sábado, 21 de agosto de 2010

De vuelta a la evaluación

Humberto Muñoz García*
recillas@servidor.unam.mx


Hace seis años se publicó La academia en jaque, perspectivas políticas sobre la evaluación de la educación superior en México (I. Ordorika, coordinador). Es un libro colectivo del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Varios autores hicimos señalamientos y críticas a la evaluación en virtud de que los programas, puestos en marcha desde mediados de los ochenta, han tenido un impacto muy fuerte en la vida de las instituciones, y de quienes las habitamos, con resultados diversos e indeseados.

Entonces hicimos nuestros propios análisis y, desde luego, tratamos de recoger lo dicho por un núcleo amplio de colegas. Y, no obstante, al asunto de la evaluación no se le ha prestado la atención debida: sigue habiendo distintas posturas que se contraponen, en su apreciación, en su perspectiva política y en las partes técnicas. Aclaro que la mía no es en contra de la evaluación, pero sí en contra del modelo que se ha utilizado, por sus efectos perversos, que han terminado por desvirtuar la academia.

¿Por qué insistir en el asunto de la evaluación? Porque a los académicos nos afecta en el trabajo cotidiano. Ha sido la política central del gobierno, compuesta por un conjunto amplio de lineamientos que atienden a distintos ámbitos: el sistema de educación superior, las instituciones que lo forman, los programas que llevan a cabo, los medios de difusión, en los que se publican los trabajos, y los miembros de la comunidad académica y científica del país.

No existe evidencia de que aplicadas las evaluaciones en cada ámbito existan las conexiones para tener una visión articulada y global de cómo opera la realidad académica nacional. Lo que sí es cierto es que en cada uno de estos niveles intervenimos los académicos, al punto de saturarnos con múltiples informes, cada uno distinto, recolectando un volumen de documentos probatorios que nadie en su sano juicio revisa. En ningún otro lugar del mundo hay tal sobreevaluación. Así de simple es la falta de confianza que nos tienen las burocracias, en cuyos escritorios, y sin mediar otras sensibilidades, se diseñan los instrumentos con los que tratan de medir todo lo que les parezca debe ser incluido en la evaluación.

Este embrollo nació en una mala coyuntura para las universidades, durante el llamado “ajuste estructural”. Cuando, desde el gobierno se tacho a lo público como ineficiente y a lo privado como lo competente, innovador y productivo. En un punto de contracción de las remuneraciones académicas, de multichambismo para mantener el estatus. El gobierno, con el acuerdo de un grupo de científicos, tomó la decisión de deshomologar los salarios. La academia estaba vulnerable y su respuesta fue asumir las políticas que establecieron mecanismos alternativos para conseguir ingresos decentes.

Con otros colegas, fuera del seminario, hemos coincidido en que la evaluación por méritos ha inducido a la simulación, el individualismo, el clientelismo, el credencialismo y la corrosión del carácter y del espíritu académico. A la congregación de una capa de académicos que tienen como misión ser verdugos de sus pares.

Quienes estudiamos a la educación superior estamos de acuerdo en que el sistema de evaluación produce altos niveles de estrés y de angustia que han hecho de la profesión académica una profesión de alto riesgo para la salud. El modo de trabajo nos ha quitado tiempo para reponer la energía que requiere la labor intelectual y, lo peor, para reflexionar.

No creo que ningún buen académico se oponga a que le revisen sus méritos o a la competencia por el prestigio. Lo que no parece correcto es que se hayan creado tres jerarquías académicas, la que contienen los estatutos del personal académico en cada institución, la establecida para los estímulos económicos y la tercera para quien desea ser investigador nacional o cumplir con el perfil deseable.

Lo señalado se sintetiza en desinstitucionalización, esto es, normas codificadas que se sobreponen y se vuelven prioritarias frente a las que privan por consenso e historia en las instituciones. Y con ella, llegó la desintegración de identidades y la desmovilización, conformismo y falta de motivación de los académicos para participar en el acontecer diario de su institución.

Este sistema de evaluación que se implantó en el país ha monetarizado a la academia, para “acercarla a los mecanismos de mercado”. Todo se mueve por el dinero en la “república de los indicadores”. El dinero ha estado presente en el control que ejerce el gobierno sobre las instituciones, en la conformación de valores ligados a la competencia, a una noción de calidad vacía, que cada quien llena a conveniencia. El dinero ha estado vinculado a la acreditación de organismos intermedios entre el gobierno y las instituciones, cuya operación ahora resulta dudosa.

