viernes, 27 de febrero de 2009

Los anti-Bolonia ganan el referéndum en la UB con el 20% de participación

EL PAÍS.Com/27 de febrero de 2009

Los estudiantes contrarios al proceso de Bolonia (convergencia de los estudios universitarios en Europa) ganaron ayer el referéndum convocado en la Universidad de Barcelona (UB). Votaron el 20,3% de los casi 60.000 alumnos. Contra Bolonia, el 93,1%; a favor, el 5,8%, y los votos nulos y en blanco fueron el 1,1%. El no a Bolonia fue mayoritario en todos los centros, en mayor medida en las facultades de Geografía e Historia, Psicología y Bellas Artes. La participación superó la habitual de los alumnos. En los últimos comicios votó el 7,2%. El resultado será vinculante para la posición de los estudiantes en el claustro. Unos 30 llevan meses encerrados en la UB contra el proceso de Bolonia.

Cobra la UJED más de un millón de pesos por información de su nómina

Saúl Maldonado(Corresponsal)
La Jornada/27 de febrero de 2009

Durango, Dgo., 26 de febrero. Miguel Ángel Ortiz Castañeda, catedrático y director de la escuela de matemáticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), solicitó al Departamento de Acceso a la Información Pública de la institución la nómina completa de varias facultades, pues sospecha que hay personas que cobran sin trabajar.
Luego de perder varios recursos legales el año pasado, las autoridades universitarias accedieron a entregarle la documentación solicitada, pero le cobran un millón 99 mil pesos por gastos de papelería.
Ortiz Castañeda solicitó la información en octubre del año pasado y las autoridades universitarias se la negaron con el argumento de que eran datos confidenciales. El catedrático presentó un recurso de inconformidad ante la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (CETAIP). Este organismo indicó a la UJED que por ley tenía que entregar los datos solicitados, pues no son confidenciales ni reservados.
En enero pasado, las autoridades universitarias ofrecieron al solicitante los montos que gana cada trabajador de las facultades y escuelas solicitadas. El demandante se inconformó con la respuesta.
Interpuse otro recurso porque quiero que comprueben con documentos que las cifras que están dando a conocer son correctas; que me muestren copias de los talones de pago de algunas quincenas para verificar que cada trabajador de la universidad gana lo que señalan, dijo Miguel Ángel Ortiz.
La CETAIP le dio la razón por segunda ocasión y ordenó a la UJED entregar los documentos.
Este mes la universidad anunció al académico que le cobraría los gastos de impresión de los documentos, que ascendería a un millón 99 mil 440 pesos. Si los tiene, adelante, le damos la información, fue la respuesta.
Ortiz Castañeda recurrió por tercera vez a la CETAIP, que ordenó a la UJED aclarar cómo calculó el monto solicitado. Eva Gallegos Díaz, secretaria ejecutiva de la CETAIP, señaló que la casa de estudios pretende cobrar 45 pesos por cada hoja. Le entregaría al catedrático la nómina de 16 quincenas, y cada una consta de mil 500 hojas.
Gallegos Díaz aclaró que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Durango señala que un organismo público debe entregar a un solicitante de información hojas simples, no notariadas, las cuales cuestan poco más de dos pesos por hoja.
Según personal de la CETAIP, Miguel Ángel Ortiz debería pagar alrededor de 50 mil pesos, que es el costo del material a utilizar para la información solicitada.
Ante la negativa de la UJED a bajar el costo por hoja, la CETAIP emitió un apercibimiento, y le dio 10 días para reducir el costo a lo estipulado por la ley estatal y entregar la información al solicitante.
Jaime Fernández Escárcega, encargado de la Unidad de Información Pública y director de Derechos Humanos de la UJED, sostuvo que no ha recibido notificación alguna de la CETAIP y se negó a hablar más al respecto hasta que llegue. Por lo pronto, la secretaria ejecutiva de la comisión advirtió que si la UJED no cumple se le impondrá una sanción económica, y si persiste en su negativa ya veríamos.

