lunes, 31 de mayo de 2010

Narcoviolencia y medios de comunicación

José Antonio Crespo
Excélsior/31 de mayo de 2010


Congratulaciones a los ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2009.

Tienen buena parte de razón quienes señalan que hay una brecha no pequeña entre la violencia derivada del narcotráfico, y la percepción que sobre ella nos hemos hecho, dentro y fuera de México. De ello se queja también Felipe Calderón. Si se dividen los 23 mil muertos en estos tres años entre la población —argumentan—, las probabilidades de que algo nos ocurra a los ciudadanos de a pie, que no somos sicarios ni policías ni militares, son realmente bajas. Pero la gente cree que son mucho más elevadas. Más en el caso de los extranjeros, que muchos optan por ir de turismo a otros países, a playas más seguras, donde no se topen con un fuego cruzado o con colgados en un puente. Dicha desproporción es habitual. Cuando nos enteramos de un incendio o temblor en algún país, al ver las imágenes (normalmente las más impresionantes) nos preguntamos si alguien quedó vivo (cuando seguramente sólo hubo un pequeño porcentaje de bajas que lamentar). Pero en alguna medida la deformación de los hechos se puede corregir, equilibrar, si hay la disposición para ello.

Dicen quienes así piensan que cada asesinato reportado, al pasar los días, tiene un efecto multiplicador en la imagen que de eso queda, mayor que la mera suma aritmética. Y recuerdan que el nivel de homicidios registrados ha disminuido en México con los años y que el promedio es mucho menor que en varios países y ciudades, incluso del Primer Mundo. Con todo, pueden hacerse algunos matices:

A) Muchos ciudadanos reportan en blogs y redes sociales sucesos de violencia en sus comunidades no recogidos por los medios, por lo cual, según Mitofsky, cerca de 60% de ciudadanos considera que los medios ocultan parte de esa violencia, en lugar de exhibirla debida y puntualmente.

B) Los crímenes vinculados al narcotráfico son causa, parte y consecuencia de una política pública decidida por el gobierno, por lo cual el seguimiento puntual es una forma de evaluar cómo va dicha estrategia, si se traduce en una disminución de la violencia —uno de sus objetivos anunciados— o si, al contrario, provoca más violencia.

C) La atención que reclama la narcoviolencia, en la opinión pública y los medios, obedece también a su alto impacto, frente a lo que conocíamos antes: hubo una primera vez que aparecieron cabezas cercenadas; una primera vez que se lanzaron granadas en una ceremonia del Grito; una primera vez que ejecutaron a la familia de un marino; una primera vez que acribillan a jóvenes inocentes en una fiesta; una primera vez que matan a dos estudiantes del Tec en Monterrey; una primera vez que se ataca a personal consular estadunidense. Es una escalada de narcoviolencia que no habíamos conocido antes así que no pueden pasar desapercibidos esos hechos.

D) Lo que debe preocupar es cuando haya 20 ejecutados en algún punto del país, y ya no sea motivo de alarma ni consternación, pues significará que ya nos habremos acostumbrado a la violencia y la veremos como normal. Lo cual no significará que la imagen en el extranjero haya mejorado. La noticia sería, en otros países: “las ejecuciones masivas y diarias ya no son noticia en México; los ciudadanos se han acostumbrado”.

E) Fue el gobierno de Calderón el que puso bajo los reflectores lo que sería el eje de su administración, apenas llegó al poder. Él habla constantemente del tema, él lo vincula a todo otro asunto colateral (como en las fiestas cívicas y conmemoraciones históricas), él solicita a los medios que divulguen sus logros, lo que implica también que se divulguen los tropiezos (crímenes, levantones, ataques, daños colaterales). Y es que su estrategia le fue políticamente rentable los primeros años, pero cada vez más se le revierte, como era previsible que ocurriría. Ahora teme que el creciente desprestigio de su estrategia llevará a que el próximo gobierno la cambie por otra y pase la suya a la historia como un grave error, si no es que también como una política altamente irresponsable.

F) No debe confundirse la “autocensura” de los medios —que sin duda a veces la hay, por causas de fuerza mayor— con una línea editorial, que es parte de la libertad de expresión, lo contrario a la censura. Cada medio debe hacerse responsable de su política editorial, y asumir las consecuencias.

Ante todo ello, analistas como Héctor Aguilar Camín proponen una reflexión colectiva de los medios para diseñar una estrategia común de cómo abordar el fenómeno, a partir de un criterio socialmente racional y un interés común de los propios medios. No estaría por demás intentarlo.

Los otros hijos de Marcial Maciel

Luis González de Alba
Milenio/31 de mayo de 2010

Entiendo a los fieles de AMLO si pienso en los Legionarios de Cristo, fieles de Marcial Maciel: no es fácil ver caer así a un santo. De ahí la respuesta cada vez más obnubilada y más feroz.

No recuerdo nada igual desde que, a los 15 años, comencé a leer noticias y opiniones. Ha dejado de haber simples opiniones diversas pues quienes las sostenemos somos vendidos, transas, maricones, traidores, dignos de cualquier acto justiciero. Ni siquiera la elección de 1988, que para muchos arrebató el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas y otros admitimos al menos la posibilidad, dejaron al país en una crispación semejante. ¿Cuál fue la diferencia? Una sola: Cuauhtémoc.

Nunca los amigos y hasta los hermanos se habían distanciado tanto. Sostienen quienes aún siguen a López que hubo fraude en la elección de 2006 y así es como han envenenado la vida cotidiana del país. Estoy convencido de que cualquier partido comete fraude cuando puede. Pero aún esperamos la explicación de cómo ocurrió en una elección a cargo de vecinos, vigilada por todos los partidos y por observadores nacionales y extranjeros, con recuento voto por voto y casilla por casilla la noche de la elección, con actas firmadas por representantes de partidos; en la que se votó con credencial, padrón y papelería de alta seguridad. ¿Cómo? No saben, pero ocurrió porque, sencillamente, la derrota no era posible. O más sencillo: porque lo dice Andrés Manuel.

La encuestadora oficial de AMLO, Cristina Covarrubias, denunció (es el verbo adecuado) que su cliente jamás tuvo el cacareado 10 por ciento de ventaja y, además, que lo previno acerca del paulatino cierre de su ventaja.

Son cada vez más pocos, pero más feroces. Lo entiendo: es que deben tragar ruedas de molino cada vez mayores: que AMLO pase del PRI al PRD y desde allí llame a votar por el PT, el partido acusado de ser creación de Salinas… Que tuviera al frente de su seguridad a Antonio Mejía López, luego destituido como director del penal de Cancún y acusado de participar en el asesinato del general Tello Quiñones, quien diseñaba un cuerpo de policía confiable en Quintana Roo. Bajo las órdenes directas del famoso Nico, “chofer” de AMLO, Mejía López comandaba las gacelas, mujeres que para su protección personal López envió a Israel para recibir entrenamiento, pagado con fondos públicos, aunque no tuvo empacho ético en llevárselas, con todo y Mejía López, a su gira como candidato. Pasó luego a la seguridad de Marcelo Ebrard y después a dirigir el penal de Cancún.

Llegó a la dirección de ese penal porque Nico lo impuso a Greg Sánchez, el ahora encarcelado ex alcalde de Cancún, candidato a gobernador por PRD-PT-Convergencia. La familia de Nico recibió en pago la jugosa concesión apostólica: Dad de comer a los presos (del penal de Cancún): concesión pública no concursada.

Y no es lo peor, sino que el recién nombrado director de seguridad de esa zona dominada por el narcotráfico, general Mauro Enrique Tello, fuera secuestrado por policías locales y luego apareciera torturado y muerto, con dos de sus ayudantes. Eso ya empieza a ser un bocado indigesto.

Detenido en el penal de alta seguridad de Nayarit, el ex alcalde perredista que busca la gubernatura de Quintana Roo, se dice objeto de un compló para impedir su triunfo, aunque las encuestas lo colocaban más de 10 puntos abajo. La última es que quien fuera su tesorero, Gustavo Ponce… ups, perdón, Carlos Trigos Perdomo, se dio a la fuga dejando un faltante de 150 millones de pesos, según nota de Fernando Meraz en MILENIO.

Se parecen a los creacionistas: P: ¿Y estos huesos de dinosaurio y estos fósiles en capas diversas que muestran sus etapas de evolución? R: Dios los dispuso así, desde la Creación, para probar nuestra fe.

Como señala José Woldenberg en Reforma respecto de los apetitos de venganza que ven justicia en el secuestro de Diego Fernández de Cevallos: “Ante la moda de cantar loas interminables a las supuestas virtudes de la sociedad en contraposición a las taras de nuestra “clase política”, bien vale la pena revisar las pulsiones de una y otra ante situaciones límite, para repensar qué tan civil es nuestra sociedad y qué tan inciviles son nuestros políticos. Porque todos los días nos topamos con evidencias de que la sociedad reproduce y alimenta resortes intolerantes, impermeables a los derechos de las personas.” Nuestros políticos no caen de Marte, son simples mexicanos con poder, para bien y para mal.

http://www.luisgonzalezdealba.com/

El candidato y el juez

Miguel Ángel Granados Chapa
Proceso/31 de mayo de 2010

Seguramente ya se encontraron estas dos personas cuyos nombres resuenan en la escena nacional desde hace media semana. Claro que se habla más de Gregorio Sánchez Martínez y menos, casi nada, de Carlos Alberto Elorza Amores. Este último es el causante formal de la detención del primero. Él es juez segundo penal de la Federación en Nayarit, y su oficina está adosada a la cárcel de mediana seguridad de San José del Rincón, cerca de Tepic. Se le solicitó una orden de aprehensión contra Sánchez Martínez, y aunque probablemente el pedido no estaba bien fundado, no tuvo empacho en ordenar la detención del alcalde de Cancún con licencia, candidato de tres partidos (PRD, PT y Convergencia) a la gubernatura de Quintana Roo.

Chiapaneco, Elorza Amores estudió derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, y al graduarse de abogado volvió a su entidad natal, donde ingresó a la administración local de justicia. Luego, allí mismo, pasó a la judicatura federal. Aunque las instituciones donde obtuvo la maestría y el doctorado no resistirían una prueba de rigor académico, alcanzó esos grados, lo que muestra su gana de ascender. De modo que lo consiguió poco a poco hasta llegar a juez de distrito. No sé si por azar, o porque ya había dado muestras de que era una persona dúctil a indicaciones ajenas a la naturaleza de su trabajo, se le encomendó una titánica y delicada labor: recibió hace un año justamente a 27 personas, alcaldes y funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán, a los que se detuvo en una redada insolente y peligrosa.

Elorza Amores los arraigó por 40 días y luego les inició proceso penal por nexos con el narcotráfico, misma conducta que se le achaca a Sánchez Martínez. Pero sus órdenes de aprehensión eran frágiles, y poco a poco sus víctimas –es decir, los destinatarios de tales mandamientos, solicitados por la Procuraduría General de la República igualmente de modo desaprensivo—obtuvieron amparo en tribunales de garantías y paulatinamente salieron en libertad, por la sencilla razón de que no cometieron los delitos que se les imputaron. Apenas este 21 de mayo quedó libre el procesado en falso número 19. Quedan todavía ocho personas detenidas, que se augura dejarán de estarlo en breve porque les asiste la misma razón que al resto de los encarcelados el 26 de mayo de 2009.