Este breve repaso de las adversidades y perversidades del sistema de evaluación que se nos aplica, llama la atención para que volvamos a discutir, en un nuevo contexto, quién evalúa, qué, cómo y por qué, con miras de largo plazo. Discutir una alternativa que reconozca que cada institución tiene diferentes objetivos a ser tenidos en cuenta en relación con su entorno social. Que considere el compromiso y la responsabilidad de cada institución frente al desarrollo local, que devuelva la confianza en los académicos, que recomponga las formas de gestión de los recursos y su buen uso, que genere aprendizaje para corregir los patrones institucionales.

Por otro lado, desde la perspectiva del sistema, sería prudente reunir a todos los organismos que ejercitan la evaluación como un primer paso para ir avanzando en la construcción de un ente autónomo, que produzca información de cada segmento y cada parte del sistema educativo, de tal suerte que auxilie en el análisis del impacto de las políticas y que permita evaluar sus resultados. Urge construir un modelo de evaluación que sea parte de un proyecto histórico de la educación superior. Las autoridades universitarias tienen responsabilidad en que ocurra.

* UNAM. Seminario de Educación Superior, IIS. Profesor de la FCPS.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/381/opinion/hmg.html

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jueves, 12 de agosto de 2010

Polvos de aquellas elecciones...4


El vaquero que quizó, pero no pudó...

Polvos de aquellas elecciones...3


Karlita, la candidata que cedió el Distrito VIII al tricolor....

Polvos de aquellas elecciones...2


La sonrisa de la victoria

Polvos de aquellas elecciones


¿ y las cuotas, apá ?

El problema del rechazo de aspirantes a ingresar a la educación superior


María Herlinda Suárez Zozaya*
herlinda@servidor.unam.mx

Para la juventud mexicana cursar la educación superior sigue siendo una meta; al menos eso dicen los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud del año 2000. Más de 55 por ciento de los jóvenes encuestados, que dijeron no estar satisfechos con su nivel de estudios, respondió “licenciatura o más” a la pregunta “¿qué nivel te gustaría alcanzar?”. Pero lo probable es que pocos jóvenes vean cumplido su anhelo, pues, como sabemos, en la actualidad, en el país, de cada 100 jóvenes en edad de ingresar a la educación superior acceden menos de 30. Las razones de esto son muchas y a casi todas subyace la escasez de recursos económicos. Con todo, cada vez es más urgente incrementar las oportunidades para que los jóvenes mexicanos tengan estudios superiores.

En el artículo tercero de la Constitución Mexicana, el derecho a la educación superior está consignado como un derecho de segunda generación, es decir, que al Estado corresponde la obligación “de hacer”. Según dicta la ley, el Estado debe atender la educación de nivel superior y actuar como promotor de ella. Él es garante de que todas las personas dependientes de su jurisdicción desarrollen sus facultades al máximo, individual y colectivamente. Pero para nadie es un secreto que el Estado mexicano, ni de lejos, ha cumplido con los mandatos de la ley y que, aunque es cierto que algunos esfuerzos se han hecho, la llamada avalancha estudiantil y el fantasma de los recursos financieros insuficientes se han convertido en problemas (no sé si llamarles excusas) con los que los gobiernos no han sabido contender. Como el planteamiento se formula meramente en términos cuantitativos —incremento de la demanda estudiantil, recursos financieros limitados—, los cálculos siempre resultan preocupantes y abrumadores.

Visto así, el recurrente problema de que cada vez sean más los aspirantes y también los excluidos de la educación superior, conduce siempre a un callejón sin salida y a adoptar o pensar en soluciones erráticas y periféricas: a los rechazados que se movilizan se les termina por ubicar en alguna institución que lo permite, se hacen llamados a la iniciativa privada, se piensa en repartir vouchers educativos, se inauguran nuevas universidades y se promete que se construirán más. Lo cierto es que nada de esto resuelve, ni resolverá, el problema de fondo: un sistema de educación superior obsoleto, descoordinado entre sí y respecto del mercado de trabajo, y al margen de las necesidades nacionales y locales. La cuestión no debe plantearse, entonces, sólo en términos de cantidades, sino de las relaciones de la educación superior y el desarrollo del país.

