sobre si el país va en la dirección correcta, bajó de 45% a 35% y los que piensan que Estados Unidos va en la dirección incorrecta llegó a 61%. Sobre la actuación del Congreso la evaluación es más drástica, sólo lo aprueba un 14% y la desaprobación llega al 76%. Esta percepción llevó a que los demócratas perdieran 60 escaños para quedar en una minoría de 186 escaños en la Cámara baja, mientras que los republicanos subieron hasta 239; en el Senado los demócratas perdieron seis puestos para quedar en 53 y en las gubernaturas el partido de Obama perdió nueve estados (The New York Times, 4/11/2010).


El presidente reconoció la “paliza” y asumió la responsabilidad, algo que deberían aprender los políticos mexicanos. En su discurso identificó algunas de las causas de la derrota, como el haber perdido la “conexión con la gente”; la enorme “frustración” de los electores frente a una crisis económica que sigue presente; reconoció también lo complicado de algunas medidas que tomó para rescatar empresas, con lo cual subió el endeudamiento. Con una economía en problemas, el costo es para el gobierno. Por las políticas de rescate el gobierno de Obama fue acusado absurdamente de ser “socialista”. La otra parte del análisis tuvo que ver con la mala química que ha tenido este gobierno con el medio empresarial. Sin duda, vienen tiempos complicados para Estados Unidos. Lo más probable es un crecimiento en la polarización de los electores, porque ahora el “Tea Party” considera que ya le quitaron a Obama un pie para que pueda reelegirse en 2012.


Esta paliza no necesariamente lleva a un escenario de derrota en 2012 para los demócratas. Como está documentado, en las elecciones intermedias suelen darse cambios de votos y derrotas para el partido en el gobierno. Se recuerdan particularmente los casos de Reagan y Clinton, ambos perdieron los comicios de medio término y dos años más tarde lograron la reelección. Algunos analistas han llamado a este fenómeno “el voto de la pataleta” (El País, 3/11/2010).


Sin embargo, no se puede dejar de lado que habrá cambios importantes en la vida interna y en la política externa de Estados Unidos. Se habla de una complicada relación entre el Congreso y el presidente que puede llevar a una parálisis, sobre todo en temas importantes como podría ser el de la migración. Para el interés de México se puede anticipar un probable endurecimiento al movimiento migratorio, sobre todo en algunos estados de la frontera que puede imitar lo que hizo Arizona.


En las próximas semanas se podrá ver en qué se traduce la autocrítica de Obama y las posibilidades de volver a lanzar su proyecto rumbo a la reelección para el 2012. Sin duda, será una operación complicada volver a conquistar al electorado que lo llevó a la Casa Blanca, sobre todo por el contexto de una economía que no ha podido dejar atrás la crisis. El presidente tendrá que volver a conectarse con los electores independientes y progresistas y desarrollar una mejor estrategia de comunicación, pero también tendrá que dar resultados que se vean en el bolsillo del votante. Sólo así podrá darle continuidad al ciclo progresista que inició en 2008 y que hoy está seriamente amenazado.

Investigador del CIESAS

¿Listos para la cordura?

Sara Sefchovich
EL Universal/7 de noviembre de 2010

La palabra cordura, según el Diccionario de la Lengua Española, significa prudencia, buen seso, juicio. La palabra sensatez significa lo mismo: prudencia, cordura, buen juicio. Las dos palabras sirven por igual para traducir el vocablo “sanity”, que fue el que usaron los convocantes a un mitin “Para restaurar la cordura”, que se llevó a cabo en Washington, el fin de semana anterior a las elecciones intermedias en Estados Unidos y al que acudieron unas 200 mil personas, “una de las manifestaciones más grandes en tiempos recientes” según el periodista David Brooks.

La manifestación tuvo como objetivo señalar el hartazgo con el hecho de que el discurso público se haya convertido en apocalíptico, es decir, destinado a instaurar el temor y a que la política sea una arena para señalar enemigos e instigar contra ellos, insultando y amenazando. Pero sobre todo, para hacer hincapié en la necesidad de que la vida pública y la política sean más mesuradas y menos crispadas.

En la convocatoria se preguntaba: “¿Quién no ha tenido ganas de asomarse a la ventana y gritar a todo pulmón: ya no soporto más, ya no voy a seguir aguantando esto?” Pero la respuesta que se daba era del todo inesperada: “La gente que cree que gritar sirve de algo, debería saber que es contraproducente.” Lo que este evento puso sobre la mesa es muy significativo.

-Primero, porque hace evidente que cuanto más se discursea sobre pluralidad, respeto y tolerancia, más se convierte a la diferencia en enemistad y a la discordancia en pleito.

-Segundo, porque demuestra que a pesar de la existencia de un discurso público en el que parecería que vivimos en el puro horror, como si ya nada funcionara, en la realidad millones de personas seguimos viviendo y conviviendo.

-Tercero, porque muestra que existe una gran cantidad de personas que vemos el ping-pong político pero no tenemos voz ni participación en él. Y de hecho, somos la mayoría, silenciosa pero no porque no tengamos nada que decir o porque no nos interese decirlo, sino porque como dice Jon Stewart, el presentador de televisión que convocó la manifestación, porque está ocupada trabajando (o buscando trabajo), y atendiendo sus obligaciones y ocupaciones.

-Cuarto, porque como también dice Stewart, y esto es lo más interesante, esa mayoría está compuesta por millones de personas que no tienen la misma opinión respecto a nada: “Si quisiéramos resumir su forma de pensar no podríamos y eso es precisamente lo que buscamos”.

Esto significa que la verdadera pluralidad consiste en librarse del fundamentalismo de que debe existir la opinión única o la ruta única (las cuales por cierto, en su celo exagerado terminan pareciéndose demasiado entre sí, sean de extrema derecha o de extrema izquierda, como se burla Alberto Isaac en una caricatura reciente aparecida en la revista Este país) y que le han hecho enorme daño a la humanidad y no combinan para nada con la democracia y la libertad de pensamiento y expresión.

Pero significa también que en lo que sí están de acuerdo esos millones de personas, es en no estar de acuerdo de manera total con ninguno de los extremos vociferantes ni con el tono de los discursos, los pleitos, las actitudes de no ceder un ápice y el derecho que se arrogan esos grupos de hablar en nombre de nosotros y de sentirse portadores de las buenas causas y peor aún, representantes del todo colectivo, con una supuesta misión de cuidadores de los intereses de la patria, la institución, el grupo social o cualquier tema o asunto del que se trate.

-Y por fin, porque hace ver que no sólo deben escucharse las voces de los que gritan, sino también las de los demás aunque no sean estridentes ni amenacen con el apocalipsis a la vuelta de la esquina.

“¿Están ustedes listos para la sensatez?” preguntó Stewart a los asistentes. La respuesta era obvia porque por eso habían acudido al mitin, pero de todos modos, tuvo que resonar el sí para que se convirtiera en compromiso. ¿Estamos nosotros en México listos para la cordura? ¿Seremos capaces de restaurar la sensatez?

sarasef@prodigy.net.mx

Escritora e investigadora en la UNAM

Lujambio, ¿Y el valor de la palabra?


Manuel Gil Antón
El Universal/7 de noviembre de 2010

El maestro Lujambio dijo, el 29 de septiembre, que “en la democracia se necesita de hombres y mujeres de palabra, que saben hablar y escuchar, pero también cumplir la palabra empeñada”. El valor de la palabra para el secretario de Educación tiene dos componentes. Por un lado, la capacidad de hablar junto a la virtud de escuchar y, por el otro, el compromiso de cumplir con lo que se ha comprometido quien habla. Lleva mucha razón.

La democracia es un régimen que reclama la argumentación, intercambiar ideas y razones, debatir. Aunque a veces sea ríspido, es mucho mejor que acatar las órdenes de quien manda por el hecho de tener el poder. Esta característica fortalece, y mucho, a la rendición de cuentas, pues no sólo los contendientes políticos, sino cualquier ciudadano, una vez empeñada la palabra por la autoridad, está en condiciones de revisar si se cumple con lo dicho e, incluso, si con responsabilidad se expresan las razones por las cuáles no se logró determinado objetivo.

Resulta incoherente que el titular de la Secretaría de Educación no se haga cargo de la palabra empeñada por la administración a la que sirve y que procure aparentar que sí cumplió con lo dicho, aunque para ello tenga que torcer las cifras y apostar al olvido de los ciudadanos. Hay que reivindicar la memoria. Es, también, un elemento básico del debate informado.