Como si una mente perversa, o sumamente torpe, quisiera señalar esa efeméride, ese día, un año después, Sánchez Martínez fue llevado a Tepic a esperar que se le inicie proceso luego de que casi al término de la jornada anterior se ejerció orden de aprehensión en su contra. La Procuraduría lo pensó dos veces antes de acudir de nuevo a Elorza Amores, que le merece confianza, aunque sus decisiones no resistieron a la justicia de amparo. Por eso la PGR hizo un ensayo previo. Acudió el 7 de mayo a otro juzgado de distrito, el Sexto Penal, con sede en Toluca. El juez Roberto Hoyos encontró llena de agujeros la petición de la Procuraduría y no obsequió la orden de aprehensión solicitada. Faltó a la PGR un estudio lógico-jurídico que permitiera “comprobar el grado de participación de Sánchez en el delito de lavado de dinero, por lo que al analizar en su conjunto y de manera individual los argumentos para detenerlo, no se podía comprobar ese ilícito”. (Reforma, 27 de mayo.)

Claro que entre el 7 y el 26 de mayo mediaron 19 días que acaso fueron aprovechados por la Procuraduría federal para subsanar las deficiencias establecidas por el juez Hoyos. Pero en vez de volver ante este juzgador con un pedido más sólido, atendible, la PGR resolvió ir sobre seguro y presentó su nueva petición en Nayarit, ante el menos exigente juez Elorza Amores, que no defraudó al ministerio público. Esta vez importa menos que hace un año si la Federación pierde el proceso que pretende iniciar contra Greg, el popular candidato que con sus dotes personales se hizo de una fortuna en pocos años y es exitoso predicador religioso y más exitoso todavía intérprete de música de la misma índole. Porque con toda claridad de lo que se trata es de eliminarlo de la contienda electoral quintanarroense. Si Sánchez Martínez no obtiene suspensión provisional contra la orden de aprehensión, o son inútiles otros mecanismos de defensa que despliegue junto con el PRD (como el juicio de protección de garantías político-electorales ante el tribunal federal de esa materia), ese partido y sus aliados se quedarán sin candidato, porque habrá ya transcurrido el plazo para reemplazarlo (con lo que también se evitaría que políticamente lo sustituya su esposa, la señora Niurka Sáliva, que no puede ser candidata por su oriundez cubana, y a pesar de su discurso elocuente aunque no convincente).

Hay una controversia política entre el PRD y la PGR respecto del albazo que significó la detención del candidato opositor, que lo iba a ser también del PAN, partido que oportunamente se distanció de la coalición alegando que no avalaría la postulación de Greg Sánchez. Asegura la Procuraduría General de la República que hace varios meses dio aviso al PRD sobre el curso de sus investigaciones, que podrían desembocar en la aprehensión del candidato, a fin de que tomaran sus providencias electorales. Jesús Ortega, el dirigente perredista, niega haber recibido tal alerta. Por la naturaleza del asunto es seguro que, de haberse dado tal comunicación, ésta habría sido verbal y que no consta por escrito, de donde resulta que se oponen palabra contra palabra. Y ninguna de las partes de esa diferencia suscita confianza al grado de aceptar como bueno su dicho.

Si Sánchez Martínez es mantenido preso y el PRD se queda sin candidato, no sólo éste, sino el partido mismo resentirá un grave problema, que en la fragilidad partidista actual será de consecuencias funestas. Y dentro del PRD la ya debilitada Nueva Izquierda padecerá en mayor medida las consecuencias de confiar en alguien que tal vez no merecía, en estos tiempos y en un lugar como Quintana Roo –regido hasta hace poco más de una década por quien es ahora el primer gobernador extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico–, tanta confianza, resultante por añadidura del cálculo convenenciero.

La PGR como arma política de Calderón

Jesusa Cervantes
Proceso/28 de mayo de 2010

La Procuraduría General de la República (PGR) se utiliza como un arma política tanto para pegarle al adversario como para ganar elecciones y legitimar abusos de poder.

Eso pareciera desprenderse de la reciente detención del candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, quien pareciera --como ocurrió a Andrés Manuel López Obrador con el desafuero, para infortunio del gobierno federal panista, que sólo lo hizo crecer en popularidad-- se ha convertido en una víctima más del poder.

No se pretende aquí exonerar a quien hoy desde el gobierno federal ya se le sentenció como culpable antes de ser sometido a juicio; se trata más bien de cuestionar las acciones erróneas que de manera constante realiza el gobierno panista.

Si el candidato perredista es culpable o no, le corresponde a la autoridad judicial --y no a Felipe Calderón-- demostrarlo; sin embargo, existen formas que no se pueden desatender y antecedentes que no se pueden olvidar.

La manera en que actuó la Federación parece desaseada al grado de recurrir al mismo juez federal que antaño le otorgó las órdenes de aprehensión contra casi una treintena de servidores públicos de Michoacán --acusados por el mismo delito que hoy encara Greg: delincuencia organizada y lavado de dinero--, y quienes con el paso de los meses tuvieron que salir en libertad después que no se les pudo comprobar la acusación.

Al candidato perredista, quien por cierto iba arriba en las encuestas para ganar la gubernatura, se le detuvo bajo la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero, además de la temeraria suposición de que está involucrado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y por la cual tres excolaboradores de Greg Sánchez están siendo procesados.

Esos mismos excolaboradores son quienes hoy señalan al candidato perredista de estar involucrado con el narco.

Sin embargo, no hay que perder de vista lo ocurrido el pasado 7 de mayo cuando la PGR solicitó al Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Roberto Hoyos Aponte, la orden de aprehensión contra Greg Sánchez y éste se la negó.

Según los argumentos del juez federal, la PGR no pudo acreditar la participación de Greg, y tampoco siquiera la existencia de los delitos contra la salud ni de lavado de dinero por los cuales hoy está en el penal de mediana seguridad de Nayarit.

Dos párrafos de la sentencia del juez son claves, aquí su reproducción:

“La representación social --es decir la PGR-- perdió de vista que en la indagatoria no existe prueba que ponga de manifiesto que Gregorio Sánchez hizo actos provenientes de actividades ilícitas… incumplió la carga probatoria que le corresponde”.
“Al no estar acreditados los elementos de delitos en referencia, ni la probable responsabilidad penal del indiciado… lo procedente es negar la orden de aprehensión solicitada”.
Esta decisión del juez federal, al que determinó acudir la propia PGR, llevó a Arturo Chávez Chávez, titular de la dependencia, no ha obtener los elementos que probaran sus acusaciones contra Greg, sino que se fue por el camino ya conocido y recorrido el año pasado, que fue el de ir con el mismo juez de Tepic que le otorgó las órdenes de aprehensión en contra de presidentes municipales y autoridades locales de Michoacán.

Como se recordará, hace un año a funcionarios y alcaldes de Michoacán se les acusó de estar vinculados con el crimen organizado, entonces la PGR, en un acto publicitado en extremo, los detuvo luego de haber obtenido de parte del juez Carlos Alberto Elorza, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Proceso Penales Federales en Tepic, las respectivas órdenes de captura.

Meses después, como las pruebas presentadas por la PGR no fueron suficientes, durante los procesos que se les siguieron a las autoridades de aquel estado, se les ha tenido que ir dejando en libertad.

Hoy, a pesar de que el juez del Estado de México le informó a la PGR que no aportó los elementos suficientes para probar la presunta culpabilidad de Greg Sánchez, el gobierno decidió irse con el mismo juez Alberto Elorza y de él obtuvo la orden de aprehensión.

Como también se recordará, la detención de los presidentes municipales se dio previo a elecciones locales en Michoacán y el traslado de éstos al penal de Nayarit fue igualmente publicitado y se les puso chamarras de color amarillo, similar al tono que utiliza el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En aquel momento se dijo que todo era un “golpe político bajo” de parte del gobierno federal, e incluso se le acusó de estar utilizando a la PGR como un arma para desacreditar a los adversarios políticos. En aquella ocasión las acusaciones fueron negadas por el gobierno panista de Calderón.

Hoy, por la forma en que se ha dado todo este proceso contra Greg Sánchez y con un proceso electoral en puerta, pareciera que el gobierno recurre a la misma formula. Y de la misma forma que ayer, se niega que esto pudiera tener objetivos políticos.

Sólo un necio repite la misma acción en espera de resultados diferentes. Parece ser que la necedad del gobierno federal, de mantenerse en el poder a través de acciones ilegítimas pero con acciones “reconocidas como legales”, persistirán.

Hace algunos años, en el 2006, Felipe Calderón llegó ilegítimamente a la silla presidencial, pero con el reconocimiento legal de las autoridades electorales; el año pasado pretendió, mediante acciones legales como una orden de un juez federal, buscar inculpar a funcionarios del gobierno perredista de vínculos con el narcotráfico y, a falta de pruebas, debió recular.

En esta ocasión, el gobierno pone todos los elementos de la duda que hacen difícil no pensar en que se trata de otra maniobra “electorera”, falta de ética y que sólo pone de manifiesto, nuevamente, la falta de sabiduría para conducir un país.

En este espacio no se defiende al candidato del PRD, pues no se cuenta con los elementos para ello, de lo que disiente es de la forma en que el gobierno federal actúa y esto preocupa, pues si la PGR, como ya se ha visto en otros casos, se sigue utilizando como arma política, uno se puede preguntar qué ocurrirá en el 2012, cuando el proceso electoral presidencial esté, de manera formal, en marcha.

Lo único claro al día de hoy es que gracias a las acciones del gobierno panista, de nueva cuenta, el ambiente político se vuelve más turbio y el malestar de un sector del país se hace más evidente.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Procuración de justicia y vigilancia ciudadana

John M. Ackerman
La Jornada/31 de mayo de 2010

Urge someter a las procuradurías de justicia del país a un estricto régimen de rendición de cuentas. El cuestionable manejo del caso de Paulette, las sospechas respecto de la detención de Greg Sánchez y la imperdonable abdicación de las autoridades ante las exigencias del crimen organizado en el caso de Diego Fernández de Cevallos, revelan una franca incapacidad de nuestras autoridades para ganar la confianza ciudadana y asegurar el estado de derecho. La opacidad y la discrecionalidad imperantes constituyen el caldo de cultivo ideal para la corrupción, la inefectividad y el abuso de autoridad que caracterizan la actual situación de procuración de injusticia en el país.

Hace casi dos años, el 21 de agosto de 2008, la clase política del país se comprometió a formar un observatorio ciudadano en materia de seguridad, dentro del marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El 19 de febrero de 2009, la prensa informó que se habían firmado los estatutos de este nuevo observatorio integrado por la organización México Unido Contra la Delincuencia, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y algunas universidades del país. Sin embargo, de entonces a la fecha no se ha detectado ninguna acción clara o contundente de parte de esta instancia no precisamente plural o incluyente. Es más, ni la prensa nacional ni la Internet dan fe de que este observatorio haya emitido informe o declaración pública alguna desde su creación.