Se debe dar prioridad en recursos a instituciones de enseñanza superior

Laura Poy Solano y Emir Olivares Alonso
La Jornada/27 de febrero de 2009

José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que se debe ser selectivo y generar prioridades en la aplicación de fondos federales, en particular los destinados a la educación superior, pues aseguró que se debe privilegiar el esfuerzo del sector público.
Enfatizó que es necesario seguir apoyando la consolidación de este nivel educativo en todo el país, pero fundamentalmente a las instituciones públicas.
Al participar en la ceremonia en la que se festejó el 50 aniversario del Jardín Botánico del Instituto de Biología, Narro Robles también destacó que la UNAM es la única universidad verdaderamente nacional con una historia y tradición que no se puede improvisar ni inventar.
En ocasiones se piensa que es muy fácil inventar las cosas, y creo que con tan poca sensibilidad se pierde la dimensión, porque la nuestra es una universidad nacional, aseguró luego de que la Secretaría de Educación Pública anunció la creación, en septiembre próximo, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México.
Es muy fácil que la gente se confunda, agregó: acuérdense de lo que pasó con una biblioteca nacional. Espero que no sea la misma confusión, pues la UNAM por ley tiene el nombre, la condición y socialmente tiene el reconocimiento; para qué nos confundimos, esta es la universidad de la nación. Por ello, advirtió que se debe ser muy cuidadoso con los temas, las palabras y las denominaciones.
Por separado, el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Lema Labadie, aseguró que en años recientes las universidades públicas se han rezagado a escala mundial ante la falta de recursos federales necesarios para su desarrollo e impulso, mientras que desde 1990 las privadas han tenido un auge importante.
En entrevista, argumentó que esa es una de las razones por la que no deben otorgarse recursos del erario a las instituciones de educación superior particulares. Los recursos públicos apenas alcanzan para la universidad pública, como ha venido sucediendo, y podemos ver las cifras, pues desde 1990 ha habido un crecimiento importante de la universidad privada, en tanto que las escuelas que no lo son se han ido rezagando cada vez más por falta de presupuesto. Ahora no se trata de dar recursos para unos y otros, sino que unos parecen andar muy bien económicamente y otros no han tenido el apoyo suficiente como para poder desarrollarse.
El directivo de la UAM resaltó que los colegios privados no cuentan con alta tecnología, debido a que no desarrollan investigación como las escuelas públicas. Se debe reconocer que en las planteles particulares sólo se abocan a la docencia y la formación de jóvenes en algunas disciplinas; no se dedican tanto a la investigación como se hace en las universidades públicas, y aquí es donde hace falta esa inversión importante para poder impulsar el desarrollo tecnológico, de la ciencia a los niveles adecuados, lo cual también contribuye al crecimiento del país.
En tanto, el ex rector de la UNAM José Sarukhán Kermes señaló que en México aún no hay una comprensión adecuada del papel de las universidades, y en particular de las instituciones públicas para el desarrollo del país, pues mucha gente, entre ellos gobernantes de ahora y del pasado, consideran a las universidades únicamente como medios para producir títulos para los alumnos, y aunque esa es una de sus funciones, agregó, no es la importante, al menos para aquellas que están basadas en la investigación.
Destacó que apoyar a las universidades que hacen investigación es impulsar el desarrollo del país, aunque reconoció que aún es necesario hacer un gran esfuerzo para convencer a la sociedad y a los gobernantes que la mejor inversión es apoyar a las instituciones que hacen investigación, y no nada más para que preparen servidores que van a ir de contador público o administrador, sino creadores, ingenieros, físicos, químicos, filósofos e historiadores; esa es la función de las universidades y sólo se puede lograr con investigación que requiere recursos y apoyo.

La bomba de la jubilación en la Unison


Nicolás Pineda
El Imparcial/27 de febrero de 2009

El domingo pasado salió publicada la convocatoria para el nombramiento de un nuevo rector en la Universidad de Sonora. La ocasión es propicia para echarle un vistazo a la situación de la educación superior en el Estado. De paso, planteamos los principales retos que, a mi juicio, aguardan a la futura Rectoría, uno de los cuales a mí me parece una bomba de tiempo.

La educación superior en Sonora

De los alrededor de 250 mil jóvenes entre 19 y 25 años que hay en Sonora, aproximadamente 65 mil son alumnos de alguna institución de educación superior del Estado. Es decir uno de cada cuatro jóvenes está estudiando licenciatura en una universidad. Aparte, hay 5 mil que hacen estudios de posgrado. Todos ellos asisten a alguna de las 30 universidades públicas y privadas que hay en el Estado.

El 85% de los alumnos de licenciatura estudia en instituciones públicas. De ésos, la Universidad de Sonora (Unison) atiende una matrícula anual promedio a nivel de licenciatura de alrededor de 21 mil estudiantes, es decir atiende al 40% de los estudiantes de licenciatura. De los estudiantes de la Unison, la mitad se concentra en las carreras de Derecho, Económico Administrativas y Sociales. Las Ingenierías y Exactas siguen teniendo menos demanda a pesar de tener mayores oportunidades de trabajo.

En los últimos cinco años, la matrícula de primer ingreso a nivel licenciatura de la Unison se ha mantenido en aproximadamente 5 mil 200 estudiantes. De los que ingresan, la mitad concluye sus estudios. El tiempo promedio que tardan estos estudiantes en terminar sus estudios es de once semestres. De cada 10 que egresan, siete alcanzan la titulación y tres se quedan sin el título. Para atender a esa población estudiantil, en las universidades sonorenses trabajan aproximadamente 5 mil profesores. De ésos, 2 mil trabajan en la Unison. O sea que la tasa de estudiantes por profesor en la Unison es de 10.5. De los profesores, la mitad es de tiempo completo y la otra mitad es de asignatura, es decir está contratado por horas sueltas. Del total de cursos en la Unison, más de la mitad es atendido por profesores de asignatura con cargas de trabajo hasta de 25 horas a la semana. O sea que muchos de éstos son funcionalmente de tiempo completo y viven exclusivamente de su empleo en la Universidad.

De los 2 mil profesores de la Unison, más de la mitad tiene estudios de posgrado y alrededor de 300 tienen el nivel de doctorado. De éstos, 159 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.

El presupuesto de la Unison es de aproximadamente 1,400 millones de pesos. De éstos, el 90% se destina a la nómina. Además, la Unison recibe otros 100 millones de pesos para proyectos de infraestructura y fortalecimiento institucional.

El reto de la calidad

Mucho se habla en la Unison de los avances logrados en materia de certificación de las carreras y hay que reconocerlos y felicitarlos. Buena parte de esto se aprecia en la imagen física. Sin embargo, ése es el vaso medio lleno. Ciertamente mucho ha mejorado el ambiente académico de la Unison y da gusto ver el funcionamiento de sus bibliotecas y los recursos de cómputo con que se cuenta. Pero todavía falta mucho que hacer en el cumplimiento y la evaluación de los programas académicos. En la actualidad, no se dispone de un verdadero sistema de evaluación de los egresados y no hay mecanismos para verificar el cumplimiento de los programas. La tendencia a eliminar el requisito de trabajo escrito de tesis no ayuda tampoco a verificar la calidad de la educación, aunque ha mejorado la tasa de titulación.