Al iniciar la actual gerencia sexenal, el Presidente había hecho el compromiso de elevar la Tasa de Cobertura en Educación Superior al menos a 30%. Vázquez Mota, cuando ocupó el despacho de Vasconcelos, coordinó los trabajos del Plan Sectorial Educativo. En este documento se puso como meta alcanzar, en efecto, 30% de cobertura en 2012, tomando sólo en consideración a la “matrícula escolarizada” y sin el posgrado. Recuerdo y confirmo: “no escolarizada” (p. 17, accesible en el portal de la SEP).

En ese entonces, 2006/2007, tal indicador era 24.3%. El compromiso asumido fue incrementarlo casi 6 puntos porcentuales, lo que conducía a incorporar en ese nivel alrededor de 550 mil jóvenes en el sexenio.

De acuerdo a las cifras oficiales, tenemos 2.65 millones de muchachos si se respetan los criterios establecidos, es decir, si se cumple la palabra empeñada: no incluir al posgrado ni poner en la cuenta a la matrícula no escolarizada. Se han abierto, entonces, cerca de 250 mil lugares más, y la Tasa de Cobertura ascendió al 26.8%. ¿Por qué, en el IV Informe de Gobierno y en muchos discursos, el Presidente y el secretario se han jactado de que la tasa es ya del 29.1%?

Si se analiza la información que emite la SEP (Formato 911) es claro que las autoridades hacen trampa. Y de las más burdas aprovechando que tener memoria y atender a las cifras no es hábito recurrente en la construcción de crítica: en el Informe han incluido a la matrícula no escolarizada, que suma poco más de 227 mil estudiantes. Hagamos cuentas: 250 mil espacios escolarizados más 227 mil no escolarizados da 477 mil nuevos lugares. Si a los 2.4 millones del inicio del sexenio les sumamos los 477 mil, nos da 2.9 millones aproximadamente. Si se compara con los casi 10 millones de jóvenes entre 19 y 23 años de edad, como magos de la chistera sacan el 29.1%. ¡Pero han incluido, incorrectamente, el equivalente a dos entradas completas en el Estadio Azteca, cuyo aforo es de 110 mil personas! De ese tamaño es la “inflación” de las cifras para aparentemente alcanzar las metas. Ese es al número de personas, 227 mil, que separan al correcto 26.8 del 29.1% inventado.

No hay otro nombre para tal proceder: demagogia. Para colmo, la autoridad educativa celebra que la tasa del 30% será conseguida antes de lo previsto, no en el 2012. Claro, si se cambian los criterios y se “cucharean” las cifras a modo, se puede lograr. ¿Dónde está, señor Lujambio, el cumplimiento de la palabra empeñada que usted reivindicó en su discurso como elemento de la democracia? Ahí, en las palabras, pues en los documentos oficiales y en la propaganda fácil, considerando que nadie pone atención ni lleva las cuentas, ha incumplido con los criterios establecidos y nos conduce, de nuevo, al viejo régimen: “¿Cuál es la Tasa de Cobertura en el país? La que usted quiera, señor Presidente.”

¿El túnel del tiempo? Quizá sólo el agujero de siempre. ¿Transparencia? Sí. Es nítida la manipulación de los datos, pero ¿quién rinde cuentas de este maltrato a Pitágoras? Nadie. Es eso lo que cala. Y es lo que debería llamar a cuentas.

Profesor de El Colegio de México

Los enemigos de la transparencia

Darío Ramírez
El Universal/6 de noviembre de 2010

El deterioro de las instituciones públicas en México se alimenta de la impunidad y opacidad. La falta de transparencia genera incertidumbre y perpetúa un sistema social inequitativo, donde unos cuantos gozan de privilegios indebidos, donde el gasto público se confunde con privado, donde los que más tienen siguen aumentando sus riquezas, donde las políticas públicas anquilosan prácticas de mal gobierno. La libertad de conocer a fondo el actuar del gobierno, es fundamental para erradicar la corrupción que a su vez frena el desarrollo y modernidad del sistema político, económico y social del país. La transparencia no es un capricho, es una necesidad si queremos avanzar a un régimen democrático donde la igualdad de oportunidades y no discriminación sean pilares fundamentales de la sociedad.

Entonces, la pregunta simple pero fundamental es ¿quién se beneficia con la opacidad y quién no la quiere? Lo obvio es pensar que la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, incomoda a las autoridades. Por ello, no sorprende que sean instituciones públicas las que busquen vericuetos y artilugios legales para acotar nuestra libertad de acceder a la información pública. Después de un vertiginoso desarrollo, el sistema de transparencia y acceso a la información está siendo ferozmente atacado por aquellos sujetos que apuestan por acciones de gobierno cubiertas por un manto de opacidad y de impunidad. La realidad nos señala que sigue habiendo actores públicos, quienes se resisten a que se instale un efectivo sistema de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Su perverso objetivo es mantener el status quo y debilitar el derecho de la ciudadanía a conocer su información pública.

La alarma hoy es porque los enemigos de la transparencia han ganado terreno. Han diseñado y avanzado en el camino para debilitar nuestras libertades. Hoy el deporte es pegarle al IFAI. Cada vez más autoridades públicas retan la autoridad del Instituto. Vale la pena señalar que dichas autoridades forman parte del ejecutivo federal. Por ejemplo, las autoridades con mandatos relacionados con la materia fiscal y las autoridades de procuración de justicia son las que más que frecuentemente combaten las resoluciones del Instituto, mediante juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que también forma parte del Ejecutivo; o mediante amparos interpuestos ante el Poder Judicial. Los alegatos legales son sólo para minar la autoridad del IFAI y negar la información. La práctica ya es común, de 6 amparos y juicios de nulidad que el IFAI reportó que fueron interpuestos en 2006, la cifra había aumentado para 2008 a 26 resoluciones suspendidas por la interposición de juicios de amparo y nulidad. Durante 2009 se interpusieron 15 juicios de amparo y nulidad. Cada uno de ellos con un objetivo: negar la información.

El último enemigo de la transparencia en mostrarse fue el SAT, el que con perversa ayuda de la CNDH logró un acto conciliatorio, el cual le allanó el camino para que el SAT dejase de cumplir con una resolución que le ordenaba revelar los nombres de los contribuyentes (559 mil personas y empresas) que tuvieron la cancelación de créditos fiscales en 2007, por un total de 74 mil millones de pesos (esto representa, aproximadamente, cinco veces más que el presupuesto anual de Oportunidades) ¿Quién pierde al no conocer la lista de nombres de personas físicas y morales que gozaron de la dicha de no pagar impuestos? Sin duda, la sociedad. Independientemente, si la CNDH tiene argumentos para haber hecho lo que hizo, su acción le ha dado santuario a actos opacos, discrecionales y corruptos. Así dejó de lado el interés de la sociedad.

Los enemigos de la transparencia comienzan a desenmascararse, provenientes de todos los partidos y en todos los niveles de gobierno. A los actos aquí descritos, se les tiene que sumar infinidad de artimañas para negar información o desalentar su uso. Los golpes contra el IFAI no son esporádicos, responden a una estrategia. Debemos recordar que fue la sociedad civil la que ganó y logró imponer estas libertades en nuestras leyes. Parece ser momento, nuevamente, para que esa sociedad civil cierre filas y defienda nuestro derecho a conocer nuestra información pública. Nadie más lo podrá hacer por nosotros, la responsabilidad de preservar nuestros derechos y libertades ante los opacos y corruptos es nuestra. ¿Qué vamos hacer?

Coordinador de Artículo XIX, capítulo México

viernes, 29 de octubre de 2010

Juventudes y universidades mexicanas, más allá de la edad

María Herlinda Suárez Zozaya*
herlinda@servidor.unam.mx

Ya hemos dicho en Campus anteriores que en México la aparición de la Universidad Nacional coincide, prácticamente, con la aparición, en el escenario nacional, de la juventud. Hay que recordar que en su formulación germinal y más general el criterio etario para definir lo que se entiende por juventud es insuficiente. La concepción y el significado de esta palabra sólo pueden desentrañarse dentro de contextos históricos, porque son éstos los que producen y reproducen a quienes la piensan, como etapa de la vida y/o clase de edad, y a quienes se les representa y se identifica como miembros de las nuevas generaciones.

La juventud es un invento de la sociedad moderna y a México llegaron ambas en los albores del siglo XX; justamente por ello se hizo necesario que el país contara con una universidad. Sin ella, ni la sociedad moderna ni la juventud podían haber sido producidas ni reproducidas.

