viernes, 30 de abril de 2010

Arizona blanca

Editorial
El País/30 de abril de 2010

La ley de inmigración refrendada por la gobernadora republicana de Arizona, que convierte en delito estatal la inmigración ilegal y otorga a la policía del Estado la potestad de interrogar, exigir papeles y arrestar a personas "razonablemente sospechosas" de permanecer ilegalmente en su territorio, ha abierto la caja de los truenos en Estados Unidos. La oposición al nuevo y retrógrado texto incluye ya peticiones de boicot turístico al Estado del Gran Cañón. Arizona, fronterizo con México, es un Estado abrumadoramente blanco, en el que trabajan ilegalmente quizá medio millón de hispanos, la mayoría mexicanos. No le resultará por tanto muy difícil a su policía aplicar a ojo los nuevos y amplios poderes.

Pese a no haber entrado todavía en vigor (lo hará en tres meses) la decisión de los parlamentarios de Arizona, apoyada según las encuestas por la mayoría de los ciudadanos, ha levantado ya ampollas entre los grupos hispanos y los defensores de los derechos civiles. Barack Obama se ha apresurado a criticarla, considerando que contradice los principios básicos de justicia en su país. La ley no es sólo la más drástica y racialmente discriminatoria de un Estado norteamericano. Muestra también hasta dónde pueden llegar las cosas en el más importante paso fronterizo con México, atravesado ilegalmente por miles de personas con las que inevitablemente llega parte de la violencia desatada por la guerra de los narcos. Incluso el senador republicano John McCain -otrora indulgente con una inmigración que es básica para sostener la construcción, la agricultura o el turismo del Estado- respalda la nueva ley y las tesis sobre seguridad pública de la gobernadora Jan Brewer, temeroso de perder su escaño.

La ley de Arizona representa un nuevo desafío para Obama. Al margen de que quizá sea recurrida por el fiscal general, por vulnerar supuestamente la autoridad exclusiva del Gobierno federal sobre la materia, el presidente tiene dormida en el Congreso su propuesta de reforma integral de las leyes de inmigración, que prometió hacer prioritaria en la campaña electoral y que le valió masivamente el voto hispano en 2008, un voto defraudado. En un país con al menos 15 millones de inmigrantes indocumentados, el incumplimiento de Obama, que ahora pretende reactivar el Senado, puede convertirse en bomba de relojería para las legislativas de noviembre.

Día del trabajo


Helioflores/El Universal, 30 de abril de 2010

Educación con pertinencia cultural

Gilberto López y Rivas
La Jornada/30 de abril de 2010

Como parte de la Campaña contra la Discriminación en la Educación que se Ofrece a los Pueblos Originarios, en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN-Ajusco) tuvo lugar, del 19 al 21 de abril, el seminario Educación con pertinencia cultural: una asignatura pendiente, con la participación de más de 400 asistentes, en su mayoría indígenas hablantes de 14 lenguas, procedentes de 18 entidades federativas de la República. El seminario contó con exposiciones de especialistas en temas relacionados con la problemática indíígena y educación intercultural, pero sobre todo se caracterizó por un alto nivel de involucramiento de los participantes –muchos profesores bilingües–, algo no común en una actividad académica de esa envergadura.

Se constató a lo largo del seminario que la discriminacióón en los procesos educativos del Estado y sus agentes se expresa en múltiples dimensiones de clase, género e identidad étnico-cultural. Los educandos pertenecientes a los pueblos indígenas, en consecuencia, además de la discriminación y exclusión por sus condiciones socioeconómicas, sufren de las acciones, actitudes, comportamientos y políticas del racismo inherente a la construcción de los estados nacionales capitalistas, fundada en un contradictorio proceso de integración-asimilación y segregación-diferenciación, igualmente disolvente de lenguas, culturas e identidades.

Se niega a los pueblos indígenas el derecho a una educación de calidad, con pertinencia cultural y en igualdad de condiciones materiales que la ofrecida a otros sectores de la sociedad, lo cual configura una discriminación abierta o sutil, que incide en la dimensión pedagógica y en las prácticas escolares y docentes. En suma: no existe en México una educación pertinente que permita a los pueblos indígenas el desarrollo de sus culturas, en el marco de su identidad, sus autogobiernos y concepciones de vida.

Esa discriminación institucional y social que sufren la niñez y la juventud indígenas se manifiesta en su invisibilidad y estigmatización, que responden a esas lógicas contradictorias congénitas al capital, y se expresa en todos los niveles y acciones del sistema educativo con el que se atiende a los pueblos indígenas: mientras la invisibilidad borra actores, sujetos socioculturales-políticos y comunidades, se les ofrecen servicios de ínfima calidad y de carácter compensatorio. La distribución presupuestal, el funcionamiento de las instituciones y la manera en que operan las burocracias forman parte de estos esquemas de exclusión que vulneran sus derechos como ciudadanos, a la vez que constituyen una afrenta a su dignidad como culturas milenarias.

A pesar de la existencia de leyes –nacionales e internacionales– que reconocen la diversidad sociocultural y lingüística, resultado de movimientos y luchas, éstas por sí solas no garantizan una educación con pertinencia cultural, ya que las acciones y políticas públicas no solamente no las respetan, sino que están dirigidas –en realidad– a generar mecanismos y justificaciones para evadir el cumplimiento de la Constitución, los convenios internacionales y las leyes secundarias.
En el seminario se reiteró que los programas y estilos de trabajo autoritarios en los que son formados niños, niñas y jóvenes refuerzan el pensamiento y los mecanismos de discriminación social y étnica, ya que la formación que reciben, sean indígenas o no, niega el diálogo entre los distintos pueblos que conviven en la nación. Se hace responsables de la discriminación a personas individuales, ocultando el hecho de que son las propias políticas educativas las que generan las condiciones en que los estereotipos discriminatorios se expresan.

Así, actualmente, la escuela opera como una instancia coercitiva y excluyente. La presencia de estereotipos y estigmas en los procesos, programas y prácticas educativas encubre formas perversas de discriminación, en la medida en que los sujetos son abstraídos de sus contextos y características concretas de vida. Se consideró urgente poner en el centro de los esfuerzos de los educadores, los procesos y problemas que viven los individuos y los pueblos, a fin de aportar nuevas perspectivas de trabajo pedagógico que orienten tanto a los profesores como a los procesos de formación docente. Para ello se requiere sistematizar las prácticas, hacer investigación y construir experiencias junto con las comunidades.

En mi intervención sostuve que también los maestros, incluso muchos de origen indígena, son agentes, activos o pasivos, que reproducen la discriminación socioétnica y el sexismo que el Estado promueve. Por ello, debe haber una reflexión autocrítica para dilucidar estrategias efectivas de la lucha de los pueblos indios. La forma más coherente de combatir la discriminación y practicar una educación con pertinencia cultural es mediante el fortalecimiento pleno de su autonomía y con prácticas contrahegemónicas en todos los espacios, sectores y territorios, incluyendo las instituciones del Estado. Sin embargo, se requieren cambios profundos, radicales, que den viabilidad a un gobierno nacional que mande obedeciendo. Sólo sujetos auto-desarrollados pueden construir su destino y atender necesidades, aspiraciones e intereses propios. Los procesos autonómicos indígenas son formas básicas de respeto y entendimiento entre diferentes. Los pueblos indígenas, que luchan desde y para la autonomía, dan cuenta hoy de un gobierno y prácticas radicalmente diferentes a la lógica del Estado capitalista. Es por ello que la sociedad civil jugará un papel fundamental en la medida en que se renuncie a la visión estatista y se transite por los caminos de la comunalidad a la autonomíía.

¡A los maestros dignos que se negaron a la aplicación de la prueba Enlace!

¿Un favor?

Clara Scherer
Excélsior/30 de abril de 2010

Las relaciones entre mujeres y hombres han estado marcadas por la desigualdad. No es un descubrimiento, es tan sólo una constatación. Sea el lugar que sea, la posición de las mujeres para muchos, no deja de ser la de “una mujer”. Es decir, aun cuando una de ellas logre tener, por méritos propios, el reconocimiento a sus capacidades, algunos hombres, a pesar de no poseer más virtud que ésa, pertenecer al género masculino por atributos biológicos, se piensan “superiores”, y esa superioridad la demuestran con el maltrato convertido en grosería.

Anécdotas de esta situación hay para dar y regalar. Desde las que, por circunstancias de la vida, como la de médico-paciente, hasta la de iguales formalmente, de las que me interesa hablar, porque son una muestra de cómo, a pesar de leyes y esfuerzos, esas formas han variado muy poquitito en la subjetividad de ellos.

Una regidora, en un municipio de alta marginación, encargada de la salud, en reunión del cabildo propone, ante sus distraídos compañeros, una campaña para prevenir el embarazo adolescente. Un “par”, es decir, otro regidor, sonriente, le dice: ¿Ya terminó?, porque aquí tratamos asuntos serios. ¿No ve que esas escuinclas sólo sirven para eso? Por eso, ¡hay cuadras y cuadras de niñas embarazadas!

Una integrante de un partido político, al salir de una asamblea estatal, reclama al dirigente que no haya seleccionado a mujeres para las candidaturas de ese año. Van por la calle, y el presidente, sin mirarla, le dice que no es asunto suyo, que no entiende nada. Ella le responde que la ley obliga las cuotas y que deben cumplir. El tipo, enfurecido, le dice que no va a venir a decirle qué hacer, que para algo él es el presidente. Ella no ceja en su empeño de hacerlo reflexionar y le señala que está obligado a acatar el mandato. ¡Qué mandato ni qué madres! Aquí mando yo. Y, sin más, suena una bofetada. Eso, en media calle, ante la mirada atónita de los transeúntes.

En la Cámara de Diputados, la coordinadora de la fracción decide que Mónica suba a tribuna para defender cierta posición. Al instante, llega corriendo, sofocado, un compañero de bancada: -Oye, ¿por qué va ella? La coordinadora da razones: “Es la experta en el tema, tiene la licenciatura, ha trabajado en el tema desde hace cinco años”.-Pero, ¿estás segura de que sabe hablar?

Y en la de Senadores. Citan a una junta de la Comisión. Sólo hay una mujer integrante de la misma. El presidente de dicha Comisión presenta el asunto, todos escuchan atentamente. Llega tarde un compañero, y la senadora, además de darle los buenos días, le dice: Senador, ¿podría hacerme un favor? El aludido, con sardónica sonrisa, le responde: “Un favor, no; pero si quiere, ¡le hago un chamaco!” La carcajada de los otros resuena en la sala, ante el estupor de la aludida. La violencia contra las mujeres en la política. Y aun hay quienes afirman que a ellas les falta “capacitación”, cuando lo que urge son cursos intensivos de civilidad a muchos hombres que ocupan cargos sin tener la mínima educación. Como muestra, el vergonzoso comportamiento del presidente del Congreso de Baja California o de presidentes municipales o gobernadores de cualquier partido, que no llegan a escándalo porque se cuidan de que todo quede bien silenciado.

