Javier Corral JuradoEl Universal/9 de diciembre de 2008
Operador sinuoso de la aprobación de la ley Televisa hace tres años, Manlio Favio Beltrones no desiste en restituirle al duopolio de la tv las prebendas legales que hace más de un año perdió por virtud de la sentencia de inconstitucionalidad emitida por la SCJN sobre las principales y abusivas pretensiones de esa reforma.
Impune en términos de la sanción pública que señaló a otros operadores menos taimados que él y Emilio Chuayfet, Beltrones quiere regresarles el refrendo automático a perpetuidad, ahora disfrazado de prórroga, reiterándoles cada 20 años las concesiones mediante un acto discrecional de la autoridad, por tiempo indefinido. Ello sin que, como estableció la Corte, al término de las concesiones éstas se vuelvan a licitar dando entrada a nuevos solicitantes y sólo en caso de empate por una igualdad absoluta de posiciones se prefiera al actual concesionario sobre terceros.
La desfachatez de Beltrones en la iniciativa presentada la semana pasada, y suscrita por otros cuatro senadores aspirantes a gobernadores, tiene el colmo del cinismo: hacerlo en nombre de la sentencia de la Corte, para dotar de “seguridad jurídica a las empresas de comunicación”. En ese planteamiento tramposo se va muy lejos, manipula el texto de la sentencia a su antojo, edita párrafos, rasura renglones y omite criterios esenciales que, de ser citados, pondrían a la vista la embustera interpretación que hace de lo que se asentó en el engrose de aquella resolución judicial, votada por unanimidad.
Más allá de tratar de prostituirles a nuestros jueces constitucionales su lenguaje, la iniciativa tiene errores técnicos de primer orden al pretender comparar las telecomunicaciones —ya no digamos minas, pesca, aguas, puertos, carreteras, aeropuertos o ferrocarriles— con la radio y la tv, no sólo por la función social que tiene asignada, sino porque ni una sola de las actuales concesiones de radio y tv abiertas se sometieron antes a un proceso de licitación, ni se pagó por ellas un solo centavo al Estado.
Para justificar la omisión de la licitación, Beltrones envía una bola engañabobos al decir que por lo menos ahora sí pagarían una contraprestación al recibir la prórroga, y hasta en eso trampea. En un comunicado difundido el mismo día en que la iniciativa se presentó, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información afirmó que: “Esa no es más que una simulación porque sugieren que para integrar ese pago se tome en cuenta el valor de los espacios que las estaciones de radio y televisión tienen obligación de entregarle al Estado. Entre esos espacios se encuentra el tiempo para propaganda de los partidos políticos cuya gratuidad estableció la reforma constitucional de hace un año”.
Así que de prosperar la iniciativa de Beltrones, los empresarios de la tv y la radio no sólo no pagarían por la renovación de sus concesiones. Además existiría la posibilidad de que el Estado tuviera que pagarles la diferencia entre los derechos por la prórroga y el monto de los tiempos estatales que hasta ahora han tenido que abrir para la difusión de mensajes institucionales y, ahora, de los partidos.
¿En qué se basa Beltrones para hacer una propuesta tan regresiva? ¿Dónde deposita su apuesta de que no le costará políticamente proponer una iniciativa contraria al interés público y a la soberanía del Estado? Sin duda, en la cultura de la complicidad y la simulación que se vive en la política partidista, primero, y luego en la red de protección, convenios y alianzas que cada día aumenta entre los medios electrónicos y los medios impresos, lo que minimiza si no es que excluye el tratamiento de estos asuntos.
Es claro que se trata de una maniobra electorera que busca congraciarse con los principales consorcios mediáticos del país y redimirse ante ellos, a manera de arrepentmiento, por lo que se hizo en la reforma electoral, que les afectó jugosas ganancias al prohibirles a partidos y candidatos la compra de propaganda electoral en radio y tv. Quizá tenga la misma motivación que el planteamiento de restablecer en la Constitución la pena de muerte, para llamar la atención y documentar ante los interesados que por lo menos se intentó aunque fueron otros los que no quisieron. Pero la experiencia aconseja que debemos estar alerta, pues más que la Navidad y los Santos Reyes, las campañas electorales traen grandes regalos para los propietarios de los medios.