Tanto la universidad como la juventud mexicanas son productos y aspiraciones de las élites; no podría haber sido de otra manera. Podríamos calificar de milagro si es que hubiera sucedido que “el pueblo” mexicano de principios del siglo XX hubiera estado preocupado por el acceso a la educación superior de las nuevas generaciones. En ese momento más de 70 por ciento de la población mexicana no sabía leer ni escribir y la esperanza de vida al nacer ni siquiera llegaba a los 30 años de edad. ¡Imagínese nada más! Con una formación y una vida tan cortas, ¿quién iba a interesarse en apoyar la creación de una universidad?, ¿quién iba a pensar que a la edad de 20 años se era joven?

La urgencia “del pueblo” estaba puesta en la necesidad de adquirir las habilidades básicas para entablar comunicación más allá de los ámbitos domésticos y, sobre todo, en sobrevivir. Por ello, en 1910, cuando dio comienzo la lucha revolucionaria varios grupos sociales atendieron al llamado del Plan de San Luis y “el pueblo” se sumó a ellos. En cambio, tal y como lo expresó Justo Sierra, el proyecto universitario no contó con el apoyo popular. “El pueblo” mexicano no tenía conciencia moderna y no estaba en él la voluntad de tener una universidad, ni tampoco de forjar una juventud mexicana.

Para cuando se fundó la universidad, Justo Sierra tenía más de 60 años, podríamos decir que era un superviviente. Claro está que había sobrevivido porque Sierra estaba lejos de pertenecer “al pueblo”; formaba parte de la élite y de la “gerontocracia” que, junto con Porfirio Díaz, gobernaba el país cuando la universidad fue fundada. Con todo, nada menos cierto que afirmar que, en su origen moderno, el proyecto de la institución universitaria mexicana es un proyecto de viejos. Hay que recordar que los ateneístas, quienes reivindicaron para sí la pertenencia a la juventud, se plantearon como horizonte la fundación de una universidad nacional, pública y laica. Esto no es un dato menor, pues la historiografía sugiere que, en ese momento en México, nadie más que Justo Sierra tenía interés de fundar una universidad, pero la historia cuenta otra cosa: Pedro Henríquez Ureña, hacia 1908, en una carta1 que le envió a Alfonso Reyes, escribió, refiriéndose a la universidad: “o la fundan o la fundamos”. Y en los escritos de Henríquez Ureña también se encuentra el reconocimiento explícito de la responsabilidad ateneísta de construir, para México, una juventud. En 1913, el literato dominicano escribió: “llegué yo a México en el momento mismo en que se definía la juventud. Hasta entonces sólo había existido como grupo adscrito a la Revista Moderna”. Tanta era la importancia que estos jóvenes le atribuían a que el país contara con universidades y con juventud que ellos mismos fundaron su propio claustro: la Universidad Popular Mexicana.

Han pasado ya cien años de los sucesos que aquí he relatado. En el país, la esperanza de vida al nacer ha alcanzado los 75 años y sin duda juventud hay, y bastante. Claro que la concepción y el significado de la palabra juventud han experimentado un cambio radical; la edad se proclama como el único atributo para ser considerado joven y ahora se habla de juventudes, en plural, para dar cuenta de las diversas maneras que hay de ser joven. La juventud universitaria sigue siendo relativamente menor que la no universitaria y ninguno de estos dos colectivos juveniles tiene certeza de su papel histórico, ni siquiera de que la sociedad tenga un lugar para ellos. En términos de capital político, las juventudes mexicanas, universitarias o no, tienen escasa participación en las universidades, ya sea porque se subestima su capacidad de agencia o debido, de plano, a que los poderes de hoy se lo impiden.

Resulta evidente, entonces, que lo que llamamos “juventud mexicana”, sea lo que esto hoy represente y signifique, se está produciendo y reproduciendo fuera de los contextos universitarios. Lamentablemente en su mayoría, tales contextos están marcados por la precariedad, las lógicas del riesgo y la violencia. Así que pasado un siglo, con una revolución de por medio, la mayor preocupación de los(as) mexicanos(as) sigue siendo la supervivencia. Y las universidades, por más que a ellas acudan muchos(as) jóvenes, ahora sí, están siendo representadas y significadas por los(as) jóvenes como mundos adultos, por no decir de viejos.

Nota
1. Carta de Henríquez Ureña a Reyes del 3 de febrero de 1908, en A. Reyes y P. Henríquez Ureña, Correspondencia 1907-1914, edición de José Luis Martínez, México. FCE, 2004, p. 81 (Colección Biblioteca Americana).
* Investigadora del CRIM, profesora de la FCPS, miembro del Seminario de Educación Superior y del Seminario de Juventud de la UNAM.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/391/opinion/mhs.html

¿Por qué redoblar el financiamiento de la educación superior pública?

Roberto Rodríguez Gómez*
roberto@servidor.unam.mx

El análisis de los datos que muestran las transformaciones del sistema nacional de educación superior en la reciente década permite dar cuenta de avances en distintos aspectos. Algunas mejoras significativas están relacionadas con el crecimiento del sistema, su distribución territorial y con una cierta diversificación de la oferta. También reportan datos positivos rubros tales como el perfil de la planta docente, la producción científica, los procesos de aseguramiento de calidad de los programas, y el desarrollo de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Las encuestas que miden el grado de credibilidad de la ciudadanía en las instituciones públicas, ubican a las universidades entre las pocas organizaciones que merecen su aprobación y confianza.

Contra ese telón de fondo positivo hay varios puntos de claroscuro. El primero, tal vez el principal, la heterogeneidad que prevalece entre los subsistemas y entre las instituciones. El avance no ha sido parejo, quizá por la dinámica de competitividad que ha impregnado la política sectorial en la década. No menos importante, las dificultades de operar transformaciones en escenarios resistentes al cambio, lo que ha provocado la persistencia de rezagos. Por ejemplo, las políticas de admisión estudiantil, los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico; el régimen de jubilación y pensiones; las dinámicas de cambio curricular, entre muchos otros.


Al mismo tiempo que se reconocen adelantos en la marcha del sistema, también importa, por otra parte, identificar a los protagonistas. El gobierno federal es uno pero, ni de lejos, el más relevante o principal. En la pasada década el sistema ha mejorado gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones; los gobiernos estatales —no todos, por cierto—; los legisladores; las comunidades académicas; los estudiantes y la sociedad en general. La ANUIES y otras organizaciones universitarias han cumplido, asimismo, una tarea de articulación y de cadena transmisora bidireccional cuya importancia no debe subestimarse.

Datos: del año 2000 al presente se agregaron al sistema de educación superior prácticamente un millón de estudiantes, lo que representa la generación de casi cien mil nuevas plazas escolares por año en los sistemas público y privado. El crecimiento posibilitó transitar de la cuota de cobertura de 22 por ciento con que cerró el siglo pasado a la actual de 29 por ciento. La calidad de los programas se ha impulsado mediante diversos mecanismos; de ellos destaca la evaluación a cargo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y la acreditación que llevan a cabo los organismos autorizados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes). Al día de hoy, más de dos terceras partes de todos los estudiantes en el sistema público de educación superior están inscritos en programas evaluados favorablemente por los CIEES y/o acreditados por las agencias que coordina el Copaes.

Entre los indicadores de mejora destaca, por su importancia, el cambio del perfil académico de la planta de profesores en las instituciones. En la actualidad dos terceras partes del profesorado universitario de tiempo completo cuentan con posgrado o están inscritos en un programa de ese nivel. Hace diez años acaso 40 por ciento de la planta estaba en esa condición.

Sin menoscabo de lo que se ha logrado en conjunto, también hay que referirse a los desafíos por enfrentar en el futuro inmediato y a largo plazo. Muchos de ellos se derivan de las tendencias de crecimiento y diversificación de los recientes años. Es claro que hoy contamos con un mejor sistema, pero también con uno mucho más complejo. Así, el primer reto es multidimensional: mantener la tendencia de crecimiento —en la ANUIES se está planteando un horizonte de cobertura de 50 por ciento hacia 2020—, consolidar todos los tipos institucionales y construir un mecanismo mucho más eficiente de coordinación que incluya tanto a las instituciones públicas como a las particulares.

Aunado a lo anterior, resulta necesario deliberar y decidir las reglas que deben gobernar el sistema. Las normas actuales se han elaborado sobre la marcha, algunas ya resultan obsoletas y hay varios procesos, por ejemplo los vinculados a la evaluación, que tienen deficiencias normativas relevantes. El crecimiento también ha implicado efectos perniciosos de burocratización. Entre las comunidades académicas se repite la queja de demasiada administración, demasiadas regulaciones específicas y demasiados informes para llevar a cabo las tareas sustantivas. Se necesita simplificar el procedimiento administrativo. La administración debe estar al servicio de la academia, y la protección del tiempo académico debe ser una prioridad para mejorar el panorama.