Los lectores recordarán que en la misma reunión en Palacio Nacional del 21 de agosto de 2008, el empresario Fernando Martí emitió un discurso emotivo donde retó a las autoridades a cumplir con su responsabilidad de garantizar el estado de derecho en el país. Allí pronunció su famosa demanda: “Si no pueden, renuncien”. Hoy, sin embargo, el licenciado Martí aparentemente ha decidido bajar el nivel de exigencia ciudadana. El pasado lunes 24 de mayo, en un foro convocado por su organización, Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (SOS), Martí ofreció un discurso mucho más suave y de conciliación con las autoridades. Paradójicamente fue Felipe Calderón quien más lució en el acto ciudadano, al declarar su supuesta voluntad de extirpar la corrupción entre los cuerpos policiales, ministeriales y judiciales del país. Al final, Martí no dudó en posar para la foto para capturar su amistad y confianza en el mandatario.

Pero hoy más que nunca hace falta redoblar la exigencia ciudadana hacia las autoridades por la inseguridad que prevalece en el país. Es necesario instaurar mecanismos de vigilancia directa de las autoridades por los ciudadanos y los expertos en la materia para asegurar que cumplan con sus mandatos legales.
El primer paso sería garantizar la transparencia plena en las actuaciones de los ministerios públicos del país. Si bien existen razones de peso para proteger el contenido de las investigaciones ministeriales en curso, se deben proporcionar versiones públicas de los expedientes una vez que la autoridad haya terminado su labor. Urge revocar las recientes reformas al artículo 16 del Código de Procedimiento Penales que prohíben a rajatabla el acceso ciudadano a cualquier elemento de los expedientes ministeriales en cualquier momento. De otra forma, nunca habrá materia prima para una efectiva vigilancia ciudadana.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía tiene una oportunidad de actuar a este respecto. En su análisis de la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha presentado, fácilmente podrían expulsar el nuevo texto legal del orden jurídico nacional. El “principio de máxima publicidad” consagrado en el artículo sexto constitucional y el “principio de publicidad del proceso penal” plasmado en el recién reformado artículo 20 de la Carta Magna juntos aportan más que suficientes elementos a los ministros para declarar la inconstitucionalidad de las reformas al Código de Procedimientos Penales.

Por otra parte, la Cámara de Diputados debería perfeccionar la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada hace unos días por el Senado. Es falso que esta reforma constituya una respuesta contundente a la decisión de la Corte de avalar las disposiciones de la Ley Orgánica de la PGR que permitan al procurador negar a su gusto cualquier información solicitada por la CNDH. El texto aprobado por el Senado únicamente permite el acceso completo a la información en casos de “violaciones graves de derechos humanos”. Los diputados deberían eliminar este peligroso candado para permitir un acceso sin restricciones de parte del ombudsman en todo momento.

Tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial también tendrían que actuar de manera contundente para frenar el intento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo (TFJFA) de erigirse como instancia de revisión de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Los recientes fallos del TFJFA contra el IFAI implican una amenaza directa a la médula del sistema de rendición de cuentas del país y sobre todo con respecto a la información en manos de la PGR.

Pero más allá de lo que hagan o dejen de hacer las autoridades, ha llegado la hora para la articulación de un sólido y combativo movimiento social en favor de la justicia y el estado de derecho en el país. Ya basta de que las autoridades utilicen los esfuerzos ciudadanos únicamente para legitimarse en el poder.

El jefe Diego, el misterio y la faida

Carlos Fazio
La Jornada/31 de mayo de 2010

Desde hace un cuarto de siglo, tras la imposición de las políticas neoliberales, la corrupción, producto histórico estructural del capitalismo familiarista y amoral de México, generó una balcanización acelerada de la administración gubernamental. Ante la ausencia de sólidas instituciones políticas y de mercado, y la irrupción de una nueva clase política facciosa más preocupada por los intereses particulares que por los públicos, en colusión con una clase empresarial con un pie en la economía legal y otro en la ilegalidad, el crimen se convirtió en un elemento orgánico del sistema monopólico de control político y social.

Con la entronización fraudulenta del clan Salinas en 1988, y tras los crímenes de Estado de 1993 y 1994 (los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas y los priístas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu), fue tomando fuerza un gobierno privado extralegal de tipo cleptocrático y mafioso, que de manera acelerada derivó en un estado generalizado de contra-institucionalización. La “protección extorsiva” de los comportamientos ilegales por grupos gansteriles en el seno del viejo partido de Estado, el Revolucionario Institucional (PRI), dio paso a una violencia reguladora de nuevo tipo que, cada vez más, recurrió al asesinato y a las purgas como norma.

Cabe anotar que la gestión de los mercados ilegales es siempre la gestión del desorden y de la faida, principio que en el viejo derecho germánico sancionaba el derecho a la venganza. Así, desde los cimientos del caos se “normalizaron” o naturalizaron el gobierno del crimen y la eliminación física recíproca como mecanismo de la protección criminal a la criminalidad por medio de una supracriminalidad, y de la ilegalidad por medio de la suprailegalidad.

Como señala Giulio Sapelli, es la escasez de legalidad la que produce la contra-institucionalización del gobierno criminal: éste crea, con un mercado propio, una clase política propia, que regula, administra y reproduce el sistema. Visto así, desde comienzos de los años noventa del siglo pasado asistimos a una “refeudalización política” del Estado, que abortó de manera temprana las expectativas de cambio y transición a la democracia de amplios sectores de la ciudadanía consciente.

Desde entonces, como un continuum, de la mano de la corrupción político-económica y la circulación de enormes masas de capital derivadas de múltiples actividades ilícitas (entre las que destaca el narcotráfico), el elemento de la violencia fue decisivo para imponer una “paz de mercado”, donde la competencia es eliminada. Se trata de una violencia reguladora (disuasiva, represiva, aniquiladora) que busca establecer el monopolio de la economía criminal, eliminando a los otros “jugadores”, y que ha venido operando como una especie de “mano visible” que, en última instancia, regula la resolución de los conflictos y la continuidad del círculo vicioso de la ilegalidad.
Una ilegalidad y una violencia física desembozada, en apariencia anárquica, que entraron en una fase de descontrol y se profundización durante los dos gobiernos facciosos y derechistas del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, y que llega hasta nuestros días con la desaparición forzosa del ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y el atentado contra el general Arturo Acosta Chaparro, prototipos, ambos, con sus especificidades y campos de actividad respectivos, de la colusión entre individuos y empresas en el marco de gobiernos amorales de tipo delincuencial, basados en un sistema de economía plutocrática-mafiosa.

El amasiato de los poderes Ejecutivo y Legislativo visibles con el poder invisible de los lobbys empresariales, legales y criminales, dio paso, para usar la figura de Bobbio, al actual “neopatrimonialismo” extralegal mexicano, que opera al margen de toda regla institucional. Como en Italia, Colombia o Rusia, corrupción personal y corrupción “institucional” –o sea en nombre del partido y en violación de las leyes que regulan su funcionamiento– involucran hoy en México de manera transversal a los principales clanes políticos, llegando hasta los más altos vértices del Estado.

En ese contexto, en el caso del jefe Diego, moderno señor feudal y personaje polémico que logró amasar una escandalosa fortuna desde los tiempos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (Punta Diamante, Banco Anáhuac, etcétera), señalado por sus relaciones inconfesables y tráfico de influencias (Martí Batres aseguró que el panista es abogado del narco y empleado de la mafia), podríamos estar ante el rompimiento de los consensos y pactos entre grupos competidores violentos que interactúan en los mercados de la ilegalidad, y que se mueven en los espacios de confluencia de empresas poderosas, clanes partidarios y mafias enquistadas en una administración pública balcanizada y penetrada por una gran corrupción.

En medio del caos y la violencia imperantes (México se “colombianiza”, Calderón dixit), Diego Fernández de Cevallos pudo haber sido alcanzado por la faida o el derecho a la venganza de alguno de los grupos invisibles rivales que “gobiernan” desde la ilegalidad. O, como se ha señalado de manera más clara, el jefe Diego pudo ser el objetivo elegido para dirimir ajustes de cuentas dentro de las mafias del poder; sin descartar, claro, en ese mismo escenario, que se trate de un secuestro o crimen de un sector del Estado, dirigido a provocar reacomodos en el seno de una cúpula colusiva signada por la relación empresa-clase política.

Más allá del silencio oficial y los galimatías informativos, Diego es el mensaje y nadie está a salvo.

El difícil acceso a la justicia

Arnaldo Córdova
La Jornada/30 de mayo de 2010

El pasado lunes 24 de mayo se llevó a efecto la firma del Pacto Nacional por el Acceso a la Justicia en México, en el soberbio palacio de San Ildefonso y con la presencia de todos los presidentes de los tribunales federales, electorales y administrativos y, también, de los de las diferentes entidades de la Federación. Los pronunciamientos no pudieron ser más solemnes: este proyecto de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia se comprometió a que el acto no terminara siendo un catálogo de buenas intenciones”. Se debe buscar el objetivo de vivir en un país de leyes, de justicia y de paz. Las instituciones judiciales, se dijo, son las que dan estabilidad al sistema (político) y las que lo mantienen funcionando.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, afirmó que se requiere “conocer, medir y verificar la actuación de las instituciones encargadas de impartir justicia”. ¿Quién o quiénes harán eso? Pues se supone que los mismos impartidores de justicia, los que a partir de este Pacto ya se van a comportar como muy buenos chicos y, eso sí, harán todo lo que esté en sus manos por hacer que los mexicanos “accedan a la justicia”. Como si se tratara de un borrón y cuenta nueva: con este Pacto entramos en una nueva era.

“Acceder a la justicia”. ¡Qué horrible expresión! Como muchas otras la hemos importado de los anglosajones, cuando deberíamos haber adquirido de ellos algo mucho mejor. Por desgracia retrata muy plásticamente lo que ocurre en este país en materia de impartición de justicia. Oyendo eso, se piensa de inmediato en una especie de gigantesco portón de acero al que el ciudadano común y corriente llega a tocar para que se le dé solución jurídica a sus problemas. Muy pocas veces ese portón se le franquea y casi siempre permanece cerrado. En realidad, ni hace falta imaginarlo, lo ve uno todos los días si está un poco familiarizado con los problemas de la impartición de justicia.

La pregunta sería: ¿cómo van a hacer nuestros jueces de todos los rangos y áreas para procurar un verdadero “acceso” a la justicia? Simplemente, ellos no pueden hacer nada al respecto, porque ellos mismos no son ninguna solución sino, como suele decirse, parte del problema. Visto todo ello en perspectiva, se necesitaría, en primer término, una nueva legislación en materia de protección a los individuos y de procedimientos jurisdiccionales; en segundo lugar, una mejor selección del personal encargado de la impartición de justicia. El hecho es que en México las personas no están debidamente protegidas por leyes ciertas y adecuadas y que los magistrados o jueces no siempre están lo bien dotados y capacitados para ejercer su función.