El reclamo de las mujeres para que, en la Constitución, se inscriba la paridad, tiene que ser escuchado. Somos la mitad de la población, por lo que tenemos derecho a la mitad del poder público. Somos iguales en derechos y, ellos, los hombres, están obligados a respetarlos. No es un favor.

*Licenciada en pedagogía y especialista en estudios de género

claschca@hotmail.com

jueves, 29 de abril de 2010

Alberta y Teresa: al fin libres

Ricardo Rocha
Zócalo/29 de abril de 2010

Me llaman inusitadamente el domingo a mi celular. Y a ellas y a mí las palabras nos brotan, nos enlazan, nos desbordan y nos atropellan. Por favor señor Ricardo díganos si es verdad, que sí es cierto que ora sí ya nos van a dejar libres. Es que nos cuentan que allá en la corte sí nos van a hacer justicia, pero si no es cierto mejor díganos desde ahorita para ya no hacernos ilusiones.

La verdad no se los puedo asegurar pero parece que sí. Entonces sí es cierto.

Bueno parece que sí, que la corte va a votar a favor de ustedes. Sí, pero cuándo señor Ricardo, cuándo. Es lo que no podría asegurarle Alberta, no quisiera que tuviera una desilusión.

Mire aquí le paso a Teresa que también lo quiere saludar. Verdad que sí es cierto que ora sí vamos a salir, a ver díganos ya estamos las dos pegadas al teléfono. Sí, de plano sí, yo creo que sí, yo estoy seguro que sí. Pero díganos por favor para cuándo. Bueno pues yo creo que esta misma semana.

De veras, quién se lo dijo. Pues nadie me lo ha asegurado pero, saben, entrevisté a la mera mera ministra y no me lo dijo con todas sus letras. Pero entonces, ¿qué le dijo? Pues que ella se estaba dando cuenta de todas las injusticias que se cometieron con ustedes. ¿Y qué más?

Bueno que creo que eso es muy importante y que ella se va a pronunciar a su favor. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que sí…que ya podrían quedar libres. De veras…ay perdón es que se nos acabó la tarjeta y además aquí en la cárcel no podemos hablar mucho tiempo, pero vuélvanos a decir por favor. Que sí…que ya podrán quedar libres.

Y yo me quedo con la angustia de esas palabras. Con el sabor agridulce de esas palabras. Porque qué tal si sí. Pero qué tal si no. Qué decirles a dos mujeres que van para cuatro años viviendo el mal sueño de un encierro que todavía hoy no comprenden.

Por eso pego de brincos cuando me entero el martes que ya es oficial, que el dictamen elaborado por doña Olga Sánchez Cordero reconoce las gravísimas irregularidades cometidas por este Gobierno federal a través de su PGR en el proceso contra Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.

Incluida la infame, absurda y vergonzante siembra de cocaína. Además de que nunca se probó el presunto secuestro de seis de sus agentes armados. Y que tienen que ser liberadas.

Por eso y más me regocijo con ellas apenas ayer cuando empezamos a reírnos ya sin decir nada en cuanto llego al penal de San José el Alto y las abrazo a las dos y a la pequeña Jazmín.

Y las tres me reconcilian con la vida y hasta con la política. Porque he de reconocer al gobernador José Calzada que sí supo exigir justicia para sus paisanas. Y al senador Manlio Fabio Beltrones que fue a visitarlas un domingo y luego llevó su caso al Congreso.

A la ministra Sánchez Cordero y a la unanimidad de la Corte. Y, por supuesto, destacar la labor fundamental del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Así como el apoyo invaluable de los miles que alentaron esta cruzada con sus mensajes justicieros. Los que saben que todavía hay muchas Teresas y Albertas presas en este país. Y que hay que continuar en esta batalla formidable.

Hechos y dichos de la guerra de Calderón


Humberto Musacchio
Excélsior/29 de abril de 2010

Es inconmovible el optimismo presidencial frente a la inseguridad, al extremo de que se promete continuar su batida contra el crimen hasta lograr “estándares de seguridad aceptables para nuestras familias y para quienes nos visitan”, los que por cierto ahora podrán hacerlo sin visa mexicana, pues el asunto de seleccionar turistas se ha dejado en manos de Estados Unidos.

Comparte el optimismo presidencial el señor Miguel Torruco Márquez, presidente de la Confederación Nacional Turística, quien declaró que “hay más inseguridad en Washington, Nueva York y en muchos otros países”, pues como todo el mundo sabe, cada mañana amanece el regadero de cabezas en Manhattan y en Washington se ha instalado el puesto de un pozolero frente a la Casa Blanca.

Más contundente es el “gobernador” de Guerrero, Zeferino Torreblanca, para quien el estado de guerra en que vive el país ha dado resultados, aunque no dijo si buenos o malos (Excélsior, 26/IV/2010). Pues sí, la matanza ha dado resultados y uno de ellos lo han vivido los asistentes al llamado Tianguis Turístico de Acapulco, donde se cerró el área de exposiciones y guardias con armas largas vigilaban mientras perros especialmente adiestrados buscaban explosivos y efectivos militares ocupaban los jardines del Centro de Convenciones, pues bien se sabe que el miedo no suele viajar a lomo de jumento.

En otras palabras, el optimismo declarativo no se compadece de la sangrienta realidad, pese a que Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, dijo a los periodistas que él se siente a salvo y que “sólo corren peligro quienes tienen miedo”, aunque más bien debió decir que quienes corren peligro son los que no tienen autos blindados y una nube de guaruras a su alrededor. Las bravuconadas del señor Gómez Mont se ven cruelmente desmentidas por la realidad, pues lo cierto es que ni siquiera los vehículos con coraza de acero y los grupos armados que custodian a los funcionarios son suficientes para evitar atentados.

El domingo, la secretaria de Seguridad Pública de Michoacán fue víctima de una emboscada en la que los agresores dispararon más de dos mil 500 balas de todos los calibres contra la funcionaria y para romper el blindaje de su vehículo emplearon armas capaces de destruir un tanque.

Pese a lo prolongado del ataque y a que la funcionaria dio orden inmediata de que fueran a auxiliarla, lo cierto es que durante el tiroteo no llegó patrulla alguna al lugar de los hechos, pues los comandantes, por complicidad, miedo o ineptitud, prefirieron mantenerse lejos, lo que demuestra, si hiciera falta, que la llamada guerra contra la delincuencia es un asunto de inteligencia y no de la mera aplicación de la fuerza. La guerra –repitámoslo hasta que se lo aprendan en Los Pinos y en Bucareli—es una extensión de la política y no el abandono de ésta.

Gómez Mont reclama que Estados Unidos no impida el tráfico de armas con que se asesina a mexicanos, pero sus palabras caerán en el vacío. Sería más eficaz dejar de cuidar la salud de los estadunidenses –no “americanos”, como dice colonialmente el secretario de Gobernación—y despenalizar en México bajo una cuidadosa reglamentación la mariguana y tal vez la cocaína, y paralelamente analizar la viabilidad de una amnistía e incluso buscarle un destino a las fortunas malhabidas. Eso hicieron los gobernantes del país vecino al levantar la veda contra la producción y el comercio de alcoholes y así surgió el emporio de Las Vegas. ¿Por qué ellos sí lo pueden hacer y nosotros no?

*Periodista y autor de Milenios de México

hum_mus@hotmail.com

Desempleo


Ahumada/La Jornada, 29 de abril de 2010

Respecto de los ni-nis

María Herlinda Suárez Zozaya*

Ahora que hablar de los ni-nis se ha puesto tan de moda, se vuelve indispensable superar la vacuidad y la ligereza con la que se suele utilizar este mote que se da a los jóvenes de hoy que no estudian ni trabajan. Ir más allá y comprender la condición juvenil y la problemática social de este grupo de jóvenes exige reflexionar, entre otras cosas, sobre sus características sociodemográficas y culturales.

La importancia de hacerlo radica, sobre todo, en que en nuestro país los jóvenes que no estudian ni trabajan representan un grupo nutrido pues, según la Encuesta Nacional de Juventud realizada en 2005, el porcentaje de ni-nis que, en el ámbito nacional, hay entre los jóvenes de 12 a 29 años es de 22 por ciento.

Ciertamente, esta proporción constituye una causa que explica la prominencia que ha ganado el tema de los ni-nis en conversaciones cotidianas y en la opinión pública.

Pues bien, al escudriñar los datos de la mencionada encuesta, lo primero que salta a la vista es que del total de jóvenes que no estudia ni trabaja, más de 80 por ciento son mujeres. Este altísimo porcentaje da cuenta de que en el México de hoy, todavía, la condición femenina se sigue construyendo social y culturalmente asociada a la exclusión de los ámbitos de socialización, socialidad y poder modernos.

Este hecho se torna incluso más evidente al observar que, entre las mujeres jóvenes mexicanas, 35 por ciento se encuentra en situación ni-ni y, en cambio, entre los hombres la proporción es de 8.4 por ciento.

Por supuesto, además del sexo, entre los factores que predominan en la explicación de cómo opera la exclusión educativa y laboral, destaca el tipo de localidad en la que viven los y las jóvenes, pues en aquellas clasificadas como urbanas o semiurbanas los porcentajes de ni-nis toman valores cercanos a 20 por ciento y en las rurales el valor es superior a 30 por ciento.

Asimismo, la condición de analfabetismo opera en contra de la inclusión en la educación y el trabajo, pues entre los analfabetas el porcentaje de ni-nis es de 58 por ciento.

En fin, volvamos a tomar al grupo de los jóvenes ni-nis como universo de análisis, repitiendo el dato de que está compuesto, en su gran mayoría, por mujeres. Ahora, al poner la atención en la edad, se encuentra que 73 por ciento tiene cuando menos 20 años. Y en cuanto a la situación conyugal, nuestra fuente informa que, en su mayoría (56 por ciento), se encuentran viviendo en pareja, aunque no es despreciable la proporción de ni-nis que declararon ser solteros o no estar unidos (44 por ciento).

Los más nunca han trabajado (57 por ciento) y la mayoría sí ha asistido, en el pasado, a la escuela. En relación con el máximo nivel de estudios alcanzado, las frecuencias son las siguientes: secundaria incompleta o menos, 42.3 por ciento; secundaria completa, 34 por ciento; preparatoria o bachillerato completos o incompletos, 16.5 por ciento, y educación superior, 7.4 por ciento.

La gran mayoría (73 por ciento) de los ni-nis dejó de estudiar antes de cumplir 18 años y la razón más aludida para haberlo hecho es “ya no me gustaba estudiar” (29 por ciento). A la pregunta “¿te gustaría seguir estudiando o preferirías trabajar?”, 38.1 por ciento respondió que sí, le gustaría estudiar; 38 por ciento, que preferiría trabajar; 8.8 por ciento, que querría estudiar y también trabajar, y 10.8 por ciento dijo que no querría trabajar ni estudiar.