Hoy no es posible no considerar que el anhelo educativo de la juventud mexicana sea resultado, sobre todo, del hecho de que la conformación de la condición juvenil está ocurriendo en contextos plagados de altos riesgos de exclusión, marginación y violencia. Y es que, todavía hoy, contar con estudios superiores abre oportunidades de inclusión, con todo y que no lo asegura. Entonces, reconociendo que en la base de las expectativas educativas de la juventud mexicana está el miedo a la exclusión, la solución no se encuentra, tan sólo, en incrementar la cobertura para facilitar el acceso de los jóvenes a las universidades. De hacerlo así, tal vez pronto se logre incrementar el número de graduados universitarios, pero el mercado laboral de un país como México, que hasta ahora se ha dedicado básicamente a la producción de bajo coste, no será capaz de absorberlos adecuadamente ofreciéndoles salarios y condiciones laborales decentes. En la mayoría de los casos, como ya sucede ahora, los jóvenes se verán forzados a aceptar trabajos mal remunerados e inestables, que no se corresponden con su calificación y en muchos casos sin contratos que les garanticen el acceso a los servicios sociales, así como a vivir de manera autónoma. Así, aun teniendo estudios superiores, los jóvenes se sentirán fracasados y engrosarán las filas de los ni-nis o de los sin-ners y, al fin y al cabo, seguirán siendo víctimas de la exclusión, la marginación y la injusticia.

Desde luego, esta situación no parece precisamente halagüeña y, por eso, hay que reflexionar en ella y evitar que suceda. La situación actual del país nos exige dejar a un lado intereses particulares y situar nuestras ideas y acciones en la configuración de un proyecto de país que ofrezca posibilidades de vida buena, digna y pacífica. Por lo pronto, urge que las autoridades educativas comprendan que sus acciones no pueden fincarse, tan sólo, en ampliar la cobertura del sistema educativo ni en promover que las instituciones y programas de educación, así como sus académicos y estudiantes, realicen sus funciones orientados por la necesidad de aceptación “en la república de los indicadores de la calidad educativa”. Tal orientación está impidiendo que desplieguen y ejerzan su capacidad de pensar y construir soluciones viables y sostenibles para los problemas que hoy afectan tan profundamente la vida y el futuro del país y de los mexicanos. Claro que uno de estos problemas es la falta de capacidad del sistema de educación superior y el consecuente rechazo que sufren jóvenes aspirantes a ingresar a este nivel de estudios. Pero no hay que olvidar: los problemas de México no derivan de los números, sino de haber confundido prioridades, perdido voluntad y extraviado valores. Consecuentemente, las soluciones que se han dado pasan por lo mismo. Hay que encontrar otras, porque la dinámica demográfica del país, conjugada con la escasez de recursos, exige, eso sí, una definición política integral comprometida con la juventud y su futuro, es decir, con la construcción de un país en el cual en todas las etapas de la vida se viva dignamente.

* Investigadora del CRIM, profesora de la FCPS, miembro del Seminario de Educación Superior y del Seminario de Juventud de la UNAM.

Cobrones


Miguel Angel Granados Chapa
Reforma/12 de agosto de 2010

Conforme aumenta la cartera vencida en los bancos, crece también el acoso a los deudores. Algunas instituciones de intermediación financiera entregan sus cuentas por cobrar a despachos especializados que podrían realizar una función jurídica legítima, en los términos de ley pero prefieren hostigar con amagos de cárcel a quienes se han retrasado en sus pagos.

El colmo ocurre cuando los telefonemas amenazantes, se dirigen a quienes disponen de una línea que antes estuvo asignada a un moroso. Ante los reclamos de quienes resultan acosados por los inquisitoriales cobradores -cobrones los llama el habla popular con evidente segunda intención-y nada deben, aunque sí temen, se ha instituido un procedimiento en que absurdamente la carga de la prueba recae en alguien ajeno al crédito insoluto. Conforme a una circular de la Asociación de banqueros de México, las personas en ese caso tienen que identificarse sin lugar a dudas como distintas de las señaladas como deudoras.

Con motivo de un litigio entre empresarios tapatíos, ha salido a relucir el nombre de una empresa dedicada a la cobranza que tuvo la audacia y la sinceridad de ostentar una sigla que denotaba el modo en que practica su función. La Administradora de cartera de Occidente, S.A. de C.V. se hace llamar Acosa, y en efecto ha practicado ese verbo con deudores relevantes. Es un hecho peculiar que Acosa fuera una subsidiaria del Grupo Simec, S.A. de C.V., un conjunto de empresas dedicadas a la siderurgia. Como principal productor de acero estructural no plano en México, el Grupo Simec se ha expandido desde que nació en 1969 como Compañía siderúrgica de Guadalajara. Hoy tiene plantas en esa ciudad, así como en Mexicali, Apizaco y Cholula. Recientemente adquirió una firma norteamericana, Republic Engineered Products, con plantas en Ohio, Nueva York e Indiana, en Estados Unidos, y en Ontario, Canadá.

