Inseguridad y enseñanza superior

Miguel Angel Granados Chapa
Zócalo/20 de mayo de 2010

Ayer se cumplieron dos meses del asesinato de Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, los dos ingenieros que cursaban estudios de posgrado en el Tecnológico de Monterrey. En sentido contrario a lo que se supuso entonces: Que la influencia social y el prestigio de la institución afectada tan directamente por el combate militar a la criminalidad aseguraría un pronto esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron las muertes, sesenta días después de los acontecimientos priva la desinformación. Esta vez no es fruto de la negligencia sino del afán de exonerar a miembros del Ejército que probablemente privaron de la vida a los estudiantes y después quisieron hacerlos pasar como sicarios.

En el papel, que no le corresponda aunque lo asuma con frecuencia, de vocero de las fuerzas armadas, el viernes pasado el secretario Fernando Gómez Mont pretendió adelantarse a la exigencia de resultados y, con la misma desenvoltura con que habló en Hermosillo de una acción deliberada que habría causado el incendio de la guardería ABC y con él la muerte de 49 niños, lesiones de por vida a 60 más y dolor para siempre a las familias de unos y otros, disfrazó el incumplimiento de su propia oferta (de realizar una averiguación pronta y mostrar los resultados, entre ellos un video grabado en tiempo real en aquel terrible momento)y llanamente culpó del asesinato a los delincuentes con que se enfrentó el Ejército:“La hipótesis dominante va en el sentido de que los estudiantes fueron ultimados por la delincuencia organizada”.

Poco después del doble crimen, Gómez Mont ofreció presentar el video que una cámara de seguridad del Tec regiomontano realizó y que mostraba lo ocurrido aquella trágica noche del 19 de marzo. Ni él ni nadie lo ha presentado, como no se ha presentado evidencia alguna que sustente sus dichos, ya que habló líricamente, a capella podríamos decir, sin el acompañamiento de pruebas dignas de fe. El secretario asegura, eso sí, haberlo visto y por ello le constan los hechos. Tanto Gómez Mont como otros funcionarios guardan silencio respecto de las credenciales de Arredondo y Mercado, de que fueron despojados cuando se intentó hacer verosímil la especie de que era matones caídos en acción.

Afectado por este grave daño lateral del combate a la criminalidad, y consciente de que otras instituciones de enseñanza superior han padecido efectos semejantes, el Tec lanzó el 11 de abril un Pronunciamiento y propuestas para mejorar la seguridad en México. Es un amplio documento que reconoce que el fenómeno a que se refiere es “complejo, multidimensional y crónico” y contiene 14 “exigencias, propuestas y ofrecimientos” que han contribuido a animar el debate en las instituciones de enseñanza superior sobre el papel activo y pasivo de las universidades frente a la inseguridad.
El pronunciamiento no ha tenido todavía fortuna en términos prácticos. Sus dos primeras exigencias, que podrían ser atendidas de inmediato, han sido desoídas por las autoridades ya que no se esclarecen las circunstancias en que ocurrió el doble homicidio ni se ha reparado el daño causado por la al menos desaprensiva acción castrense (que es el origen de la cuestión aunque las balas que mataron a los estudiantes broten de armas disparadas por delincuentes.

Sin esperar esa reacción oficial que aun no se aprecia, el rector del Tec, Rafael Rangel Sostman puso a consideración de otras instituciones de enseñanza superior sus propuestas. El 12 de abril, sólo unas horas después de su emisión lo presentó a las universidades locales, la estatal Autónoma , la de Monterrey y la Regiomontana. El 14 de abril se reunió en la ciudad de México con el rector de la UNAM, José Narro Robles, que ya en varias ocasiones había manifestado su preocupación, y la de la Universidad nacional por la criminalidad creciente. Y luego lo han conocido la Asociación nacional de universidades e instituciones de enseñanza superior (Anuies), la Federación de instituciones mexicanas particulares de enseñanza superior (Fimpes) y esta misma semana el Consejo de universidades públicas e instituciones afines (Cupia). La primera y la última, que desarrollaban ya su propia posición tuvieron en el documento del Tec un insumo importante para sus conclusiones.
Como parte de la sociedad, las universidades han resentido los efectos de la violencia criminal. El rector de la Universidad autónoma de Ciudad Juárez, Jorge Quintana hizo ante la Cupia, en Morelia, el martes, la trágica síntesis de los daños que la inseguridad de su entorno ha causado a su casa de estudios: ocho estudiantes muertos, dos desaparecidos, una alumna secuestrada y tres profesores asesinados. Ninguno de esos crímenes ha sido castigado. Y aunque el pesar de la comunidad por la suerte de sus compañeros no puede tasarse, a ello hay que agregar el incremento en el costo de los sistemas de seguridad, que es un mal que afecta a todas las casas de estudios. Gastan cada vez más en protegerse, con detrimento de otras inversiones.

Además de defenderse y denunciar las muertes que padecen, las universidades tienen mucho con qué contribuir a la lucha contra la delincuencia –no con efectivos que porten armas, pues son contrarias a la lógica de “bala contra bala”,-- sino aportando diagnósticos e iniciativas que obren sobre las causas de ese mal. Tienen, sin embargo, que hacerse oír por autoridades gubernamentales en el mejor de los casos ocupadas en los asuntos del día.