Entonces resulta que, entre los ni-nis, son pocos los que están satisfechos con su situación educativa y laboral. Pero sería una equivocación pensar que su insatisfacción tiene raíces en su interés por tener mayor formación y participación social; el principal motivo de insatisfacción se relaciona, principalmente, con el deseo de ganar dinero.

Por otra parte, respecto de sus condiciones de salud, los ni-nis se sienten relativamente más vulnerables que el total de jóvenes del país. Mientras que entre los que estudian y/o trabajan sólo 10 por ciento declaró que, en general, su estado de salud es regular, malo o muy malo, el indicador correspondiente a los ni-nis es de 18 por ciento. Y la desprotección pública que enfrenta este grupo de jóvenes queda en evidencia cuando a la pregunta “cuándo te enfermas, ¿dónde te atiendes?”, la respuesta más frecuente que dan los ni-nis es: “voy a un médico particular” (29.4 por ciento).

Cabe destacar que entre los ni-nis hay mayores problemas de sobrepeso respecto de la juventud mexicana en general. Resulta que mientras en los jóvenes que estudian, trabajan o hacen ambas cosas las proporciones de insatisfechos con su peso actual es de 20 por ciento, entre los ni-nis hay más de 30 por ciento, y 85 por ciento lo está debido a que consideran que su peso actual está por encima de lo que ellos mismos desearían.

La escuela es el espacio principal para hacer amigos. Esto lo que revelan los datos de la encuesta, pues los y las jóvenes que asisten a la escuela consideran, en mayor proporción que los que sólo trabajan y que los que no estudian ni trabajan, tener muchos amigos. Entre los ni-nis, más de la mitad (51.6 por ciento) considera tener pocos amigos o de plano no tenerlos. Los relativamente pocos que aceptan tener amigos, dicen que la amistad la entablan con los integrantes de sus barrios y de sus propias familias. Las propias casas constituyen el espacio de reunión más frecuente.

Se me acaba el espacio para desarrollar este artículo. Muchos datos más podrían ser dichos sobre los ni-nis mexicanos. Por ahora, baste con decir que a la pregunta “¿cuáles son las tres cosas que, en lo personal, esperarías para el futuro?”, las respuestas más frecuentes que dieron estos jóvenes fueron: tener familia e hijos (32 por ciento) y tener una buena posición económica (20.6 por ciento).

Estas respuestas resultan lógicas cuando se advierte que, en general, los y las jóvenes que no estudian ni trabajan piensan que sus hijos tendrán más oportunidades para estudiar, trabajar y tener servicios de salud que las que ellos y ellas tienen. ¿Será cierto esto? Por como están las cosas hoy en México, yo, lo dudo.

* Investigadora del CRIM, profesora de la FCPS, miembro del Seminario de Educación Superior y del Seminario de Juventud de la UNAM.


Incriminación visual

Jorge F. Hernández
Milenio/29 de abril de 2010

Estuve a punto de titular estos párrafos Arizonazis, título obvio y arriesgado que terminaría por banalizar mi intención. Comparar cualquier asomo autoritario y racista con el ominoso nacional-socialismo que azotó al mundo en un pasado que, por obligación, no debemos sepultar en la amnesia de una memoria remota es arriesgado y no del todo justo. Sin embargo, para mal de los tiempos y sus circunstancias, no faltan instancias para asociar casi instintivamente con tácticas de la Gestapo nazi los abusos y atropellos que algunos necios del mundo, en infinita estulticia, signan y promueven —ésos sí— sin el menor rubor o consideración, al verificar que sus proclamas hieden a racismo viejo y trasnochado.

Dicho lo anterior, aclaro que la intención de estos párrafos es reprobar el descaro xenófobo y el confianzudo racismo irracional de la gobernadora del estado norteamericano de Arizona, y los legisladores que han aprobado la llamada Ley Arizona. Pendiente de entrar en vigor, esa ley SB 1070 ha logrado insuflar instantáneas reacciones en su contra: el presidente Obama expresó su preocupación e interés por definirla como denigrante y abusadora de los derechos humanos, nutridos grupos de migrantes a lo largo y ancho de los Estados Unidos se han manifestado dispuestos a boicotear la economía del estado e incluso Phil Gordon, alcalde de Phoenix, la demandará a título personal, y en tribunales, por su inconstitucionalidad.

Se me ocurre pensar que ni la señora gobernadora ni los sesudos legisladores ario-caucásicos-wasp’s ponderaron de veras una ley que tendría facultades de incriminar visualmente a cualquier latino, mexicano o moreno en general, con el pretexto convencido de que podría tratarse de un migrante sin pasaporte ni salvoconducto. Una inmensa porción de la flota policiaca con la que cuenta el estado de Arizona para imponer el peso de sus leyes está compuesto por hombres y mujeres con innegables rasgos (por no decir nombres y apellidos) netamente hispanos; se vivirán entonces ridículas situaciones en las que policías en activo —ávidos de cumplir debidamente sus rondinas o razzias por cuotas— estarían interrogando o incluso esposando a compañeros de la ley y el orden, con sólo verlos de licencia, vestidos de civil, bebiendo cervezas Corona cuando no están de servicio. La otra ramificación sería tener que recurrir a la imposición de alguna insignia que denote claramente quiénes son los hispanos “legales”, algo así como pedir o imponer por televisión y en periódicos que todo ciudadano que parezca mexicano lleve una banda amarilla o azul, amarrada en el antebrazo, con una insignia que podría ser una estrella (formada por nopales cruzados o frijoles negros entrecruzados) que sea visible a una distancia prudente. Con esto, los legisladores arios y la gobernadora inconsciente tendrían que publicar un decreto detallado que defina exactamente cuáles son los rasgos (pelo negro, bigotes ralos, tamaños de caderas femeninas, tipo de pómulos o quién sabe cuánta imbecilidad anatómica) para definir con precisión la filiación visual de los posibles incriminados.

En una de las muchas escenas memorables de la serie de películas Lethal Weapon (en español: Arma letal), el genial actor Joe Pesci aparece con cierta preocupación en el consulado de Sudáfrica en Los Ángeles. Afuera del edificio hay una fila interminable de protestas contra el nefando régimen del apartheid racista que dominaba a Sudáfrica en aquel entonces. Pesci plantea ante un funcionario consular su preocupación: le dice que tiene un amigo que tiene toda la intención de mudarse a Sudáfrica, pero que a su parecer y por la situación álgida, es de la opinión que hay que disuadirlo. El funcionario consular le da palabras de consuelo, advirtiéndole que toda la alharaca pasará en no más de una semana, que su país es una tierra de promesas, con economía boyante y no pocas posibilidades de progreso y felicidad. Sin embargo, Pesci le insiste en la necesidad de disuadir a su amigo y le dice que está allí mismo, en el edificio. Para azoro del funcionario, aparece detrás de un pilar Danny Glover, el héroe negro de la pareja policiaca que formó con Mel Gibson en esas películas… El burócrata, boquiabierto, termina por decirle que definitivamente no puede irse a vivir a Sudáfrica, “porque es usted negro”, y para sellar la broma, como debe de ser, Glover —apoyado por Pesci— lanza una digna perorata de que precisamente porque es negro quiere emigrar a Sudáfrica, para unirse a la causa de sus hermanos oprimidos y luchar contra el gobierno racista y fascista del apartheid.

Al inaugurarse la ya próxima celebración de la Copa del Mundo de Futbol en Johannesburgo, no pocos espectadores —sobre todo la generación más joven— quizá no consideren que ese hombre llamado Nelson Mandela pasó la mayor parte de su vida adulta encarcelado, en ese mismo país que fue paraíso de la xenofobia y el racismo. Menos aún, pues es obvio que los zares de la publicidad han exagerado los comerciales futboleros con escenas de nuestros locutores de Televisa en felices safaris, bailando en fila india, en medio de la sabana de animales salvajes, Hakuna-Matata y demás lugares comunes, sin subrayar el verdadero milagro sudafricano: tanto Mandela como Frederick Willem de Klerk (último jefe de Estado de la Sudáfrica racista), el mismo que liberó de la cárcel al propio Mandela y promovió la abolición del apartheid, recibieron a cuatro manos el Premio Príncipe de Asturias en 1992 y, al año siguiente, el Premio Nobel de la Paz, juntos y sin tambores caníbales, brujos emplumados o el león que duerme esta noche y demás clichés con los que ahora se publicita el futbol y todas sus mercadotecnias… ¿será de veras que la rubia (aparentemente pintada) gobernadora Jan Brewer, lleve a su Arizona hacia una aséptica utopía donde quedará prohibido el mariachi y el chile verde; un paraíso blanco, protestante y anglosajón, donde las meseras y lavaplatos sean sólo rubios y los jardineros, irlandeses pelirrojos? ¿De verás será capaz de prohibir las Coronas la gobernadora Brewer (cervecera de apellido), desaparecer los nachos y el Taco Bell (que tanto le gusta a Barack Obama)? Prometo viajar pronto a Arizona; no necesito vestirme de china poblana ni clonarme en Jorge Negrete para volverme sospechoso… dejaré el pasaporte en el hotel y a ver qué pasa.

jfhdz@yahoo.com

De militares y derechos constitucionales

Octavio Rodríguez Araujo
La Jornada/29 de abril de 2010

El jueves pasado fui detenido por un retén militar. El soldado que habló conmigo fue amable y hasta sonriente. Me pidió que descendiera de mi automóvil porque tendría que hacer una revisión. Le hice notar que podía hacerla, pero que no era constitucional. Me recitó de memoria el artículo 89, fracción VI, de la Constitución: es facultad del Presidente de la República preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Le dije que sí, pero que antes estaba el artículo 16 del mismo texto constitucional. No había terminado de hablar cuando el soldado, haciendo alarde de su memoria, me recitó el inicio del 16: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. “¿Y entonces?” El soldado se rió, añadiendo que él recibía órdenes de sus superiores y que estaba haciendo su trabajo. Me reí también y le dije que estaba bien, que revisara mi carro, “bajo protesta”, añadí entre dientes. Abrió la cajuelita de guantes y tomó en sus manos la cartera donde está el manual del vehículo, lo movió con un dedo y sonriendo me dijo, “ya está revisado”. Ahí quedó todo, me subí de nuevo al carro y continué mi camino.