Todo ello lleva a profundidades insondables que nos hacen llegar siempre al mismo punto: México necesita de reformas colosales para poder reorientar su vida social mediante el derecho. Y en lo tocante a la impartición de justicia, todo lleva también al mismo punto: la verdadera y, además, última garantía de los derechos de todos los mexicanos está en la Constitución, que es la que verdaderamente los funda y los protege. Las leyes derivadas de ella sólo dicen el camino específico que debe seguirse para ello. Cuando los impartidores de justicia sólo deben decir el derecho contenido en las leyes, sin convertirse en intérpretes de la Constitución, se vuelven simples decidores del derecho de cada uno y no en auténticos intérpretes de lo que el derecho es de acuerdo con la Carta Magna.
De los norteamericanos debimos haber copiado no una terminología detestable, sino el modo en que ellos imparten justicia. El gran Justice John Marshall (1755-1835), presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos durante 34 fructíferos años, le dio, con un sólo fallo, el del caso Marbury vs. Madison, esa institucionalidad magnífica en la que se debe dar la impartición de justicia. Para empezar, Marshall definió magistralmente la función del juez, federal o local, como un juzgador que debe siempre partir de la Constitución y ver la ley al trasluz de lo que dispone la Carta Magna. Ver la ley en sí misma y, como se dice en el foro, atenerse a su letra es decidir con los ojos vendados. Lo primero que todo juez debe hacer es examinar el fundamento constitucional de la ley que va a aplicar.

En nuestro país eso no se da, porque aquí sólo la Suprema Corte está facultada para dar la interpretación última de la Constitución. Ahí empieza el problema. Nuestros jueces son simples codigueros. La verdadera y, también, última protección de los derechos del ciudadano se encuentra en el juicio de amparo; pero éste queda fuera de su alcance. Si el juez estuviera facultado para definir la constitucionalidad de su reclamo, lo dejaría en mejores condiciones para llegar al amparo y demandar la verdadera justicia, que es aquella que instituye en su favor la Constitución.

En Estados Unidos, el amparo de la justicia no es un juicio especial, como entre nosotros (juicio de amparo), sino un recurso. Cualquier litigio puede comenzar por alegar los agravios de constitucionalidad que se presentan como causa. Allí el sistema funciona a través de los recursos ordinarios del derecho procesal anglosajón. El procedimiento se puede iniciar indistintamente en los tribunales federales o estatales y la materia no está reservada, salvo casos excepcionales, a los jueces federales y ambos, federales o locales, ejercen jurisdicción concurrente en el procedimiento constitucional, sujetos siempre a la revisión de la Suprema Corte de Estados Unidos. Eso fue lo que produjo Marshall para ese país (Óscar Rabasa, El derecho angloamericano, FCE, México, 1944, pp. 632-634).

Nuestros jueces no pueden hacer nada para mejorar el “acceso” a la justicia de los ciudadanos mexicanos, aun suponiendo que todos sean personas decentes. No están armados para ello y, además, faltan las instituciones jurídicas que permitan que todo mexicano pueda obtener justicia en sus problemas con sus semejantes o en los que pueda tener con los poderes públicos. Nuestros padres fundadores de la República fueron demasiado timoratos y muy poco previsores del futuro desarrollo de la nación cuando nos dieron nuestras hoy obsoletas y débiles instituciones. No hubo visión de su parte. Y cuando no hay buenas instituciones se tiende a vivir en la simulación y en el dejar pasar que es la matriz de todas las injusticias, incluso de las más atroces.

Si creyéramos en ellos, deberían ser nuestros legisladores los que se encargaran de darnos un buen sistema de impartición de justicia, introduciendo los mecanismos que hicieran no sólo posible, sino expedita y a la mano, la impartición de justicia, con jueces dotados de la facultad de proteger debidamente y de acuerdo con la Constitución los intereses y las personas de todos los mexicanos. Pero, ¿quién puede creer en legisladores tan mal preparados y poco ilustrados como los que ahora tenemos?

De Arizona y crisis

Matteo Dean
La Jornada/29 de mayo de 2010

La ya mal afamada SB (Senate Bill) 1070 aprobada en el estado de Arizona y que entrará muy probablemente en vigor el próximo 29 de julio, despertó, justamente, hartas protestas tanto en Estados Unidos como en México y otros países directa o indirectamente afectados por la medida normativa. Los contenidos de dicha ley y las facultades que otorga a las fuerzas de seguridad del vecino país del norte hablan por sí solos de la inteligencia de las personas que la aprobaron. No es de inteligencia pero que es necesario hablar. Ella faltó a los legisladores de Arizona. Hay que hablar más bien de la tendencia que esta legislación marca y de las reacciones a ella, las que también señalan una peligrosa pauta.

Por un lado, en efecto, dicha ley no es ninguna novedad. Sería interesante enumerar la larga lista de normativas restrictivas para la vida digna de los ciudadanos migrantes, tanto en Estados Unidos como en Europa y otros países. Una larga serie de medidas restrictivas, punitivas, discriminantes que matan tanto en esta frontera norte como en la europea, que discriminan y estigmatizan tanto en el desierto estadunidense como en la capitales de Europa. Miles de muertos cada año, cientos de expulsados y deportados todos los días son las consecuencias de dichas normativas que desde hace años pueblan el imaginario reprimido del ciudadano migrante.

Sin embargo dicha ley despertó particular malhumor y enojo en la comunidad nacional e internacional. ¿Será porque es absurdo que sea sólo la apariencia la causa de un alto policiaco? ¿Será porque la ley establece –negro sobre blanco– una vez más en la historia el “perfil racial” como elemento discriminatorio entre culpable y no culpable? ¿O será sólo porque se le faculta a todo policía interpretar el papel del policía migratorio?

Todo lo anterior y mucho más. Y sin embargo sorprende el vasto abanico de reacciones y sectores que se hicieron protagonistas de las mismas. Tras poco más de un mes de la aprobación de la SB1070, comienza finalmente a despegarse el panorama, pues no dejaba de rechinar la maquinaria propagandista realizada por ciertos sectores institucionales, quienes logran ver la paja en el ojo ajeno pero bien ciegos están cuando se les señala el tronco que existe en su propio ojo.

El 22 de marzo pasado, 11 organizaciones mexicanas reportaban frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el “holocausto de migrantes” que se da cotidianamente de este lado de la frontera. En los distintos informes se señalaban “abusos sexuales, tortura física y sicológica, homicidios, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación laboral y sexual, esclavitud, tráfico de órganos, impunidad” como las características de la política migratoria al sur del río Bravo. Entre todas, emergía una denuncia tremenda: miles de migrantes secuestrados. Los funcionarios de gobierno llamados a responder negaban todo, obviamente.
La verdad entonces es otra y se está demostrando justamente en estos días. El llamado al boicot sirvió para ilusionar y concentrar la atención de muchos. Pero no para quienes piensan que, pase lo que pase, el “libre mercado” es asunto que no se discute. Cueste lo que cueste, evidentemente: ya sea la vida o la dignidad del ser humano. Las visitas electorales de quienes tienen la visa y están amparados por la investidura popular y van allá a decir que sí “haremos algo”, dudamos se adaptarían a las incomodidades del río Suchiate. Así como son risibles las tímidas declaraciones de Obama, quien entre un chiste y otro poco supo hacer hasta ahora en cuanto a la aclamada reforma migratoria.

La verdad es también, y sobre todo, que esta ley no hace otra cosa que responder al sentir común de la gente de Arizona y de muchos otros lados, como bien lo sabe la gobernadora Jan Brewer quien, tras firmar la ley, vio subir 14 puntos el consenso del electorado del estado (para las elecciones del 4 de noviembre). En suma: la legislación es pésima porque pésima es la opinión pública. Difícil decir o contrario a menos que tengamos algún otro cínico interés electoral o seamos racistas.

Es necesario preguntar, más bien, por qué la aclamada reforma migratoria no llega. El yes we can de Obama chocó con la realidad de un Congreso federal dominado por el sentimiento racista de sus integrantes. Claro, una reforma migratoria como las propuestas hasta ahora (ya lo dijimos: La Jornada del 8 de abril de 2010) pagaría límites estructurales que no pueden satisfacer al movimiento migrante de forma cabal. Pero, al menos, permitiría cierto nivel de debate en las sociedades involucradas. Y sin embargo no es así y sigue ganando (fácilmente) la salida reaccionaria y derechista a la crisis económica.

Si la apuesta de Obama era la de probar a superar la crisis apostando a los sujetos biopolíticos de la misma, es decir los precarios, los trabajadores autónomos y flexibles, migrantes y entonces móviles, esta idea recoge aún pocos consensos. Por el contrario, se aprueba socialmente la política de atacar a los más expuestos. El enojo, la frustración, el rencor social encuentran de tal manera un fácil desahogo en el conflicto horizontal que se viene creando entre los pocos con algún privilegio –por ejemplo, el derecho a votar una gobernadora de derecha– y los muchos sin derecho alguno. Quienes están arriba, en las sillas del poder, continúan allí. Por el momento.

http://www.matteodean.info/

Guarderías: el “nuevo” modelo-contrato de Karam

Gustavo Leal F. *
La Jornada/29 de mayo de 2010

Después de la tragedia de Hermosillo y frente al deterioro notable en el desempeño de los órganos superiores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) administrado por el Partido Acción Nacional, mucho se exigió la cancelación del modelo de subrogación Levy-Molinar Horcasitas-Karam, aprovechando la renovación de contratos en diciembre de 2009. La oportunidad cubría 95 por ciento de las mil 542 guarderías subrogadas.

Lejos de ello, Felipe Calderón y Daniel Karam impusieron un “nuevo” contrato –para los próximos tres años– que seguirá exponiendo a los infantes y comprometiendo estructuralmente la “calidad” del servicio que brinda el IMSS. La cuota por cada menor suma 2 mil 825 pesos para 196 mil niños (diciembre de 2009).

Inmediatamente cuestionada por la Asociación Nacional de Guarderías (Anagu), la “nueva” pieza impone a los prestadores una fianza al establecimiento de 12 mil pesos por concepto de cumplimiento de contrato –requisito que antes no existía– para que, en caso de rescisión, el instituto sea “compensado” al mantener la continuidad del servicio.

Además, el consejo técnico del IMSS decidió elevar de uno a 10 millones de pesos el seguro de responsabilidad civil, por lo cual los prestadores deberán desembolsar ahora 50 mil pesos en vez de los 3 mil 500 que invirtieron en 2009. Y aún deben absorber, de manera obligatoria, los costos de sus respectivos planes de protección civil, peritajes periódicos de sistemas de gas, eléctricos e infraestructura arquitectónica.

En contraparte, el IMSS “anunció” que –durante 2010– sólo les incrementaría uno por ciento la cuota por servicio subrogado, frente al 4 por ciento que había liquidado anteriormente. Además de que el primer abono se materializaría el 15 de febrero y no los primeros días de enero, con lo cual los prestadores pondrán de su bolsillo el primer mes y medio de operación.

La Anagu manifestó su inconformidad con los atropellos y el hostigamiento “del cual hemos sido objeto”, al tiempo que solicitaba la intervención de legisladores y “autoridades competentes”. Pero su ruego resultó del todo estéril. Para Karam sólo se trataba de reglas “más estrictas, no negociables, que permitirán garantizar máximas medidas de seguridad para los niños”. Ensañándose sobre los prestadores, sus “reglas” profundizan la de por sí comprometida “calidad” del modelo de subrogación diseñado por Santiago Levy y, de paso, “deslindan” al IMSS de cualquier responsabilidad civil, laboral o de cualquier índole legal.

