miércoles, 24 de diciembre de 2008

El Hombre del año en la Unison


Crece 105% inversión privada en educación universitaria en 5 años

Admite la OCDE que mayores recursos no se han traducido en mejor aprendizaje
■ México invierte por alumno 6 mil 402 dólares, y sus socios de la organización, 11 mil 512 al año

Laura Poy Solano
La Jornada/24 de diciembre de 2008

A pesar de que México se ubicó como uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más se incrementó la inversión privada en educación universitaria –de 2000 a 2005 la pública aumentó 19 por ciento y la privada 106 por ciento en el mismo periodo–, el gasto por alumno, estimado en 6 mil 402 dólares, representa sólo poco más de la mitad del promedio que se canaliza en países de ésta, calculado en 11 mil 512 dólares anuales.
El informe Panorama de la educación 2008, elaborado por el organismo multinacional, señala que, a pesar de que en México se destina más a universitarios que a jóvenes que cursan primaria o secundaria, el gasto promedio a lo largo de toda la formación superior, estimado en 21 mil 816 dólares, es igual o menor al que hacen naciones como Suiza o Estados Unidos en sólo un ciclo, al invertir entre 21 mil 734 y 24 mil 370 dólares, respectivamente.
La OCDE destaca que si bien 86 por ciento de lo que se canaliza a enseñanza en todos los niveles en las 30 naciones miembros aún proviene de fuentes de financiamiento públicas, el gasto privado aumentó más rápidamente que el estatal en más de 75 por ciento de 1995 a 2005.
En el documento, divulgado este año, agrega que la proporción de la inversión privada en universidades es lo suficientemente elevada “como para poner en tela de juicio el criterio de que la educación superior es primordialmente responsabilidad del Estado”.

Los fondos de la IP representan 27% del gasto total
Alerta que los recuros de los empresarios en enseñanza superior representan 27 por ciento del gasto total que se destina al sector. En naciones como Australia, Japón, Estados Unidos e Israel, la participación de éstos es de al menos 50 por ciento y de más de 75 por ciento en Corea y Chile.
No obstante, la OCDE advierte que, a pesar de la mayor presencia de la inversión privada en la educación, en particular la universitaria, “más dinero únicamente no bastará. Las inversiones deben ser más eficientes”. Destaca que entre las naciones miembros hay potencial para mejorar 22 por ciento los resultados del aprendizaje, “aún manteniendo el mismo nivel de recursos en ese grado de la enseñanza”.
Al respecto, afirma que México es uno de los países con mayor déficit en financiamiento por alumno de los países que integran la OCDE al destinar 2 mil 405 dólares, contra una media de 7 mil 527. Por nivel, revela que mientras en el país se destinan mil 913 dólares por alumno de primaria, esa cantidad sólo representa un tercio del promedio de gasto en naciones de la organización, donde se invierten al menos 6 mil 252.
En secundaria el gasto por estudiante es de mil 839 dólares, es decir, una cuarta parte del promedio de los integrantes de la OCDE: 7 mil 437 dólares. En bachillerato es de 2 mil 853 dólares y la media en éstos es de 8 mil 366.
Destaca el informe que a ello se suma que otros estudios, como la Prueba Internacional para la Evaluación de los Alumnos, también revelen que la “relación interpaíses entre los recursos invertidos en educación y los resultados del aprendizaje, en el mejor de los casos, es moderada. Ello indica que el dinero es un requisito previo necesario, pero que no basta para una calidad superior en los resultados de la enseñanza”.

Las otras pirámides especulativas

Javier Aranda Luna
La Jornada/24 de diciembre de 2008

Si la ciencia y la cultura son el oro de los pueblos, los gobiernos panistas son una especie de Rey Midas al revés. Durante mucho tiempo pensé que la megabiblioteca se convertiría en el símbolo de la cultura panista, algo así como en el Partenón de Durazo, aquel jefe policiaco que acumulaba columnas de mármol y centenarios, pero ya no estoy seguro.
En días recientes los funcionarios panistas ordenaron perforar a taladro batiente dos pirámides que habían sido emblema de los mexicanos: la del Sol y la de la Luna, en Teotihuacán. Escribo habían sido porque resulta claro que para nuestros funcionarios culturales no lo son.
Hace tiempo, cuando se construyó un Wal-Mart en las cercanías de las pirámides no pocos imaginamos el principio del fin: un conjunto de tiendas alrededor de los monumentos prehispánicos que formarían poco a poco un gran mall, el “mall de las Pirámides”.
Como el centro comercial ha tardado más de lo imaginado en construirse, probablemente nuestros funcionarios panistas decidieron, como cualquier refaccionaria que se digne, llamar la atención de los posibles inversionistas con luces y altavoces; con un espectáculo de luz y sonido. “Las noches en Teotihuacán no volverán a ser las mismas”, reza el eslogan en la página de Resplandor Teotihuacano. “Es un evento cultural multimedia de luz y sonido sin precedentes que nos permitirá conocer las costumbres, historia, arte y cultura de esta extraordinaria civilización.” Desgraciadamente en esta empresa atolondrada los panistas no están solos. Cuentan con el apoyo del priísmo del estado de México.
Los apóstoles del libre mercado aseguran que ese espectáculo reactivará la economía de la región, pero dudo que en el business plan de las pirámides tengan cabida los habitantes del lugar. ¿O serán los cadeneros de la más grande discoteca multimedia al aire libre, o los viene-viene, o los vendedores de refrescos o “elíxires prehispánicos” de color turquesa o anaranjado como existen en Nueva York? ¿Las bellezas nativas serán hostess con plumas y taparrabo, vendedoras de cigarros en los fumaderos? ¿Y quién estará a cargo de las top level merchandises, de las corbatas de seda con motivos de corazones sangrantes o aros de piedra o con algún motivo de los murales del lugar? ¿Harán posible el sueño de algunos de cenar en la punta de alguna pirámide? Ya imagino la publicidad: “Toda la energía de la ciudad de los dioses para un encuentro inolvidable”.
Por lo demás, ¿ya tienen a su Salvador Novo para hacer el guión del Resplandor Teotihuacano? Si Gustavo Díaz Ordaz lo tuvo, ¿por qué nuestros políticos actuales no? Sería una lástima que improvisaran con algún tinterillo de poca monta, de mucha promoción y casi prosa.
No creo que perforando pirámides, montándoles rieles de aluminio, poniendo gradas, luces y una coreografía lustrosa aprendamos más de nuestro pasado y mucho menos que el turismo nos libre del tsunami financiero que ya azota nuestra economía. Tendiendo una montaña rusa sobre las pirámides o a un lado de ellas no se atraerá a los turistas. Sólo Barack Obama puede hacerlo, reactivando la economía de su país, y nosotros, evitando que los decapitados se multipliquen por una fallida estrategia de seguridad.
El problema de la intervención de las pirámides del Sol y de la Luna no se reduce a la zona arqueológica de Teotihuacán. Si la destrucción del patrimonio de estos dos símbolos nacionales continúa, los demás sitios arqueológicos serán tentación para cualquiera.
Entre la megabiblioteca de foxilandia y la promoción turística del presidente del empleo perforando pirámides, la no política cultural de los gobiernos panistas erosiona cada vez más lo poco que en nuestro país era motivo de orgullo. A este paso los próximos premios nacionales no serán repartidos entre dos, sino entre tres o cuatro artistas para quedar bien con todos; Jorge Serrano Limón será director de algún museo para evitar que los molestos desnudos se exhiban en nuestras salas, una comisión especial se encargará de traer los huesos de don Porfirio con motivo del centenario de la Independencia o la dirección de publicaciones repartirá en escuelas y salas de lectura catecismos y calendarios de Galván por aquello de los santos que no han podido bendecir a nuestro país como se debe… A menos que el presidente Felipe Calderón y su equipo básico midan costos y beneficios de los funcionarios culturales, y hagan lo que tienen que hacer. Para pirámides especulativas tenemos con la de Bernard Madoff.

jueves, 18 de diciembre de 2008

Capitalismo académico, estilo mexicano

Wietse de Vries*

Hace un par de semanas, Roberto Rodríguez señaló que la educación superior privada fuera el terreno de una walmartización: empresas grandes, generalmente extranjeras, operan en el mercado mexicano, comprando universidades como la Universidad del Valle de México y después la Unitec (Campus núm. 296).

A primera vista, parece tener razón. La compra de la Unitec por parte de Laureate Education Inc. convirtió, de hecho, a la UVM en la universidad privada más grande de México, con 39 planteles y 120 mil estudiantes, rebasando al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), que cuenta con sólo 33 planteles. Así, el movimiento parece introducir en el sistema mexicano un actor tipo Walmart (compitiendo con la “Comercial Mexicana”), lo cual despierta muchas interrogantes acerca de la regulación de la educación privada en México.

Pero por llamativa que sea esta adquisición, no hay que perder de vista que el mercado privado es ya el terreno de una intensa competencia entre muchas empresas. Cabe recordar que en 2005, el grupo Carlyle, encabezado entonces por Luis Téllez, compró la Universidad Latinoamericana.

En 2006, Alfonso Romo adquirió la Universidad Metropolitano de Monterrey y la Universidad de la Concordia en Aguascalientes. En 2008, María Concepción Aramburuzabala, dueña del grupo Modelo, incorporó a sus bienes a la Universidad ETAC, con cuatro planteles y 7 mil 500 estudiantes en el Estado de México, por un monto de 20 millones de dólares. Debe haber más compras y ventas que pasaron por debajo del radar.

Estas compras indican que la educación privada se ha convertido en un negocio lucrativo. No cabe duda que lo es: la Universidad ETAC, con sus anteriores dueños, recientemente logró acuerdos con el gobierno de Veracruz y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para que sus profesores se inscribieran a la maestría en Educación a Distancia, garantizando una matrícula de por lo menos trescientos estudiantes por un periodo de dos años, a razón de 2 mil pesos al mes. Es decir, un ingreso fijo de 600 mil pesos al mes. Y cabe resaltar que la ETAC no revela datos sobre su planta de profesores, quienes asesorarán, a distancia, a estos 300 estudiantes. Más bien, ETAC promete una titulación automática, sin necesidad de tesis. Obviamente, no está en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.

Las compras despiertan además otras preguntas:

1. La educación privada se convirtió en un terreno de compra y venta, al estilo del mercado libre. Hay varias cosas que destacan ahí: varios socios de universidades privadas empiezan a actuar como accionistas, que pueden vender su participación al mejor postor. Con ello, la universidad privada se convierte en un negocio con fines de lucro: es posible que la universidad no opera formalmente con estos fines (no reporta ganancias al final del año fiscal), pero sus socios sí: alguien que invirtió 5 millones de pesos en una universidad puede vender su participación en 7 millones después de unos años.

2. La universidad privada empieza a funcionar realmente como empresa, pues se abre la posibilidad de adquisiciones inamistosas. Por lo menos, en el caso de la Universidad ETAC, eso parece ser el caso: algunos socios optaron por vender, aunque el rector, y socio, Jesús Nájera, no estuviera de acuerdo. El resultado fue la salida del rector y parte de su equipo de colaboradores.