La bomba de la jubilación

El problema más serio que percibo en la Unison es el de la jubilación de los profesores. El problema es que, debido a las políticas de concurso y competitividad que se establecieron en el País hace más de 20 años, el sueldo de los profesores lo paga una parte la Universidad y otra parte viene de los estímulos que pagan la SEP y el Conacyt y que son conocidos como “tortibecas”. Este último ingreso se otorga en base a la productividad y méritos, sin embargo al llegar a la jubilación, se pierde todo eso. A esto hay que agregarle que la Unison ha pagado al Isssteson fondos reducidos de jubilación.

De modo que si un profesor se jubila, sus ingresos se ven reducidos a mucho menos de la mitad. Esto hace que nadie se jubile y no haya actualmente rotación de profesores, con el consecuente efecto de envejecimiento de la planta docente. El promedio de antigüedad actual de los profesores es de 25 años. En los próximos años, por necesidad biológica, va a tener que darse la jubilación de buena parte de los profesores. La presión va a ser grande para que se resuelva de manera positiva al mismo tiempo que habrá que contratar a una nueva generación de maestros. Es una bomba de tiempo. Tic tac, tic tac.

Agradezco a Rubén Flores la información que me proporcionó para este artículo. Suerte.

Nicolás Pineda. Analista político.

jueves, 26 de febrero de 2009

Carta abierta a la Junta Universitaria de la Universidad de Sonora


Los estudiantes, académicos y trabajadores que conformamos el Movimiento por la Democratización de la Universidad de Sonora, manifestamos nuestro más enérgico reclamo ante la forma en la que esta instancia ha decidido realizar “el proceso de nombramiento del rector de la Universidad de Sonora”.
Creemos firmemente que con este accionar, la Junta Universitaria sólo refuerza la percepción de que es una instancia ajena al sentir de los universitarios, en donde las decisiones se toman con toda la verticalidad posible.
Adicionalmente pensamos que la convocatoria se convierte en toda una simulación, y que al final de cuentas la decisión se llevará acabo de espaldas a la comunidad universitaria, con una opacidad que contrasta notoriamente con los nuevos tiempos, los cuales exigen de las instancias de decisión no sólo buen juicio, sino además: transparencia, inclusión y rendimiento de cuentas.
A continuación exponemos parte de los motivos que nos hacen pensar que, más allá de las atribuciones que le concede la legislación universitaria, la convocatoria de la Junta no respeta el principio de máxima inclusión, ni los mínimos preceptos democráticos que deben imperar en una comunidad, madura, pensante y responsable como la nuestra.
A) El Movimiento considera que la convocatoria se efectúa en medio de la sorpresa generalizada y no otorga el tiempo necesario para que los mejores hombres y mujeres pertenecientes a nuestra Universidad puedan en realidad inscribirse, o al menos tener tiempo suficiente para efectuar una decisión de tal naturaleza.
B) Porque en ningún momento la Junta Universitaria plantea establecer mecanismos efectivos de consulta, limitándose a un proceso de auscultación de unos cuantos días restringidos a horarios de oficina, en los que es matemáticamente imposible, escuchar la voz de cada uno de los miembros de la comunidad.
C) La Junta Universitaria no ha escuchado el reclamo de un amplio porcentaje de universitarios que piensan que la mejor auscultación posible y que no contraviene lo establecido en la legislación, es retomar la voluntad de miles expresada en el voto universal, directo y secreto depositado en urnas. A final de cuentas el sufragio potencial de 30 mil universitarios debe tener más valor que el de 15 personas que decidirán quien debe dirigir las riendas de la máxima casa de estudios hasta el año 2013.
D) La convocatoria, tampoco establece mecanismos claros y transparentes sobre “cuáles aspirantes fueron mencionados en forma significativa”, sólo queda a plena discrecionalidad de la Junta establecer el “cómputo”de las menciones, ni establece tampoco evaluar los aspectos de orden cualitativo.
E) El Movimiento por la Democratización de la Universidad de Sonora demanda que se reconsidere el tiempo establecido para el registro de aspirantes y que exista un tiempo razonable para hacer la decisión final sobre quien será el próximo rector.
F) También demandamos que la Junta utilice un sólo mecanismo efectivo de consulta y que este sea el voto de los universitarios expresado en urnas.
G) Que la Junta manifieste de una manera clara, amplia y convincente cuales son los verdaderos motivos para adelantar la fecha de elección de rector de la máxima casa de estudios, ya que el factor de las elecciones constitucionales en el estado de Sonora, no suena muy convincente y da entender que existe intromisión y presiones de los distintos grupos políticos para que la Junta falle a favor de tal o cual candidato. De ser así la Junta y las autoridades universitarias están obligadas a informar por estos supuestos hechos a la sociedad en general.
H) Hacemos la aclaración que el Movimiento por la Democratización de la Universidad de Sonora no tiene la intencionalidad de promover una candidatura o conjunto de candidaturas en específico.

Por la reconstrucción de una cultura democrática universitaria

Movimiento por la Democratización de la Universidad de Sonora

Hermosillo Sonora, 26 de febrero de 2009

Primer Foro sobre Derechos Humanos en Sonora


Primer Foro sobre Derechos Humanos en Sonora

La Comisión de Derechos Humanos y Universitarios tiene el agrado de convocar al Primer Foro sobre Derechos Humanos en Sonora, el 3 de marzo de 2009 que tendrá como sede el Auditorio del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora.