No me queda claro si el Grupo Simec adquirió del Ipab la firma Acosa, o la constituyó para adquirir de ese instituto un lote de deudas entre las que se encontraban las que habían afectado al grupo NKS, una firma acerera japonesa establecida en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Simec quería apoderarse de NKS por la vía de sus adeudos, operación que por causas ajenas a su voluntad no se realizó.

Según su propia declaración, Acosa halló en el lote adquirido al Ipab 53 pagarés de empresas de la familia Covarrubias Valenzuela, compuesta por Juan Arturo, Ricardo y José Luís, documentos avalados por ellos en lo personal. El monto de esos documentos ascendía a 240 millones de dólares y 107 millones de pesos. Tras una renegociación con la empresa cobradora, el adeudo se fijó en 200 millones de dólares y en 25 millones de pesos. Como no fuera cubierto, según Acosa, se inició contra los Covarrubias Valenzuela un juicio ejecutivo mercantil en el Distrito Federal, que concluyó a favor del demandante con sentencia definitiva del 19 de febrero de 2007. En ese proceso se cuestionó la autenticidad de la firma de los avales. El perito tercero en discordia, según afirma Acosa, dictaminó que las rúbricas eran “de puño y letra de los señores Juan Antonio (sic, por Juan Arturo) Covarrubias Valenzuela y Ricardo Covarrubias Valenzuela”.

Éstos, sin embargo, sostuvieron que las firmas no eran suyas, que estaban falsificadas y a través de su empresa Motormexa denunciaron penalmente, el 10 de octubre de 2006, a Rufino Vigil González, presidente del consejo de administración de Simec y entonces también de Acosa. Lo señalaron “por los presuntos delitos de falsificación de firmas y uso de documentos falsos (por 200 millones de dólares), simulación de actos jurídicos y simulación de pruebas, falsedad de declaración ante autoridades, fraude procesal y tentativa de fraude.

A diferencia del tercer peritaje en el juicio mercantil, en la averiguación penal los peritos designados por el Ministerio Público, “determinaron con plena contundencia que las firmas en los documentos donde supuestamente firman Motormexa y sus accionistas son totalmente falsas”. Finalmente se dictó orden de aprehensión contra Vigil González apenas el pasado 16 de junio, por el delito de fraude genérico, considerado grave y por lo tanto desprovisto del beneficio de la fianza. Motormexa y sus accionistas, la familia Covarrubias Valenzuela, concluyen que “el señor Rufino Vigil González no ha sido localizado. Ya el procurador general de justicia del DF así como la INTERPOL están en su búsqueda para su localización y aprehensión. Por lo tanto, se le considera un prófugo de la justicia”.

Sobre este punto, Acosa refiere que los Covarrubias Valenzuela iniciaron “juicios penales contra Rufino Vigil González y otros. Se trata de tres averiguaciones previas en las cuales, tres distintas autoridades coincidieron en el no ejercicio de la acción penal a favor de Rufino Vigil González.

Inexplicablemente, una averiguación previa fue reabierta y sin practicarse diligencia alguna que aportara elementos de prueba adicionales a los ya existentes, se ejerció acción penal en contra de Rufino Vigil González”

Los Covarrubias Valenzuela aseguran haber pagado todos sus adeudos bancarios el 16 de diciembre de 2002, ante notario público y con la presencia de la banca acreedora. Llaman “intento de fraude, totalmente absurdo e inexplicable” a la presentación en tribunales de dos pagarés, por doscientos millones de pesos cada uno.

Independientemente de a quién asista la justicia, cito el caso por referirse a un caso extremo de voracidad, en el que todo se vale.

miércoles, 4 de agosto de 2010

Regresamos el Lunes 9 de agosto


Este blog y todo su equipo de trabajo, regresará con las pilas bien cargadas, el próximo lunes 9 de agosto para reanudar su modesta contribución al debate de las ideas y al fortalecimiento de la vocación democrática en la sociedad actual.

Por su comprensión, mil gracias....