3. Las compras y ventas abren el paso para fusionar planteles, cerrar programas, despedir personal o cambiar el monto de las colegiaturas. En el caso de Unitec, ya tres planteles se rebautizaron como UVM. En el caso de ETAC quedó en el aire el convenio con otras instancias, y la colaboración que tenía con la Universidad del Valle de Grijalva (que opera en Tabasco y Chiapas).

Lo anterior pone en entredicho si se trata de una walmartización o de un fenómeno peor. Me parece que se trata de una cuestión más parecida a Merrill Lynch o AIG, empresas de financiamiento que desataron la actual crisis en Estados Unidos. Me explico: en el caso de que Walmart entrase en una crisis, los clientes simplemente se irían a comprar en la tienda de abarrotes de la esquina.

Pero en el caso de las universidades, un estudiante, al inscribirse, apuesta a una inversión a largo plazo (4 o 5 años) para obtener un título, al estilo de una hipoteca. Ante posibles cambios podría dejar la institución, pero se quedaría como “desertor”, con créditos no reconocidos por nadie.

Lo característico de esta situación de compras y ventas es que su colegiatura puede subir libremente; su programa puede desaparecer o perder el RVOE; sus profesores pueden ser despedidos; cambiar el equipo directivo; que su universidad pase a manos de terceros, o cierre. El que pierde es el estudiante, el que gana es el inversionista.

Por lo pronto, para saber acerca de la educación superior, más vale no sólo consultar a CampusMILENIO, sino a la sección de negocios de El Financiero o El Economista.

* Académico de la BUAP.

Más y mejor educación pública

Humberto Muñoz García*


El año 2009 se percibe como un tiempo difícil para la sociedad mexicana. La mayoría de ciudadanos cree que la situación económica del país va a empeorar. Los medios lo han repetido hasta el cansancio. Y, en consecuencia, a pocos convence la tesis de que después de la crisis global la economía mexicana va a crecer más rápido.

Todos sentimos la carestía. En el mercado laboral, casi 30 por ciento de la población económicamente activa trabaja en el sector informal. El mismo porcentaje, aproximadamente, alcanza la población que gana hasta dos salarios mínimos por mes. La tasa de desocupación registrada en el tercer trimestre del año es la más alta (4.2) desde 2005. Dicha tasa es más elevada entre los jóvenes. Entre los desocupados, un tercio tiene educación media superior o superior. Un enorme desperdicio de personas, conocimientos y posibilidades de avance.

El promedio de escolaridad de la población económicamente activa es apenas de nueve años, con variaciones a la baja en algunas entidades federativas. Entre la población de 24 años y más, en 2005, sólo 14.5 por ciento tenía estudios de educación superior. Buena parte de los profesionistas trabaja más de 48 horas.

Uno se mete a las estadísticas y observa que las realidades económica, social y educativa en México tienen problemas muy agudos que no se resuelven. En el día a día, en las personas se advierte malestar, pesimismo, desesperanza y desconfianza. El índice de confianza del consumidor es negativo, alcanzando sus cifras más altas, en varios años, en los últimos dos meses.

Parece razonable suponer que ante toda esta avalancha de hechos y situaciones graves, que afectan el presente y el futuro de los mexicanos, se tenga una enorme desconfianza en la clase política, en los partidos y en algunas instituciones del gobierno en las que campea la corrupción. Las encuestas señalan que a uno de cada dos mexicanos no le importaría el tipo de gobierno que se siga, siempre que resuelva los ingentes problemas que se padecen.

Total, al escepticismo y a la incertidumbre se une una visión en la sociedad: lo que se tenía antes representaba un arreglo institucional mucho más satisfactorio y de mayor provecho. Me decían en una entrevista: “Ahora tengo que trabajar más para ganar lo mismo, pero lo que gano no me alcanza. Antes me iba mejor. Por eso, que regresen los del PRI. Son malos, pero no tanto como los que nos gobiernan”.

El punto de vista de esta persona se encierra en lo que revelan las encuestas de opinión. El PRI es el partido menos rechazado, con el que más se identifica el ciudadano, al que favorecen las preferencias electorales y es un partido que tiene bases entre los sectores menos favorecidos del país. Estamos en los albores de una regresión histórica ante la disfuncionalidad del pluripartidismo y los vicios delgobierno que no mudaron con el cambio, y que previsiblemente permanecerán donde están. El regreso del PRI no significará construir un Estado de derecho. No hay nada nuevo detrás del sol.

Ante lo que ocurre en la economía y en la política es indispensable voltear de nueva cuenta a la educación, luchando por despolitizarla del Panal y del SNTE. La realidad social impone, en los hechos, hacer de la educación la prioridad nacional, un cambio de políticas en la materia, de valores, para un nuevo modelo económico.

En las crisis recurrentes que ha tenido el país desde los años ochenta del siglo pasado, la población reaccionó buscando en la educación, sobre todo en la superior, un medio para que las nuevas generaciones no se vieran confrontadas con las carencias y limitaciones de sus progenitores.

Hoy podría decirse lo mismo. Se busca con ahínco el ingreso a las universidades. Las universidades, particularmente las públicas, que tienen alumnos de origen pluriclasista, representan, para la población, las instituciones a las que se les tiene la mayor confianza, de donde se obtiene legitimidad política. Ampliar la cobertura en el nivel superior es un desafío que comienza por reducir el número de estudiantes que abandonan sus estudios antes de cumplir los quince años. Comienza por atender a millones de jóvenes que no estudian ni trabajan entre los 15 y los 24 años.

La única posibilidad de futuro que tiene nuestro país está en educar en el nivel superior, en crear científicos, a la mayor parte de las generaciones que pertenecen al bono demográfico, un fenómeno que sólo se presenta una vez en la historia de un pueblo. Tendríamos una fuerza laboral con más conocimientos, capaz de lograr mejores remuneraciones y con valores ciudadanos que respalden una auténtica democracia.

Sería bueno iniciar 2009 con compromiso hacia la educación pública, algo que podemos pedir en la crisis, para salir de ella creando un nuevo orden colectivo que ofrezca prosperidad.

*Seminario de Educación Superior, IIS. Profesor de la FCPyS. UNAM.

Recuento educativo 2008

Carlos Reyes

En la misma línea y sin variaciones considerables. Así fue el tránsito de las universidades públicas en este año que en unos días más expira. Entre la calidad constante y la exigencia eterna de una política de Estado; entre los aconteceres disfuncionales del presupuesto y la disponibilidad de rendir cuentas a la sociedad.

Para las instituciones de educación superior este año no marca la diferencia que ellas han esperado en los últimos años. El discurso, la problemática, la solución y las medidas se mantienen en direcciones contrarias y, en ocasiones, ni siquiera se intersectan como debieran.

La preocupación central para las universidades siguió siendo establecer un esquema de financiamiento alejado de cualquier variabilidad que ponga en riesgo su desarrollo académico, mientras que para las autoridades el dedo en el renglón está en la continuidad de las reformas estructurales y en la calidad que han venido caracterizando a las instituciones.

Y en estos temas no hubo matiz distinto al de años anteriores. Prevaleció más la promesa que la consolidación de estrategias. Quizá por ello apuntaron, las universidades públicas, hacia la puesta en marcha de un sistema de evaluación en el ámbito nacional o a la búsqueda de alternativas que garanticen el incremento en la cobertura.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) marcó la pauta en la discusión de los temas y puso en juego en la agenda educativa los ejes con los cuales se pretende trabajar en los años por venir.

Este año no estuvo exento de polémicas y asuntos que despertaron la curiosidad, y en ocasiones la hilaridad, de quienes se encuentran inmersos en esta franja de la educación, como lo fue en su momento la propuesta de los vouchers para que los alumnos decidieran a qué institución acudir para cursar sus estudios profesionales.
La política educativa
En el terreno de las propuestas y proyectos para sacar adelante el barco de la educación superior, las autoridades enfocaron más la atención en dos temas que si bien no guardan relación directa con las universidades, de alguna manera tienen cierta incidencia.

Por un lado, la reforma integral a la educación media superior, un tema que desde los últimos años de la administración anterior se centró en la parte medular de la política educativa.

Se profundizó en este tema y fueron varias las menciones para avanzar en este pendiente que amenaza con convertirse en un problema estructural muy fuerte. Aquí pidieron las autoridades la colaboración de las universidades públicas para coordinar el nivel medio superior con el superior en un intento por obtener mejores resultados.

Y en ese esquema la insistencia para que las universidades incrementen su cobertura para poder captar un mayor número de alumnos, más ahora que los diputados hicieron modificaciones a la ley que hace obligatoria la educación media superior. El dilema vendrá después cuando el número creciente de alumnos encuentre cabida en las universidades del país.

Por otro lado, la Alianza por la Calidad de la Educación acaparó la atención de las autoridades, sobre todo en la segunda parte del año. Es en el nivel básico donde se encuentra la apuesta más fuerte de este sexenio y por eso se entiende el enfoque que se le ha dado al tema.

De las universidades, las autoridades esperan la continuidad en los programas que han emprendido en los últimos años. La Subsecretaría de Educación Superior trabajó con ellas en dos vertientes: la certeza financiera a través de la reestructuración de los esquemas de pensiones y jubilaciones y la operación de los fondos adicionales al presupuesto que se juegan en diferentes bolsas.

En el caso de las pensiones, hasta el año 2007 la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha liberado más de 4 mil 773 millones de pesos a las instituciones de educación superior, con el fin de impulsar reformas en sus sistemas de pensiones y que de esa manera disminuyan sus pasivos, mientras que en 2008 la cifra fue de mil 200 millones de pesos adicionales.

Del lado de los fondos extraordinarios, la preferencia es enfocarlos hacia la puesta en marcha de programas de calidad y la consolidación de los estándares de excelencia que han privilegiado las universidades como una característica inherente a ellas.

Por ello, una de las metas delineadas y muy marcada este año es que 60 de cada 100 estudiantes de instituciones de educación superior estén inscritos en un programa reconocido por su buena calidad.
Pieza central
De parte de la ANUIES, este organismo se consolidó, como lo reconocieron los propios rectores, como un enlace eficiente y certero entre las autoridades federales, las universidades públicas y otros actores determinantes este año como el Congreso de la Unión.

La labor de la ANUIES concluye este 2008 con los esfuerzos realizados para subsanar los vacíos presupuestales que la propuesta del Ejecutivo tenía en detrimento de las universidades públicas.

El trabajo de gestión desarrollado por la asociación para la defensa razonada de los intereses educativos, se reflejó en un aumento favorable del presupuesto federal 2009 asignado a la educación superior para alcanzar una cifra de 79 mil millones de pesos.