Impune en términos de la sanción pública que señaló a otros operadores menos taimados que él y Emilio Chuayfet, Beltrones quiere regresarles el refrendo automático a perpetuidad, ahora disfrazado de prórroga, reiterándoles cada 20 años las concesiones mediante un acto discrecional de la autoridad, por tiempo indefinido. Ello sin que, como estableció la Corte, al término de las concesiones éstas se vuelvan a licitar dando entrada a nuevos solicitantes y sólo en caso de empate por una igualdad absoluta de posiciones se prefiera al actual concesionario sobre terceros.
La desfachatez de Beltrones en la iniciativa presentada la semana pasada, y suscrita por otros cuatro senadores aspirantes a gobernadores, tiene el colmo del cinismo: hacerlo en nombre de la sentencia de la Corte, para dotar de “seguridad jurídica a las empresas de comunicación”. En ese planteamiento tramposo se va muy lejos, manipula el texto de la sentencia a su antojo, edita párrafos, rasura renglones y omite criterios esenciales que, de ser citados, pondrían a la vista la embustera interpretación que hace de lo que se asentó en el engrose de aquella resolución judicial, votada por unanimidad.
Más allá de tratar de prostituirles a nuestros jueces constitucionales su lenguaje, la iniciativa tiene errores técnicos de primer orden al pretender comparar las telecomunicaciones —ya no digamos minas, pesca, aguas, puertos, carreteras, aeropuertos o ferrocarriles— con la radio y la tv, no sólo por la función social que tiene asignada, sino porque ni una sola de las actuales concesiones de radio y tv abiertas se sometieron antes a un proceso de licitación, ni se pagó por ellas un solo centavo al Estado.
Para justificar la omisión de la licitación, Beltrones envía una bola engañabobos al decir que por lo menos ahora sí pagarían una contraprestación al recibir la prórroga, y hasta en eso trampea. En un comunicado difundido el mismo día en que la iniciativa se presentó, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información afirmó que: “Esa no es más que una simulación porque sugieren que para integrar ese pago se tome en cuenta el valor de los espacios que las estaciones de radio y televisión tienen obligación de entregarle al Estado. Entre esos espacios se encuentra el tiempo para propaganda de los partidos políticos cuya gratuidad estableció la reforma constitucional de hace un año”.
Así que de prosperar la iniciativa de Beltrones, los empresarios de la tv y la radio no sólo no pagarían por la renovación de sus concesiones. Además existiría la posibilidad de que el Estado tuviera que pagarles la diferencia entre los derechos por la prórroga y el monto de los tiempos estatales que hasta ahora han tenido que abrir para la difusión de mensajes institucionales y, ahora, de los partidos.
¿En qué se basa Beltrones para hacer una propuesta tan regresiva? ¿Dónde deposita su apuesta de que no le costará políticamente proponer una iniciativa contraria al interés público y a la soberanía del Estado? Sin duda, en la cultura de la complicidad y la simulación que se vive en la política partidista, primero, y luego en la red de protección, convenios y alianzas que cada día aumenta entre los medios electrónicos y los medios impresos, lo que minimiza si no es que excluye el tratamiento de estos asuntos.
Es claro que se trata de una maniobra electorera que busca congraciarse con los principales consorcios mediáticos del país y redimirse ante ellos, a manera de arrepentmiento, por lo que se hizo en la reforma electoral, que les afectó jugosas ganancias al prohibirles a partidos y candidatos la compra de propaganda electoral en radio y tv. Quizá tenga la misma motivación que el planteamiento de restablecer en la Constitución la pena de muerte, para llamar la atención y documentar ante los interesados que por lo menos se intentó aunque fueron otros los que no quisieron. Pero la experiencia aconseja que debemos estar alerta, pues más que la Navidad y los Santos Reyes, las campañas electorales traen grandes regalos para los propietarios de los medios.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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