Con las pólizas emergentes, el instituto deja de ser “corresponsable” en la prestación del servicio que otorga por conducto de particulares y a los padres de los niños de guarderías “eliminadas” (130 de un universo de mil 351 subrogadas) les otorgará un “apoyo” en efectivo por 2 mil 400 pesos mensuales para que de “manera temporal” lleven a sus hijos a la estancia de su elección. Por ejemplo, ¿a las “estancias” changarrizadas que opera la Secretaría de Desarrollo Social?
Los “nuevos” contratos tenían como antecedente un “modelo” pivoteado por Karam desde “el cumplimiento estricto de estándares de seguridad” en las instalaciones, la “participación” de la sociedad y la “transparencia” en la prestación del servicio.

Para “multiplicar” por tres veces y media la capacidad instalada y atender a 730 mil niños “adicionales” a los ya cubiertos, el “modelo” de Karam pretende, primero, castigar aún más a los prestadores por el cumplimiento “estricto” de estándares.

Luego, impone a los padres una nueva “corresponsabilidad” (participación) ya cubierta por el pago de su cuota: “incorporar a los jueces más importantes de la labor del instituto: los padres de los niños que asisten a las guarderías”.

Y, en tercer término, integra dos nuevos jugadores “ganadores” al “mercado” del servicio: la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y Transparencia Mexicana, de Federico Reyes Heroles. La AMIS signó un convenio con Karam que permitirá contar con una opinión calificada adicional en materia de evaluación de riesgos, mientras Reyes Heroles “propondrá” los mecanismos de participación ciudadana y velará por su independencia. ¿Cobrando cuánto? Con Transparencia Mexicana, Karam también firmó un acuerdo para la celebración periódica de encuestas de satisfacción.

Y, en efecto, en junio de 2009, la magia de Transparencia Mexicana de Reyes Heroles levantó una primera encuesta “piloto” en la que increíblemente resultó que 93 por ciento de los usuarios “recomendaría” la guardería adonde asiste su niño; encuesta que –por supuesto– ignoró olímpicamente el informe preliminar de la comisión designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así, el “nuevo” modelo-contrato de Karam seguirá quemando en establecimientos privados la cuantiosa bolsa pública, sin resolver la justa demanda de miles de padres y profundizando el deterioro de la “calidad” del modelo diseñado por Santiago Levy, ampliado por Molinar Horcasitas y preservado irresponsablemente por Karam. Por algo el Instituto Federal de Acceso a la Información ha ordenado a Karam que “difunda” copias de las pólizas de seguros en materia de protección civil que tanto presumió.

Con ese “nuevo” modelo y su contrato las cosas irán peor, pero Calderón y su esposa Margarita Zavala seguirán presumiendo que “atienden” a su más que riesgosa manera la demanda de las mujeres que trabajan.

Mientras se precisan las responsabilidades del informe final de la SCJN, es claro que, además de la movilización de los padres-deudos de Hermosillo, tocará al gobierno emanado de los comicios de 2012 fincar las responsabilidades penales del caso a quienes sembraron el caldo de cultivo de la peor tragedia de la seguridad social mexicana: Fox-Levy-Calderón-Molinar Horcasitas y Karam.

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

Diego y callejerito

Sara Sefchovich
El Universal/30 de mayo de 2010

En un artículo titulado “Simpatía por el crimen”, Héctor de Mauleón se refirió a quienes ven el secuestro de Diego Fernández de Cevallos como asunto de justicia social y sus simpatías no están con la víctima, sino con los criminales. Ese modo de pensar se justifica en base en dos argumentos: uno tiene que ver con que el personaje de que se trata hizo mucho daño y es ampliamente detestado. Otro tiene que ver con la dificultad de la vida de millones de mexicanos “robados, agraviados, aplastados, marginados.”

Ambas explicaciones apuntan a un mismo fondo: el agravio social.

Ahora bien: si la explicación pasa por allí, ¿cómo se explica el crimen atroz, cometido por pura diversión, contra un pobre perro callejero, indefenso totalmente, sin nombre siquiera, que no le había hecho ningún daño a nadie? Se trata de un caso opuesto exactamente al del político secuestrado y me pregunto: ¿se le puede dar también una explicación social? ¿y cuál sería ésta? ¿sería la misma que vale para el caso de Diego y que tiene que ver con las dificultades de la vida para millones de ciudadanos?

Responder a esta pregunta es un desafío. ¿Qué agravio social explica que adolescentes, estudiantes, hijos de familia, gente común pues, puedan cometer un asesinato como ese? ¿y qué nivel de agravio explica que además se enorgullecieran de sus acciones y las filmaran y grabaran y subieran a la red para presumirle su hazaña a todo mundo?, ¿y que todavía después, cuando se les entreviste no tuvieran conciencia de la aberración en que incurrieron?

Estamos frente a una cuestión significativa. Porque si vemos lo que se enseña en la escuela, en los discursos culturales y en los programas de televisión para niños, la naturaleza es lo más importante y hermoso. Siempre hay cielos azules y árboles verdes, siempre los animales son los personajes con los que se aprende y nuestros grandes amigos. ¿En qué momento esto se revierte y hace que los jóvenes actúen como actuaron?

Es mi opinión que nos estamos topando contra la pared si todo lo queremos atribuir a la pobreza y el malestar social, porque si bien la explicación social es útil e importante no es suficiente. Si lo fuera, todos nosotros seríamos criminales (al menos en potencia) porque todos vivimos en esta sociedad y todos estamos profundamente agraviados por la inseguridad, la economía, el modo de hacer las cosas y de comportarse de los que nos gobiernan, la desigualdad y carencia de oportunidades, la frustración y el miedo.

Y sin embargo no es así: no todos somos delincuentes, no todos torturamos a un animal indefenso, no todos secuestramos a una persona por mucho que nos desagrade, no todos vomitamos nuestro enojo a diestra y siniestra. Alejandro Herrera Ibáñez cuenta cómo el caso citado del perro suscitó una enorme reprobación social, que llegó incluso a convertirse en el motor para que muchos ciudadanos pidan leyes de protección a los animales y castigo severo para quienes los maltratan. Escribe el autor: “Ha resultado alentador constatar que el nivel de indignación surgida a raíz de este acontecimiento revela el surgimiento de una conciencia moral que hace algunos años habría sido impensable en la población de nuestro país.”

O sea que la misma explicación social que se da para explicar la delincuencia, se puede dar para explicar lo contrario: la indignación contra la delincuencia.

La conclusión no puede ser más que una: que no somos una sola sociedad y que por lo tanto, no hay la misma reacción de todos ante las dificultades de la vida: algunos vomitan su ira o cometen actos criminales, mientras que otros creen que el camino consiste en exigir leyes, crear instituciones y darle fuerza a sus reclamos para que las cosas mejoren.

Los que así pensamos estamos convencidos de que México es más que sus políticos y más que sus delincuentes y que el camino no consiste en volverse criminales o destilar inmundicia como modo de sacar agravios, porque como dice de Mauleón, “las simpatías por el crimen siempre terminan por ponernos un plato de sangre frente a la boca”.


sarasef@prodigy.net.mx

Escritora e investigadora en la UNAM

viernes, 28 de mayo de 2010

Las 3 desapariciones del #jefediego

Epigmenio Carlos Ibarra
Milenio/28 de mayo de 2010

Tragedia sobre tragedia se cierne sobre uno de los hombres más poderosos del régimen: Diego Fernández de Cevallos. Tres veces desaparecido: primero, de manera al parecer violenta y aún misteriosa, de uno de sus ranchos en Querétaro; luego de los medios masivos de comunicación que, unos por decisión propia y otros por falta de información, lo desaparecieron de sus titulares, y finalmente del interés aparente de los más altos círculos del poder, cada hora que pasa y al ritmo que disminuye el peso de su suerte en el ánimo de la opinión pública, la vida del #jefediego corre más peligro.

Difícil creer que sus captores no hayan tomado en cuenta el impacto político que su secuestro tendría en el país. Menos todavía si nos atenemos al momento en que ocurre su primera desaparición con Felipe Calderón montado en el estribo y a punto de viajar al extranjero con su prédica de que México “ya está del otro lado”.

Secuestradores comunes que, por la foto de Fernández de Cevallos con el torso desnudo, los ojos vendados y huellas evidentes de golpes en el rostro, y sobre todo la manera en que fue distribuida, por la red, a periodistas y líderes de opinión, no lo parecen tanto. Guerrilleros, de una organización distinta del EPR, que ya se deslindó y que, por la misma foto (sin el tinte “humanitario y respetuoso” que caracterizaría un secuestro político) y el mensaje carente de todo sesgo ideológico que la acompaña, tampoco lo parecen tanto o miembros del crimen organizado que pretenden presionar de alguna manera al gobierno (hipótesis desechada por el propio FCH) o cobrarse alguna deuda con el controvertido litigante; cualquiera que lo tenga en su poder habrá calculado que todo el peso del Estado se le vendría encima.

Si bien su captura —un objetivo de alto impacto obtenido a bajo costo— fue relativamente fácil en virtud de la forma de moverse del propio Fernández de Cevallos, sus captores afrontan ahora el enorme peligro que significa mantenerlo en su poder, establecer el contacto inicial, conducir las negociaciones, cobrar el rescate (ya sea éste político o económico) y finalmente liberarlo con vida. El ex candidato presidencial, los saben muy bien, se vuelve para ellos una bomba de tiempo.

Un riesgo así sólo vale la pena en función del precio que, según los secuestradores, tenga la cabeza del #jefediego y el problema es que las dos desapariciones posteriores; la mediática y la del aparente interés del poder, devalúan notoriamente el valor de su víctima.

Aun moviéndose en las estribaciones del aparato gubernamental el Señor de la concertacesión, el conspirador de tiempo completo, seguía instalado, por más que ahora se le reduzca a la anécdota amistosa, en el centro neurálgico del poder político y económico.

Sus redes de influencia en el gobierno, los tribunales, las cámaras y los partidos, sus relaciones con el dinero y la Iglesia, su capacidad de maniobra y de colocación de cuadros a su antojo en los más altos puestos lo convertían en un aliado imprescindible y en un enemigo perfecto.

Ese peso, la moneda de cambio de la que pende su vida, ha sido sistemática y lógicamente disminuida desde el primer día —la fuerza de la razón de Estado que poco sabe de lealtades— por el propio Calderón.

Es el suyo un interés “amistoso” por la suerte de Diego Fernández, cuando más el de un conmovido “compañero de partido” para nada el del hombre de poder que, “haiga sido como haiga sido”, se sabe su deudor.

Y si, por esta voluntad de Calderón y su gobierno de zafarse, al menos en lo público de cualquier negociación, el valor de cambio para sus captores disminuye sustancialmente lo trágico para ese hombre, que por décadas lo pudo todo, esa misma acumulación de poder lo vuelve, de producirse una negociación o un rescate armado exitoso, un elemento perturbador para todo el aparato político.