Tal vez no me vio cara de narcotraficante, pero, a pesar de ser anticonstitucional lo que estaba haciendo ese grupo militar, no me ofendí, aunque tuve cuidado de no discutir ni enfrentar a los soldados, por aquello de que se les fuera la mano, se pusieran nerviosos y me acribillaran. También pensé que mientras era revisado mi vehículo (que no mi persona) podría haber pasado un grupo de facinerosos y so pretexto de dispararles a los militares me tocara a mí también. Ese pensamiento me alarmó porque a otros, igual de inocentes que yo, no les fue bien al estar en medio de un fuego cruzado. Igualmente pensé en el artículo 5, fracciones III y V de la Ley de Seguridad Nacional, que establecen que son amenazas a la seguridad nacional actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada o por obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada, entendiendo que los retenes militares son de este tipo de operaciones. Si la Ley de Seguridad Nacional es anticonstitucional o no, y si se presta a varias interpretaciones, no es algo que se pueda discutir con un soldado armado en un “puesto de control”. Para ellos, oponerme a ser revisado, sería equivalente a impedirles actuar contra la delincuencia organizada.

Me vino a la memoria, asimismo, que la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada no menciona la participación del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea, ni siquiera como coadyuvantes de la Procuraduría General de la República y de sus policías judiciales. ¿Será que las fuerzas armadas sí pueden intervenir cuando está en riesgo la seguridad nacional y que tal riesgo es, al parecer en ciertos casos, provocado por el crimen organizado? ¿Y quién determina lo anterior, el titular del Ejecutivo solo o con el Congreso de la Unión?
El Senado ha aprobado reformas a la Ley de Seguridad Nacional y, según lo que leí, ante una crisis de seguridad nacional se cancela la posibilidad de establecer un estado de excepción o de suspender las garantías individuales. Si es cierto lo que he leído sobre dichas reformas, no cambian mucho las cosas, pues según parece (la página del Senado en la red no ha publicado las reformas), las fuerzas armadas podrán, igual que antes, intervenir en cualquier lado a petición de un gobernador o de un Congreso local, que podrán declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior. El Presidente de la República podrá hacer lo mismo. ¿Desaparecerán los retenes militares y las inspecciones de mi vehículo o mi persona? ¿No habrá presencia de tanquetas militares artilladas en las calles si la esposa de Calderón vuelve a visitar el DIF y la Cruz Roja de Morelos, en Cuernavaca, como ya ocurrió?

Al día siguiente, estando en Cuernavaca, mi celular no funcionaba; tampoco el correo electrónico de ese medio. A otros amigos les pasó lo mismo. El sábado entendí por qué. Leí en La Jornada Morelos que en Jiutepec se habían reunido Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Fernando Gómez Mont, Marco Adame, Francisco Saynez y Arturo Chávez. Cosa del primer mundo: los del gabinete de seguridad fueron al área conurbada de Cuernavaca y los celulares enmudecieron, algo que no pueden hacer eficientemente en las cárceles para evitar extorsiones. El 27 de abril leí en Reforma que “durante hora y media Leonel González Castillo, preso en el Reclusorio Norte, utilizó su celular para extorsionar desde su celda a un regidor del estado de México, a pesar de que en ese penal, según la Subsecretaria del Sistema Penitenciario del DF, Celina Oseguera, el bloqueador de celulares está funcionando todos los días”.

¿Los retenes policiacos o militares y el corte de señal en mi celular (ambas acciones contrarias a mis derechos individuales) ya no se repetirán con las reformas aprobadas por el Senado? Por lo pronto, según versión de diputados locales, de un senador de Morelos y de un representante de los empresarios reunidos en Jiutepec con el gabinete de seguridad nacional, se dijo que se justificaba la presencia de las fuerzas armadas mientras no se creara una policía estatal mejor preparada y en tanto policías estatales y municipales siguieran siendo cómplices del crimen organizado (La Jornada Morelos, 24/4/10). Así las cosas, tendremos militares y marinos en las calles largo rato. Me da cierta tranquilidad que (con las reformas) no procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, si acaso se cumple.

Canonjías

Carlos Ornelas
Excélsior/28 de abril de 2010

Para comenzar, una paráfrasis del clásico: “Pobre educación mexicana, tan lejos de la calidad y tan cerca del SNTE”. Y se puede agregar que la Secretaría de Educación Pública (o, para decirlo con corrección, el gobierno federal) le sirve de alcahuete político. Utilizo el término alcahuete en la segunda acepción del diccionario: “persona o cosa que sirve para cubrir lo que se quiere ocultar”.

Hay muchas razones para el enojo que provoca que el gobierno del presidente Felipe Calderón provea de tanta canonjía a la camarilla que controla al sindicato de los maestros. Atención, no me opongo a que los docentes obtengan ingresos decorosos y recompensas adecuadas por su trabajo. Lo que molesta es que no haya avances en la educación y que un grupo se beneficie del temor que le infunde al gobierno.

Lo que obtuvo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es mucho más de lo que conocimos la semana pasada.

La SEP publicó en su página web un informe detallado de la negociación e incluye el oficio de respuesta que el secretario, Alonso Lujambio, dirigió a Elba Esther Gordillo y a Rafael Ochoa, presidenta y secretario general ejecutivo, respectivamente, del SNTE. Bien por la transparencia, qué bueno que tenemos acceso a esa información. Con ello se confirma que este gobierno le hace un daño gigante a la educación.

Los incrementos a salario y prestaciones se acompañaron de mejoras a la carrera magisterial, como el programa de incentivos, que fue la vía para incrementar las retribuciones de los docentes, pero que no ha contribuido a una mayor calidad, lo que fue su propósito principal (o el pretexto para medrar, incluir a favoritos y excluir a los adversarios, arguyen algunos de mis colegas) al ser instituido en 1993. Recibirá 750 millones de pesos más los que se acumulen por el retiro de profesores. Además, la SEP le otorga 150 millones de pesos al SNTE para que sus dirigentes se luzcan haciéndole propaganda a la Alianza por la Calidad de la Educación (vía Televisa) y otros 150 millones para “actividades culturales”.

Este año se sumarán otros 150 millones de pesos al programa que otorga computadoras a los maestros y 100 millones más para enriquecer los fideicomisos de vivienda. Se da por sentado que, como una vez que salen de las arcas públicas, esos recursos son patrimonio del sindicato, sus dirigentes los distribuirán como les plazca.

El oficio del secretario Lujambio lo muestra como una persona que se dirige a los maestros con respeto y afirma que el Presidente y él mismo se interesan por el bienestar de los docentes como instrumento para que México tenga educación de calidad con equidad. Pero también se nota que el gobierno se subordina al sindicato y está dispuesto a negociar lo que por ley corresponde en exclusiva a las autoridades.

La respuesta de la SEP glorifica la ACE y hace una caricatura del supuesto federalismo en ese sector. Por ejemplo, en el numeral 51, el secretario Lujambio asienta que “la Secretaría de Educación Publica y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación continuarán desarrollando acciones tendientes a concretar el Sistema Nacional de Evaluación, en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación”. Pero el artículo 29 de la Ley General de Educación dicta que esa es una responsabilidad exclusiva de las autoridades. O en el aparte 38, cuando afirma que la SEP se propone restaurar al “Consejo Nacional Técnico de la Educación con la participación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y los distintos actores involucrados en el sector educativo”, aunque la misma LGE (artículo 10) se lo ordena.

En otros párrafos, siempre cuidando la retórica de que sólo en el marco de sus competencias la Secretaría convocará a las autoridades de educación de los estados a que hagan tal o cual cosa que acordó con el SNTE, se ratifica que el centralismo burocrático es vigente. Los gobiernos de los estados nada más cuentan como administradores de las políticas que acuerden el sindicato y el gobierno federal.

Me pregunto qué piensa el presidente Calderón cuando concede tanta prebenda a una camarilla que lucra con la educación pública y se enriquece a costa de los impuestos. ¿Afianzar lealtad de una aliada política? Tal vez, pero acaso eso marcará a su gobierno como uno de los más irresponsables en la historia de la educación mexicana.

*Académico de la UAM

miércoles, 28 de abril de 2010

¿Qué significa en Arizona ilegalidad?

Arnoldo Kraus
La Jornada/28 de abril de 2010

El 24 de abril de 2010 el encabezado de la noticia principal de La Jornada informaba: “Por ley, ahora en Arizona el indocumentado es ‘criminal’”. Dos títulos agregaban otras circunstancias: “Obama considera irresponsable la norma; se minan nociones básicas de justicia, reconoce”; “Autoridades mexicanas, obligadas a replantear esquemas de cooperación con esa entidad: SRE”. Sendas noticias, cruda realidad.

Para nuestros vecinos el tema central es la ilegalidad y los vicios que ésta acarrea, sobre todo, Brewer dixit, violencia, problemas asociados al narcotráfico y conductas inadecuadas de los indocumentados, en su mayoría, mexicanos y centroamericanos. Para nosotros, el tema central es la amoralidad de la decisión.

Además de ser muchas las teselas del mosaico arizoniano, buena parte están rotas y otras se han extraviado. Los que no se han extraviado son los ciudadanos de Arizona que contratan indocumentados de acuerdo a su justicia económica. Tampoco se han extraviado los trabajadores migratorios que arriesgan sus vidas en aras del trabajo negado por los infames gobiernos de nuestros países. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, su equipo, y nuestros políticos, son los responsables de promover una ley que podría acarrear graves problemas. Ni la contratación espuria de indocumentados ni la debilidad crónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país deben pasar inadvertidas.

La nueva ley permitirá, en caso de aprobarse, criminalizar a todo indocumentado en Arizona; además, faculta a la policía a detener e interrogar a cualquier sospechoso de ser “extranjero ilegal”. La ley, conocida como SB1070, amenaza con reducir a polvo algunas teselas del mosaico vigente entre nuestra nación y Estados Unidos. Derechos civiles, justicia y derechos humanos son algunos de los conceptos que se verán afectados por la propuesta de la gobernadora republicana. Atropellar esos principios deviene estigmatización y la autorización de maltratar. Entre esas circunstancias y el racismo, la frontera es endeble. En ese entramado es imposible soslayar el nacimiento del Tea Party, movimiento que reúne activistas de derecha y de ultraderecha. Buena parte del electorado estadunidense comparte la ideología derechista del joven partido. La ley Brewer será, sin duda, atractiva para los simpatizantes del Tea Party.

No ignoro que en Estados Unidos cohabitan personas de múltiples nacionalidades y que en muchas ocasiones esa nación les ha dado la oportunidad de trabajar y mantener a sus familiares en sus países de origen. Buen ejemplo de ese fenómeno es nuestra nación. Las remesas que envían los trabajadores mexicanos desde Estados Unidos constituyen, habiendo disminuido el turismo, la segunda fuente de ingreso de nuestro país. Huelga decir que esa realidad no justifica ninguna acción como la que pretenden implementar en Arizona.
La Ley de Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros (SB1070) podría entrar en vigor a principios de septiembre. De aprobarse, aunque algunos gobernadores como Bill Richardson, de Nuevo México, deploraron la promulgación de la ley, es muy factible que la iniciativa “contagie” a otros políticos. La crisis económica por la que atraviesa Estados Unidos, la figura de Obama, denostado por los grupos reaccionarios y el rápido ascenso del Tea Party –tiene menos de un año de existir–, son buena semilla para que la propuesta de Brewer se disemine.