Este foro es el primer evento que esta Comisión organiza en el contexto de su fundación y de la conmemoración del 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos http://www.un.org/spanish/events/humanrights/udhr60/, haciendo nuestra la Proclama de la Asamblea General de las Naciones Unidas que a la letra dice:

La Asamblea General proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Objetivos del foro:
Analizar la situación de los derechos humanos en Sonora e indagar opciones de organización y participación en su promoción y protección.
Podrán participar en las mesas de trabajo y en los diferentes eventos, maestros, investigadores, estudiantes, organizaciones sociales y público en general. Los interesados pueden mandar sus trabajos a la siguiente dirección catalina.soto@me.com , o registrarlos el día del evento en las siguientes mesas temáticas:

1. Situación de los Derechos Humanos en Sonora
Derechos humanos de los migrantes
Derechos humanos de los trabajadores
Derechos humanos de los universitarios
Derechos humanos de los periodistas
Derechos de las mujeres
Movimientos sociales y derechos humanos

También en el evento, se ofrecerá un taller de capacitación en torno a la legislación y defensa de los derechos humanos, el cual culminará el 4 de marzo

Para más información comunicarse al teléfono 6621 55 1103 o al correo electrónico arriba señalado.

Atentamente
Comisión de Derechos Humanos y Universitarios
Mtra. Catalina Soto Cota
Titular

Hermosillo, Sonora a 23 de febrero del 2009

Socialización en las universidades

María Herlinda Suárez Zozaya*

Un asunto importante al que tiene que dar respuesta la universidad pública es el de la socialización de los y las jóvenes. A los propósitos académicos de la institución se suma la responsabilidad de formarlos como ciudadanos preocupados y atentos a los requerimientos de su sociedad. Estando las cosas como están en el país, la universidad mexicana debe formar profesionistas con profunda responsabilidad ética y política. No obstante, la mayoría de las instituciones de educación superior en México socializan a sus estudiantes apartados de tales responsabilidades. De hecho, los contextos universitarios en los cuales ocurre la vida cotidiana de los jóvenes mexicanos los suelen enfrentar a experiencias que los alejan de la comprensión de que sus vidas están íntimamente conectadas con el bienestar de otros, con el ambiente y con el mundo social y político que los rodea, y que ellos pueden participar creando un sentido del mundo más justo, pacífico y ecológico.
En un país donde los jóvenes que ingresan a la universidad son proporcionalmente muy pocos y muchos son los rechazados y los que se quedan a la mitad del camino, los universitarios mexicanos aprenden a verse a sí mismos como supervivientes. Bajo esta representación, los individuos se comportan de acuerdo con lo que Peter Belohlavek, especialista en teoría de juegos, ha llamado ética de supervivencia, que es la que se desarrolla en las culturas marginales; su estructura funcional es la necesidad de estar a la expectativa a fin de sortear las continuas amenazas. Operativamente, quienes se adhieren a esta ética, se dedican a apropiarse de todo lo que se puede (sobre todo de lo que tiene carácter público) y a transferir responsabilidades, costos y pérdidas a los otros. Su manejo del tiempo se basa en lo instantáneo. Sus estrategias de vida los llevan a hacer cualquier cosa para permanecer vivos, sin importar lo que a los demás suceda.
Es lamentable, pero la primera lección que da la universidad a sus estudiantes va en el sentido antes descrito. A través de los excluidos y los rechazados, ¡que son tantos!, la institución universitaria enseña a los jóvenes su vulnerabilidad. Les recalca que, hasta ahora, quienes ingresaron siguen en pie de lucha, pero que la vida está regida por la competencia y que en México las oportunidades son escasas; les enseña que “lo común” a los mexicanos es la posibilidad de fracaso. De esta manera, el miedo y los sentimientos de vulnerabilidad se instalan como esencia de la sociabilidad en la institución y en el país. Hecho está: la condición de México seguirá siendo el subdesarrollo y pocos serán los universitarios que pongan al servicio de las necesidades de la sociedad sus conocimientos; por el contrario, tratarán de utilizarlos tan sólo para sobrevivir.
Y para quienes logran ingresar a la cúspide del sistema educativo, los aprendizajes basados en la ética de la supervivencia continúan. El impacto que produce en los universitarios vivir rodeados de profesores e investigadores agobiados por cumplir los requisitos que piden el SNI y todos los demás sistemas de evaluación académica va, justamente, en ese sentido. Día a día constatan los jóvenes que quienes supuestamente deberían enfocar sus esfuerzos en construir una juventud responsable, con la producción e innovación de conocimiento y tecnología y atenta a las necesidades de la sociedad mexicana, no son más que trabajadores académicos preocupados por asegurar su nivel de subsistencia y que, por lo tanto, su manejo táctico activo se limita a la acumulación de “puntos”. Cuesta trabajo aceptarlo, pero lo cierto es que la ética de la supervivencia ha sido instalada ya en las universidades públicas y privadas mexicanas y según sus principios se está socializando a la juventud.
De no volver a situar la ética del compromiso social y político en nuestras instituciones, dejando de lado la sospecha y el miedo de ser “reprobados”, nunca será relevante llevar a cabo una reflexión sobre los problemas y crisis que enfrenta el país, sino que sólo se vivirán sus efectos y la descomposición que resultan de éstos. No entenderemos que los problemas de la exclusión y del rechazo de las universidades no se resuelven incrementando el volumen de la matrícula en las instituciones, sino superando los límites sociales que hoy impiden la democratización del ingreso universitario. Ya no será de nuestro interés el hecho de que en el país todavía haya jóvenes analfabetos y que sean tantos quienes no terminan la educación básica.
Cuando a los universitarios ya no nos importe lo que pasa en México, cuando admitamos que lo que deben hacer los académicos es luchar por la supervivencia, enseñando a los estudiantes la aceptación de los hechos con indiferencia, entonces sí: la universidad pública, independientemente de cuál sea su régimen de sostenimiento, habrá fallecido en México.
* Investigadora del CRIM, profesora de la FCPS, miembro del Seminario de Educación Superior y del Seminario de Juventud de la UNAM.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/

Hablando de catástrofes: México en la economía del conocimiento

Roberto Rodríguez Gómez*

Acaba de publicarse y ha comenzado a circular el estudio de Yevgeny Kuznetsov y Carl Dahlman titulado Mexico´s Transition to a Knowledge-Based Economy. Challenges and Opportunities —algo así como la transición mexicana hacia una economía basada en el conocimiento, retos y oportunidades—, con el sello editorial del Banco Mundial (BM)y disponible en la página web del organismo.