Si ciudadanos como Isabel Wallace o Alejandro Martí, después de la pérdida de sus hijos, pueden poner al poder contra la pared, imaginemos lo que sucedería con un #jefediego en libertad habiendo sido él, directamente, víctima de la inseguridad reinante y contra la cual muy poco ha podido hacer, pese a sus muchas arengas y spots, el gobierno federal que, tampoco metió, al menos públicamente insisto, demasiado las manos para ayudarle.

Muy distinto sería el papel de Diego Fernández de Cevallos que el que tuvo en Colombia luego de su liberación Ingrid Betancourt. Pudo esta última ser, en tanto que su rescate fue bandera permanente del gobierno colombiano, trofeo para Álvaro Uribe y para su candidato Juan Manuel Santos.

Difícil imaginar en esa misma actitud pasiva a alguien que, como el #jefediego, distante de por sí del gobierno actual, puede capitalizar la tragedia a su favor y convertirse en gran elector.

Imposible, en estas condiciones, evitar el recuerdo del ex premier italiano Aldo Moro. Piedra en el zapato se volvió para sus captores; pieza de sacrificio para sus supuestos compañeros de partido y gobierno; mejor muerto que vivo resultó al final y para todos el pilar de la democracia cristiana.

http://elcancerberodeulises.blogspot.com/

El fracaso de Europa

Alain Touraine
El País/28 de mayo de 2010

Cuáles deben ser en el futuro las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos? La cuestión ha sido planteada por Barack Obama a través de sus críticas acerbas a la incapacidad de decisión de los europeos y también con sus gestos hirientes, en particular hacia España, no por sí misma, sino como actual responsable de la presidencia de la Unión Europea. Las críticas de Obama son tanto más importantes cuanto que un gran número de europeos las comparten. La participación de la UE como tal en las decisiones que impidieron que la crisis actual degenerase en catástrofe fue casi invisible; aunque sí fueron activos, a título individual, países como Reino Unido, Alemania y Francia. A continuación, los europeos demostraron que no querían desempeñar un papel activo en la política mundial al elegir como presidente y como ministra de Asuntos Exteriores de la UE a unas personalidades poco conocidas y, en lo que respecta a la segunda, poco preparada para asumir su papel.

Todo se desarrolla como si los europeos hubiesen decidido dejar que EE UU se siga ocupando de los asuntos mundiales, mientras ellos se consagran a la tarea, casi infinita, de terminar su integración, ahora mediante la incorporación de los países balcánicos, sin ni siquiera examinar seriamente los sólidos argumentos presentados por muchos en favor de la entrada de Turquía, país que, sintiéndose indeseable en Europa, se esfuerza por volverse hacia las sociedades islámicas.

Si añadimos que el muy débil crecimiento previsto para Europa en un futuro probablemente prolongado va a mermar su presencia en un mundo en el que numerosos países progresan a grandes pasos, cabe preguntarse si, tanto objetiva como subjetivamente, Europa no se ha adentrado en la vía de un declive que solo será doloroso a partir de la generación de nuestros nietos o la de nuestros bisnietos.

Le corresponde a la opinión pública europea abrir un debate en el que los dirigentes del continente no quieren entrar. Muchos responderán que la suerte está echada, que cierto número de países europeos, y no siempre los más débiles, están amenazados de quiebra y que pocos son capaces de seguir el ejemplo irlandés, es decir, de recuperarse a través de políticas sociales valientes.

Si queremos evitar que todo se quede en un wishful thinking, hay que comenzar por formular algunos objetivos que sería más fácil alcanzar si Europa fuese más autónoma y se identificase con la creación de un nuevo orden mundial completamente opuesto a la política que llevó a cabo el presidente Bush en Irak y siguen llevando a cabo Estados Unidos y sus aliados en Afganistán. Otro objetivo que es imprescindible alcanzar es adoptar, en el orden económico y social, una política que rompa con el neoliberalismo que nos ha arrastrado a la grave crisis que vivimos.

En el terreno internacional, lo más urgente es escoger un plan de acción común con países del mundo islámico pero que no sean árabes, porque estos estuvieron colonizados durante mucho tiempo y sus Estados son débiles y a menudo autoritarios. Si Europa quiere demostrar que puede actuar en un sentido opuesto al que escogió Estados Unidos cuando atacó Irak, tiene que llamar a Turquía a su seno para escoger una política de reorientación del mundo musulmán y eliminación de las posiciones más cargadas de odio, las que han conducido al terrorismo.

Muchos piensan también, como yo, que la teocracia iraní y su azarosa política pueden ser derrocadas por una oposición interna que se vería reforzada si los occidentales se mostraran dispuestos a apoyarla. Una coalición europea, turca e iraní en ese país, una vez que la oposición interna hubiese conseguido su objetivo, podría poner fin al enfrentamiento actual entre el mundo islámico y Occidente. Cabe pensar que el éxito de esta nueva política permitiría el reconocimiento mutuo entre un Estado palestino y el Estado de Israel, sin el cual el retorno de la paz no es posible.

A un nivel aún más vagamente definido, es necesario que Europa asuma la dirección de un combate contra los regímenes autoritarios que han condenado a gran parte de su población a la violencia interna, el autoritarismo y la guerra. Pues Europa se ha vuelto demasiado débil como para ser considerada candidata a esa hegemonía mundial que se le ha caído de las manos a Estados Unidos.

En lo que se refiere a las realidades económicas y sociales, hay que restablecer unas prioridades que puedan llevar a una defensa mundial contra los ataques de los especuladores y los agitadores. En todo el mundo se experimenta la necesidad de devolver al trabajo la parte del producto social que le ha quitado el capital y, más sencillamente aún, de restablecer el vínculo entre la función financiera y las funciones de producción, impidiendo al mundo financiero lanzarse de nuevo a la búsqueda exclusiva de su máximo beneficio y desentendiéndose de su papel al servicio de la inversión y el crédito. Uno se siente tentado de pensar que el mundo europeo está naturalmente orientado hacia tales objetivos. ¿No construyó un ambicioso sistema de seguridad social? ¿No sueña con una reconciliación y un codesarrollo con los países que colonizó? ¿No mostró un doble apego a la existencia de Israel y a la de un Estado palestino?

¿De dónde viene pues este fracaso en toda regla de Europa, su pérdida de crecimiento, la desaparición de su papel mundial y su impotencia para apoyar a las democracias? No podemos buscar las causas en las "debilidades" de Europa, al menos no en las debilidades objetivas. Pero en vez de ser su debilitamiento material lo que acarrea su pérdida de confianza en sí misma y en su futuro, es esa pérdida de confianza lo que acarrea la impotencia de Europa e incluso su negativa a proponerse nuevos modelos a sí misma y al mundo.

Esta impotencia suele explicarse por la diversidad e incluso las contradicciones de los intereses nacionales en Europa y la construcción de esta. ¿Acaso su construcción no se basó, antes que nada, en la voluntad de poner fin a las guerras internas, suicidas y destructivas de una Europa presa de los regímenes militaristas y totalitarios?

Por eso Europa, consciente de ser la autora de su propia desgracia, y queriendo actuar más sobre sí misma que sobre el mundo, encerró los intereses nacionales en unas reglas comunes económicas, jurídicas e incluso políticas. La obra emprendida tuvo éxito y la caída del imperio soviético permitió a los países de la Europa central y oriental restablecer sus vínculos históricos con la Europa del oeste. Pero ahora, casi cumplida esa gran tarea, Europa debe volverse hacia el mundo exterior y recuperar la influencia que sus propios errores le hicieron perder.

Esta nueva etapa de la construcción europea solo tropieza con un obstáculo, pero de una altura que muchos encuentran desesperante: el neoliberalismo, cuyos centros estuvieron y están en Estados Unidos y Reino Unido, le ha quitado toda autoridad a los europeos para dársela a los bancos, cuyo poder sobre las empresas aumenta. Estados Unidos también está sometido a ese capitalismo financiero, pero tiene unidad política y una fuerte confianza en sí mismo, lo que hace de los europeos -y quizá también de Japón- las víctimas más graves de la actual crisis.

La actitud de Barack Obama nos indica el camino a seguir: los europeos deben cesar de ser los comparsas de un Estados Unidos que, pese a la pérdida de su hegemonía, sigue siendo el país más poderoso.

Nadie puede desear una ruptura entre las dos orillas del Atlántico. Pero Estados Unidos y Europa deben crear dos modelos de desarrollo con tantas diferencias como elementos comunes entre ellos, lo que supone imperativamente que los europeos acepten tanto las cargas como las ventajas de un rol planetario.

¿Cómo los europeos, que inventaron el espíritu de las Luces y la creencia en la razón y en los derechos humanos, podrían aceptar pasivamente lo que corre el riesgo de ser el fin del modelo occidental, es decir, de la asociación del progreso científico y el técnico, la destrucción de los privilegios y el reconocimiento de los derechos fundamentales de cada cual?

Traducción de José Luis Sánchez-Silva.

Alain Touraine es sociólogo. Acaba de ser galardonado, junto a Zygmunt Bauman, con el
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2010.

Diego

Jorge Camil
La Jornada/28 de mayo de 2010

En la semana que estuvo desaparecido Diego Fernández de Cevallos murió, revivió, hizo campaña, y levantó como nadie en estos tres años la imagen del partido. Apareció su cadáver en un campo militar, cual víctima de una nueva guerra sucia, y su desaparición fue considerada a un tiempo secuestro, levantón, venganza, desavenencia con un cliente, mensaje del narco y un escalamiento de la guerra por parte del crimen organizado. Con un despliegue de prepotencia, decenas de militares, policías, “aviones inteligentes” y sabuesos peinaron su rancho y las inmediaciones buscando sus restos mortales. de Diego sonriente, enojado, joven, viejo, seguro de sí mismo y con el inseparable habano aparecieron en todos los periódicos y noticiarios nacionales. Las televisoras repetían imágenes de su momento de gloria: el debate presidencial con Cuauhtémoc Cárdenas y Ernesto Zedillo.

El “misterio”, para usar la misma palabra de Felipe Calderón, generó especulaciones descabelladas. Todas las reuniones se iniciaban con la misma pregunta: “¿qué le pasó a Diego?” Se dijo que lo desapareció el gobierno, para reaparecerlo antes de la visita a Washington (¡albricias, la Iniciativa Mérida está viva y coleando!). Lo secuestró el EPR, se lo llevó el misterioso “poder” al que se refirió sin identificarlo Miguel Ángel Granados Chapa en CNN; lo secuestró el subcomandante Marcos (él y Diego no se quieren); abandonó el país para escapar de la barbarie. Los moneros trabajaron sin descanso. (Ninguno más certero y descriptivo que Magú en La Jornada. En un “anónimo” con varios tipos de letra los secuestradores le suplican a la familia: “Vengan por él. ¡Ya no lo soportamos!”)

Después de rumores y especulaciones, justo a la semana de su desaparición, circuló la foto de un Diego desconocido: demacrado, inmóvil, desencajado, con los ojos vendados; desnudo y con un letrero ilegible. Una foto que recordó los secuestros políticos de los Tupamaros y las Brigadas Rojas (¿recuerda Estado de sitio, de Costa Gavras?). Todos reconocimos que podría ser un fotomontaje, o que por ahí se nos estaba yendo el país. ¿Cómo saberlo?