Renovar la planta académica es también un escenario y una prioridad para el futuro de mediano y largo plazos. Las instituciones requieren integrar planteles en que exista un balance adecuado de juventud y experiencia. Se necesitan nuevos maestros e investigadores, pero también aprovechar la experiencia de los académicos de mayor antigüedad. Al final, el mayor problema: ¿cómo sostener una dinámica de crecimiento y desarrollo cualitativo que repercuta en las oportunidades de empleo de los egresados y que contribuya a la recuperación del crecimiento y el empleo en el país?

La pregunta no es simple y no tiene una respuesta única. Lo más importante, sin embargo, es entender y asimilar que el sistema de educación superior e investigación científica es un componente de un esquema de desarrollo más amplio. Para que cumpla a cabalidad su misión y sus objetivos, se requiere el acompañamiento de otras políticas económicas y sociales.

En todo ello, el factor financiero es crucial. Acceder a una nueva etapa de crecimiento y desarrollo cualitativo implica, necesariamente, una inversión pública de gran envergadura. Pero es condición necesaria para alcanzar metas y objetivos a la altura del reto.

* UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales. Seminario de Educación Superior.
Tomado de:
http://www.campusmilenio.com.mx/391/opinion/rrg.html

Ortiz, héroe bancario

Miguel Angel Granados Chapa
Reforma/29 de octubre de 2010

Guillermo Ortiz, ex secretario de Hacienda, ex gobernador del Banco de México, será presidente del consejo de administración del Banco mercantil del norte, SA de CV, conocido por el público como Banorte. Su principal propietario, Roberto González Barrera, será a partir de entonces presidente honorario vitalicio de ese consejo. Cuando esas mudanzas ocurran el banco será probablemente el tercero más importante del país, pues se habrá consumado la fusión con Ixe, recientemente anunciada.

Aunque el desempeño de Ortiz al frente de esa institución privada comenzará después de concluido el término de un año, establecido por la Ley Federal de Responsabilidades de los funcionarios públicos, entre el cumplimiento de un desempeño gubernamental y la prestación de servicios privados en la misma área, es imposible que Ortiz borre por entero de su mente y de sus costumbres su práctica de banquero central y de responsable de las finanzas nacionales. En realidad, precisamente por esa experiencia ha sido contratado.

Ortiz no es el primer secretario de Hacienda que pasa al sector privado al concluir su gestión, ni es tampoco el primer responsable del Banco de México que efectúa el mismo tránsito. Luis Montes de Oca, quien sirvió a Calles y a sus presidentes entre 1927 y 1932, y luego dirigió el Banco Central, designado por Cárdenas, fundó en 1941 el Banco Internacional, que con cambios de denominación sobrevive hoy como HSBC. Don Eduardo Suárez, secretario de Hacienda de Cárdenas y Ávila Camacho, presidió el Banco Comercial Mexicano y se asoció con el despacho de abogados neoyorquinos Hardin and Hess. Ramón Beteta continuó vinculado a Miguel Alemán, cuando después de ser secretario de Hacienda actuó como director general del diario Novedades, propiedad bajo cuerda del ex presidente. Ernesto Fernández Hurtado, director de la banca central con Echeverría, dirigió el Banco de cédulas hipotecarias de la familia Sourasky.

No se había aclimatado entonces en México -ni siquiera ahora lo está plenamente-- la noción del conflicto de intereses y en parte por la despolitización y la desinformación que afectaban a la sociedad mexicana se percibía como “natural” que se hicieran negocios privados después del servicio público y, más todavía, a partir del servicio público. Calles mismo inició sus empresas azucareras siendo presidente del consejo de administración del Banco de México, durante su Maximato, con créditos de la banca central. Abelardo Rodríguez fundó el Banco Mexicano (que al paso de los años se convirtió en Banca Somex), en vísperas de ser nombrado Presidente de la República, periodo en que consolidó sus operaciones inmobiliarias y pesqueras en Baja California. Es proverbial el tránsito del presidente Alemán a gran magnate del turismo (especialmente la hotelería) y la televisión. Y desde que su abogado Heraclio Bonilla los desveló, tenemos ahora datos precisos de los intereses inmobiliarios de Luis Echeverría en varios lugares del país.

Pero no me propongo ahora hablar de la corrupción, sino sólo de la cooptación de servidores públicos por empresas privadas, especialmente visible desde que el PRI perdió la Presidencia de la República y se angostó para quienes habían servido en altos cargos de la administración regida por ese partido la posibilidad de alagar su carrera política. Así vemos a José Andrés de Oteyza, Carlos Ruiz Sacristán, Jaime Serra, Genaro Borrego, Esteban Moctezuma, etc., ya no en las nóminas del Gobierno federal sino en la de empresas mexicanas y extranjeras de alto relieve en la economía,
La banca en general, y Banorte en particular era el destino natural de Ortiz al quedar en posibilidad legal de ingresar en el sector privado. Ortiz podría ser considerado como un héroe para la intermediación financiera de nuestro país.

Como subsecretario de Hacienda presidió el comité de desincorporación bancaria, que privatizó a los bancos nacionalizados por López Portillo, Banorte entre ellos, adquirido en 1992 por quien ahora lo contrata. Luego, como secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, organizó el rescate bancario en vez de emprender el rescate de los ahorradores e inversionistas quebrados por los errores de Carlos Salinas. La ampliación del Fobaproa a partir de deuda pública no autorizada por el Congreso, como demanda la Constitución, ha sido hasta ahora el gran mérito de Ortiz ante los banqueros privados.

Banorte ya había reclutado a personal cercano a Ortiz en altos niveles de su dirección. Alejandro Valenzuela, su vocero en la Secretaría de Hacienda en el difícil tramo de 1995 a 1998 es desde hace más de un lustro ejecutivo de alto nivel y desde julio de 2008 director general del banco. Trabajan allí, igualmente, los Fernando Solís (Soberón y Cámara), que también tuvieron responsabilidades gubernamentales. Solís Soberón fue el primer director de la Comisión nacional del sistema de ahorro para el retiro, cuando Zedillo y Ortiz privatizaron las pensiones.

Banorte nació como Banco Mercantil de Monterrey en 1899, y creció en 1986 al ser fusionado con el Banco regional del norte (fundado, también en la capital de Nuevo León, en 1947). Adquirido en 1992 por González Barrera, que ya había consolidado una fortuna con la industrialización del maíz, se expandió a esa región del país al hacerse del Banco del Centro (Bancen), plenamente desde agosto de 2008.

González Barrera ha resistido la tentación de vender al extranjero su banco y subraya esa mexicanidad frente a la competencia regida desde fuera.

martes, 26 de octubre de 2010

El país de las inercias


Alberto Aziz Nassif
El Universal/26 de octubre de 2010

Todos los días llegan noticias que muestran cómo las inercias tienen atrapado al país. Las inercias son propiedades de los cuerpos que se resisten al cambio. Casi en cualquier campo de la vida pública hay intereses políticos y económicos que mantienen el estado de cosas. Por ejemplo, la muerte sigue tan campante en Juárez, la opacidad se mantiene y el gasto público en los estados crece, y los monopolios imponen sus condiciones.

La inercia entre los poderes hizo que el Ejecutivo y el Legislativo se acomodaran para sacar adelante la Ley de Ingresos, en donde los estados tendrán cada vez mayores recursos y, al mismo tiempo, habrá menores mecanismos de rendición de cuentas. Las auditorías que se han practicado a la contabilidad estatal muestran de qué forma, independientemente del partido político (Nuevo León, PRI; Aguascalientes, PAN, o Zacatecas, PRD), los gobiernos de los estados incurren en deficiencias y anomalías como las que estableció el propio Ejecutivo: manejos financieros discrecionales, adjudicaciones de contratos mal hechas, obras no autorizadas, deficiencias en la planeación, etcétera (Reforma, 22/X/2010). En el aumento del presupuesto para los estados hay una inercia que parece imbatible, pero cuando se habla de más transparencia y rendición de cuentas la opacidad se impone.

Otra expresión de las inercias son los intereses dominantes que en cada actividad de la vida productiva, social o política imponen sus condiciones y se oponen a cualquier modificación que amenace sus territorios. Resulta explicable que un actor dominante se oponga al cambio y a la competencia, pero resulta problemático entender cómo la autoridad, el Estado, ha dejado que prevalezca este conjunto de intereses particulares que poco a poco se han comido los bienes públicos. México padece el fenómeno de un Estado capturado. En estos días el director de la revista Foreign Policy, Moisés Naím, planteó el tema de los monopolios en México en los siguientes términos: “en el país hay dos empresas que controlan canales de TV abierta; tres bancos, los servicios financieros; una empresa, la conexión de internet vía telefónica; dos, el negocio del cemento; dos, la producción de carne y huevo, y dos, la distribución de medicamentos, entre otros casos” (Reforma , 22/X/2010). Con estos dominios resulta difícil que el país se encamine a mejores servicios y más competitividad. Esta fuerza inercial parece no tener límites, por lo menos mientras no cambie la lógica monopólica del desarrollo.