Después de discutir la importancia que tiene la generación y aplicación de conocimientos científicos para un desempeño económico exitoso y competitivo en el plano internacional, los autores pasan revista a un conjunto de indicadores comparativos (benchmarking) sobre cuatro áreas que consideran estratégicas para entender, por un lado, cuál es la posición de México en el contexto global y, por otro, qué tipo de políticas e inversiones sería necesario desarrollar con ánimo de mejorar la situación.

Tales áreas, también consideradas como los “pilares” de la economía del conocimiento, son, para los autores: a) una economía y un régimen institucional que genera incentivos para el uso eficiente de la base de conocimientos existente y para el desarrollo de nuevos conocimientos, así como una cultura emprendedora floreciente; b) un sistema nacional efectivo de innovación, que se apoya en: centros de investigación, universidades, laboratorios de ideas (think-tanks), firmas consultoras y otras organizaciones que pueden contribuir a seleccionar de entre la creciente producción global de conocimientos los más útiles a las condiciones locales, adaptarlos y crear nuevas vertientes de conocimiento; c) una población capacitada y educada, que puede crear y utilizar conocimiento, y d) una infraestructura dinámica de información, que puede facilitar el efectivo procesamiento, comunicación y diseminación de información.

En la sección del documento que corresponde a la evaluación del desempeño de México en torno de los aspectos indicados, los especialistas llevan a cabo un doble ejercicio de comparación: en primer lugar, cómo y qué tanto ha evolucionado el país en la última década; en segundo, cómo se comparan sus resultados con los de otros países, particularmente con Estados Unidos, la región adscrita a la OCDE y los países de América Latina.

En ambos niveles los resultados obtenidos son poco alentadores. México se ubica en el grupo de países cuyo desempeño en materia de generación y aplicación de conocimientos, en lugar de avanzar, ha permanecido estancado y en varios puntos incluso ha retrocedido. La brecha que separa al país con las economías más desarrolladas ha tendido a extenderse, lo que significa que hoy las condiciones de competitividad en la economía del conocimiento son mucho más complejas que hace diez años.

Según los autores, el país exhibe las siguientes condiciones: en materia de organización económica y régimen institucional, existe una sólida apertura para la competencia internacional, pero debilidades evidentes en materia regulatoria; ha mejorado la protección a los derechos de propiedad intelectual, pero subsisten grandes debilidades por corrupción e ineficiencia del gobierno.

En cuanto al sistema educativo, la situación aparece como negativa en una perspectiva de largo plazo, debido a insuficiencias en cobertura y calidad de la educación. El pilar más débil es el que se refiere al sistema de innovación, particularmente para una economía del tamaño de la mexicana.

Por último, en el rubro de tecnologías informáticas, la posición de México es claramente inferior a la del mundo desarrollado, pero también inferior a la alcanzada por varios países de América Latina, principalmente Brasil, pero también Chile, Costa Rica y Argentina (páginas 19 a 25 del documento).

Como puede adivinarse, las secciones que siguen a la de diagnóstico en ese documento se encargan de plantear opciones de política pública en varias áreas. Tales recomendaciones se concentran en tres puntos: la necesidad de fortalecer financiera e institucionalmente el sistema de generación y aplicación de conocimientos, la necesidad de extender y poner al día la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones y la necesidad de generar incentivos para articular el sistema de producción de conocimientos a la planta productiva nacional.

Por cierto, la base de datos que sostiene el estudio de Kuznetsov y Dahlman es el sistema KAM del Banco Mundial. La KAM (Knowledge Assessment Methodology) está disponible en línea en el portal de internet del organismo y permite comparar el desempeño de los países en torno de 83 variables organizadas respecto de los cuatro “pilares” ya citados. La próxima semana comentaremos los resultados de 2008 del Knowledge Economy Index (KEI) basados en esa metodología. Por ahora una probada: en el índice concentrado, México aparece en la posición 59 de 134 países, cuando en 1995 ocupábamos el sitio 55. ¿Sirve de consuelo que Estados Unidos era el tercer país en 1995 y cayó hasta el noveno lugar en 2008?
* UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales. Seminario de Educación Superior.

Consecuencias inesperadas de la internacionalización

Armando Alcántara Santuario*
Muchas veces los fenómenos sociales, incluidos los que ocurren a escala internacional, adquieren formas y producen efectos que eran imposibles de imaginar en sus inicios. En el mundo de hoy, tales procesos se ven afectados por hechos y situaciones inéditas y ellos mismos provocan efectos difíciles de predecir. Por ello resulta imprescindible seguir sus derroteros. Una situación como ésta ocurre actualmente en el terreno de la internacionalización de la educación superior, según lo reporta Jane Knight (Internacional Higher Education, 54, invierno, 2009).