En Arizona existe un campo de prisioneros en el condado de Maricopa donde viven entre alambradas cientos de reos a los que se les obliga vestir uniformes y calzones rosas. Zaherirlos es la meta del sheriff. En ese mismo estado, los inmigrantes, contratados ilegalmente y explotados ad nauseam sobreviven en condiciones precarias. El problema es mayúsculo. Los “sin papeles” emigran para sobrevivir, los contratan ilegalmente, les pagan sueldos magros, la violencia aumenta y el rechazo social se multiplica. El problema, además de ser mayúsculo, no tiene solución. Ni en México ni en Centroamérica las condiciones de vida de los pobres mejorarán. Basta repasar la historia de nuestros viejos políticos, escuchar a la mayoría de los actuales y conocer la miseria de la mayor parte de los habitantes de nuestras naciones para entender que el flujo de “sin papeles” no cesará. Por esas razones, la aprobación de la ley causaría graves problemas. Justicia es no sólo una palabra bella. Es un bien universal. Atropellarla daña la dignidad de la persona. Es obligación de nuestro gobierno luchar por la dignidad y la justicia de los connacionales en Estados Unidos.

Ilegalidad es un término que no debe aplicarse solamente a la migración de personas sin documentos. Los millones de “sin papeles” han sido, desde hace décadas, factor imprescindible para la economía estadunidense. Esos trabajadores han sido contratados ilegalmente y, muchas veces, explotados. Criminalizar a los indocumentados presagia malos, muy malos tiempos. Maltrato y estigmatización son males menores. Cazar indocumentados es una vieja propuesta de algunos estadunidenses. Ahora, en Arizona, quieren legalizar ese deseo. Lo peor es que ahora el Tea Party cuenta con un nuevo sabor: Brewer.

Educando a Arizona

Jenaro Villamil
Proceso/27 de abril de 2010


En 1987 los hermanos Coen filmaron una ácida comedia sobre los extremos en la sociedad norteamericana. Era una fábula de la situación conservadora que dejó la ola reaganista. En esta película, una exmujer policía y un ladrón rehabilitado se casan. Ante la imposibilidad de tener hijos, deciden raptar a uno de los quintillizos de un magnate local llamado Nathan Arizona.

La cinta fue muy mal recibida por los críticos “políticamente correctos”, pero como buena parte de la obra de los Coen constituyó un retrato de la ignorancia y de las locuras extremistas que predominan en amplios segmentos de la sociedad norteamericana.

Algo similar está ocurriendo con la ley SB1070, promulgada el pasado 23 de abril por la gobernadora Jan Brewer, apoyada solamente por los grupos ultraconservadores y racistas de su entidad. La ley viola abiertamente la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias. Su única justificación es acabar con la “inmigración ilegal”, lo cual resulta no sólo hipócrita, sino demagógico, en una nación cuya economía depende de manera fundamental de la presencia de más de 12 millones de mexicanos “sin papeles”, pero trabajadores.

La promulgación de la ley está logrando el efecto inverso de lo que pretendía atacar. Según la gobernadora, “esto es una crisis que nosotros no creamos y que el gobierno se ha negado a resolver”, en clara referencia a las demandas de la derecha estadunidense para criminalizar la inmigración.

El presidente Barack Obama se ha resistido a realizar una reforma restrictiva, pero ahora puede encontrar el consenso nacional e internacional necesario para empujar una auténtica reforma integral que discuta el gran fantasma del Tea Party estadunidense: la amnistía general para los indocumentados.

“Arizona es el Alabama de los hispanos”, afirmó Antonio González, líder latino, en claro paralelismo con las protestas de la comunidad afroamericana que encabezó las movilizaciones por la defensa de los derechos civiles en 1960. A partir de entonces, la población afroamericana asumió una dignidad y un activismo que explican, en buena medida, la llegada de Obama a la Casa Blanca.

Ahora, las comunidades mexicanas, ilegales y documentadas, se están uniendo para enfrentar lo que puede convertirse en la peor derrota para la derecha norteamericana.

Arizona es la entidad con el mayor índice de crecimiento demográfico en Estados Unidos y, paradójicamente, es también el último estado que se convirtió en parte de la Unión Americana, el 14 de febrero de 1912, después de más de medio siglo de haberse anexado tras la invasión norteamericana a México y la firma de los Tratados Guadalupe Hidalgo.

A pesar de su condición de “estado joven”, la población de Arizona se cuadruplicó entre 1950 y 1980. Actualmente tiene más de 7 millones de habitantes, de los cuales, el 30 por ciento son de origen latino o hispano y de éste universo, 21 por ciento es de origen mexicano.

Arizona tiene la mayor tasa de crecimiento demográfico --7.6 por ciento-- de todo Estados Unidos. Y la explicación es muy clara: la presencia de los mexicanos y de sus familias ha dinamizado la economía de un estado que dependió durante décadas de la minería y ahora se ha convertido en un polo industrial y también turístico.

¿Cómo pretenden frenar esta tendencia los kukuxklanes del nuevo milenio en Estados Unidos? Con leyes absurdas y grupos paramilitares de “cazadores de migrantes” que reviven lo peor del extremismo norteamericano.

Los analistas han señalado que las próximas elecciones estatales de noviembre alentaron que se aprobara esta ley restrictiva de los derechos civiles y violatoria de la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias.

La derrota en la opinión pública nacional e internacional es la sanción más clara en contra de esta ley. Hasta la Organización de Estados Americanos, un elefante blanco que se caracteriza por su extremada cautela, calificó como “racista” e “inaceptable” de esta ley.

Si pretendían expulsar a los mexicanos de Arizona, la entidad donde los navajos y apaches enfrentaron durante varias décadas del siglo XIX a los colonizadores racistas, ahora los Wasp se enfrentarán a un gigante de color moreno que pretenden invisibilizar.

http://www.jenarovillamil.wordpress.com/

martes, 27 de abril de 2010

Fuego cruzado

Magú/La Jornada, 27 de abril de 2010

Defensas

Pedro Miguel
La Jornada/27 de abril de 2010

Suena bien eso de defender a los mexicanos expuestos a la legislación racista, hipócrita y paranoica, recientemente aprobada en Arizona: envolverse en una bandera nacional y arrojarse con heroísmo por la empinada ladera de las declaraciones, sin olvidar el adjetivo indeclinable”.

El heroísmo de Calderón en defensa de los connacionales va acompañado por otros actos sublimes. El señor Gómez Mont se siente a salvo porque se pone enfrente, porque protege a los suyos y porque desprecia a los cobardes que tienen miedo. Es una persona excepcional: su valentía a toda prueba tiene, además, la coadyuvancia de un blindaje nivel 4 y de una nube de guaruras que lo salvan de todo mal. Los mexicanos comunes y corrientes (quién les manda) viven en pánico no sólo frente a las granadas y los AK-47, sino también (qué cobardes) ante una pistola .22 o un cuchillo, blandidos por una delincuencia modesta pero casi siempre impune. Y cuando la carcacha de una familia cualquiera pasa al lado de un retén militar, es muy posible que el conductor o la conductora se mueran mil veces de susto y aparezcan en su mente las imágenes de padres, madres e hijos cosidos a balazos por los gatillos nerviosos de los efectivos castrenses. Las fuerzas armadas están para abatir la capacidad de fuego de los delincuentes, pero de cuando en cuando se escabechan también a estudiantes, a campesinos, a señoras que iban de compras o a señores que nomás estaban en su casa viendo la tele pero que tenían cara de narcos.

Y es que, por las razones que hayan sido –confesables o no–, el calderonato decidió que decenas de miles de vidas humanas podían ser sacrificadas en la guerra impuesta al país, optó por la destrucción de la seguridad pública y determinó que, en lo sucesivo, y durante un tiempo indefinido, los mexicanos no sólo tendrían que temer por su comida, sino también por su vida.

Por las razones que sea: por un honesto compromiso con la vigencia del estado de derecho; o por el afán de hacer demostraciones prácticas de garrotes, tanquetas y artillería a una población exasperada; o porque había que obedecer el dictado neocolonial implícito en la Iniciativa Mérida; o por personales pulsiones patológicas de destrucción (“I want all the toys”, dice Calderón, festinando su propio chiste, en referencia a las armas de alto poder de una serie policial, mientras sus gobernados, delincuentes y no, mueren como moscas); o porque se buscaba negociar, a balazos, un nuevo pacto entre los poderes políticos y empresariales que dictan las acciones del régimen, por un lado y, por el otro, los poderes del narcotráfico y las otras corporaciones que tienen en la infracción penal su ramo principal de actividades.
La otra parte del problema es que el calderonato decidió seguir y profundizar un modelo económico que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, que genera desempleo y miseria y obliga a muchos a dejar sus lugares de origen o residencia y a buscar mejor suerte en otro lado, en Arizona, por ejemplo, donde de seguro no los tratarán peor que en su propio país.

Pero es de mal gusto hablar de eso, sobre todo ahora, cuando la economía se encuentra en franca recuperación, así sea en el terreno de las percepciones.

Tal vez las escenificaciones oficiales logren distraer la atención, así sea por un momento, de un dato incómodo: el gobierno de Felipe Calderón da a la mayoría de los mexicanos un trato peor que el que cabe esperar –y temer– de las autoridades de Arizona, si es que éstas llegan a estrenar los dientes que les conferiría esa ley ciertamente infame, pero de futuro dudoso.

En lo inmediato, los connacionales que se ganan el sustento en la tierra de la implacable Jan Brewer se están defendiendo muy bien, ellos solos, mediante movilizaciones y acciones de resistencia.

Quienes, a pesar de todo, se quedan de este lado, no han cejado en su defensa contra la ofensiva económica, legislativa, propagandística y represiva que el régimen mantiene contra la mayoría de la población. Si la gente tiene éxito en defenderse, aquí, de Calderón, Gómez Mont, Carstens, Lozano Alarcón, García Luna y compañía, no tendrá que irse del país a trabajar, a padecer y a defender su vida y su dignidad frente a canalladas racistas y electoreras como la engendrada por los legisladores y la gobernadora de Arizona.

navegaciones@yahoo.com

Mejora la letra, la práctica empeora

Alberto Aziz Nassif
El Universal/27 de abril de 2010

La reforma de derechos humanos que aprobó el Senado hace unos días es una buena noticia para el país. Sin embargo, las prácticas que violentan los derechos humanos de forma creciente en México son un desafío. Detrás de la reforma están los esfuerzos de múltiples organizaciones sociales y la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sin dejar de lado el trabajo de los legisladores. La reforma pone a nuestra Constitución a tono con una concepción más democrática y representa una ampliación de derechos. Cada una de nuestras constituciones ha tenido un acento, en el siglo XIX la independencia y la separación entre la Iglesia y el Estado; la de 1917 estableció los derechos sociales y la de hoy en día necesita consagrar los derechos democráticos.