La inercia de la muerte sigue destruyendo. En Ciudad Juárez, una de las más violentas del mundo, el pasado sábado un comando asesinó a otros 14 jóvenes y dejó heridos a otros 15. Es un nuevo episodio del juvenicidio, como lo ha llamado Víctor Quintana. Es la quinta ocasión en menos de dos años en la que mueren grupos de jóvenes en esa frontera (EL UNIVERSAL, 24/X/2010). Así, de masacre en masacre, discursos van y vienen, planes, giras presidenciales, se implementan operativos que cambian de nombre, llega el Ejército y se va, llega la Policía Federal, arriban nuevas autoridades y la muerte sigue imponiendo su ley en una inercia que cada vez resulta más mortífera. En 20 días de la administración de César Duarte van 226 muertos en el estado de Chihuahua (Reforma, 25/X/2010). En Juárez todas las autoridades han fallado y ninguna estrategia parece funcionar porque la impunidad, la falta de Estado y el dominio de las bandas forman el paisaje cotidiano de una ciudad en donde ha reventado el modelo del ensamble maquilador; lo que fue una frontera moderna que se integraba al mundo hoy es tierra de nadie. Las estadísticas del alcalde que se acaba ir muestran el terrible balance: 7 mil muertos, 10 mil huérfanos, la fuga de 250 mil habitantes, el cierre de 10 mil negocios, la pérdida de 130 mil empleos, el abandono de más de 25 mil viviendas y 80 mil adictos (Proceso, 1771).

La resistencia al cambio en los casos anteriores sólo tiene una coincidencia temporal, son noticias que se han presentado en los días anteriores. Cualquier semana que se haga este ejercicio el resultado será perecido. La falta de transparencia en el gasto y una débil rendición de cuentas, la ausencia de competitividad y regulación estatal, el fracaso en la política de seguridad en ciudades como Juárez. Sin duda, el ingrediente de las resistencias al cambio y de la falta de un horizonte de sentido es uno de los problemas centrales del país. La enumeración de las inercias sería larga, pero algo queda claro: mientras no se muevan estos nudos no habrá futuro para el país. Mientras otros países construyen su desarrollo y le dan vuelta a la página, aquí seguimos sometidos a las inercias.

Investigador del CIESAS

La buena educación

Francisco Valdés U.
El Universal/24 de octubre de 2010

La buena educación es muy cara. La mala es más costosa, pues no solamente hay que conseguir que sea buena, sino pagar los platos rotos por haber sido mala. Así estamos en México, pagando los platos rotos y haciendo lo que se antoja proteico: transformar la mala en buena educación.

A nadie escapa ya el diagnóstico, pero las resistencias a asumirlo abundan. Nuestro país tiene el más bajo estándar educativo básico de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y uno de los más bajos entre países de tamaño equiparable. Por los dos parámetros andamos mal: en comparación con los más desarrollados y con los que se parecen a nosotros.

El martes pasado se presentó en la Secretaría de Educación Pública el estudio realizado por ese organismo internacional, en voz de su secretario general, José Ángel Gurría, ante las máximas autoridades educativas. La reunión, pues, se realizó con las presencias de más alto nivel posible y lo fue de propuesta para definir políticas.

El estudio convenido entre el gobierno mexicano y la OCDE es el más extenso y detallado que ese organismo haya realizado en cualquiera de los países miembros y, además de analizar específicamente la problemática de alumnos, escuelas y evaluación de profesores, hace proyecciones del impacto que tiene y podría tener la educación en el desarrollo económico. Algunos datos impresionan. Si los alumnos mexicanos incrementaran su desempeño, medido por la prueba PISA (Programme for International Student Assesment), a un nivel de rendimiento creciente, el PIB podría multiplicarse más de dos veces hacia el final del siglo. Igualmente, es consenso internacional que la equidad social se consigue mediante la amplia cobertura educativa. Si se logra el acceso universal a la educación básica, el efecto sobre la desigualdad social sería directo. A mayor cobertura y mejor educación, menor desigualdad social, pues crecerían las oportunidades de obtener mejores empleos. Además, la probabilidad de que las personas mejoren la calidad de su participación social y política en la vida del país aumentaría, haciendo más difíciles el clientelismo, la manipulación y el abuso económico y político.

Sin embargo, para hacerlo hay que tomar medidas inmediatas y enérgicas, que atiendan a la vez lo urgente y lo importante.

Hoy, los alumnos son evaluados mediante varios instrumentos, como el señalado y otros aplicados nacionalmente. El sistema educativo ha dado pasos importantes para modernizarse, como la federalización, esto es, la política educativa se ha descentralizado, haciendo posible su aterrizaje a nivel local (lingüístico, geográfico, cultural…). Pero hay factores que entorpecen esta evolución, como la manipulación de los maestros por parte de los poderes políticos locales, especialmente los gobernadores.

Otro factor de resistencia es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que ha confundido la defensa de intereses legítimos de los maestros con la influencia en el poder político. En la situación actual en que apremia la necesidad de aumentar la calidad, el sindicato magisterial optó por la resistencia a la evaluación educativa. La Alianza por la Calidad de la Educación entre autoridades y maestros que, sin duda, ha representado uno de los mayores esfuerzos por superar la postración de la educación, se mantiene entorpecida por un acuerdo previo entre el gobierno y el SNTE (Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica), firmado en la administración de Salinas de Gortari, gracias al cual el sindicato mantiene la prerrogativa sobre la carrera magisterial subordinando el mérito a la lealtad política y fomentando la corrupción y la impunidad. Gracias a este acuerdo, en la Ley General de Educación se inmuniza a los maestros de sanciones por cometer faltas o delitos administrativos y comunes diversos, es decir, se les da impunidad ante los mecanismos de responsabilidad definidos por la ley.

Abrir el paso franco a la evaluación magisterial, a la transparencia en el uso de los recursos por parte de toda autoridad educativa y magisterial, a la deliberación pública en la definición de las políticas educativas del futuro inmediato es esencial para la buena educación.

De la misma forma, la mejora de las escuelas, la participación social en la educación, la autonomía para desarrollar los planes de estudio y hacerlos asequibles a las diferentes regiones y niveles sociales, y el compromiso de los maestros con sus alumnos, sus escuelas y su propia formación (mediante la evaluación y la capacitación constante), son medidas impostergables que se pueden tomar hoy mismo si hay voluntad política de los actores involucrados.

La apertura de México al exterior ha dado más rendimientos positivos que negativos. Uno de aquéllos es su participación en la OCDE. Así sean odiosas, las comparaciones sirven. Medirse con los grandes nos ha servido para mirarnos más allá del ombligo. Ahora hay que aceptar el reto.

www.franciscovaldesugalde.com

21 reflexiones sobre la Licitación 21

Denise Dresser
Proceso/25 de octubre de 2010


El gran ganador del colapso de la alianza Televisa-Nextel es Ricardo Salinas Pliego, quien logra efectuar otro Chiquihuitazo ante el pasmo del gobierno, que ve el fin de su intento por crear otro competidor con la capacidad de enfrentar a Carlos Slim.

2) Slim es otro personaje que debe estar de plácemes, ya que el fin de la asociación Televisa-Nextel significa el fin de los desatinados esfuerzos gubernamentales por inyectar competencia en el sector de la telefonía celular.

3) Salinas Pliego demuestra nuevamente que a través de la intimidación, la denostación y las tácticas agresivas puede sacar a un competidor –en esta ocasión Televisa-Nextel– de la jugada. El episodio reciente tan sólo confirma su reputación de empresario gangsteril. De nuevo obtiene lo que quiere: así como se apropió ilegalmente del Chiquihuite, ahora consigue doblegar a Televisa y a Felipe Calderón.

4) Ante la probabilidad de litigios interminables interpuestos por TV Azteca, Televisa prefiere rendirse y adoptar el papel de víctima.

5) Televisa se ve obligada a beber una sopa de su propio chocolate. En otras instancias en las que su predominio iba a verse afectado –como en el caso de una tercera cadena de televisión– hizo lo mismo que Ricardo Salinas Pliego ha hecho ahora: usar la pantalla de televisión para desacreditar a su adversario.

6) Ante su derrota, Televisa intenta presentarse como adalid de la competencia frustrada, cuando siempre ha rechazado la competencia y ha recurrido a todas las argucias legales y extralegales para frenarla.