Hasta que apareció un comunicado de la familia pidiéndole a las autoridades que se mantuvieran al margen del proceso para facilitar la negociación. Con eso se vinieron abajo las conspiraciones. Hoy parece secuestro por dinero. Hay, sin embargo, en la comunicación que agradece a quienes rezan por él (¡qué vanidad!), y en la que ahuyenta a las autoridades (¡qué prepotencia!), que sugiere algo insólito: ¡está negociando su propio rescate! Un amigo de Diego se lo sugirió entre bromas a Joaquín López Dóriga y tuvo razón. Por eso sacó de la jugada al primogénito, al Código Penal y a las autoridades. Quería gritar desde los medios: “¡dejadme solo!”
Lo imagino con voz imperativa y pastosa de ranchero cristero (que nunca fue), discutiendo cantidades, opciones y procedimientos; sermoneando a los secuestradores: “Mátenme, no temo. Estoy en gracia de Dios”. Y con eso iniciaría la negociación en otro plano. Ellos quieren dinero y él conservar la vida. Así que a negociar, con el aplomo con el que llamó a Ernesto Zedillo “niño aplicado”, ganando todas las encuestas. Está acostumbrado. Tiene oficio, a eso se dedica. Sabe que toda disputa es cuestión de pesos y centavos.

Es también ave de tempestades que desata pasiones. En una semana los comentaristas recordaron la quema de las boletas electorales del 88, la cercanía con Salinas, los terrenos de Punta Diamante, la clínica donde operaron al Señor de los Cielos (y la funeraria donde supuestamente lo cremaron), los innumerables bienes raíces y los litigios multimillonarios al amparo del Senado. Lo que resulta claro es que si sale sano y salvo podría convertirse en un candidato imparable al interior del PAN. ¿Quién mejor?: ¿Lozano? ¿Cordero? ¿Creel? ¿Gómez Mont? Sería el candidato de Salinas, que siempre ha jugado con dos o más cartas. Diego, que fue factor de la “victoria” de Salinas; Diego, que fue factótum de las “concertacesiones” y las reformas salinistas, recibiría finalmente un reconocimiento a su medida: ¡la candidatura del PRIAN! (que se encomiende Peña Nieto al Señor de Chalma…).

Es obvio que los secuestradores tenían mucha información relevante: sus costumbres, el hecho de que viajaba sin escoltas y hasta el chip localizador que llevaba insertado en el cuerpo; el mismo que supuestamente removieron al momento del secuestro. Con lo que no contaron fue con su enorme popularidad, y con el hecho de que su desaparición causaría un revuelo nacional. Ninguna víctima de plagio ha sido buscada por tantos policías, militares y agentes ministeriales; ninguna perseguida con la misma obsesión por todos los medios de comunicación.

Frente al secuestro de Diego palideció la noticia de la desangelada asamblea del partido en el poder para elegir consejeros nacionales: sin Vicente Fox, Francisco Barrio, Ernesto Ruffo, Alberto Cárdenas, Medina Plascencia; sin Diego… Con fingida solidaridad el Presidente lo llamó “nuestro querido Diego”. Aunque todos sepamos que ninguno es santo de la devoción del otro.

http://jorgecamil.com/

Especialista


Helioflores/El Universal, 28 de mayo de 2010

¿Tendremos un desarrollo futuro “verde”?

José Sarukhán
El Universal/28 de mayo de 2010

Hace poco, Carlos Fuentes escribía en El País (5/5/10) sobre el tratamiento al que están sujetos en Arizona quienes no tienen tez blanca, pelo rubio y ojos claros. Es decir, que tienen aspecto “latino” y que sólo por ello son sospechosos de ser inmigrantes indocumentados. Un tratamiento reminiscente del fascismo de la época nazi en Europa.

Sin embargo, en el meollo del problema planteado por Fuentes se encuentra la perenne pregunta de por qué tantos mexicanos tienen que hacer —en situaciones de apremio económico extremo— de tripas corazón y lanzarse a través de desiertos inclementes, con riesgos mortales, a una aventura erizada de traficantes y contratadores corruptos e irresponsables, de uno y otro lado de la frontera. México requiere crear fuentes de trabajo para evitar la salida de más mexicanos, pero además para atraer a quienes ya han salido y que, por lo menos en una buena proporción, tienen sentido de iniciativa y deseos de trabajar.

La actual coyuntura de problemas ambientales presenta oportunidades valiosas para ello. Por qué no pensar en lanzar grandes proyectos, de largo plazo, que a la vez que contribuyen a la reducción de emisiones de carbono, ayudan a resolver uno de los principales problemas sociales como lo es el desempleo. Un ejemplo, entre varios otros a los que me referiré en ocasiones futuras, es especialmente significativo en este año de celebraciones de centenarios; se trata de la restitución del sistema ferroviario nacional, que era ejemplar en los tiempos de la revolución mexicana. Nuestro territorio es apto para este tipo de transporte en gran parte de su extensión —el altiplano mexicano— en donde están las principales urbes y las zonas industriales del país. “Resucitar” este sistema ocuparía cantidades importantes de mano de obra, reduciendo la salida de nuestros compatriotas y atrayendo el regreso al país de muchos de ellos; no solamente de mano de obra poco calificada, sino también de técnicos e ingenieros que han emigrado. Un proyecto de este tipo, inteligentemente realizado, con sueldos dignos y adecuados a la experiencia de la gente, significaría también la capacitación especializada de muchos de ellos. No estoy pensando —sería mucho esperar— que México contase con trenes de pasajeros modernos, de alta velocidad, como los europeos o japoneses, que conectasen eficientemente muchas poblaciones.

Sería suficiente que toda la carga, que ahora rueda incesantemente por nuestras carreteras, haciéndolas muy peligrosas y demandando su continuo mantenimiento y reparaciones, se manejase por un sistema ferroviario eficiente y confiable. Ello, adicionalmente, reduciría de manera sustancial las emisiones de carbono por el uso de diesel y gasolina en el rubro de transporte. Aunque las estadísticas a este respecto no son muy consistentes, se estima que en 2008 las emisiones de GEI del autotransporte de carga y pasajeros, fueron de entre 130 y 150 millones de toneladas de CO2 equivalente, de un total de unas 420 millones de toneladas por consumo de combustible.

El efecto adicional, muy importante para nuestro país, es que se abrirían abundantes fuentes de empleo en el manejo de la carga, atención de las estaciones, mantenimiento de máquinas, etc. Esta no es una idea nueva; la he oído y comentado muchas veces antes en conversaciones; de hecho es una de las acciones mencionadas en el Programa Especial de Cambio Climático, aunque sin más elaboración. Requiere de inversiones fuertes sí, pero también ofrece oportunidades invaluables de desarrollo del país en la dirección en la que el mundo debe empezar a moverse. ¿Veremos pasar otra oportunidad, como ha ocurrido en muchos otros casos en el pasado, sin tomar la iniciativa? ¿Otro tren perdido?

jose.sarukhan@hotmail.com

Investigador del Instituto de Ecología de la UNAM

Greg: ¿judicialización electoral?

José Antonio Crespo
Excélsior/28 de mayo de 2010

En regímenes poco democráticos (e incluso en aquellos que lo son plenamente) existe siempre la tentación de utilizar el aparato de justicia con fines político-electorales. Se trata de la violación a una regla esencial de la democracia. El PAN criticó siempre este uso político de la justicia. Pero, una vez en el poder, no le pareció tan mala la idea de repetir el esquema. Ocurrió primeramente durante el gobierno de Vicente Fox en el asunto de los videoescándalos en el Distrito Federal, no porque no hubiera habido un ilícito que había que perseguir y sancionar, sino por involucrar a la PGR y a la Secretaría de Gobernación en el manejo político del affaire. El desafuero de Andrés Manuel López Obrador cayó en ese mismo tenor, pues es claro que la infracción del entonces jefe de Gobierno era menor, al grado de que casos semejantes no habían generado una orden de aprehensión. Había una intencionalidad claramente político-electoral, según reconoció más tarde Fox (al afirmar que con la elección de 2006 se “desquitó” de su fracaso en el desafuero).

Por otro lado, un claro caso de judicialización electoral apareció durante la elección para gobernador de Jalisco, cuando la PGR sugirió una conducta delictiva en el candidato priista, Arturo Zamora, lo que pudo haberle restado los votos necesarios para abatir al impresentable Emilio González en una elección reñida, para enterarnos después de que no había fundamento. Lo vimos también menos directamente hace un año, cuando varios alcaldes de Michoacán fueron detenidos por presuntos vínculos con el narco, justamente en víspera electoral, y después muchos de ellos fueron liberados por falta de pruebas. Ahora viene la detención de GregSánchez, candidato de izquierda en Quintana Roo. ¿Es un asunto político o jurídico? ¿Es Greg culpable? No tengo elementos para asegurarlo o desmentirlo, pese a su mala fama y sospechosa trayectoria. Un juez de Toluca lo había exonerado y la PGR peregrinó hasta encontrar un juez en Nayarit que otorgó la orden de aprehensión. Como sea, muchos no ven racional que el gobierno haga esta movida, pues políticamente favorecería al PRI. Y la detención de Greg fue estupenda noticia para Enrique Peña Nieto, cuya buena estrella sigue brillando.

Había, es cierto, indicios de irregularidades en torno a Greg, como también ocurría con el candidato panista en Aguascalientes, Martín Orozco. Y ambos partidos temerariamente insistieron en mantener a su respectivo abanderado. Sobre advertencia no hay engaño. Sin embargo, el medidor más claro será lo que ocurra específicamente con Greg Sánchez. Si se confirma su culpabilidad, enhorabuena, pues se habrá prevenido la eventualidad de que un socio de los narcos llegue a la gubernatura (como lo fue Mario Villanueva). Si después de la elección resulta que no hay elementos suficientes para hallarlo culpable, será legítimo interpretar esto como una nueva acción político-judicial; se verá como un michoacanazo corregido y aumentado. Y la elección de Quintana Roo quedará manchada de ilegitimidad. Pero como eso es lo que menos importa a nuestros políticos —pues en México se trata de ganar, “haiga sido como haiga sido”—, propongo una reforma electoral que estipule más o menos lo siguiente: “Cuando uno de los candidatos sea aprehendido bajo cualquier cargo en medio de un proceso electoral, o acusado oficialmente, y después del proceso no hubo pruebas suficientes de culpabilidad, se anulará la elección y se celebrará una extraordinaria”. Serviría para disuadir de la judicialización electoral. Desde luego, en tal caso se jugaría con los tiempos para aclarar el tema hasta cuando fuera imposible celebrar una nueva elección. Nuestras leyes siempre tienen una rendija por donde es posible burlarla, y nuestros actores políticos son expertos en darles la vuelta y están siempre bien dispuestos a hacerlo. Algo habría qué pensar para evitar que los gobiernos de cualquier signo usen electoralmente la justicia penal, más aún si se reconoce, con Felipe Calderón, que en México ésta suele jugar al mejor postor.

MUESTRARIO. Que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa arrebate en los hechos al IFAI su carácter constitucional de “última instancia” en transparencia, es casi como si la Secretaría de Gobernación de pronto decidiera modificar o anular los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última instancia en materia electoral.