La reforma establece la diferencia entre derechos y garantías del Estado para tutelarlos. Reconoce de forma directa la aplicación de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales con los que nuestro país se ha comprometido, como por ejemplo la Convención que elimina la discriminación contra la mujer; los derechos de los niños; la convención contra la tortura y muchos otros que ahora serán una obligación constitucional. También se establecen varias políticas que tendrán que ser normadas por los derechos humanos: la educación, el sistema carcelario y la política exterior. Queda consagrada la norma de que los derechos humanos no pueden suspenderse en casos extremos, de emergencia nacional o de guerra (como el derecho a la vida, a la libertad de conciencia, los derechos políticos, entre otros). A los extranjeros se les concede el derecho de audiencia, cuando antes simplemente se les expulsaba del país. Se fortalecen los organismos de defensa de derechos humanos, a nivel nacional y en los estados, tanto para que los nombramientos de sus titulares tengan un procedimiento de consulta pública, como para que puedan investigar violaciones graves a los derechos humanos y ser autoridad investigadora. Esta facultad de investigación la tenía antes la Suprema Corte de Justicia. Este último punto sigue en debate ahora en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, cada vez hay más frentes abiertos de violaciones a los derechos humanos. El “Examen Periódico Universal” que hace la ONU sobre el estado de los derechos humanos en el país expresa la gravedad del problema. Decenas de organizaciones de la sociedad civil presentaron el nutrido panorama de violaciones, demandas, acusaciones y agresión a los derechos humanos. Por ejemplo, se pide que sean anuladas “la figura del arraigo, la prisión preventiva automática y el régimen de excepción para la delincuencia organizada”. Se denuncia la grave situación que se ha generado con la militarización y la “extensión del fuero militar”. Ahora el Ejecutivo anuncia una reforma para acotar el fuero militar en las tareas de las fuerzas armadas frente al crimen organizado, con el objetivo de que los militares sean juzgados por tribunales civiles. Una promesa más. En las violaciones de militares hay desde un uso excesivo de la fuerza, tortura, desapariciones, hasta asesinatos de civiles inocentes. El reciente caso de dos niños asesinados en un retén militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Bryan y Martín de 5 y 9 años, es una consecuencia de la intervención militar en la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico.

También se denuncia la grave situación por la que atraviesa la libertad de expresión por el asesinato y la desaparición de periodistas. La violencia contra las mujeres, desde el no resuelto caso del feminicidio en Ciudad Juárez, pasando por la trata de personas, hasta la penalización del aborto en más de la mitad de los estados de la República. Una situación deplorable son las condiciones de injusticia que padecen los grupos más vulnerables, como los indígenas. Están las violaciones en materia sindical, que contravienen los Convenios de la OIT. En suma, este Informe presenta el mosaico de un país lastimado por severas violaciones a los derechos humanos.

El contraste entre la letra y las prácticas es abismal. El Estado mexicano tiene ahora mejores instrumentos legales, los cuales —en teoría— se deberían traducir en mejores prácticas. Sin embargo, vemos a un Estado rebasado e incapaz de garantizar la tutela de los derechos humanos. La reforma reciente, que todavía necesita ser aprobada por la Cámara de Diputados y por las legislaturas estatales, puede quedarse en la pura teoría. El riesgo de que las violaciones sigan por la misma ruta, y que las nuevas reglas no logren detener las violaciones a los derechos humanos, es muy alto.

Investigador del CIESAS

Arizona: migración y discriminación

Mauricio Farah
Milenio/27 de abril de 2010

El estado de Arizona ha decidido aprobar una ley que permite a la policía estatal interrogar a cualquier persona que parezca indocumentada, la que debe probar su estancia legal en el país para no ser detenida y expulsada.

El punto débil y grave de la ley, conocida como SB-1070, lo destaca sin querer la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, durante la conferencia de prensa que ofrece el 23de abril para anunciar que ha firmado su promulgación.

Cuando un reportero le pregunta cómo hará la policía para detectar a un indocumentado, la gobernadora responde que no sabe, porque desconoce “cómo detectar a un migrante ilegal”.

En efecto, no hay forma de saberlo, es decir, la única manera es “sospechar” que una persona no tiene documentos. Y para “sospechar” la única base es el perfil racial. Y una ley que da facultades a la policía para detener a las personas a partir del perfil racial es, por definición, racista.

En Arizona viven 6.5 millones de personas, de las cuales casi 2 millones son de origen hispano. La apariencia de estos será suficiente para que la policía los detenga para interrogarlos. La medida afecta a los migrantes documentados, a los residentes, a los ciudadanos estadunidenses de origen hispano y a los turistas, es decir, a quienes tengan rasgos hispanos, y por diversas razones viajan a Arizona. En nuestro caso, existe entre esta entidad y México una intensa relación migratoria, comercial y turística.

La organización promigrantes America’s Voice, con sede en Washington, describe con impecable pulcritud los efectos de la disposición legal: “La nueva ley convertirá a la Arizona del siglo XXI en el Misisipi de los años 60”, cuando estaba en vigor la política de segregación racial.

En esa década los negros no tenían que cometer un acto ilícito para ser segregados o perseguidos: bastaba el color de su piel, como ahora bastará ser o parecer hispano para ser detenido e interrogado en cualquier lugar del estado.

Como afirma Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de la Unión de las Libertades Civiles (ACLU) en Arizona, “Con la promulgación de la ley, la gobernadora ha dado la orden a cada policía de ese estado para hostigar a cualquier persona que parezca extranjero”, aunque la propia gobernadora confiese no saber cómo se detecta a un migrante indocumentado. Aun cuando no lo sabe, ha dispuesto una forma: hostigar a todos para detectar a algunos.

Resulta paradójico que al anunciar una ley que contradice la Constitución de Estados Unidos, Jan Brewer, por cierto en busca de reelección, diga que “esta ley asegura que los derechos constitucionales de todos permanezcan sólidos”.

No lo cree así el presidente Barack Obama, quien el mismo 23 de abril dijo que el proyecto de ley (lo era en ese momento) de Arizona estaba “mal encaminado” y que vigilaría de cerca esa medida estatal, “para estar seguro de que no se violaran los derechos civiles de los ciudadanos”.

Tampoco lo cree el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, quien ha dicho que la ley no debe ser aplicada y que solicitará al cabildo de la ciudad que se pronuncie a favor de interponer una demanda contra el estado de Arizona con el argumento de que la nueva norma es inconstitucional.

Por lo que hace al presidente, tiene una voz cercana que puede contribuir de manera determinante en la conformación de su criterio: Janet Reno, ex gobernadora de Arizona, quien en 2006 vetó una ley similar y ahora es secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos.

La tradicional postura antiinmigrante en Arizona se acentuó cuando fracasó la reforma migratoria durante el mandato de George W. Bush, hecho que disparó una proliferación sin precedente de iniciativas y ordenanzas contra los inmigrantes en muchos de los estados de la Unión Americana, a tal grado que al término de 2008 se encontraban en análisis más de mil iniciativas de este tipo en diversas legislaturas estatales.

En todo caso, la promulgación de la ley SB-1070 puede tener el efecto, no buscado por sus autores, de volver a poner el tema migratorio en la agenda prioritaria de Estados Unidos, más aún si, como afirmó el ex presidente Bill Clinton en la Convención Bancaria en Acapulco, Barack Obama le dijo en marzo que la reforma migratoria se lograría en 2010.

La falta de esta reforma ha afectado sensiblemente los derechos de los migrantes sin documentos y ha reducido su existencia al sobresalto y la inmovilidad y, sobre todo, ha disminuido radicalmente sus posibilidades de integración social.

Son ya varios años de acentuado acoso, puesto que las autoridades estatales han ido tendiendo un cerco legal en torno de los migrantes, pasando por encima, incluso, del principio jurídico que establece que la inmigración es de exclusiva competencia federal.

Sin duda, organizaciones como la mencionada ACLU y el Fondo México-Americano para la Defensa Legal, entre otras, interpondrán recursos legales para que la ley entre en vigor en julio, lo que es posible dada la fragilidad de la propia ley frente al marco legal estadunidense y dada la capacidad de lucha de estas organizaciones.

Los hechos están orillando a las máximas autoridades de Estados Unidos a impulsar una reforma migratoria integral, que había venido siendo pospuesta por asuntos aparentemente más urgentes.

México puede aprovechar este momento en el que los reflectores nuevamente alumbran la migración mexicana hacia Estados Unidos. El poder Ejecutivo puede dirigir esfuerzos diplomáticos en un entorno con posibilidades de ser favorable, sobre todo por la visión de Obama y por la capacidad de diálogo del presidente Calderón con su homólogo, en tanto que el Senado mexicano puede jugar un papel determinante si intensifica su relación con sus pares estadunidenses.

Con una estrategia ganadora, la actual circunstancia puede convertirse en una coyuntura aprovechable para atender la migración de fondo y para que no sigan proliferando leyes que, como lo afirma el Centro Simon Wiesenthal, no tienen nada qué ver con migración sino con discriminación.

mauriciofarahg@hotmail.com

lunes, 26 de abril de 2010

Narizona


Rapé/Milenio.com

Las riesgosas alianzas


Jesús Silva-Herzog Márquez
26 de abril de 2010

Si atendemos el discurso electoral de la temporada parece que hemos regresado al país de hace veinte años. Hay un partido invencible y tramposo al que solamente puede derrotar una alianza de todos sus adversarios. El PRD y el PAN unidos para desbancar al PRI. No deja de ser curioso: uno de ellos ocupa la presidencia desde hace más de una década pero trasmite cotidianamente su nostalgia de la brega opositora. El otro estuvo a un pelo de ganar la presidencia pero hoy parece aterrado por la posibilidad de ser barrido en las elecciones. Y el PRI, sin haber dado un solo paso en su renovación, es hoy el partido más popular y el menos aborrecido.