Y en concordancia con la confianza puesta en estas reasignaciones, la ANUIES lanzó una propuesta que, sin duda, causará ámpula en el transcurso de 2009 conforme se vaya cristalizando: impulsar un Subsistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior.

De concretarse, éste permitiría distinguir qué instituciones tienen buena o mala calidad, mecanismo al cual tendrán que someterse todas las universidades que “consideren que les conviene ofertar educación de calidad”, aseguró en su momento Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES.
Julio 2008
A invitación de la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, titulares y representantes de instituciones de educación superior públicas afiliadas a la ANUIES asistieron a una reunión para presentar a la titular de la SEP, las conclusiones que en el área de financiamiento derivaron de la mesa de trabajo instalada por la asociación y la SEP el miércoles 18 de mayo del presente año como parte de los acuerdos que derivaron de la XXX Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA).

En el desarrollo de la reunión, Raúl Arias Lovillo, rector de la Universidad Veracruzana e integrante del Consejo Nacional, en representación del secretario general ejecutivo de la ANUIES, presentó las conclusiones, destacando solicitudes de las instituciones de educación superior públicas en el sentido de: a) reconocer como irreductible de 2008 los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para resarcir disminuciones del subsidio ordinario; b) prever recursos para incorporar al irreductible de 2009 los recursos otorgados en 2008 por los fondos de financiamiento extraordinarios, y c) explorar la factibilidad de regularizar en el irreductible el Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la media nacional en subsidio por alumno.

Asimismo, reiteró el compromiso de las instituciones educativas públicas por continuar con sus procesos de mejora y aseguramiento de la calidad, así como ampliar la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos elevando la efectividad de sus resultados.

Por su parte, la titular de la SEP, ante la solicitud de apoyo que le expusieron los rectores para gestionar recursos dentro del PEF 2009, propuso sostener en septiembre próximo, una serie de reuniones con las comisiones del Congreso de la Unión, con el secretario de Hacienda y Crédito Público y otras instancias, para presentar las ideas vertidas en la reunión y, asimismo, un encuentro con el presidente Felipe Calderón, para que él conozca de viva voz, los resultados de las universidades.
Las privadas
Del lado de las privadas, la propuesta de la ANUIES tendrá que ser analizada a conciencia porque se trata de una medida que pondría un parámetro más riguroso en cuanto a la calidad y habrá que ver cuál es la reacción de estas instituciones a esta postura.

Lo que es un hecho es que las instituciones privadas no dejarán morir tan fácil la propuesta de activar los vouchers para poder captar una mayor matrícula en el país y una cantidad de recursos que vendría de manera directa del gobierno federal. Esa discusión se avivó este año y en 2009 traerá reacciones al respecto.

miércoles, 17 de diciembre de 2008

martes, 16 de diciembre de 2008

Llueven zapatazos !!


El bachillerato obligatorio

Axel Didriksson
Excélsior/16 de diciembre de 2008


Como parte de una agenda postergada, finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la obligatoriedad del bachillerato, entre otras reformas que forman parte de un muy sustancioso, pero aún incompleto, paquete de medidas impulsadas por la Comisión de Educación de la presente Legislatura.
Habrá que revisar en detalle el conjunto de la iniciativa a la que se hace referencia, pero en lo que respecta al tema de la educación media superior se ha aprobado elevar a rango constitucional su obligatoriedad, lo que significa que, a partir de ahora, todo el mundo podrá hacer valer el derecho de obtenerla en cualquier lugar del país y demandarlo a todos los órdenes de gobierno, ya sea a nivel federal, en el Distrito Federal, en los estados y en los municipios. La tarea no será fácil porque, para ampliarlo y regularlo, se requerirá discutir, con las instituciones que ofrecen el servicio, los cambios pertinentes para su mejora y calidad, en donde destacará, por su importancia cualitativa y cuantitativa, la opinión de las universidades autónomas del país, siempre y cuando se trata de un nivel educativo harto deficitario y considerado como un “cuello de botella” en el que las mismas tienen mucho que ver.
Lo anterior da para prever una condición de tensión entre las universidades y la SEP federal, porque éstas cuentan, en su gran mayoría, con bachilleratos generales (los que constituyen, por cierto, su población más numerosa) y porque tienen reglas de operación autónomas para su gestión y reforma, muy a menudo con puntos de vista, respecto de su contraparte gubernamental, muy poco coincidentes. Aun así, el tema da para más.
Llevar a cabo una reforma como la que se pretende implicará ampliar la cobertura total del sistema para superar el umbral actual de secundaria. Como media, 88 de cada 100 estudiantes que ingresaron al primer grado de primaria van quedando en el rezago en su intento por alcanzar el nivel medio superior de educación y, de los que alcanzan a ingresar a éste, alrededor de la mitad pueden terminar este ciclo. Lo anterior significa que un poco más de 50% del grupo de edad escolar correspondiente, de entre los 15 y los 17 años, puede acceder a este nivel educativo, de los cuales la mitad no logra concluir con sus estudios. De entre ellos, 25% va quedando en el rezago, casi de por vida, entre el primero y el segundo grado de ese nivel. El gran esfuerzo del país por brindar este nivel educativo se concentra, y así parece que seguirá siendo, en el sector público (82.8% del total).
La realidad que se vive en el bachillerato impacta de forma negativa en la educación superior, porque con ello se tiene una de las coberturas más bajas de participación y ello influye en nuestra capacidad para ofrecer a la sociedad profesionales y técnicos de alto nivel, desarrollar ciencia y tecnología, nuevas áreas de conocimientos, y consolidar plataformas de despegue en la gestión y el desarrollo de aprendizajes sociales que puedan mejorar nuestro sistema político, la participación de los ciudadanos de manera crítica y activa y formar nuevas generaciones que se encarguen de construir un mejor futuro.
La reforma que se ha aprobado, por ello, podrá tener beneficios hacia la educación superior, pero sigue dejando de lado la complejidad y la problemática de la secundaria. Este es el principal hueco que no pudieron tapar los legisladores. No se imaginaron el tamaño del asunto y no dijeron ni una palabra al respecto.

didrik@servidor.unam.mx

lunes, 15 de diciembre de 2008

Las penas de la pena de muerte

Gabriel Guerra Castellanos
El Universal/15 de diciembre de 2008

Más allá de los oportunismos político-electorales a los que ya deberíamos estar acostumbrados en México, el debate acerca de la pena de muerte debería concentrarse en tres aspectos: el ético, el práctico y el jurídico o judicial.
Quienes argumentan en favor de la pena de muerte se basan en la premisa —que yo considero errónea— de que al ejecutar a los peores delincuentes se reducen los índices de criminalidad por dos razones: el efecto disuasivo sobre posibles futuros criminales y el hecho de desaparecer a los causantes inmediatos del delito. Bajo esta línea de argumentación, la reincidencia es imposible cuando el delincuente está muerto, lógica irrebatible si nos limitáramos a cada caso individual.
La venganza es un sentimiento inherente al ser humano, como lo son el amor y la generosidad o la envidia y la ira. Lo que la venganza refleja es una impotencia irracional que sobrecoge a sus víctimas y las vuelve rehenes del daño sufrido, cómplices involuntarios de quien los agravió. Es comprensible entre quienes han sufrido directamente una ofensa, una agresión, aunque no en el caso de quienes son sólo espectadores del fenómeno.
www.prodeathpenalty.com, una página dedicada a defender o a promover la aplicación de la pena de muerte en EU toca la fibra muy sensible —y muy cierta— del dolor de las víctimas y del costo social que infligen los criminales, dando numerosos ejemplos de asesinos que reinciden, muchos de ellos después de haber sido liberados, lo que se convierte en uno de sus argumentos centrales: más vale equivocarse ejecutando que liberando, entre matar a un inocente o dejar libre a un asesino, mejor lo segundo.
Por su parte, la American Civil Liberties Union (www.aclu.org) enfatiza el aspecto moral del castigo máximo y el número de inocentes condenados, así como los casos en que la justicia fue menos que expedita e imparcial. De paso, ilustra cómo las condenas dependen de factores subjetivos que tienen mucho que ver con el color de la piel y el nivel educativo y social de los inculpados y de las víctimas. De acuerdo con Amnistía Internacional (www.amnestyusa.org) y la ACLU, más negros son condenados a muerte que blancos que hayan cometido delitos similares, especialmente cuando las víctimas son blancas.
La subjetividad en la aplicación de la justicia en un país tan avanzado como EU debería ponernos a pensar dos veces antes de siquiera discutir el tema de estos castigos irreversibles e incorregibles. Por cada historia trágica de una víctima en México hay una o varias de ineptitud o de corrupción policiaca, de cada 10 muertes violentas sólo dos terminan con un acusado en la cárcel, sin siquiera la certeza de que se trate del verdadero culpable dada la tendencia nacional a fabricar sospechosos, a juzgar en los medios y a condenar por conveniencia.
Yo no veo en la venganza más que la posibilidad de satisfacer una profunda y dolorosa frustración individual, y me parece que el Estado debe estar para protegernos de nuestros peores impulsos y no para alimentarlos. En la parte práctica, no conozco un solo estudio imparcial que demuestre que la pena de muerte tiene un efecto disuasivo: por el contrario, hay quien argumenta que puede llevar al delincuente a cometer más y mayores crímenes para encubrir al primero.
Desde el aspecto jurídico, el problema de México tiene que ver con la impunidad y no con el tamaño del castigo. Un país que no es capaz de meter a la cárcel a sus delincuentes no puede hablar siquiera de aumentar las penas, y una sociedad que encubre y acoge cotidianamente a quienes violan leyes grandotas y chiquitas tampoco puede desgarrarse las vestiduras cuando la delincuencia la abruma.
Lo demás es simplismo en el mejor de los casos y cinismo en el de los políticos que buscan sacar raja del temor y el dolor de la gente.