7) Televisa denuncia que el poderío Telmex-Telcel representa un freno para el desarrollo de México cuando su propio predominio en la televisión tiene el mismo efecto. Es un caso clásico del “burro hablando de orejas”.

8) Televisa denuncia lo que llama “la falta de certidumbre jurídica” que llevó a compañías extranjeras a no participar en la Licitación 21, cuando no lo hicieron precisamente porque saben de lo que es capaz la televisora para lograr sus fines. Televisa lamenta la falta de competencia extranjera en el sector, cuando siempre ha hecho todo a su alcance para frenarla.

9) Televisa se queja de que Telcel –o sea Carlos Slim– ha usado sus influencias para aniquilar a los “nuevos jugadores”, cuando Televisa siempre ha hecho lo mismo. La hipocresía de su posición es obvia y risible.

10) Televisa dice que “le creyó” al gobierno lo de fomentar la competencia, cuando la Licitación 21 que ganó desde el principio estuvo plagada de irregularidades.

11) Televisa se queja de la “ofensiva mediática, legal y gubernamental” sin precedente en la historia, cuando la que padece es la misma que puso a andar hace unos años contra los adversarios de la Ley Televisa.

12) Televisa se sintió profundamente ofendida de que los críticos de la licitación se refirieran a ella como una “ganga”, cuando históricamente ha sido el beneficiario de múltiples “gangas” otorgadas por el gobierno, empezando por su propia concesión, por la cual no pagó un solo peso.

13) Televisa se queja de los 72 amparos interpuestos en su contra e ignora los innumerables amparos a los que ha recurrido en el pasado para mantener su posición duopólica.

14) La televisora culpa al gobierno por haber creado el “hervidero politico” en el cual se convirtió la licitación, cuando era evidente que surgiría por los términos irregulares en que se realizó.

15) La televisora sugiere que el gobierno mismo usó la licitación para “chantajear a Televisa de cara a la contienda electoral de 2012”. Por algo lo dirá: lleva años chantajeando a los partidos y sabe cómo hacerlo. La única diferencia aquí es quién iba a chantajear a quién.

16) Televisa dice que no quiso “quedar en manos del gobierno federal” y por ello se levantó de la mesa. La empresa actúa como si no fuera la concesionaria de un bien público sujeta a reglas, y trata de ocultar la razón real por la que se retiró: el miedo a Ricardo Salinas Pliego y el desgaste público que le ha producido el pleito, reminiscente del escándalo que estalló alrededor de la Ley Televisa.

17) A lo largo del proceso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes exhibió una ineficacia descomunal. Quiso usar un medio malo (la Licitación 21) para alcanzar un objetivo bueno (la competencia), y ahora Juan Molinar se ha quedado con las manos vacías. De nuevo el gobierno de Felipe Calderón emerge como el jugador más débil e incompetente.

18) Como bien lo ha señalado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la Licitación 21 fue irregular y de legalidad controvertible. De entrada, las bases fueron inequitativas y demostraron que el gobierno de Felipe Calderón quería elegir un ganador de antemano, en detrimento de otros posibles participantes.

19) A menos que un juez determine que todo el proceso fue irregular desde el principio, es poco probable que la licitación sea revocada y se efectúe de nuevo. Al hacer las cosas de la mala manera en que las hicieron, tanto la SCT como la Cofetel están en un callejón sin salida. La tan cacareada medida en favor de la competencia se ha derrumbado, y con un costo político muy alto para Calderón y su equipo.

20) La parcialidad gubernamental evidente en favor de Televisa despertó la ira de otro monstruo – Televisión Azteca–, y Juan Molinar no pudo hacer más que presenciar la pelea entre ambos.

21) El derrumbe de la Licitación 21 nos regresa al statu quo ante, y evidencia la debilidad del gobierno ante las criaturas que ha engendrado: Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Jean y Carlos Slim. Al final del día ganaron los que siempre se han dedicado a bloquear, obstaculizar, entorpecer, violar y monopolizar. Y perdieron los consumidores del país que se merecen procesos transparentes y equitativos, encaminados a fomentar la competencia. Ganaron los que una y otra vez logran vetar y perdieron las víctimas de esos vetos: los ciudadanos que pagan de más porque el gobierno no logra controlar a los monstruos que concibió.

Debate al memorándum de un colega


Manuel Gil Antón*

A la memoria de Carlos Imaz Jahnke

En la edición de hace una semana, Roberto Rodríguez compartió con el lector su esfuerzo por entender, y ayudarme a comprender, la confiabilidad estadística de lo afirmado por el maestro Lujambio hace un par de semanas: “entre 1980 y 1996 la cobertura (en educación superior) tuvo un crecimiento cero…”. Lo dijo con cierto enfado por la incapacidad que hay, a su juicio, de reconocer que para el presidente Calderón ha sido prioritaria la educación superior, y con el ánimo de comparar esos años de aparente “crecimiento cero” en la cobertura, con los de notable aumento en el mismo indicador durante la presente administración. Su texto se llama “Memorándum a Manuel Gil”.

Los datos disponibles indican que en ese periodo la tasa de cobertura perdió celeridad en la evolución al alza, pero que entre 1980 y 1996 la cobertura no se mantuvo estática. Creció, aunque a menor ritmo (de 14 a 18 por ciento en ese lapso) en comparación con las dos décadas previas, y también si lo contrastamos con los recientes 15 años. Agradezco a Roberto su acuciosa búsqueda y solución “no oficial”, pero precisa, al galimatías de las cifras.

Su respuesta me llevó a establecer una analogía entre este asunto de la cobertura en la educación superior y un viejo recuerdo de mis clases de física en la secundaria. Se trata de la fórmula para calcular la velocidad. Nos enseñaron que la velocidad en el desplazamiento de un móvil se calcula poniendo en relación a la distancia con el tiempo. V= D/T.

Si entre la Ciudad de México y Cobertuitlán hay cien kilómetros, y una persona arriba exactamente en una hora, diremos que la velocidad promedio fue de 100 kilómetros por hora. Cuando otra lo hace en dos horas, la división entre la distancia sobre el tiempo arroja que se desplazó en promedio a 50 por hora, como decimos coloquialmente.

Si mantenemos sin cambios ni mejoras a la carretera y la duración del trayecto, no se vale, diría mi profesor de física y el maestro Perogrullo, que el lunes la distancia fuera de 100 kilómetros y el martes siguiente de sólo 50, por “órdenes superiores”. De aceptarse esta variación arbitraria, al llegar en una hora, la velocidad se reduce a 50 km/h, y en el caso del que duró dos horas, se desploma a 25. Bastó cambiar el dato de la distancia (dejando invariante el tiempo) y se altera, obviamente, la velocidad.

¿Cuál es la analogía? Ocupe el lugar de la distancia, en el caso de la tasa de cobertura, la cantidad de estudiantes, esto es, la matrícula total, y el grupo de edad (19 a 23 años) hará las veces del tiempo. Si la matrícula son 2 millones, y el grupo de edad 10 millones, la división arroja como resultado 0.20: la tasa de cobertura es equivalente a la quinta parte del grupo de edad con el cual se le compara. Expresado en porcentaje, la tasa de cobertura (TC) es 20 por ciento. En vez de distancia sobre tiempo, en este caso la fórmula es la matrícula (M) sobre el grupo de edad (GE). TC = M/GE.

Si se modifica el tamaño del grupo de edad ocurren cambios notables: supongamos que se dice que en lugar de 10, son 8 millones, y la matrícula es la misma: el resultado es que la cantidad de estudiantes resulta la cuarta parte (8/ 2= 0.4), y como porcentaje 25 por ciento la tasa de cobertura. Ya no es uno de cada cinco, sino uno de cada cuatro.

El cambio en el grupo de edad (el denominador), sin cambios en la matrícula (el numerador) afecta a la cobertura. Al reducirlo, la TC aumenta, si se amplía, la tasa disminuye.

Modificar los dos términos genera cambios aún más complicados: ya “ajustado”, el grupo de edad en nuestro ejemplo queda en 8 millones, pero se puede alterar la cantidad de estudiantes al incorporar no sólo a los que estudian hasta licenciatura en la modalidad presencial, sino agregando a los que estudian en modalidades abiertas y a distancia, y a los que hacen cualquier posgrado. Esto lleva a que la matrícula pase, digamos, de 2 a 2 millones 500 mil. Al hacer la división, el resultado es 0.3125, o sea casi una tercera parte si se expresa en porcentaje: 31.3. La cobertura crece, sin duda, al reducir el grupo de edad y aumentar la matrícula.