Desde hace meses, el PAN y el PRD nos retrotraen a los años ochenta para advertirnos que no hay condiciones de competencia, que las instituciones están cargadas; que los medios no dan cuenta de lo que pasa en las campañas. El monstruo inderrotable está de vuelta. Seguramente nunca se fue, apenas se retiró de la escena nacional pero siguió muy vivo y quizás se volvió más astuto en los rincones de la política local. En algunos sitios aprendió a competir y logró recuperar el poder que se le había escapado. En otros estados puso al día sus ardides para no soltarlo. La descentralización política que el país ha vivido en los últimos años no le ha abierto caminos a la democracia local sino que ha fincado regionalmente la política del abuso. Las lealtades al centro han desaparecido sin que se hayan asentado con solidez mecanismos eficaces de vigilancia. El repliegue del presidencialismo abrió el camino de los autoritarismos subregionales que hoy mandan sin contrapesos.
Por eso ha regresado una extraña política de alianzas. Los polos han dejado atrás la ideología para pactar alianzas electorales que parecían impensables hace unos cuantos meses. Después de la polarización extrema que vivió el país en el 2006, los enemigos se abrazan con la esperanza de darle un golpe a su enemigo común. Más que audacia, el impulso aliancista revela desesperación. La retórica transicional ha retornado: hay que pactar con cualquiera con tal de quitarle el poder al PRI que impide una competencia en condiciones democráticas. Pero una anticipación nacional ha sido definitiva para concretar los pactos improbables. En la derecha y en izquierda se presagian resultados desastrosos. Una pesadilla común los atormenta: en el preludio al 2012, el PRI desfila presumiendo orgullosamente triunfos en los estados. La amenaza para sus perspectivas presidenciales no es meramente el impacto psicológico que tales victorias pudieran generar en los electores. El peligro es que, esos triunfos permitan la implantación generalizada de la maquinaria electoral priista que pudiera pavimentar su retorno. Si no hacemos nada ahora, no podremos hacer nada después. Ése es el cálculo exasperado de panistas y perredistas: la elección presidencial empieza hoy, en las elecciones de gobernadores, alcaldes y congresos locales.

Las alianzas han recibido muchas críticas. Las más severas han sido, por supuesto, interesadas. Para los priistas, esta coalición de contrarios es antinatural y perversa; un golpe a la brújula que los electores necesitan para orientar su voto; un pacto oportunista en el que impera sólo la antipatía y que no podrá sobrevivir la jornada electoral. Sea como sea, la primera prueba, la crucial, será en el momento del voto. ¿Pueden convertirse estas alianzas en fórmulas exitosas? Ya lo veremos. Dentro de un par de meses se podrá hacer la primera evaluación del acuerdo. Por lo pronto, lo que es visible es el riesgo que corrieron los partidos nacionales que se ubican en los extremos del arco. Dentro del PAN ya provocó una pequeña crisis en el gobierno y en el PRD ha exhibido con claridad las hondas diferencias entre el movimiento lopezobradorista y la dirigencia del partido. Lo dicho: al impulsar alianzas con su contrario ideológico, los dirigentes corrieron un riesgo altísimo. Su liderazgo pende de esa apuesta. Las encuestas no demuestran aún que el cálculo haya sido juicioso. La alianza de dos no es duplicación de fuerzas. Bien se sabe que las coaliciones políticas no son operaciones aritméticas. En lo concreto, hay que recordar que la dinámica electoral en los estados sigue siendo, en lo fundamental, binaria y que el PRI (salvo en el Distrito Federal) ocupa un lugar estratégico: PRI contra izquierda o PRI contra derecha. De ahí que el agregado de la tercera fuerza sea, en la mayoría de los casos, una suma que apenas añade y que, en algunos aspectos, resta.

El fracaso de las alianzas puede ser devastador para las actuales dirigencias. En ambas organizaciones hay fuerzas que esperan un resultado adverso para destronar a quienes las impulsaron. Los opositores al PRI pueden enfrentar dentro de unos meses, el peor de los mundos: derrotas electorales y pleitos internos.


México, ejemplo de educación sin calidad

José Luis Reyna
Milenio/26 de abril de 2010

Si algo distingue a la educación básica mexicana es su baja calidad. Cualquier prueba que se realice a nuestros niños y jóvenes, los resultados que se obtienen son insatisfactorios. En 2009, 90 por ciento de los estudiantes de secundaria que se sometieron a la prueba conocida como Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) obtuvo calificaciones reprobatorias en matemáticas. En otra prueba aplicada por la OCDE, los jóvenes mexicanos de 15 años difícilmente alcanzan los 400 puntos en comparación con los estudiantes finlandeses que obtienen, en promedio, 548 puntos (M. Servitje. Reforma, Suplemento Enfoque, 18/IV/10). Una explicación posible de este problema es que el SNTE funciona como un obstáculo más que como un estímulo para promover la educación de calidad de la que el país está tan urgido. Ese sindicato, y no la SEP, define la “política educativa” del país.

La semana pasada se puso en marcha la aplicación de la prueba ENLACE. Fueron examinados alrededor de 16 millones de estudiantes de primaria y secundaria. En teoría, dicho examen tiene como finalidad hacer una evaluación que permita conocer las fortalezas y las debilidades del sistema educativo nacional. En pocas palabras, evaluar qué va bien y qué va mal. Es deseable, por tanto, que la aplicación rigurosa de ENLACE sirva para introducir las correcciones pertinentes en el sistema educacional. Sin embargo, el principal obstáculo que se encuentra está en esa cúpula sindical encabezada por la señora Gordillo que ha confundido el papel del sindicato que preside (el SNTE) con un instrumento político que no tiene como prioridad promover la elevación de la calidad de la educación de nuestra juventud. Funciona más bien como un organismo que ofrece favores políticos y expendio para la venta de plazas.

Gordillo, en el mismo acto en el que se encontraban Calderón y el secretario de Educación, fue clara: “el examen no puede evaluar el esfuerzo que realizan las escuelas del país”. Añadió que “la prueba es insuficiente para mejorar la calidad de la educación” (Reforma, 20/IV/10). Una interpretación de sus palabras sugiere que de efectuarse una evaluación rigurosa, demostraría que la mayoría de los maestros de educación básica carecen de los conocimientos necesarios para la enseñanza. Que el SNTE es un organismo burocrático y político que le tiene sin cuidado la superación de sus agremiados. De ser cierto esto, puede afirmarse que ambos factores explican por qué nuestro país se rezaga día a día y por qué la mayoría de nuestros estudiantes, en sus ciclos básicos de formación, tienen un desempeño mediocre.

El gobierno federal, pese a esta indignante situación, anunció que pondrá a disposición del sindicato magisterial una bolsa de 900 millones de pesos (mdp) para estimular alrededor de 260 mil profesores cuyos estudiantes sobresalgan en la prueba mencionada. Este generoso ofrecimiento, que corre por cuenta de nosotros, los contribuyentes, no fue cuestionado por la lideresa sindical. Habrá que darle seguimiento a ese dinero para que llegue a los bolsillos de los profesores, cuyos magros salarios contrastan notablemente con los ingresos que obtiene esa camarilla que se ha apropiado de la educación nacional y que, desde hace varias administraciones, se convirtió en un instrumento político-electoral al que no pocos políticos acuden. Adicionalmente a esos 900 millones, el sindicato dispondrá de otros mil 740 mdp para formación y capacitación magisterial, para crear nuevas plazas y erigir centros regionales de excelencia académica, una función que, por cierto, compete sólo a las universidades.

La falta de escrúpulos de la cúpula del SNTE hace dudar que los recursos mencionados tengan el destino para los que fueron asignados. La Auditoría Superior de la Federación documentó en días pasados, entre otras irregularidades, el desvío de mil 654 mdp del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) para el pago de más de 8 mil trabajadores “comisionados” al SNTE durante 2008 (MILENIO Diario, 21/IV/10).

El sindicato magisterial es un barril sin fondo. Insisto: para elevar la calidad de la educación mexicana se requiere un cambio radical del sistema educativo. El SNTE es una lacra que, de no erradicarse, impedirá no sólo el avance de la juventud mexicana, sino será el verdadero obstáculo a vencer para que México retome el camino del crecimiento económico.

El poder político que acumula ese sindicato implica una confrontación que bien podría valer la pena asumirla en aras de salir del letargo educativo del país. Hay malos estudiantes porque hay malos profesores y hay malos profesores porque hay un sindicato que excluye el mérito como el criterio en las tareas de los docentes.

Si la actual administración que encabeza Felipe Calderón quiere darle un impulso significativo a la educación básica de este país, tiene que empezar a desarticular al SNTE, mafia que sólo representa los intereses de su cúpula dirigente. Si Calderón no quiere recibir como respuesta un ¡Nooo!, de jóvenes estudiantes para realizar un examen de evaluación, tendrá que enfrentar a esa caterva de pillos sindicales que está gangrenando la educación de nuestra juventud y frenando el desarrollo del país.

jreyna@colmex.mx

¿A dónde va esta guerra?

Mayté Noriega
El Universal/24 de abril de 2010

El presidente Felipe Calderón está empeñado en la guerra contra el narcotráfico. Una guerra que ha sido cuestionada por propios y extraños, porque no se perciben avances. Cada día se abren más frentes y los ataques de los narcotraficantes adquieren nuevas y más diversas formas de violencia que constituyen desafíos para las fuerzas del orden que llegan cuando los crímenes han sido consumados.

Todo es reacción y respuesta tardía. De tanto en tanto el anuncio de la detención de presuntos jefe de cárteles y sicarios a los que se atribuye la comisión de crímenes de todo tipo. Sin embargo la estructura de los cárteles sigue intocada. No se sabe de investigaciones sobre las rutas del dinero, que permitirían golpear de manera contundente a los cárteles, tampoco se sabe de investigaciones sobre las redes de complicidades que permiten que los narcotraficantes actúen siempre con ventaja, sorprendiendo a la sociedad y a las autoridades. En días pasados, después de una reunión del gabinete de Seguridad del presidente Calderón con senadores, se dieron a conocer datos de un documento en el que el gobierno federal reconocía que desde que empezó la lucha contra el narcotráfico han muerto más de 22 mil 700 personas. El 90% de los muertos pertenecían, de acuerdo con el documento, al crimen organizado, 5% eran militares y policías y otros eran civiles. El Presidente diría después que eran los menos.

La minimización del llamado daño colateral que se explica por la indiferencia de un gobierno que no duda en calificar a los caídos como delincuentes, se combina con el engaño y el ocultamiento de información que explicaría las bajas. El argumento del fuego cruzado cae cuando las víctimas de las fuerzas militares denuncian y echan por tierra los infundios.

Hay otro dato revelador en el documento presentado a los senadores para justificar la guerra contra la delincuencia organizada y es el que se refiere al número de detenidos. La cifra es altísima y pretende demostrar la eficacia de los operativos militares y policiales en esta guerra: 121 mil 199 personas. La pregunta es ¿dónde están esas poco más de 121 mil personas? Porque no están en los reclusorios, no cabrían. Baste mencionar que hasta hace un año, en las cárceles de nuestro país se hacinaban más de 222 mil reos. Falta el informe de cuántos fueron juzgados y sentenciados, cuántos liberados por falta de pruebas, cuántos quedaron libres porque se integraron mal las averiguaciones y cuántos eran inocentes. No hay que olvidar el caso de los alcaldes michoacanos, detenidos, acusados de vínculos con el narcotráfico, arraigados y después liberados. Este también es daño colateral del que no se habla. Se les acusó abiertamente de tener vínculos con narcotraficantes y se informó que se les liberaba no porque fueran inocentes sino porque no había pruebas suficientes para condenarlos. La autoridad nada hizo para limpiar el nombre de los munícipes michoacanos.