En primer lugar está el tema de la carrera por las clasificaciones o rankings. Se ha observado que, en el reciente lustro, los rankings internacionales y regionales se han vuelto cada vez más populares y complejos. Por un lado, continúa el acalorado debate acerca de su validez, confiabilidad y valor. Sin embargo, los dirigentes de las universidades declaran que un resultado deseable de la internacionalización sería obtener un sitio más alto en la contienda global de los rankings. Para Knight, el enfocarse en alcanzar un mayor perfil y prestigio mundial, constituye una indicación lamentable de un cambio de la construcción de capacidad académica (capacity building) a la construcción de estatus (status building) como energía que guía los esfuerzos institucionales.

Otra tendencia reciente es la referida a los programas académicos conjuntos que se han establecido entre instituciones de diferentes países, a fin de obtener dobles (o múltiples) grados o grados conjuntos. Estos programas procuran ofrecer una rica experiencia académica internacional y mejorar las oportunidades de empleo. No obstante, se está cuestionando que, en algunos casos, los programas que conducen a obtener grados dobles no son más que un conjunto de créditos académicos contados dos veces. Hay situaciones en que se combinan dos y hasta tres títulos con una carga académica apenas mayor que el correspondiente a uno solo de ellos. Si bien estas experiencias pueden ser innovadoras, algunas de ellas están muy cerca de constituir un fraude académico, si los requisitos para obtener dobles grados no se completan satisfactoriamente o no se logran resultados de aprendizaje diferenciados para cada programa.

Un tema del que siempre se habla cuando se estudia la dimensión internacional en la educación superior es el de la fuga de cerebros. Las complejidades y retos de la movilidad académica y profesional, así como sus beneficios, no pueden subestimarse. En este sentido, no es posible ignorar que se ha observado recientemente una competencia por atraer estudiantes y académicos del exterior para fortalecer los sistemas locales de investigación y generar ingresos, principalmente en países como Estados Unidos y algunos de la Unión Europea. La meta original de ayudar a los estudiantes internacionales a obtener un grado académico y regresar a sus países de origen, está desapareciendo rápidamente al competir las naciones por retener a los mejores graduados. La investigación más reciente sobre el tema indica que los estudiantes internacionales y los investigadores se están interesando en adquirir un grado en el país A, un segundo grado o trabajo interino en el país B, conseguir un empleo en un país C y en un D y, finalmente, volver a su país de nacimiento después de ocho a 12 años de estudios y experiencia laboral.

En ciertos países se está conformando una estrategia conjunta en la que participan autoridades migratorias, industriales y los sectores científico y tecnológico. En estos casos convergen sociedades en proceso de envejecimiento, bajas tasas de natalidad, la llamada economía del conocimiento y la movilidad laboral de profesionales, todo lo cual introduce nuevas situaciones para la educación superior y el reclutamiento de estudiantes de doctorado y graduados nacidos fuera de esos países.

Otro asunto es el relacionado con la calidad de los diplomas y la acreditación de programas académicos. Si bien las iniciativas de educación transfronteriza pretenden aumentar el acceso a la educación superior y satisfacer el creciente apetito de diplomas en el extranjero, existen serios cuestionamientos a la calidad de la oferta académica. Se ha observado un incremento en el número de las llamadas “fábricas” de títulos y acreditaciones, y de proveedores con fines de lucro de escasa confiabilidad. Aunque se reconoce la existencia de proveedores que ofrecen programas de alta calidad y grados legítimos, mediante nuevos arreglos y asociaciones (franquicias, programas conjuntos, modalidades virtuales y campus satélites). Sin embargo, el asunto de balancear costo, calidad y acceso desafía los beneficios, riesgos y calidad de la educación transfronteriza.

Otros tres asuntos más, se relacionan con, primero, la comercialización y venta de programas educativos, en el marco de las actuales discusiones del Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC. En segundo lugar está el de la equidad en el acceso a los programas internacionales, debido a su alto costo y el requerimiento de dominar una lengua extranjera. El tercero se relaciona con el dilema de mantener la diversidad cultural frente a los riesgos de la homogeneización. Frente a los intentos por lograr una hibridación cultural, también persisten las tendencias a erosionar las identidades culturales, y en lugar de crear nuevas culturas híbridas, se corre el riesgo de convertirlas en culturas homogeneizadas. Dado que la educación puede ser un vehículo de aculturación, se cuestiona el uso del idioma inglés como lengua de instrucción, la irrelevancia de los contenidos curriculares, la estandarización de la educación y la falta de claridad de los procesos de acreditación.

Ante este panorama tan cambiante en el ámbito internacional de la educación superior, debemos seguir con atención las oportunidades, éxitos y amenazas que ofrecen los actuales procesos de innovación educativa en el mundo.
* Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), UNAM. Seminario de Educación Superior.

La sociedad ante la educación

Gilberto Guevara Niebla*

El problema central de la educación nacional es la relación que existe entre la esfera del Estado y la esfera de la sociedad. La gestión de la educación básica (de preescolar a secundaria) es monopolizada por la burocracia federal y estatal y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La sociedad ha sido excluida totalmente de la gestión educativa.

¿Cómo interpretar entonces el desplegado que apareció el lunes 16 de febrero en el diario Reforma con el título “La sociedad toma la palabra”? Los firmantes de este documento son una serie de organismos “de la sociedad civil”, y junto a ellos aparecen las tradicionales corporaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y —extrañamente— firman también cuatro personas aisladas, sin representación alguna.

Que organismos de esta índole se preocupen por los intereses colectivos e intervengan en la vida pública es, desde luego, saludable. Pero, ¿con qué derecho esas agrupaciones se atribuyen la representación de la sociedad? Hacerlo es, evidentemente, una usurpación. ¿Qué entidad o persona de los firmantes puede demostrar que posee la representación de la sociedad? Evidentemente, ninguna. El problema de fondo, sin embargo, es que desde 1993 el Poder Legislativo tomó medidas (en la Ley General de Educación) para romper el monopolio burocrático-sindical de la gestión educativa por medio de la creación de organismos representativos de la sociedad, los consejos de participación social, y, no obstante, por presión de los líderes nacionales del SNTE, estos organismos no se han echado a andar como la ley estipula y su existencia se reduce a meros membretes.