La ciencia, entre la miseria y el puntismo

Humberto Musacchio
Excélsior/27 de mayo de 2010

Convocado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hace unos días se celebró en Querétaro un congreso de quienes integran el Sistema Nacional de Investigadores, creado en 1984 después de que la debacle lopezportillista sumió a las universidades (y al país) en una crisis que redujo drásticamente los ingresos de nuestros sabios, los dejó sin la posibilidad de continuar sus investigaciones y, lo que es peor, de solventar las necesidades básicas de sus familias.

El SIN se propuso compensar la caída de los salarios mediante un sistema de becas. Igualmente, trató de evitar que por falta de recursos se suspendieran investigaciones o se pospusieran proyectos científicos, lo que en la práctica representó entregar partidas adicionales a las depauperadas universidades públicas (en las universidades privadas, salvo tres o cuatro excepciones, no hay investigación).

Si bien se logró elevar las percepciones de miles de investigadores, a corto plazo el Sistema mostró sus limitaciones, pues para mantenerse dentro de él o ascender de categoría —y recibir más “estímulos”— se requiere la publicación de libros o de artículos científicos en revistas arbitradas, dirigir tesis de posgrado, asistir a congresos, simposios y otras reuniones de la especialidad respectiva y desempeñar otras tareas. Sobra decir que, para cumplir con estas exigencias, que no son pocas ni de fácil concreción, los investigadores deben dedicar mucho tiempo a tocar puertas con el fin de obtener apoyo en la adquisición de equipo y materiales, pedir boletos de avión y viáticos que permitan ir a congresos o para ver aprobado un proyecto.

Sin embargo, el mayor daño a la ciencia proviene de que, para sumar los puntos necesarios, los investigadores, sobre todo los de ciencias sociales, se dedican en gran medida al puntismo. Esto es, cada vez escriben menos libros, porque resulta más fácil publicar artículos que frecuentemente son variantes o refritos de artículos ya publicados por el mismo autor, lo que ha hecho decir a algunas de nuestras eminencias que ya no se emprenden trabajos de gran aliento, sino que se busca nada más cubrir el expediente con las necesarias páginas publicadas, pues el tiempo que debería dedicarse a la investigación se destina a llenar formularios, enviar solicitudes, pedir a los encumbrados un empujón y, en general, a perder el tiempo en tareas que no son las propias del científico.

Por si fuera poco, el SIN está enfermo de centralismo y sólo uno de cada tres becarios es mujer. Para colmo, pocas científicas llegan al nivel tres y lo hacen con muchos más años que sus pares de sexo masculino. Otro problema es que los académicos becados se niegan a jubilarse en tanto que eso significa ver reducido su ingreso a la tercera o quinta parte de quienes se hallan en activo, pues el salario base sigue siendo igual de miserable que hace 25 años.

Como es evidente, el Sistema Nacional de Investigadores no estimula la producción científica ni sirve a la autonomía nacional en este campo.

Algo semejante puede decirse del elefantiásico Conacyt, que no ha podido resolver el problema de los bajos salarios de los investigadores, su arraigo en el país ni el desarrollo de una ciencia propia.

De ahí que Rosaura Ruiz, la presidenta saliente de la Academia Mexicana de Ciencias, proponga que el Conacyt se transforme en una secretaría de Estado y se replantee todo lo referente al Sistema Nacional de Investigadores. Se antoja indispensable pero, ¿la habrán escuchado?

*Periodista y autor de Milenios de México

hum_mus@hotmail.com

Candidatas (os) a las gubernaturas

Clara Scherer
Excélsior/28 de mayo de 2010

Estimada/o candidata/o:

Sabemos de su profundo compromiso con México y, más concretamente, con las ciudadanas y los ciudadanos de este país, para hacer posible que la democracia nos incluya a todas y todos.

Por ese motivo, nos permitimos recordarle que México ha suscrito, ante nosotras, ante los ciudadanos y ante la comunidad internacional, diversos tratados y pactos, como el de San José, la Convención Internacional en contra de Todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres, la Convención Interamericana de Belém do Pará, entre otros, en los que el gobierno mexicano se compromete a cumplir cabalmente todos los puntos ahí señalados.

Uno de ellos, de especial trascendencia, es el de la paridad en los puestos de toma de decisión. La comunidad nacional y la internacional están conscientes de que sólo con más mujeres en dichos lugares será posible hablar de democracia, pues somos 50%, o más, de la población.

Este hecho, aunado a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos considera que la libertad, la justicia y la paz tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos humanos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, además de señalar que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país; así como al acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones de su nación, y que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y esta voluntad se expresará con elecciones auténticas.

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce que no puede realizarse el ideal del ser humano libre —es decir, de las mujeres y de los hombres— en el disfrute de las libertades civiles y políticas, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de los económicos, sociales y culturales.

A pesar de que la cuota de género en las candidaturas plurinominales a nivel federal está legalizada, los partidos buscan eludir su cumplimiento por medio de argucias y simulaciones, y la recomendación de que impulsen candidaturas de mujeres a los distintos cargos de elección o promuevan la participación de ellas, es, en muchas ocasiones, burlada. Si en el ámbito federal es complejo garantizar espacios de poder a las mujeres, la situación se torna más complicada en los locales.

Sabemos que el primer elemento, fundamental para que lo estipulado en leyes y tratados sea cumplido, es la voluntad política de hacerlos valer. Por eso, nos dirigimos a ustedes, para recordarles que en Quito, Ecuador, donde se realizó la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, México se comprometió a adoptar todas las medidas de acción positiva, incluidas las reformas legislativas, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política, con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal y en los ámbitos de gobierno.

Por su atención, y sabedoras de que usted desea dar debido cumplimiento a lo señalado, le invitamos a firmar un Compromiso por la Paridad y la Justicia Electoral.

Quedo en espera de su aceptación y de la fecha para hacer público su compromiso.

*Licenciada en pedagogía y especialista en estudios de género

claschca@hotmail.com

jueves, 27 de mayo de 2010

¿Por qué atacan a la UNAM?

María Herlinda Suárez Zozaya*
herlinda@servidor.unam.mx

Empiezo este texto haciendo explícita la diferencia entre atacar y criticar. Esto es importante hacerlo porque la crítica constituye la razón de ser de la universidad. Criticarse a sí misma y prestar oídos a las críticas que sobre ella hacen los demás representa la condición necesaria e insustituible del proceso reflexivo en el cual tienen que sustentarse las actividades académicas y el ejercicio de la autonomía universitaria.

La UNAM, por ser pública y autónoma, no puede pensarse a sí misma como creación perfecta y exenta de errores, sino que, por el contrario, debe dar la bienvenida a la crítica, interna y externa, significándola como sugerencia y posibilidad de mejoramiento. Los ataques son otra cosa. Tienen la intención de liquidar si no la existencia de la entidad misma, sí su imagen y reputación social. Por supuesto, la universidad tampoco debe menospreciar los ataques que se le hacen, sino que debe ventilarlos y circularlos para reflexionar en ellos, dilucidando la cuestión de quién los dirige y cuáles son las razones e intereses que están detrás.

Ha sido regla general en México, desde que los gobiernos han puesto el acento en la necesidad del cambio institucional y en la generación de políticas de evaluación en materia educativa, que a la UNAM se le pida que se adapte a los nuevos tiempos y responda a las nuevas condiciones creadas por las formas en que opera la economía internacional, adscrita a paradigmas neoliberales y al fenómeno de la globalización. Como respuesta, la institución ha hecho transformaciones e incluso sufrido crisis institucionales que, entre otras cosas, mostraron que las reformas e iniciativas de cambio en las instituciones de educación pública deben realizarse con respeto y cautela.

Ciertamente, hoy la UNAM ya no es la institución que antes fuera, pero ni el camino tomado por la institución ni la universidad en la que se ha convertido coinciden plenamente con lo sugerido y esperado por quienes promueven la privatización y la reducción de los servicios públicos como estrategia política y económica. Consecuentemente, es frecuente que la UNAM sea víctima de ataques que proceden, principalmente, de quienes apoyan tal estrategia y postura. En este sentido, el fundamento de los ataques proviene de la disputa que existe en torno del curso de desarrollo de México en los años por venir.

Así que los ataques a la UNAM no son tanto por lo que es, sino por lo que ella representa y proyecta. Su objetivo es aniquilar el significado y el poder histórico que tiene esta institución y la imagen que la proyecta como símbolo de construcción de “lo mexicano”. Hace algunos años los agresores trataron de representarla como carente de calidad académica y productora de profesionistas mediocres que no podrían insertarse con éxito en el mercado de trabajo. Campañas costosas se llevaron a cabo para inundar a la opinión pública con la idea de que los egresados de la UNAM no eran competentes ni bien vistos ni recibidos por los empleadores. Sin duda, las campañas cumplieron su objetivo de desprestigiar la imagen de la institución ante ella misma y ante la sociedad. Sin embargo, la estrategia universitaria de mostrar que sí cumple, y de la mejor manera, con los indicadores seleccionados por la opinión pública internacional para ser declarada la mejor institución educativa de Iberoamérica, le devolvieron su dignidad y le otorgaron poder a la posibilidad institucional y educativa que ella representa.

Ante la imposibilidad de seguir arremetiendo contra su calidad académica (lo cual no quiere decir que no haya mucho por hacer a este respecto), para vulnerar su prestigio los detractores pasaron a significarla como un poder monolítico y constituido, que defiende sus posiciones de privilegio y se resiste a los cambios, convirtiéndose así en un estorbo para que la educación superior en México salga de la crisis.

Se la acusa de ser una universidad obsoleta porque, se dice, recibe “enormes” recursos estatales y muchas veces se resiste a la evaluación externa. Esto les molesta porque la UNAM, junto con otras universidades, encabeza el frente que ha luchado por impedir que el gobierno federal siga mermando el ya de por sí insuficiente presupuesto que se asigna a las universidades públicas. Además, porque haciendo uso de su autonomía, la institución puede repeler la perversidad de los mecanismos de evaluación que interpretan los hallazgos de las evaluaciones fuera de contextos históricos, de responsabilidad social y de la realidad nacional.

Pero lo que realmente representa un peligro para quienes atacan a la UNAM es su carácter. El carácter, como lo dice Richard Sennett, refiere al valor ético que atribuimos a nuestras relaciones con los demás. El carácter se expresa por la lealtad y el compromiso mutuo que se establece por medio de la búsqueda de objetivos de largo plazo. El carácter se relaciona con los rasgos personales que valoramos en nosotros mismos y por los que queremos ser valorados. Durante su recorrer histórico, la UNAM se ha avocado al logro de la confianza y la responsabilidad mutua hacia y con la sociedad. Se enorgullece de sí misma y busca ser valorada por su compromiso y fidelidad hacia lo social y con la justicia; es de este compromiso férreo de donde emana su carácter, mismo que es el que en realidad atenta contra los intereses de quienes promueven que los valores de la competencia y del lucro colonicen las instituciones públicas de educación superior en México.

Pero, por más ataques que se le hacen, justamente por permanecer fiel a su carácter, la UNAM sigue transmitiendo a los y las jóvenes mexican@s solidaridad, esperanza y sentido de lucha.

* Investigadora del CRIM, profesora de la FCPS, miembro del Seminario de Educación Superior y del Seminario de Juventud de la UNAM.