Los datos que hoy tenemos de esta guerra evidencian la falta de logros al tiempo que aumenta la percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

No podría ser de otro modo porque la apuesta es militar. Si recordamos algunos de los puntos del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, podremos constatar que se quedaron en el papel y por ello la lucha es infructuosa. En 2008 se planteó la necesidad de formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero, en agosto se puso como plazo seis meses. También se dijo que para este año quedaría fortalecido el sistema de aduanas y se instrumentarían campañas para promover la cultura de la legalidad.

Por desgracia, todo parece indicar que la guerra continuará y los resultados no sólo serán magros sino que se refuerza la percepción de que nos acercamos a un Estado fallido si no es que ya nos hemos convertido en eso.

Periodista

Sabina y la UACM

Sara Sefchovich
El Universal/25 de abril de 2010

Apenas pisó suelo mexicano, Joaquín Sabina ya estaba criticando la política del presidente Calderón en el combate a las drogas: “Fue muy ingenuo al plantear la batalla al narcotráfico, porque esa guerra no la puede ganar él ni la puede ganar nadie”, dijo.

Es muy interesante que, sin ser ciudadano mexicano ni estudioso de los asuntos mexicanos el cantante español se haya permitido criticar al gobierno del país al que viene a presentar un show. Y es muy interesante que lo haga sin que lo regañen —por menos que eso, hace unos años regresaron a un recién enviado embajador de México en Costa Rica y allí mismo terminó su carrera diplomática— sino encima haciéndole la deferencia de que el mismísimo secretario de Gobernación le respondiera públicamente a sus señalamientos.

En una carta publicada en los diarios, Fernando Gómez Mont se tomó la molestia de explicarle al artista que las cosas no son como él cree: negó “que el gobierno federal haya actuado en cualquier momento con ingenuidad” y defendió “la decisión de actuar contra del crimen organizado (la cual) partió de un diagnóstico que cada día muestra resultados más contundentes y avanza en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y el sistema de justicia”.

También es muy interesante lo fácil que el ministro convenció al cantante de que el discurso oficial dice la verdad, porque unos días después ya se había arrepentido de sus palabras y decía que “el ingenuo soy yo”. Pero claro, se trata de una persona que cambia fácilmente de opinión, porque a los cuatro vientos había declarado que lo que más feliz le hacía es “no tener que comer con presidentes” y unos días después de decirlo, ya estaba aceptando una invitación a comer a la residencia oficial de Los Pinos.

Y por fin, también resulta interesante que el primer mandatario que tanto se enoja con los que lo critican, se haya mostrado feliz y solícito con el señor Sabina y con todo y lo ocupadísimo que se supone que está, atendiendo los asuntos nacionales, le haya dedicado tres largas horas.

¿Qué hizo Joaquín Sabina para merecer tanta deferencia, mientras que nosotros, los que vivimos aquí y sufrimos los resultados de las decisiones gubernamentales y los que nos pasamos los años quemándonos las pestañas para entender a este país y hablamos y escribimos sobre él, nunca conseguimos que el gobierno nos escuche y tome en serio nuestras críticas? ¿Cuántos han dicho lo mismo que dijo Sabina sobre la guerra contra el narco y nadie les responde ni los agasaja?

No encuentro otra explicación para este asunto que el eterno afán mexicano de quedar bien con los de afuera, mientras los de adentro les importamos un cacahuate. O sí, hay otra explicación, y ella es el eterno doble discurso que permea a la política mexicana.

Que lo diga si no el siguiente ejemplo: la Asamblea Legislativa le da un reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México por la importancia de su labor en la educación. Los allí presentes le aplauden al rector José Narro cuando dice que “sin un sistema educativo vigoroso y de calidad una sociedad está condenada”. Y todo eso sucede al mismo tiempo que ese cuerpo legislativo le estaba negando recursos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuya función es precisamente educar a jóvenes. ¿Alguien entiende?

La razón que argumentan es que los resultados de la institución son pobres. Y por eso pretendían convocar al hasta hace unos días rector Manuel Pérez Rocha, para que les “informara”. Pero él se negó a acudir, porque se trata de una institución autónoma, lo cual, de acuerdo al artículo tercero constitucional, significa que no tiene que informar más que a su propio Consejo Universitario. ¿Se les olvidó a los asambleístas la ley?

Claro que sí, como se les olvida todo lo que no sean sus intereses personales y partidistas, aun si como afirma Miguel Ángel Velázquez, este asunto “más que un despropósito, es una traición”. ¡Y sobre todo viniendo de la supuesta izquierda que siempre le está criticando al gobierno federal y a la derecha porque no apoyan la educación y la cultura!

sarasef@prodigy.net.mx

Escritora e investigadora en la UNAM

En Arizona les llueve sobre mojado

Jorge Durand
La Jornada/25 de abril de 2010

La reforma migratoria está estancada, el Congreso no quiere discutir la propuesta de los senadores Schumer y Graham y el presidente Barack Obama no se quiere comprometer de lleno y mandar su propuesta de ley al Congreso. Obama apoya la propuesta de una reforma integral, pero no se compromete a fondo. Y mientras el presidente y el Congreso estadunidenses se pasan la pelota y se diluyen las esperanzas de una reforma migratoria federal integral, a escala estatal ha empezado la embestida. Es el caso de Arizona, donde la gobernadora Jan Brewer aprobó una ley antinmigrante conocida como SB-1070. Se supone que en 90 días la ley deberá aplicarse, si es que no se interponen demandas legales en contra por anticonstitucional.

La tensión entre los estados y la federación sobre el tema migratorio data de tres lustros atrás, cuando el gobernador Pete Wilson de California logró la relección en 1994, al promover la Proposición 187 llamada Save our state (Salvemos nuestro estado), que fue sancionada por una amplia mayoría de los votantes (58.9 por ciento), entre ellos muchos latinos. La proposición negaba el derecho a la salud y a la educación a los migrantes indocumentados y obligaba a los funcionarios (médicos y maestros) a denunciar a la policía a aquellos que no tuvieran documentos. A pesar de haber ganado la votación, la Proposición 187 no se pudo aplicar porque los abogados de la causa migrante entablaron un juicio y obtuvieron un fallo a favor, dado que la corte dictaminó que el asunto migratorio era de competencia federal y no estatal.

No obstante, la Proposición 187 tuvo una amplia a acogida a escala nacional y en 1986 el presidente Clinton promulgó una ley (IRAIIRA) de reforma migratoria y de seguridad social que le otorgó a los estados una serie de atribuciones en materia migratoria. Con esa ley quedaba establecido el derecho de los estados a sancionar algunos aspectos de las políticas migratorias y se echaba atrás el juicio ganado contra la Proposición 187. Queda a discreción de cada entidad, por ejemplo, dictaminar sobre el derecho a ciertos beneficios sociales para aquellos que no son ciudadanos, es decir, residentes legales o indocumentados. Pero esta cesión de facultades federales a los estados ha desatado una serie de actitudes antinmigrantes por parte de funcionarios, autoridades y agentes policiacos, que se sienten con el derecho de perseguir migrantes y aplicar justicia por propia mano.

En el caso particular de Arizona es tristemente famoso el sheriff Joe Arpaio, quien se ha dedicado a perseguir migrantes con saña y se atribuye el derecho de solicitar documentación a cualquier persona que considere pertinente. Su actuación ha sido cuestionada por múltiples iglesias y organizaciones no gubernamentales, pero tiene un fuerte apoyo en determinados sectores sociales y hasta el momento ha podido solventar varios casos legales. Con la aprobación de la ley SB 1070 el sheriff Arpaio tendrá mano libre para aplicarse en perseguir migrantes indocumentados.

El caso de Arizona es diferente al de California y Texas por varias razones. En primer lugar, Arizona era un estado con muy poca presencia migrante a pesar de tener frontera con México. La razón era muy simple: los migrantes se iban por Tijuana o la frontera del río Bravo. Sin embargo, con las políticas restrictivas de control fronterizo, el flujo que iba por California y Texas fue desviado a zonas más áridas y peligrosas, como los desiertos de Sonora o Altar, que forman parte del estado de Arizona.
De este modo, un estado que no estaba acostumbrado a ver migrantes caminando por las calles o solicitando trabajo empezó a preocuparse por el asunto. Al cambio de rutas migratorias que afectó de manera particular a Arizona se suma otro factor: el crecimiento económico. El área metropolitana de Phoenix está en el primer lugar en cuanto al índice de crecimiento económico en la última década, según un reporte reciente de The New York Times (16/04/2010), y en tercer lugar en cuanto al crecimiento de su fuerza de trabajo migrante. En Phoenix, a diferencia de otros lugares, hay muchos nuevos empleos, especialmente en la industria de la construcción y los servicios, por eso mismo hay migrantes indocumentados trabajando y solicitando empleo.

Pero la propuesta SB 1070 va mucho más allá que la Proposición 187 y la ley migratoria IRAIIRA de 1986. En realidad se parece más a la propuesta HR 4037 de Sensembrenner (2006), que criminaliza al migrante irregular y que fue derrotada en las calles por cerca de 5 millones de personas que salieron a protestar en la primavera de 2006. La propuesta establece como delitos estatales una serie de infracciones que ya son consideradas como tales a escala federal, pero al aprobarse a nivel estatal, la policía local se arroga el derecho de perseguir y aplicar la ley.

En 2007 se promulgó la Legal Arizona Workers Act, que iba en el mismo sentido, de obligar a escala estatal a cumplir una ley federal. En este caso los empleadores debían asegurarse, por los mecanismos establecidos, de que los trabajadores que contrataban fueran legales. Pero el sistema de verificación conocido por sus siglas como SAVE y E-Verify no funciona de manera eficiente. Como resulta bastante complicado aplicar la ley en contra de los empleadores, ahora resulta mucho más fácil y rentable políticamente perseguir a los ilegales.

La disposición más conflictiva afirma que las policías y los funcionarios deben tratar de determinar “de manera razonable” el estatus legal de una persona, si existe “una sospecha fundada” de que la persona está en el estado de Arizona de manera irregular. En otros contextos, esta sospecha fundada es definida como profiling, es decir, la autoridad se arroga el derecho de preguntar por la residencia legal al tomar en cuenta el perfil, los rasgos externos de una persona. No hay otra manera. Dado que la inmensa mayoría de los migrantes irregulares de Arizona son mexicanos, la medida tiene un contenido racial evidente y se convertirá en una práctica discriminatoria.

Según Susan Gzesh, abogada de la Universidad de Chicago, se puede esperar una reacción del procurador general Eric Holder, quien podría intervenir para frenar este proceso dado que se afectan los intereses de una minoría. En la década de los 60 hubo varias intervenciones en este sentido en los estados sureños de Alabama, Mississippi y Arkansas.