No deja de sorprender, empero, que los dos gobiernos presidenciales del PAN se hayan inclinado por apoyar al SNTE, la parte más viciada del sistema de gestión escolar, y se hayan negado a crear el sistema de consejos de participación social que, en caso de funcionar, se convertirían en fuerzas de contrapeso contra la burocracia y el sindicato.

Apoyar al SNTE es apoyar el statu quo en educación básica y reproducir los niveles de mediocridad en los aprendizajes que tiene el sistema escolar. Es actuar contra la patria. Es hacer una labor contra México. Por lo mismo, no deja de sorprender que los empresarios no sólo se abstengan de criticar al sindicato, sino que, aun más grave, se presten a las maniobras políticas de éste.

Es el caso de don Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo, quien aceptó presidir un organismo blanco, de camuflaje, el llamado Compromiso Social por la Educación, concebido por la profesora Elba Esther Gordillo como mecanismo espurio “de participación social” para justificar la posposición indefinida de la puesta en marcha del sistema de consejos de participación social marcados en la ley. ¿Quién no recuerda la célebre foto del 8 de agosto de 2003 en el Museo de Antropología, donde aparecían la clase política y la clase empresarial en pleno con la profesora Elba Esther Gordillo, vestida de rojo extravagante, en el centro del escenario?

En ausencia de auténticos consejos de participación social, la relación del sistema educativo con la sociedad queda a la deriva o, si se quiere, sujeta a las acciones de presión que ejercen las entidades de la “sociedad civil”. ¿Y quién es la sociedad civil? El fenómeno de la “sociedad civil” —los organismos no gubernamentales— es mundial y ha desempeñado un papel benéfico en la democratización de muchas sociedades. Pero no deja de tener sus bemoles.

En un célebre artículo, el estudioso de la democracia Larry Diamond señala que las organizaciones de la sociedad civil son voluntarias, autogeneradas, con financiamiento autónomo, orientadas a fines públicos y no privados, no pretenden representar a toda la sociedad, se reconocen como parte dentro de la pluralidad democrática, son independientes del Estado, buscan limitar el poder estatal, promueven los valores de la democracia, buscan vigorizar a la ciudadanía mediante la educación, etcétera (Diamond, L., Journal of Democracy, julio, 1994).

En México, sin embargo, los organismos de la sociedad civil que despliegan mayor activismo en educación (con pocas excepciones) no buscan representar los intereses de toda la sociedad, sino, más bien, los intereses específicos del sector empresarial. Están vinculados orgánicamente a este sector. No obstante, a veces se financian con recursos fiscales (vía extensiones de la SHCP) y, otras más, con recursos aportados por terceros. En ocasiones no tienen autonomía respecto del Estado y en otras son ajenos a los valores de la democracia, etcétera. En resumen, los ricos organizan y movilizan a la sociedad civil en su favor y lo hacen legítimamente. Lo que nos preguntamos, sin embargo, es ¿quién representa dentro de la sociedad civil los intereses del ciudadano de la calle, de los trabajadores, de los pobres, los indígenas, los marginados, los oprimidos? Sorprenden, asimismo, varias ausencias en el debate educativo. ¿Dónde están los profesores? ¿Y los intelectuales? ¿Y los investigadores educativos? ¿Y las academias y los colegios de profesionales? Etcétera. Etcétera. Es triste comprobar que la política educativa en México se esté decidiendo en un diálogo restringido a pequeñas élites.
* Director de la revista Educación 2001.

Reformar los sindicatos

Miguel Carbonell
El Universal/26 de febrero de 2009

Todo parece indicar que, aunque sea con evidente retraso, el gobierno del presidente Calderón finalmente aportará su parte en el esfuerzo por lograr una reforma laboral. Conviene, sin embargo, insistir en la idea de que la iniciativa en cuestión no puede dejar de tener en cuenta la necesidad de modificar profundamente el mundo sindical que rige el destino de millones de trabajadores en México.
Podría afirmarse que si el gobierno mantiene su connivencia con los sindicatos, ninguna iniciativa de reforma laboral será creíble. O se aborda el tema de los sindicatos a fondo o no habrá ninguna reforma que merezca ese nombre.
¿Qué tiene que hacerse con los sindicatos mexicanos? La cuestión es sencilla, si todos los implicados tuvieran las agallas y la decisión política que se requieren: la reforma sindical pasa por dos cuestiones tan elementales como la rendición de cuentas y la democracia interna en las organizaciones gremiales. Nada más, pero nada menos.
¿Qué significan esos temas? El primero exige que los líderes sindicales estén sujetos a todo tipo de controles y auditorías (externas e internas). Ninguna clase de autonomía justifica la impunidad con que se mueven algunos dirigentes, de quienes no sabemos siquiera si han pagado los impuestos por las riquezas que ostentan sin recato frente a los miembros de sus sindicatos, que suelen percibir bajísimos salarios, casi miserables. Los sindicatos deben ser sujetos obligados directos (al menos los que tengan determinado número de trabajadores) de las leyes de transparencia, para que cualquier persona pueda informarse sobre si están haciendo lo que deben con los recursos que reciben, con independencia de la fuente de la que provengan tales recursos.
Respecto de la democracia interna, la cuestión es aún más elemental: se deben prever mecanismos legales para asegurar una participación libre y resultados electorales confiables, sin que las mafias del poder sindical se adueñen a perpetuidad de los cargos representativos, realizando simulacros periódicos de elecciones internas.
¿Podrá el gobierno de Calderón con el paquete o veremos otra vez una minirreforma para poderle poner palomita al tema y seguir navegando por las mismas aguas turbias del sindicalismo mexicano y su capacidad de chantaje político? ¿Se atreverá la clase política a poner en su sitio a tantos dinosaurios y vividores del sindicalismo? ¿Tendrá Hacienda el arrojo de hacer cumplir las disposiciones fiscales a los dirigentes sindicales, a través de un régimen tributario transparente y confiable? ¿Nos enteraremos algún día de cómo es posible que una humilde profesora atesore cientos de millones de pesos y tenga un nivel de vida parecido al de cualquier dueño de empresas transnacionales, si toda la vida se ha entregado a la docencia en escuelas públicas? ¿Podremos saber cómo hacen los esforzados sindicalistas para comprar relojes de muchos diamantes cuando sus percepciones salariares apenas rebasan los pocos miles de pesos al mes?
La hora de la verdad ha llegado para el gobierno y para los legisladores: deben optar entre la complicidad y la emancipación del poder corrupto de la mafia sindical. Deben optar entre rescatar al país o ceder una vez más frente a los poderes fácticos. Deben optar entre la gerontocracia o el nuevo sistema democrático que aún no hemos sabido alumbrar. No hay término medio: o se da la batalla o de plano se renuncia a cualquier principio democrático. La pelota está en la cancha del secretario Javier Lozano. Veamos si la sabe jugar.
www.miguelcarbonell.com
Investigador del IIJ-UNAM