Legislando elitismo e impunidad

John M. Ackerman
La Jornada/15 de diciembre de 2008

La intensa actividad legislativa que marcó el cierre del periodo ordinario del Congreso de la Unión la semana pasada dejó varios pendientes que son sintomáticos de la falta de conducción política del país. Los legisladores se echaron para atrás en la regulación de los bancos, se negaron a adecuar la Ley Federal de Radio y Televisión a las nuevas disposiciones en materia electoral, se rehusaron a aprobar modificaciones que evitarían la utilización política del gasto social y pararon en seco el intento de introducir una versión light del plebiscito y el referendo.
Muchas veces las omisiones dicen más que las acciones, y estas ausencias desnudan la timidez de la coalición gobernante que no se ha atrevido a poner un alto a los poderes fácticos o abrirse a la ciudadanía. La verdadera salida de la triple crisis (política, económica y de seguridad) en que nos encontramos, no podrá venir de la firma de “pactos” y “acuerdos”, sino de una profunda renovación de la clase política, así como de las formas de ejercer el poder público. Lamentablemente, seguimos anclados en la lógica de los acuerdos cupulares, donde el quid pro quo (“el toma y daca”) es la prioridad, mientras los cambios que necesita el país duermen el sueño de los justos.
La reforma que hubiera controlado algunos abusos de los banqueros ni siquiera abordaba el asunto de las comisiones e intereses leoninos que estas instituciones financieras cobran a una ciudadanía cada vez más empobrecida. La nueva ley simplemente se limitaba a “transparentar” estos abusivos cobros, poner límites a las llamadas telefónicas de hostigamiento crediticio y dotar de algunas facultades adicionales de control al gobierno. Aun así, los legisladores no se atrevieron a molestar a los señores del dinero.
Llama la atención el cinismo de Luis Pazos, titular del órgano federal responsable de defender a los usuarios de los bancos, quien en días recientes ha declarado que la posibilidad de establecer topes a las comisiones y a los intereses: “no va a dar resultados, es una posición equivalente a la pena de muerte”. Con este tipo de imposturas, el gobierno federal lleva el fetichismo del capital a su máxima expresión al dotar a los bancos de vida propia.
El próximo paso, quizás, sea inscribir la protección de las instituciones financieras en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cumplió 60 años precisamente el día de las declaraciones del funcionario.
El hecho de que la Ley Federal de Radio y Televisión todavía no refleja la reforma constitucional en materia electoral pone en riesgo la equidad de las próximas elecciones. Por ejemplo, esta norma aún no regula el nuevo régimen de transmisión de los anuncios de los partidos políticos ni desglosa las sanciones por incumplimiento. Con este boquete legal, los desacatos y los amparos de las televisoras estarán a la orden del día durante 2009, actitud que rápidamente podría provocar una crisis equivalente o peor a la de 2006.
Con respecto a la utilización de los programas sociales para fines políticos, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo han señalado como un grave riesgo para la democracia en el país. En abril pasado, el senador Graco Ramírez presentó una iniciativa que hubiera implicado un paso definitivo en la materia al prohibir la designación de políticos como delegados de la Secretaría de Desarrollo Social en las entidades federativas, así como incluir explícitamente en la Ley Federal de Responsabilidades la prohibición a la compra y coacción del voto.
Ante la falta de una ley reglamentaria de las nuevas disposiciones del artículo 134 constitucional que prohíben la propaganda gubernamental personalizada, esta iniciativa por lo menos hubiera ayudado a limitar la intervención gubernamental en el proceso electoral de 2009. Sin embargo, los senadores simplemente se negaron a dictaminar una edulcorada versión de esta iniciativa de ley.
En materia de plebiscito y referendo llama la atención lo limitado del alcance del dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado 4 de diciembre. Totalmente fuera quedaron las figuras de iniciativa popular y revocación de mandato.
Asimismo, el nuevo texto del artículo 26 de la Carta Magna dejaría exclusivamente en manos del jefe del Ejecutivo federal la facultad de convocar a un plebiscito. Para ser efectivos, estos instrumentos de democracia directa deberían ser convocados y dirigidos por la misma ciudadanía. De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en otra vía para la manipulación en lugar de alentar la participación ciudadana. Sin embargo, el PAN y el PRI ni siquiera estuvieron dispuestos a aprobar en el pleno esta versión sumamente light de la reforma.
En el complicado año de crisis económica y competencia electoral que se avecina, lo más probable es que todas estas iniciativas, así como la nueva Ley Federal de Transparencia, sigan brillando por su ausencia. Permaneceremos, como siempre, viviendo bajo el signo del elitismo y la impunidad.

domingo, 14 de diciembre de 2008

Del anonimato en la cúpula (burocrática)

Carlos Monsiváis
EL Universal/14 de diciembre de 2008


¿Qué es incluir y qué es excluir? Esta pregunta podría dirigírsele al grupo que, con el apoyo de dos partidos que no son el suyo, se ha apoderado del Partido de la Revolución Democrática.
No pretendo entrar en contienda con los dirigentes del PRI que tanto han apoyado a este grupo, ni con la Secretaría de Gobernación del Mío Cid desaparecido, que tanto los ayudó, ni con el Tribunal Electoral que le dio el triunfo a Jesús Ortega, a pesar del “22% de votación irregular”, como dijo un tribunicio de los votos sin siquiera sonrojarse. Sólo me interesa ahora ver cómo personajes muy menores han querido incluirse no por vía del liderazgo sino del secuestro de una organización.
Empezaron muy abajo, en grupúsculos de lo que pudo haber sido “izquierda”, porque donde no había casi nadie pudieron colarse. Ortega, un ejemplo a su modo prototípico, comenzó de secretario particular de Rafael Aguilar Talamantes, el dirigente del PST, que hoy en el olvido lo buscó con su trayectoria de aportaciones sucesivas a su propio bienestar. ¿Qué era Ortega entonces? Un burócrata que se aprendía frases y quería probar entonaciones de la tribuna. Las frases se le gastaban y se le volvían “gabardinas de Cantinflas”, y las entonaciones no se escuchaban, posible causa de su alejamiento del entusiasmo de los públicos, las masas y, si mucho me apuran, de los reporteros que deben vencer su tedio para oírlo decir lo mismo a tal grado que ya suena distinto. Lo mismo 10 mil veces parece lo contrario o no se asemeja a nada.Sus compañeros de grupo, facción, secta burocrática o como quieran decirle, no obstante sus orígenes diversos, se unifican en torno a la permanencia en las asambleas y las reuniones y la incapacidad de conmover, hacer pensar y despertar entusiasmos. Vengan de donde vengan, siempre se dirigen al anonimato en la cúpula, una definición precisa de los alcances de su carisma, palabra que hasta el momento nadie, absolutamente nadie, ha usado en su provecho. Es curioso: los elogios a este grupo, las raras ocasiones en que suceden, se producen por oposición: no son como el delirante Andrés Manuel López Obrador, y sólo causan daño en lo que podría ser su propiedad. Intriga cómo los carentes de virtudes a los ojos de todos son el liderazgo que se permite condenar a los que han hecho visible el movimiento del que medran. ¿O alguien sabe de comentaristas, políticos o simples transeúntes que ensalcen la fuerza carismática de un grupo distinguido por el nombre de dos de sus integrantes?

* * *
Al incluido desde siempre no se le nota el deseo de figurar sino el desprecio por los que quieren figurar por su propio esfuerzo. A los que quieren incluirse para recibir, digamos, el saludo presidencial y el abrazo político de secretarios de Estado (aunque sea del Estado actual) y jefes de otros partidos, no les importa tanto acumular méritos sino conseguir con la perseverancia del caso el control de lo desatendido. (Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador descuidaron, por así decirlo, el PRD por creerlo seguro.)
Y ahora al grupo de Ortega y Zambrano ya sólo le falta lo para ellos central, ese aspecto victorioso que viene de las fotografías de grupo desde niños, que se afina en los Halloweens y los Garden Parties, que convierte a los DJ’s en los mezcladores de la ideología del triunfo, que en los viajes a donde sea únicamente se siente a gusto cuando el contexto no deprime y, oh, diosa Fortuna, cuando uno y una saben que la selección de las especies se inicia en las reuniones donde la misma clase se felicita por la ausencia de intrusos. Se unifican la apariencia y el vestuario (todos los chinos y todos los burgueses son iguales); cambian los sitios de veraneo, se simplifica el habla, se redondea la sonrisa, una sonrisa como lejanía en la cúspide, el sello de garantía de los que no necesitaron de trámites para verse incluidos.
¿Y cómo le van a hacer los simuladores del PRD para incluirse en donde tan no se les toma en cuenta que no hay noticia previa de su existencia? Oh, dioses del Altiplano, todo lo que hacen, su destrucción sistemática de un partido, para acabar cenando con ellos mismos.

No a la muerte

Francisco Valdés Ugalde
El Universal/14 de diciembre de 2008

Gobierno y Legislatura de Coahuila proponen instaurar la pena de muerte. Ha llegado a San Lázaro su iniciativa de reforma. Naturalmente, la propuesta ha generado las reacciones más encontradas que se pueda imaginar. El presidente de la Legislatura coahuilense justifica la propuesta diciendo que se trata de un reclamo de la sociedad. Aún resuena en el ambiente el tétrico dicho del gobernador Moreira en el sentido de que más vale discutir la forma de aplicarla que la validez de aprobarla.
En un sistema de justicia podrido en sus raíces como el de México, en el que se registra uno de los índices de violación a los derechos humanos más alarmantes de América Latina, en el que nueve de cada 10 delitos denunciados quedan impunes, en el que el Ministerio Público y jueces de diversos tribunales registran un alto grado de ineptitud y corrupción, en el que el acceso a la justicia efectiva es una entelequia para la mayoría y sólo realidad para unos cuantos poderosos, en el que sólo recientemente se están dando pasos para reconocer y modificar esta realidad, la introducción de la pena de muerte resulta absurda y sólo puede entenderse como parte de una actitud populista y demagógica.
Se quiere enfrentar un mal dotando de un instrumento adicional y letal al sistema institucional que es en parte causa de tal mal y, así, alimentar la ilusión de erradicarlo. Si no hubiese tantos malos gobernadores, tantos malos funcionarios federales, tantos malos legisladores, tantos jueces corruptos, tantos gobiernos municipales rendidos al dinero de la delincuencia organizada, ¿tendríamos en México una incidencia criminal de las proporciones de la actual? ¿Estaríamos discutiendo la pena de muerte?
Se agrega el hecho de que los compromisos internacionales en la materia no deberían ser revertidos por México. Tampoco puede admitirse en este asunto capital que una entidad obtenga discrecionalidad para aplicarla en su territorio cuando no ha podido siquiera enfrentar al crimen organizado desde las instancias responsables con estándares mínimos cuya ineficacia fuera prueba de que es necesario proceder a conculcar derechos. Se agrega también la prueba internacional de que la pena capital no detiene la incidencia del delito (mírese a EU), por cuanto se trata de una medida cuya aplicación, si no es sumaria, tarda mucho en efectuarse y cuyos procedimientos previos llevan largo tiempo.
Si se quiere atender sensatamente a la demanda mayoritaria de detener la criminalidad, sería mejor que la clase política se ocupase de revisar su propio comportamiento, de cambiar las reglas que le otorgan impunidad, de pagar los costos que implica para todo Estado alcanzar la calidad en la aplicación de los derechos, en vez de lucrar alimentando la histeria colectiva con llamados a retrocesos históricos inadmisibles.
Es hora de decir no a la muerte, venga de la mano que venga.
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