Si las autoridades educativas tienen la facultad de modificar el numerador —la matrícula— y escoger el “mejor” denominador disponible de los varios en la mesa —el grupo de edad— para sus cálculos, la tasa de cobertura será la que ellos quieran, moviendo alguna o las dos cifras. Algo recuerdo, no sé usted, que parecía cosa del pasado: “—¿Qué horas son? —Las que usted quiera señor presidente”.

¿Ha sucedido algo así, más allá de este ejercicio abstracto? En efecto. En el Programa Sectorial Educativo se propone como meta llegar a 30 por ciento de cobertura (tasa bruta) en 2012, empleando la cifra correspondiente a la matrícula de educación superior escolarizada y sin incluir al posgrado. Si se revisa el Cuarto Informe de Gobierno, en la sección correspondiente a la educación superior se anota como matrícula (en el numerador) tanto a la escolarizada, la no escolarizada y a todo tipo de posgrados. Al mover los criterios de lo que se considerará matrícula —al no cumplir con sus propias definiciones— hacen crecer al denominador: 2 millones 910 mil estudiantes. No tienen que alterar al grupo de edad, lo dejan aproximadamente en 10 millones. Ergo, la tasa de cobertura ya es de 29.1 por ciento, y si la meta era llegar a 30 por ciento, falta muy poco y se cumplirá antes de lo programado. Gran éxito, formidable esfuerzo, un gobierno que cumple y da prioridad a la educación superior.

Lo malo es que es falso. Al “mover” los números de la fórmula calculando el mejor resultado, el más lucidor, no se dice la verdad ni se enfrenta, en sus justos términos, el problema. Perdemos todos, aunque en el corto plazo una administración pueda afirmar que logró, y anticipadamente, sus propósitos.

Estando a merced de las autoridades la modificación discrecional de distancias, tiempos, magnitudes y componentes de las cantidades, sin consecuencia alguna, los indicadores sociales —como en este caso el de la cobertura— no son confiables. ¿Qué nos conviene: un país en el que sepamos cómo están las cosas, u otro en el que se tuercen los números para indicar prioridades y logros que no son tales y, para colmo de males, si se les mira bien resultan pírricos? A mi juicio, el primero, pues la tasa de cobertura no es un simple dato, sino un indicador de inclusión o exclusión de los jóvenes mexicanos en las oportunidades educativas. Es ése el debate de fondo, y no se entiende, ni se resuelve, modificando a placer las cantidades.

* Profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.

Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/390/opinion/mg.html

miércoles, 13 de octubre de 2010

La Universidad de Durango en la mira

Carlos Ornelas
Excélsior/6 de octubre de 2010

Mal andamos en este país cuando los gobiernos atacan a las universidades. Al cuarto para las 12, el Congreso local reformó la Ley Orgánica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el propósito único de impedir la reelección del rector, Rubén Calderón Luján. Es difícil pronosticar cuál será el resultado, el gobernador acaba de tomar posesión el 15 de septiembre, sus grados de legitimidad son escasos y el desaseo con el que procesó la reforma a la ley, en lugar de ganarle adeptos, le resta capacidad y anuncia un pleito largo.
Los hechos: desde agosto, el rector Rubén Calderón anunció su intención de reelegirse; luego pidió licencia y el secretario general, Salvador Rodríguez Lugo, fue designado rector interino y presidente de la comisión electoral. Otros tres candidatos se registraron. El lunes 27 de septiembre, el diputado del PRI Enrique Benítez Ojeda presentó la iniciativa de reforma al artículo 25 de la Ley Orgánica de la UJED, con el fin de impedir la reelección del rector. El Congreso reformó la ley en la sesión del miércoles 29 de septiembre, por la noche. Con ello anuló el derecho de Rubén Calderón a repetir en el mando de la institución. Al parecer sin base legal alguna, el Congreso designó a la que fue secretaria de Salud del gobierno de Ismael Hernández, Patricia Herrera, como rectora. Mas el Consejo Universitario la desconoció y ratificó a Rodríguez Lugo como rector interino. Aquélla lo denunció por "usurpación de funciones" y la policía ministerial lo detuvo en una operación relámpago; para luego dejarlo libre, pues el amparo de un juez federal lo restituye como rector interino. El Consejo universitario está citado hoy, para designar al rector; pero los grupos del PRI, el Panal, el PVEM y un partido local en el Congreso, insisten en que esa elección no será válida.
El gobernador Jorge Herrera Caldera declaró que será un aliado de la Universidad y es respetuoso de su autonomía, mas también expresó respeto por la soberanía del Congreso. Para nadie es un secreto que él señorea a la Cámara de Diputados. Tal vez el mandatario tenga razones de peso para intervenir en la Universidad, pero lo que domina en la opinión pública es que trata de deshacerse del rector (que casi seguramente tendrá los votos suficientes para reelegirse) porque éste apoyó a su contrincante, José Rosas Aispuro, en las pasadas elecciones y, en política, lo que parece, es.
Hizo mal el gobernador en comenzar un pleito, no contra un rector que se quiere reelegir, sino contra la institución; ya que en los hechos elimina al Consejo Universitario. Hoy el Congreso convoca a foros para reformar la ley en 2011, pero me parece que es más con afán de lavarse la cara y en forma tardía. Además, la jugada le puede fallar al mandatario y sufrir una derrota trascendente muy temprano en su gobierno. No hay nada mejor para un candidato que aparecer como el mártir. Asimismo, Calderón Luján puede ganar la elección en el Consejo Universitario y luego batallas legales. Pienso que el gobernador no se atreverá a impedir la sesión del Consejo de hoy por la tarde utilizando a la fuerza pública.
Los gobernadores de Durango que tuvieron buenas relaciones con la UJED no se esforzaban por imponer a un incondicional como rector. Cierto, algunos metieron las manos, pero lo hicieron con discreción. Tener en contra a los que disfrutan de opinión e influencia en los medios encierra riesgos que al parecer el gobernador Herrera Caldera no midió.
Más allá del saldo que surja de esta riña, la reforma a la Ley Orgánica de la UJED es prioritaria. Ningún rector la va a promover, pues ésta, que data de 1962, le otorga facultades extraordinarias, al grado de que "el jefe nato" puede manejar con prepotencia el presupuesto que no se destina a salarios. Como los métodos de elección de rector y directores de escuelas se prestan al clientelismo, quien está en posiciones de mando tiene la ventaja sobre sus competidores.
La ley, además, es arcaica en la concepción de la universidad y la educación. Si el gobernador hubiera lanzado la convocatoria para una discusión de altura, sin madruguete (bueno, fue nocturno) de por medio, quizás hubiese logrado una buena reforma el año venidero; pero ya echó por el caño esa oportunidad.

*Académico de la UAM
Carlos.Ornelas10@gmail.com

El miedo necesario


Denise Dresser
Proceso/12 de octubre de 2010


“El rey Enrique: Es cierto que estamos en grave peligro; por ello más grande aún debe ser nuestro valor.”

Shakespeare, Enrique V



Felipe Calderón imprudente. Felipe Calderón obsesivo. Felipe Calderón tan atado psicológicamente a Andrés Manuel López Obrador que desentierra la frase con la cual polarizó al país. “Un peligro para México”, reitera con orgullo. “La política del rencor y del resentimiento que siembra”, reclama quien ahora demuestra lo que antes denunció. El presidente de México vanagloriándose de la división que le achaca a su adversario pero de la cual también es responsable. Cuatro años después de la elección, y AMLO parece preocuparle más que el inminente regreso del PRI. Cuatro años después de un proceso agitado que insiste en revivir, Felipe Calderón vuelve a centrar la mirada en el lugar equivocado. En el miedo que despierta un hombre y no en las condiciones que lo produjeron. En el miedo que México debe tenerle al Mesías tropical y no en los problemas persistentes que propician su permanencia.

Porque el miedo que Felipe Calderón le tiene a Andrés Manuel López Obrador es el mismo que comparten tantos mexicanos más; los que prefieren odiar a un personaje antes que mirar al país que lo parió. Es el miedo a ese país de pobres, de “nacos”, de indígenas, de desarrapados. Miedo a quienes viven parados en los camellones vendiendo chicles o subsisten en el campo cultivando maíz. Miedo a los mineros enojados y a los cañeros sublevados. Miedo a los resentidos y a los marginados. Miedo a mirar la realidad del subdesarrollo detrás de la retórica de la modernidad. Miedo a la verdad y a nosotros mismos. Miedo a mirar al país tal y como es. Detrás de los mitos. Detrás de las cercas electrificadas y los muros infranqueables. Detrás de la hipocresía fundacional en un país profunda y dolorosamente desigual.