La generación de 2008: luchas estudiantiles en Europa

Massimo Modonesi
La Jornada/14 de diciembre de 2008

Una nueva generación tomó la palabra y las calles. En Italia, Grecia y Francia las movilizaciones estudiantiles ocupan el centro de la escena política, reactivando el conflicto social a contrapelo de las inercias conservadoras que caracterizan estos países.
Como en las huelgas de 1995 que abrieron el ciclo de las protestas antineoliberales en Europa, las oleadas de movilización estudiantil actuales tienen su antecedente histórico en Francia. En 2006, los estudiantes franceses fueron el corazón de la oposición social a la derecha neoliberal. Sus movilizaciones paralizaron durante meses las escuelas y, como en 1968, animaron el conjunto de luchas sociales. Finalmente ganaron, obligando al gobierno a retirar la propuesta de implementación del contrato de primer empleo –que iba a permitir contrataciones temporales por debajo del salario mínimo y despidos inmediatos sin justificación. Los ecos de esta experiencia hacen que hoy la participación estudiantil en Francia se mantenga elevada, crítica y vigilante. En estos días, en los liceos se está organizando un movimiento en contra de una propuesta de reforma de la educación media superior.
En Italia, 2008 fue el año de la Ola (l’Onda), un movimiento estudiantil en contra de los recortes y las reformas neoliberales que logró reunir a su alrededor el conjunto de los sectores del mundo de la educación: maestros, trabajadores y padres de familia. Después de meses de ocupaciones de escuelas y universidades y de multitudinarias marchas bajo el lema “nosotros no pagamos su crisis”, el 11 de diciembre –a la vigilia de una huelga general convocada por el sindicato progresista– el gobierno de Berlusconi decidió posponer las propuestas de reformas. Después del eclipse de la izquierda política en las elecciones de abril, los estudiantes italianos reactivaron la oposición social en un país donde el conservadurismo parecía ser la norma y el horizonte insuperable del debate políticamente correcto.
En Grecia, en estos días de luchas callejeras, los estudiantes expresan no sólo su indignación frente a un abuso policiaco que despierta la memoria de la represión de la dictadura de los coroneles, sino que manifiestan su rabia frente a una orden social que los excluye preventivamente y un gobierno de derecha que los ignora. Como en el caso de las periferias parisinas de 2006, la violencia es una expresión de rabia socialmente acumulada, pero la experiencia de los estudiantes griegos, más allá de la espectacularización mediática de la guerrilla urbana, está atravesada por intensas dinámicas de organización y politización.
Los jóvenes europeos, en distintos momentos y por diversas emergencias coyunturales, están retomando la palabra y recuperando las calles como lugares de convivencia y de lucha. A 40 años de distancia, los fantasmas del 68 vuelven a rondar los palacios de gobierno que las derechas neoliberales de los Sarkozy, Berlusconi y Papoulias ocupan como centros de negocios privados, instancias de mercantilización de toda riqueza pública. Los movimientos estudiantiles de estos años y estos días lograron sacudir las sociedades francesa, italiana y griega de la pasiva aceptación de las derivas de la típica fórmula neoliberal: privatización de la riqueza producida socialmente y socialización de las pérdidas de la crisis ocasionada por unos cuantos. En particular, rechazan dos reglas del despojo: la precarización del trabajo y la mercantilización de la educación.
Si bien, coyunturalmente, las protestas estudiantiles desencadenaron la reactivación de las luchas sindicales, lograron alianzas y obtuvieron apoyo de otros sectores sociales, las perspectivas de convergencia a mediano plazo en una óptica de politización del conflicto no están dadas. Por el momento, en medio de proyecciones inciertas en contextos políticos no favorables, queda la experiencia de una juventud capaz de indignarse y de organizar la resistencia. En la Europa conservadora de estos días, la emergencia de una generación critica y participativa es un relámpago de esperanza en un cielo lúgubre.

La barbarie de la pena de muerte


Arnaldo Córdova
La Jornada/14 de diciembre de 2008


Creo que una verdadera tragedia de la ciencia del derecho penal ha sido siempre el nunca haber logrado una definición verdaderamente universal, convincente, libre de prejuicios sociales y resabios de barbarismos atávicos, de lo que es y debe ser la pena, vale decir, la sanción que se aplica en la comisión de ilícitos de toda índole. La misma palabra siempre suena a algo que en el derecho contemporáneo resulta inadmisible: castigo, venganza, exclusión, confinamiento, aniquilamiento. No hay manual o tratado en la materia en el que no se nos diga que la pena no es sólo sanción, sino un modo de prevenir el delito y regenerar los tejidos dañados en el seno de la convivencia social.
En este punto, no tiene remedio, siempre habrá que recordar al gran fundador de la ciencia del derecho penal moderno, el gran jurista y filósofo del derecho italiano del siglo XVIII, Cesare Beccaria. Fue un enemigo feroz de la pena de muerte y del concepto de la pena como castigo o venganza. Su doctrina se puede resumir en unas cuantas palabras: si la ley es fruto del contrato que los hombres tienen para organizar su sociedad, del consenso popular (él era un contractualista convencido), y es elaborada por los representantes populares, entonces es inadmisible que la pena sea considerada como venganza de la sociedad. El delito es como una enfermedad en el cuerpo social: no se le sana amputándolo.
Los delitos y las penas, decía, deben estar previstos en la ley (esa convicción dio origen a un aforismo emblemático de los foros de la abogacía: nullum crimen, nulla poena, sine legge, no hay crimen, no hay pena, sin una ley), no ser dictados por el juez que juzga al acusado ni, mucho menos, por quienes detentan el poder en la sociedad, político o de facto. Si de eso se trata, la pena debe ser como una operación que subsane el daño causado. De ahí nació la concepción humanista de la pena como sanción que no es vengativa, sino regenerativa y preventiva. Al órgano dañado, hay que curarlo, no extirparlo.
La pena como venganza es pura barbarie y no hay modo de justificarla de otra manera. Era el medioevo, decía el ilustre filósofo. El derecho está destinado a organizar y a regular la convivencia social. Mal se ve una rama del derecho que sólo obedece a instintos oscuros y bestiales que anidan en el alma de los hombres. Aumentar la severidad de las penas hasta hacerlas monstruosamente crueles e inhumanas, según algunos, sirve para azorrillar a los posibles delincuentes. Recuerdo que en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana un alumno presentó una tesis con el título: “Los efectos educativos de la pena de muerte”. Mi maestro, Guillermo Morales Osorio, cuando le tocó el turno de oír los argumentos, dijo: “Pues, ¡qué bien educado queda un cabrón al que le cortan la cabeza!”.
Beccaria consideraba que la pena como castigo o como venganza y, en especial, la pena de muerte, era una auténtica guerra de una parte de la sociedad contra otra. En un pasaje de su memorable obra De los delitos y de las penas, se preguntaba: “¿Por qué parece que en el presente sistema criminal, según la opinión de los hombres, prevalece la idea de la fuerza y de la prepotencia sobre la de la justicia…?” En un verdadero sistema criminal, remataba, hay un valor que debe estar por encima de los demás: el “interés de la verdad”. ¿Cuántos inocentes en la historia habrán sido injustamente condenados por ilícitos que no cometieron ni pensaron cometer? En nuestro medio, como se ha dicho, de 90 a 99 por ciento.
Esta tragedia de la ciencia penal, al no atinar a definir lo que es la pena, en realidad, es una tragedia de la sociedad de nuestros tiempos. Sigue siendo una guerra de una parte de la sociedad en contra de otra. Eso no es derecho. Ese Panchito Pantera que está resultando el gobernador de Coahuila y los monaguillos reaccionarios que hoy dirigen el PVEM, de verdad deben estar convencidos de que se trata de una guerra. El primero, además, con la divisa: “Vean qué machito tienen aquí; si los encuentro, los mato a todos”. La pregunta es siempre obligada: ¿cuántos inocentes serán sacrificados en esa guerra?
Dejemos de lado, por ahora, el que la reforma constitucional de 2005 a los artículos 14 y 22 abolió, definitivamente, la pena de muerte (por cierto, con los votos unánimes de los verdes), y el que México haya signado todos los tratados y convenios internacionales que la prohíben terminantemente. Aquí el problema sigue siendo el mismo desde la época de Beccaria: ¿para que sirve el derecho penal, para qué sirve la pena y, sobre todo, para qué sirve la pena de muerte? Todo mundo en todo el mundo lo ha hecho notar: las penas no asustan a los delincuentes ni les sirven de amenaza. El que comete un delito no piensa en esas cosas y menos si sabe que tiene todas las de ganar al quedar impune.
Desde luego que todos los razonamientos de los más enjundiosos penalistas del mundo con convicciones humanistas acerca de que la pena debe ser, ante todo, educativa y debe servir para rehabilitar al delincuente y reintroducirlo en la vida social como un hombre nuevo no son convincentes en absoluto. Debo decir, empero, que a mí siempre me han convencido. Pero el derecho penal moderno tiene, en todo momento, el mismo enemigo irreconciliable e inconcitable: el deseo de venganza de la sociedad. En primer lugar, al ofendido no se le puede ocurrir que se deba ser racional y generoso con el que lo ha agraviado. Y, luego, nuestras sociedades mojigatas y conservadoras, no pueden admitir que se pueda hacer algo con el delincuente para rehabilitarlo.
En el fondo, se trata de una tragedia de la sociedad y no sólo de una ciencia o de un modo de percibir la realidad. Mientras los hombres sientan que el agravio es una ofensa a sus intereses y no una enfermedad de o un daño a la sociedad, no habrá remedio. Una legión de juristas y abogados estadunidenses han dado sus testimonios sobre el hecho evidente de que, de cada diez condenados, muy probablemente nueve son inocentes. Sobre todo cuando se trata de la población afronorteamericana, tan castigada a lo largo de la historia en Estados Unidos. La pena de muerte y el “ojo por ojo” no sólo son una barbarie, son también una enfermedad de las sociedades de nuestro tiempo, inadmisibles para la civilización, si queremos ser civilizados, cosa cada vez más parecida a un arcano.
PS. En las próximas tres semanas estaré ausente de estas páginas. Ya nos veremos de nuevo.

viernes, 12 de diciembre de 2008

jueves, 11 de diciembre de 2008

Mujer Sonora: Observatorio de medios

Mujer Sonora: Observatorio de medios

Psicosis


Carlos Ornelas
Excélsior/10 de diciembre de 2008


En memoria de Othón Salazar.

Ayer, sin que lo buscara, me encontré en la internet con un corto de la célebre película de Alfred Hitchcock, Psicosis. Nada extraordinario, sólo rememoré la trama. Pero en la madrugada de hoy (martes 9), al pensar en este artículo, la parte sicológica del film, no la macabra, atacó a mi conciencia. Imaginé que la educación básica era como Norman Bates, el personaje que representó Anthony Perkins, donde dos mentes combatían por tener el control de su pensamiento: una débil, la de él; la otra, poderosa, la de la madre muerta. ¡Y me dije!: “El Programa Sectorial de Educación: 2007-2012 (PSE) es Norman Bates, la Alianza por la Calidad de la Educación, la ACE, es su mamá”.
Como todas las metáforas, ésta no tiene poder explicativo, es un artificio que sirve para ilustrar cierta realidad que se quiere exponer. También tiene límites, no se toma todo el argumento de la película. No veo a la ACE como un esqueleto disecado guardado en un sótano. En la situación de México, la ACE es la muchacha de la cinta, todos la elogian, la visten bien, vamos, hasta de la OCDE vienen a México a echarle alabanzas. Mientras que nadie, y digo nadie, ni su misma promotora, la secretaria de Educación Pública, se acuerda del PSE.
Esta sustitución de programas, como en la película, acarrea deformaciones: ya nada se hace en la educación básica sin invocar a la ACE, es parte del discurso del funcionariado y de la dirigente del sindicato, Elba Esther Gordillo, aunque ella con una causa, engendró a la ACE. Si se hacen pruebas o se destina dinero a infraestructura, se debe a la ACE, no importa que, desde meses antes de su firma, el PSE lo haya presupuestado. ¿Adónde hemos llegado? El gobierno renuncia a su programa para dar vida a un proyecto sindical. Es como si la mente de Norman Bates aplaudiera los embates del espíritu de la madre.
El lunes observamos cómo la ACE se transformó en el pináculo de la política educativa en dos pistas distintas. En una, el director adjunto del Directorio de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Bernard Hugonnier, alabó al gobierno porque busca el consenso con todos los actores involucrados en la Alianza, en especial los maestros. Afirmó que, si se quiere alcanzar una reforma integral en el sector, se debe fortalecer la ACE: “de lo contrario”, informa La Jornada (8 de diciembre): “ésta no va a funcionar porque los maestros deben creer que el cambio vale la pena para (los niños). Deben sentirse dueños de las reformas”. La Conferencia México-OCDE era con el fin de discutir la calidad de la educación básica, pero, hasta donde llega la lectura que hice de la prensa, ninguno se acordó del PSE, que el gobierno lanzó con bombo y platillos a finales de 2007.
En la otra pista, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Calderón y la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, casi dicen que la prueba ENLACE es producto de la Alianza. No lo expresaron en esa forma porque sería una falta grave, pero el mensaje iba por ese rumbo. En su reportaje, Ivonne Melgar (Excélsior, 8 de diciembre) observó que en todo momento Elba Esther Gordillo se dirigió al Presidente e ignoró a la secretaria Vázquez Mota, y recalcó que el SNTE signó el pacto con el jefe del Ejecutivo. La señora Gordillo exageró. Tras defender a su organización, de los adversarios que la critican a ella y a su sindicato, expresó que la ACE es “una respuesta rotunda, contundente, a quienes señalan al SNTE como un obstáculo para la modernización educativa”. Y agregó que ésta “representa uno de los mayores retos que haya asumido jamás: sacudir el sistema educativo desde sus cimientos para acompasar, como diría Carlos Fuentes, el nuevo tiempo mexicano”. Pero sabemos que la sacudida al sistema se la dan sus antagonistas.
En ese acto de premiación a niños que respondieron con acierto en la ENLACE, ni al Presidente ni a la secretaria de Educación Pública se les ocurrió mencionar su programa de gobierno. Un malpensado pudiera cavilar que hay una renuncia del Estado a conducir la educación básica. Al igual que Norman Bates, cuando su mente le deja el campo libre a la de la madre, su cuerpo deja de pertenecerle. Al final de la película, Hitchcock nos informa que ella se disculpa de todo crimen y pecado, que le dirá a todo el mundo que su hijo fue el delincuente, no ella. Lo mismo pasará con la ACE y el PSE: si hay logros, se abonarán a la Alianza, las fallas se cargarán al Programa.
Ya sin metáfora: la sustitución de un programa por otro conduce a una política esquizofrénica y la cita de un escritor laureado no acredita la credibilidad de la dirigente. Las fallas, pienso, son del jefe del Estado, quien renuncia a ejercer el poder y se lo presta, para colmo, a una enemiga histórica de su partido.
Retazos
Murió Othón Salazar, un maestro recto, honesto, luchador incansable y apasionado de las causas populares, quien nunca renegó de su credo comunista. ¡Cuántos Othones nos hacen falta!
Carlos.Ornelas10@gmail.com

Percepciones: confianza y satisfacción

Alejandro Canales*

La encuesta más reciente sobre el nivel de confianza que tienen los ciudadanos mexicanos en sus instituciones, medición realizada por Consulta Mitofsky y difundida en octubre pasado, mostró que las universidades, junto con la Iglesia, estaban a la cabeza de la lista y en el extremo opuesto estaban los diputados y los partidos políticos.
Desde 2005, año en el que por primera vez la casa encuestadora incorporó a las universidades en su ejercicio de preguntar “¿qué tanto confía en…?”, las instituciones educativas han aparecido sistemáticamente en las primeras posiciones. Igualmente, las instituciones políticas como los partidos, los sindicatos o los legisladores siguen ocupando las últimas posiciones en los niveles de confianza.
Es decir, aunque se trata de datos subjetivos, dado que ese tipo encuestas miden la percepción de la población entrevistada y los resultados son válidos para ese momento (son una fotografía instantánea), los resultados se sostienen y muestran que la población mexicana confía consistentemente en las universidades.
Los datos de las encuestas, principalmente en el terreno político y comercial, han sido una importante fuente de información para el análisis, la toma de decisiones y orientación de la opinión pública. Pero, es posible que cada vez lo sea más en otros ámbitos y particularmente en el educativo. El asunto no se refiere solamente a los controvertidos y multicitados rankings, uno de cuyos componentes es la opinión de empleadores o expertos.
Hace unas semanas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer un amplio estudio sobre niveles de satisfacción en diferentes áreas en América Latina (“Calidad de vida más allá de los hechos”). El punto es que, contrario a la mayoría de estudios académicos sobre calidad, toma como base de información las percepciones de la población.
El estudio destaca que a pesar de que los indicadores objetivos de calidad de vida son insustituibles, las percepciones que tiene la misma población al respecto son esenciales para el proceso de decisión y la puesta en marcha de las políticas públicas. Ejemplifica: “Si los padres de familia consideran que el sistema escolar funciona bien, ¿qué tanta presión pueden ejercer para que mejoren los métodos de enseñanza?". Por tanto, añade, dado que las percepciones no se pueden inferir por la observación externa, habrá que indagarlas a través de encuestas de opinión, a pesar de las limitaciones y problemas que presenta esa fuente de información.
La base de información del estudio del BID es una encuesta sobre calidad de vida que aplica periódicamente Gallup en el ámbito mundial desde 2006 y en la que están considerados 130 países. En la correspondiente a 2007, el BID solicitó que se incluyeran algunas preguntas más para los 20 países de América Latina, particularmente sobre percepciones y condiciones de acceso a servicios de salud y educación, también sobre calidad de los empleos, las pensiones, la seguridad, etcétera.
En general, el capítulo dedicado al tema educativo, como el resto de temas y el libro en su totalidad, destaca la discordancia que existe entre las mediciones objetivas de la calidad y las percepciones que tiene la población al respecto.
Por ejemplo, señala que de acuerdo con las pruebas internacionales de medición del aprendizaje, como las del Programa Internacional de Evaluación Estudiantil (PISA), las del Estudio Internacional de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) o las del Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS), nadie en la región latinoamericana obtiene resultados satisfactorios si se compara con la OCDE; más grave que ni siquiera respecto de los países asiáticos emergentes. Y, sin embargo, la opinión pública considera que la calidad educativa en sus respectivas naciones es positiva.
Según los datos que presenta, la mayoría de países, México entre ellos, están muy por encima del nivel de satisfacción que cabría esperar en función de los resultados que han obtenido en las pruebas internacionales; Brasil y Chile ligeramente por abajo del nivel esperable, y solamente Argentina presenta niveles significativamente más bajos. En general, dice el reporte, los latinoamericanos tienen una percepción más favorable de sus sistemas educativos (10 puntos más satisfechos) que los habitantes de otras regiones del mundo.
El estudio enfatiza la paradoja —“paradoja de las aspiraciones”, la llama— de que países de la región con menores niveles de cobertura e inferior calidad, en comparación con Chile, consideran que cuentan con muy buena educación.
Las razones que pudieran explicar la paradoja son muy variadas, desde la relativa efectividad por la ampliación de los sistemas educativos, la orientación de las políticas gubernamentales por grupos sociales, las asimetrías de información según estatus socioeconómico y nivel de escolaridad, o por las diferencias de expectativas sobre la actuación gubernamental, por ejemplo. Pero, sin duda, habrá que indagarlas.
* UNAM-IISUE/SES.

¿Cambios en la política nacional de la evaluación a gran escala?