A México le urge tener miedo, pero no a un político controvertido. A México le urge el miedo necesario que nace de la honestidad desplegada ante el “país de mentiras”, como lo bautizó Sara Sefchovich. El miedo que surge frente a la brecha entre lo que se dice y lo que es; entre el discurso del poder y la realidad del poder. El miedo que emerge cuando se descubre que la mentira constituye la esencia de la vida política mexicana y además es indispensable para gobernar. El miedo a reconocer los engaños para consumo interno que la clase política usa todos los días: el discurso que asegura que “el Senado de la República trabaja para ti” y que los indios son nuestros iguales y que el gobierno busca la justicia social y que la educación es una prioridad y que la economía está sana y sólida y que vamos ganando la guerra contra el crimen organizado, siendo que nada de esto es así.

Y esas grandes mentiras impiden colocar un espejo frente a los ojos del país y frente a quienes han permitido que sea como es hoy. Un lugar rico con muchos pobres. Un lugar con más multimillonarios que Suiza, según la lista más reciente de la revista Forbes. Donde gran parte de las fortunas han sido acumuladas en sectores con poca o ninguna competencia y protegidos por el gobierno. Donde Televisa regularmente obtiene todo lo que quiere y a precio de ganga. Donde, según un estudio reciente de la ONG Fundar, siete de cada 10 mexicanos padecen un abuso de autoridad cada vez que pisan un Ministerio Público. Donde el 94% de los delitos no son resueltos. Donde el 40% de las mujeres dicen haber padecido la violencia doméstica. Donde no hay siquiera “responsables” de la tragedia de la guardería ABC. Donde 17 millones de personas viven en pobreza extrema. Datos duros de un país donde la vida es difícil para la mayoría de quienes sobreviven en él.

Eso es lo que debería provocar miedo. Eso es lo que debería producir temor. Eso es lo que los mexicanos deberían combatir y cuestionar y odiar y recordarle a Felipe Calderón y a los precandidatos presidenciales, todos los días a toda hora. Hay demasiados mexicanos para los cuales el país no funciona. Hay demasiados mexicanos para quienes más de lo mismo durante el gobierno de Felipe Calderón ha significado peor de lo mismo. Hay demasiados mexicanos que desean una transformación a fondo del país que los ha excluido o maltratado o ignorado. Y también hay demasiados mexicanos que no lo entienden, para los cuales el país no va tan mal. Porque los privilegiados viven muy bien, aunque sea detrás de muros cada vez más elevados, con escoltas cada vez mas armadas, con séquitos de seguridad cada vez más grandes. Aunque sea con miedo.

Y de allí las siguientes preguntas: ¿Qué es y ha sido más peligroso para México, López Obrador o un sistema socioeconómico que concentra la riqueza y no quiere distribuirla de manera más justa? ¿López Obrador o élites políticas, sociales y empresariales satisfechas con las tajadas que se sirven? ¿López Obrador o partidos políticos que no representan a la población ni rinden cuentas ante ella? ¿López Obrador o la corrupción política que corroe la confianza en las instituciones? ¿López Obrador o políticos sentados en largas mesas con manteles de fieltro que llegan a grandes acuerdos para que poco cambie? El odio feroz a AMLO ata a su crítico principal –Felipe Calderón– a un adversario falso. El verdadero peligro para México no es un hombre, sino la resistencia de tantos a compartir el país y gobernarlo mejor. Y el miedo necesario que los mexicanos deberían compartir es la posibilidad de que México siga siendo así.

Ética e investigación médica

Arnoldo Kraus
La Jornada/13 de octubre de 2010


Hace pocos días la prensa informó acerca de violaciones éticas en humanos por parte de la medicina estadunidense. Infectó EU con gonorrea y sífilis a guatemaltecos”, anunciaba La Jornada el 2 de octubre. El asunto, muy delicado por su naturaleza, tiene varias aristas. Una es peor que otra. Las disculpas ofrecidas por Barack Obama al gobierno de Guatemala no alcanzaron la luz motu proprio, es decir, por honestidad del sector salud o del gobierno; el perdón se expresó porque Susan M. Reverby, profesora de historia médica, quien seguía el affaire Tuskegee, informó, a fuentes gubernamentales, sus hallazgos sobre experimentos realizados en Guatemala. Esa falta de arrepentimiento, y esa incapacidad de asumir la culpa, debe ser la razón por la cual la medicina estadunidense siguió, después de Guatemala, violando la ética médica.

Los experimentos efectuados por médicos estadunidenses en Guatemala se llevaron a cabo entre 1946 y 1948. Con la intención de estudiar el comportamiento de la sífilis y de la gonorrea, así como el posible efecto terapéutico de la penicilina, médicos del servicio de salud pública estadunidense inyectaron los agentes causales de esas enfermedades venéreas a cientos de presos, soldados y pacientes siquiátricos.

La insanidad del asunto fue terrible: A) Se utilizaron prostitutas enfermas de gonorrea o sífilis para contagiar al grupo de estudio. Cuando se comprobó que la frecuencia del contagio era baja, se decidió inyectar el Treponema pallidum o la Neisseria gonorrhoeae directamente en el pene o en los brazos de las personas. B) Los sujetos elegidos, verdaderos conejillos de indias, no tenían, por supuesto, noción de la investigación. C) Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo los Procesos de Nuremberg (1945-1946), donde se sancionó a los colaboradores del régimen nacionalsocialista. En forma paralela se llevaron a cabo otros juicios, entre ellos el Juicio de los Doctores (diciembre 1946), cuya finalidad fue exponer la actividad de médicos nazis acusados de experimentar, asesinar o torturar a judíos, gitanos o polacos enfermos de tuberculosis. El Juicio de los Doctores fue presidido por el distinguido abogado estadunidense Telford Taylor. D) La penicilina se empezó a utilizar con éxito en el tratamiento de la sífilis desde 1943. Los cuatro incisos previos ilustran la brutalidad del experimento así como la relación temporal entre la investigación, las denuncias éticas y la eficacia de la penicilina.

Durante los años en los cuales se llevaron a cabo los experimentos en Guatemala, las atrocidades de la medicina nazi habían alertado al mundo acerca de los cruciales vínculos entre ética y medicina. Debido a la participación de Taylor, y al uso de la penicilina como tratamiento de la sífilis y otras infecciones es imposible aceptar la doble moral y la falta de apego a las reglas médico-éticas: la medicina estadunidense violó la ética médica en Guatemala. El silencio y la falta de autocrítica de la elite médica estadunidense fue la semilla para que algunos doctores continuaran realizando experimentos alejados de normas morales.
En el primer párrafo mencioné la ciudad de Tuskegee (Alabama); allí se llevó a cabo, entre 1932 y 1972 el Estudio Tuskegee sobre la sífilis no tratada en hombres negros. Ese estudio es uno de los ejemplos más contundentes de investigación mal hecha y de conductas éticas inadecuadas. Con tal de no interrumpir las observaciones sobre la evolución natural de la sífilis –pacientes sin ningún tratamiento– en negros pobres, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos decidió no administrar ningún tratamiento a la población estudiada. El protocolo se realizó en 399 hombres negros. La idea fundamental consistía en no ofrecer ninguna de las terapias disponibles, ya que la población afectada representaba una “oportunidad única” para conocer la evolución natural de la sífilis.

A los enfermos se les explicaba que recibirían tratamientos contra la “sangre mala” (bad blood), término local utilizado para describir problemas como anemia, sífilis, fatiga. Contra toda ética, los sujetos no recibieron ningún tratamiento; a cambio, se les ofreció exámenes médicos gratuitos, alimentos sin costo y seguro funerario. Inicialmente la investigación duraría seis meses; se prolongó 40 años. Lo grave del asunto es que el estudio no fue interrumpido motu proprio; la publicación de una noticia en 1972 en The New York Times fue la razón para finalizarlo. En 1997 Bill Clinton pidió disculpas a los supervivientes.

Además de Guatemala y Tuskegee, prestigiosas revistas médicas estadunidenses han develado que en algunos países africanos, los sujetos en los cuales se experimenta un fármaco firman consentimientos informados en idiomas que no comprenden por no ser el propio. Versiones paralelas en los medios médicos han subrayado que, hace no muchos años, los sujetos de investigación en Latinoamérica o en otros países no recibían el mismo cuidado que sus pares en Estados Unidos.

Las disculpas de Obama, en relación con el asunto guatemalteco, y de Clinton por Tuskegee, son, por supuesto, bienvenidas. Sin embargo, las disculpas no provienen de un mea culpa sincero del gobierno o de las autoridades sanitarias de Estados Unidos; son la respuesta obligada a lo publicado en la prensa. Es muy probable que en el futuro los medios de comunicación informen de nuevos sucesos.