Ángel Díaz Barriga*

Hace unas semanas se dio a conocer la renuncia del director del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), una renuncia adelantada que ha servido para que algunos analistas de la problemática educativa hagan diversos señalamientos sobre el trabajo exitoso de la gestión que concluye, mientras otros han señalado algunas de sus limitaciones.
Ciertamente, con la creación del INEE en el año 2002 se concretó la aspiración de un grupo de académicos que postularon que la mejora de la calidad de la educación en México requería del establecimiento de una instancia de evaluación de los aprendizajes que fuese independiente del Ejecutivo federal y de sus órganos de gobierno. En este caso, la Secretaría de Educación Pública (SEP).
De esta manera, a partir del trabajo que realizaron en el equipo de transición formado en 2000, entre otros temas, impulsaron la creación del INEE. Un IFE (Instituto Federal Electoral) para la educación, entusiastamente argumentaban. De facto desconocían la historia de las pruebas a gran escala en el sistema educativo nacional. Aunque en el proyecto de creación del INEE reconocían que desde 1976 la SEP, a través de la Dirección General de Evaluación, aplicaba diversas pruebas en el sistema educativo mexicano. Consideraban que el problema que tenía tal institución consistía en que las diversas autoridades educativas le habían impedido dar a conocer al público, no a las autoridades, los resultados de los exámenes que aplicaban.
Una vez que la idea no prosperó ante el Congreso de la Unión, convencieron, a través del entonces secretario de Educación, al presidente de la República para crear por decreto este instituto. Cinco académicos presentamos proyectos para la dirección del mismo y el Consejo Directivo designó como director a quien venía trabajando la idea desde principios de ese sexenio.
Con un significativo esfuerzo, se fue creando el instituto, recuperó en un primer momento las bases de IDANIS (Instrumento de Diagnóstico para los Alumnos de Nuevo Ingreso en Secundaria), pero al ver sus limitaciones, asumió la tarea de elaborar un nuevo examen, la prueba EXCALE (Examen de Calidad y el Logro Educativo), el cual empezó a aplicar de manera muestral en 2005 en el ámbito nacional. En el intermedio se responsabilizó de aplicar algunas pruebas internacionales (PISA, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos —por sus siglas en inglés—, y la prueba que elabora el Laboratorio de Medición de la Calidad de la Educación de la UNESCO). Inexplicablemente, también formuló una serie de talleres sobre evaluación para periodistas.
Antes de concluir el sexenio en el que se creó el INEE, también de manera inexplicable se aplicó por primera vez (2006) una prueba censal a todos los estudiantes de tercero a sexto grado y de tercero de secundaria llamada ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico de Centros Escolares), diseñada por la misma instancia que elaboraba los antiguos exámenes ahora denominada Dirección de Evaluación de Políticas, de la SEP.
Exámenes, alumnos y maestros
En el ámbito estatal ya se observaba una tendencia a crear instancias (institutos, direcciones, coordinaciones) de evaluación que aplicaron una prueba local, realizadas por las autoridades educativas de cada estado.
En ningún momento se dejaron de aplicar otras pruebas que en la historia de la evaluación a gran escala en México se venían utilizando, como la prueba IDANIS, la cual que se aplica a todos los estudiantes que concluyen el sexto grado de educación primaria, y la Prueba de Factor de Aprovechamiento Escolar (para los alumnos cuyos profesores están en el programa de carrera magisterial).
Esto es, hoy, un alumno de sexto de primaria debe resolver hasta cinco diversos exámenes nacionales y/o estatales a lo largo de su curso escolar.
El supuesto de quienes defienden la aplicación de estas pruebas es considerar que con ello y la difusión de sus resultados, de manera automática, se elevará la calidad de la educación; supusieron que los maestros (sujetos en general ignorados en los informes de los exámenes) utilizarían esos resultados para mejorar su trabajo en el aula.
Aunque en algunos informes de evaluación pudimos observar con asombro cómo se enunciaba que el mismo era para las autoridades educativas (quienes desde el principio de las actividades de evaluación, a fines de los años setenta, disponían de los mismos) y para la sociedad, en realidad para los medios de comunicación. En realidad, para llenar los encabezados de la prensa por dos o tres semanas. Los maestros de grupo fueron ignorados.
Recordemos que los planes de estudio de las escuelas normales hasta antes de 1984 ofrecían contenidos para el aprendizaje del sentido de las pruebas a gran escala (llamadas pruebas objetivas desde los años sesenta) y después de 1984 cursaban la materia "Evaluación del aprendizaje", pero que en la reforma de 1997, con el erróneo lema de “Abajo el teoricismo”, se eliminaron asignaturas fundamentales para la formación del profesor como profesional de la educación, entre ellas, psicología del aprendizaje, didáctica y evaluación del aprendizaje.
Es lamentable que quienes hacen evaluación se preocupen escasamente de los profesores, y es preocupante que en todo el proceso de reforma educativa actual el plan de estudios “antiteórico” que tienen las escuelas normales no se pueda modificar.
En todos los exámenes los alumnos obtienen resultados deficientes. La noticia es manejada en todos los colores en los medios nacionales. Sólo desde el año pasado se han empezado a formular algunos cursos para los profesores, en algunas de las asignaturas con mayor deficiencia. En ellos se presupone una ausencia de formación disciplinar por parte del docente, lo cual es cierto, pero también en el fondo es el resultado de un plan de estudios normalista deficiente.
No hay una preocupación por que los profesores entiendan cuál es el significado de cada resultado en un examen, ni mucho menos que analicen lo que pueden hacer en el sentido pedagógico/didáctico respecto del mismo.
Gastos y costos
Pero México es seguramente el país que más gasta en exámenes y, al mismo tiempo, donde los resultados de los mismos se manejan de la manera más ineficiente.
La información de qué se dispone al respecto es escasa. Cada aplicación de ENLACE tiene un costo al erario público de 200 millones de pesos, el derecho a participar en la prueba PISA obliga al gobierno mexicano a pagar al consorcio PISA un millón de dólares. Paradójicamente es en el Tercer Mundo donde se financian las acciones del consorcio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que concentra el dinero de los países de economías más fuertes.
De los otros exámenes no sabemos sus costos: EXCALE, IDANIS, Prueba Estatal, Prueba de Factor de Aprovechamiento Escolar. Se gasta mucho para llenar informes con datos estadísticos, para reiterar las deficiencias que subsisten en el aprendizaje de los estudiantes.
Es urgente, incluso por los problemas económicos que enfrenta el país, avanzar hacia una racionalización de los recursos económicos que se aplican en los exámenes. Es urgente establecer una prueba nacional, y sólo una. Hacia esta ruta debe encaminarse una política de Estado.
Otros problemas se encuentran en el exceso de evaluaciones que se realizan actualmente. Los organismos que construyen exámenes a gran escala deben ir más allá de sus visiones actuales. Se debe reconocer que las pruebas reflejan una teoría del test, una teoría de aprendizaje y una teoría del contenido. Esto es, las pruebas no son neutras.
Ausencia de información
En la actualidad, debemos reconocer que los actores que desarrollan las pruebas difícilmente informan a partir de qué teoría del testla hacen, no informan sobre el mecanismo que siguen para determinar el valor de los contenidos que seleccionan en la construcción de la misma.
En ocasiones informan que usan una metodología de análisis curricular ad hoc para determinar los contenidos (lo que puede significar cualquier cosa); los autores de la prueba no informan cuál es el concepto de aprendizaje que han asumido, informan muy poco acerca de cómo calibran los ítemsy cómo obtienen la “validez de constructor”, tema básico para una medición.
Ninguna instancia de evaluación se ve obligada a asumir una perspectiva pedagógico didáctica de los exámenes. La evaluación, digan lo que digan, se encuentra desligada de los avances actuales en el campo de la didáctica, de los desarrollos que llevan a construir diversas estrategias de enseñanza o a crear situaciones didácticas específicas.
La investigación pedagógica camina por una ruta, mientras la creación de exámenes avanza por otra. Incluso, el tratamiento de los contenidos se ve limitado con la evolución de las pruebas, baste ver libros como los que han creado algunas editoriales privadas (Aprobemos, Santillana) para ver cómo, en vez de revisar el sentido del contenido escolar, se generan prácticas de entrenamiento en niños para el “llenado de bolitas”.
La evaluación mexicana es claramente psicometrista (PISA tarda 13 meses en elaborar el marco teórico de las pruebas, de eso informa; dice que las calibra en tres a seis meses, pero no explica cómo lo hace; dice que las traduce en dos meses, tampoco informa por qué contrató a una compañía belga para esta tarea, pero la prueba la aplica cada tres años. Por lo menos es un poco más seria que la mayoría de las mexicanas).
En otros países se hace una prueba nacional, con sus resultados se hacen talleres con docentes para analizar: ¿qué significan los resultados?, ¿a qué se deben esos resultados?, y ¿qué pueden hacer en el salón de clases frente a esos resultados?
Esto es, los exámenes nacionales tienen una función de retroalimentación. En México los resultados son para la autoridad educativa y para la prensa.
El cambio, en la conducción del INEE representa un momento para revisar la política nacional centrada en las pruebas a gran escala, exige plantearse con responsabilidad ante el país cómo racionalizar recursos.
Es urgente, tal como lo concebí en un proyecto hace seis años, pensar en un examen a gran escala que acompañe al profesor en su compleja tarea de atender el proceso de aprendizaje y el proceso de formación de 40 alumnos, 40 personas que tienen formas de aprendizaje particulares, que provienen de diversos sectores sociales y culturales. Esto, en el caso de que sólo atienda a un grupo; 80 si está frente a dos grupos, en el caso de primaria, y más de 240 en el caso de que trabaje en secundaria.
Pendientes
No basta con hacer informes llenos de cuadros estadísticos (referidos al rendimiento o referidos a las condiciones socioeconómicas de los alumnos) para documentar que quienes provienen de sectores menos favorecidos tienen menor rendimiento escolar.
Es necesario informar cómo se construyen estos instrumentos, qué tipo de aprendizaje privilegian (recuerdo, uso primario de la información, resolución de problemas simples o de problemas complejos).
Es necesario que exista una articulación pedagógica entre quienes construyen pruebas y quienes formulan el currículum. Siempre hemos afirmado que el aprendizaje se promueve en el trabajo en el aula, no en el momento de un examen. Es urgentísimo modificar el plan de estudios de la escuela normal.
Hoy no sabemos quiénes reprueban a través de los resultados de los exámenes. Pero lo que es claro es que no son los alumnos los únicos reprobados. Sus resultados significan un trabajo pedagógico deficiencia en el aula, pero también significan un desacierto de las autoridades educativas, de quienes hacen planes de estudio (de básica y de normal).
Resultados deficientes también significan que estamos en una crisis estructural de la escuela, la cultura escolar no pudo adaptarse a una cultura social, no refleja las grandes desigualdades de la sociedad mexicana.
Esos resultados reflejan una deficiente investigación didáctica en México, una ausencia de un sistema de acompañamiento pedagógico al trabajo docente. Reflejan un desinterés de la sociedad en general por lo que acontece en la educación. Una irresponsabilidad de los medios de comunicación masiva, particularmente de la televisión, para coadyuvar en el incremento de la cultura en la nación.
México no necesita más exámenes, necesita modificar una política nacional sobre las pruebas a gran escala, sobre la formación de maestros, sobre los medios culturales. Los evaluadores están obligados a asumir su tarea con más humildad, con mayor sentido pedagógico, con más responsabilidad social.
Se requiere crear una institución evaluadora en el ámbito nacional; se requiere que esté abierta a discutir con todas las tendencias, escuelas, corrientes de pensamiento no sólo del campo de la evaluación, de los estudiosos de la sociedad, sino también de los didactas, de quienes trabajan por renovar la nueva cultura escolar. Se requiere que los resultados de la evaluación se consideren como elementos que acompañen el quehacer docente, así sucede en otros países, pero sólo así se podrá mejorar la educación.
* Investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx

El maestro Othón Salazar

Adolfo Sánchez Rebolledo
La Jornada/11 de diciembre de 2008

La Montaña de Guerrero está de luto y junto a ella incontables ciudadanos de nuestro país. La muerte de Othón Salazar –maestro, hombre de bien, revolucionario auténtico– es motivo de dolor para el pueblo que lo vio nacer, para sus camaradas de ayer y de hoy, para los que tuvimos el orgullo de beneficiarnos de su trato siempre afable y cordial y, sobre todo, de sus lecciones vivas de dignidad. Cuando se escriba la historia de la lucha por la justicia social del siglo XX, la presencia del maestro guerrerense ocupará un alto sitial en la conciencia nacional, junto a otros ilustres mexicanos que lo dieron todo sin pedir nada a cambio.
En Othón no hay divorcio entre lo que se piensa y se vive. Su vida es ejemplo de austeridad privada y coherencia pública. Dotado de una extraordinaria energía personal, deja el hogar familiar alcozauquense para emprender la aventura del magisterio que en él será el ejercicio de un destino vocacional y la realización práctica del proyecto de emancipación social que anima sus pasos. El profesor Salazar surge de la escuela normal creada por la Revolución Mexicana como sustento de una nueva sociedad nacional. Allí aprende los valores constituyentes del laicismo, asume los principios de la igualdad e incursiona en las doctrinas socialistas que nunca abandonará. Forjado en el clima moral del cardenismo que halla una de sus cúspides en la gesta de la educación rural, las inquietudes del joven maestro crecen en la medida que profundiza sus conocimientos, afinando las armas de la inteligencia y la palabra. Muy pronto, sus compañeros reconocen en él al dirigente confiable, capaz de representarlos siempre con genuina modestia, pero con absoluta firmeza. Esa voluntad de no tolerar las injusticias que abruman a la sociedad mexicana lo harán el militante comunista íntegro, cabal, que sus contemporáneos conocieron y respetaron. Gracias a su extraordinaria capacidad de expresar las ideas con claridad y emoción, para defenderlas con firmeza, pero sin ofuscamiento, Othón escribirá una página memorable en los patios de la Secretaría de Educación Pública, donde los maestros resisten al oprobio. Ese episodio, acaso el más conocido de todos, no será el único.
A través de los años su voz se escucha clara y vibrante en las plazas públicas de los pueblos del sur, atrofiados por el hambre y el olvido; en el teatro Ideal, donde su voz resuena con aires radicales al saludar a la primera delegación del Ejército Rebelde fidelista; en las reuniones partidistas a las que siempre lleva el mensaje de los más desamparados, en los salones del poder legislativo a los que la izquierda acude para cambiar a México, en las marchas por la dignidad a través de los páramos de La Montaña portando la bandera tricolor; a la cabeza de los indígenas que exigen justicia, no caridad, hablando el lenguaje universal de la esperanza; en el palacio municipal de Alcozauca donde los niños aprenden a amar a Vicente Guerrero y a poner por delante ese indestructible proyecto de futuro que para él es la patria liberada.
Cuando la historia lo llama a defender los intereses del magisterio oponiéndose a las oscuras maniobras oficiales, la figura de Othón crece ante la miseria moral de sus adversarios: los funcionarios de la SEP; los prevaricadores de la “clase política” oficialista; los falsos representantes sindicales que ya entonces, hace más de medio siglo, pretendían regentear a su antojo la organización que en teoría debía representar los intereses legales e históricos de los maestros. En medio de aquella lucha desigual, Othón comprende que el abandono secular de la enseñanza no es, solamente, el resultado pernicioso (pero corregible) de algún mal gobierno; había algo más: la subestimación del magisterio como un protagonista importante en la vida nacional reflejaba, en exacta proporción, el ascenso de la burocracia sindical suplantando la voluntad democrática de los propios maestros.
Así, esa lacra conocida como charrismo venía a cancelar, junto con otros derechos básicos, la posibilidad de hacer de la educación pública la gran palanca que el desarrollo humano estaba exigiendo. Simplemente los intereses dominantes la habían instrumentalizado para servir al propósito de mantener el control, la pax publica. Planes e inversiones se multiplican, es cierto, pero la educación mexicana, sin la participación democrática de los maestros, no consigue salir de la crisis. El resultado, lo estamos viendo, es la sustitución de la enseñanza fundada en el laicismo como un medio para la emancipación positiva de la mayoría por una visión raquítica, poco comprometida con la renovación ética y cultural de la nación.
Habérselo recordado a gobernantes autocomplacientes en plena euforia desarrollista fue el mayor delito de Othón Salazar. Él no se conformó con un magisterio dócil, cautivo del juego gremial, poderoso en potencia aunque pasivo y débil en los hechos. Por eso sufrió represalias, despido, cárcel, ninguneo. Para él, así lo dijo muchas veces, la crisis de la educación sólo podía resolverse con una perspectiva de Estado, a través de una gran reforma nacional. Y ésta tenía que apoyarse en la conciencia autónoma de las masas, en sus organizaciones gremiales y políticas y en la movilización sin tregua en defensa de sus ideales. Sólo desplazando del poder a los grupos que administran la pobreza, amparándose en promesas y demagogia, sería posible construir el futuro.
Despojado de su plaza laboral (la cual para vergüenza de las autoridades educativas jamás le fue reintegrada), no se resignó a vivir de rodillas. Prosiguió la lucha patriótica en defensa de los humildes. Su voz retumbó en los pueblos, alertando a los trabajadores o dialogando con los universitarios. Incansable, optimista y congruente, jamás hizo a un lado los principios socialistas que se fortalecieron en la tierra que lo vio nacer y morir. Aquí, en su municipio natal, Alcozauca, del que sería presidente, contribuyó al triunfo del primer ayuntamiento de izquierda de la época moderna, haciendo posible el despliegue de la democracia a través de La Montaña entre las comunidades indígenas, históricamente olvidadas por todos.
Hoy nos unimos en homenaje póstumo al alcozauquense más importante de su historia. Por una vez, la izquierda se muestra unánime en el reconocimiento. Ojalá sepa aprender de las enseñanzas esenciales del maestro: la humildad, la tenacidad, el buen ánimo y su rechazo a las componendas sin principios, su fidelidad a la gente humilde, la congruencia personal sin la cual no hay proyecto colectivo digno de tal nombre. A los habitantes de Alcozauca, a la gente de La Montaña, a sus familiares y camaradas, un adolorido abrazo. No te olvidaremos, Othón.
(Texto leído en el funeral del maestro Othón Salazar, Alcozauca, 5 de diciembre de 2008. A Ligo Salazar, un abrazo.)

Ley de medios, transición digital, convergencia

Ramón Cota Meza

El debate sobre la ley de radio y televisión se ha recrudecido los últimos días por una iniciativa senatorial para renovar automáticamente las concesiones de espacio radioeléctrico a veinte años. Como es obvio, estamos ante un parche más de la defectuosa ley aprobada, de los muchos parches que le faltan, a menos que se acuerde una iniciativa cuyo centro sea la transición digital y la convergencia de los medios en Internet como imperativos tecnológicos, no como buenos deseos, sino como el reconocimiento de una tendencia que terminará por imponerse.

El papel de los medios en la sociedad de la información no puede ser encuadrado en nociones de los 1960. Una pifia de la ley aprobada fue regatear el espacio radioeléctrico a los medios, sin sospechar que la digitalización lo comprime, como se comprime el disco duro de una computadora. Por tanto, la acusación de que la ley cede espacio radioeléctrico al temible duopolio no viene al caso, pero influyó para excluir de la ley la renovación automática de las concesiones, lo que, desde luego, no significa que todo concesionario consiga renovar su concesión al margen de su desempeño.

La iniciativa senatorial busca parchar ese hoyo, después de haber propuesto otro parche, que todas las concesiones de AM sean canjeadas por FM, algo que hubiera sido resuelto fácilmente con una iniciativa de transición digital y convergencia en Internet. Por razones de costos, planes de largo plazo, eficiencia y cobertura, la transición es deseable (e inevitable) para todo negocio serio en este campo. El propósito de perdurar está implícito en el tránsito mismo hacia la era digital, de modo que la renovación automática de las concesiones tiene sentido, siempre que las leyes sean respetadas.

Ahora bien, a medida que la convergencia de los medios en Internet se vaya generalizando, el vínculo de la regulación estatal tendrá que ser el acceso a la producción y distribución de contenido por Internet, más que el usufructo del espacio radioeléctrico. Esto sin contar con que nuevas técnicas de digitalización puedan comprimir el espacio radioeléctrico aún más, antes del año 2021, cuando la comunicación analógica será declarada formalmente extinta en México. Pero mientras exista la recepción AM, los medios tendrán que transmitir por AM y FM a la vez, lo que da la apariencia de monopolización, pero no hay tal; lo que hay es un estatus transitorio.

Ninguno de estos argumentos hace mella en los heroicos adversarios del duopolio televisivo, quienes han ido mezclando sus nociones del tema con las adherencias políticas acumuladas en el proceso. Su principal debilidad es ignorar la relación entre la escala de operación, los contenidos, el ingreso por publicidad y los estilos de los medios de comunicación masiva. Ya que los costos fijos y de modernización constante son muy altos, el negocio tiene que alcanzar una cierta escala de cobertura, lo que obliga a ensalzar los gustos y las virtudes promedio, con ratings irrevocables sobre la programación. Sin publicidad no hay negocio. Por lo menos durante muchos años, la televisión y la radio comerciales de escala masiva seguirán explotando los patrones hasta ahora mostrados. Lo cual no impide que sigan incursionando en nuevos segmentos de audiencia en la barra nocturna.

Otro equívoco de los impugnadores del duopolio televisivo es creer que el dominio de la audiencia promedio por dos televisoras es un obstáculo a la libre competencia, como si hubiera muchos interesados en entrar al negocio. De hecho, sólo uno ha levantado la mano (General Electric-NBC-Telemundo), sólo para retirarla ante el pequeño detalle de que su país (Estados Unidos) restringe drásticamente la participación de Televisa y TV Azteca. Mientras no haya un principio de reciprocidad en la materia entre ambos países, ninguna televisora comercial de Estados Unidos podrá tener una concesión de alcance nacional en México.

Más grave que todos estos malentendidos es el vicio original de la ley de radio y televisión, resultado de una escalada de acciones y reacciones entre medios de comunicación y clase política en general. La ley resultante estuvo animada por el temor de los políticos a ser destruidos por la radio y la televisión, dejando de lado los asuntos básicos a legislar. Parece que hasta ahora los están descubriendo, aunque sólo por la necesidad mutua de encontrar una base de entendimiento.

***

Presentar argumentos favorables a los medios de comunicación comercial masiva no es una posición cómoda. Pero subrayar su nuevo contexto tecnológico como base de su institucionalidad futura no significa aplaudir el contenido de su programación. Ante las consecuencias indeseables de ciertos mensajes frívolos para la escala social de valores, hay que seguir fomentando la televisión y la radio públicas, que parecen estar viviendo un momento creativo. Con recursos limitados, los medios públicos ponen en acción buenas ideas, en una atmósfera optimista sobre sus posibilidades culturales. No hay duda de que el apoyo a estos medios debe aumentar, aun en caso de restricción presupuestal, porque el público suele estar más abierto a nuevos mensajes en los momentos de crisis.

En suma, deberíamos preocuparnos menos por las supuestas consecuencias perniciosas de la televisión comercial y más por el crecimiento de los medios públicos para emparejar el score. Después de todo, la televisión y la radio comerciales tienden por sí mismas a encontrar un balance entre su frivolidad intrínseca, la promoción constante de la solidaridad y la superación personal y la exploración de segmentos marginales de audiencia. En el futuro inmediato, la competencia no será por las grandes audiencias promedio, sino por los nuevos segmentos a través de Internet. El televisor mismo será una computadora on line.

Así que hace falta una ley de transición digital y convergencia en Internet, que subsuma las disposiciones válidas de la ley actual. Y separar los terrenos de disputa entre la clase política y los medios, ubicándolos en las leyes civiles y penales, como corresponde. Por supuesto, una violación grave o violaciones sistemáticas de los concesionarios a las leyes del honor y la dignidad personales, por ejemplo, deberían acreditarse contra la renovación de su concesión, pero sin mezclar los asuntos en una sola ley, porque así mezclados se prestan a la manipulación.

Agradezco a Fernando García Ramírez y Enrique Krauze su hospitalidad para mis artículos en Lupa Ciudadana.

blascota@prodigy.net.mx