El rector, Slim y la anomia

Ricardo Rocha
El Universal/26 de febrero de 2009

La palabreja la aprendí recientemente. Significa: “La incapacidad de la estructura gubernamental de proveer a los individuos lo necesario para lograr las metas de la sociedad”. Díganme si no parece un retrato hablado del actual momento del país.
Hoy, la crisis financiera ha derivado en una crisis económica de incalculables proporciones. Pero vivimos también una creciente crisis social derivada del desempleo, la devaluación del peso y el desaliento generalizado. Sume usted una sangrienta crisis de inseguridad que estalla día a día en nuevos y demenciales niveles de violencia. Pero a éstas hay que añadir la peor de todas: una dolorosa crisis de valores. En la que están ausentes el patriotismo y el amor a la nación. En la que se duda del valor del trabajo y de las palabras. Y en la que predominan la miopía, la negligencia, la insensatez y las frases huecas.
Baste la incontinencia verbal de los secretarios de Estado en los días recientes. En paralelo, el chismarajo de las grabaciones y revelaciones escandalosas deja chiquita a la inmensa filósofa política Celia Cruz: “Ponina y Songo le dio a Borundongo; Borundongo le dio a Bernabé; Bernabé le pegó a Muchilanga…”, y así ad infinitum. Todo para que al final se imponga nuevamente el cinismo.
¿Qué pueden esperar los ciudadanos de un gobierno así? Ahí tiene pues lo de la anomia: individuos aislados, desamparados e incomprendidos por un aparato gubernamental cada vez más insensible y distante; inermes ante los embates de las adversidades cotidianas.
Ante ese panorama desolador sería bueno repasar los discursos recientes de dos personajes sustantivos: el doctor José Narro Robles, rector de nuestra UNAM, y Carlos Slim Helú, el empresario más importante del país. En el foro convocado por el Congreso el primero ofreció la más lúcida de las visiones de conjunto sobre nuestro actual estado de cosas. Estableció que “junto con las acciones inmediatas dirigidas a paliar los efectos de la crisis, se requiere impulsar políticas de largo aliento… que ayuden a perfilar una sociedad más incluyente, con prioridades diferentes y rumbo claro”.
Llamó a flexibilizar el debate doctrinario y a romper con los dogmas para aceptar que “la mano invisible del mercado no es suficiente para la sociedad, por lo que ésta requiere de la mano visible del Estado”. Exhortó a tareas muy concretas como la rehabilitación de escuelas y hospitales y una gran cruzada para alfabetizar —una vergüenza de estos tiempos— a 6 millones de mexicanos que todavía no saben leer ni escribir. Acciones que a la vez significarían la creación oportunísima de miles de empleos.
Slim, por su parte, hizo un análisis descarnado pero inobjetable de la realidad actual y del futuro inmediato. Que por cierto le valió una andanada oficial y extraoficial despiadada.
En lugar de invitarlo, cerebralmente, a comprometerse con acciones concretas, el gobierno puso otra vez el hígado por delante y abrió otro frente contra un superdotado para generar empleos y riqueza. Que, por otra parte, también aportó propuestas específicas, como: volcarse a la economía interna; impulsar las pequeñas y medianas empresas; priorizar el empleo; eliminar las regulaciones restrictivas y evitar el uso de los combustibles como recaudación fiscal.
Pero lo sustancial es que Narro y Slim coinciden en una urgencia fundamental: la revisión de un modelo económico agotado que nos condena a la desigualdad y al decrecimiento. Que nos expone a la explosividad social. Y que no corresponde a las necesidades de las mayorías.
De eso hay que convencer a las minorías que nos gobiernan.

Se alían gremios de Chapingo y Colegio de Posgraduados para conducir huelgas

Carolina Gómez Mena
La Jornada/26 de febrero de 2009

Sindicatos de trabajadores académicos y administrativos de Chapingo, así como del Colegio de Posgraduados conformaron una alianza para enfrentar en conjunto la cerrazón de autoridades educativas y agropecuarias, a fin de destrabar las tres huelgas existentes en el sector y de evitar el estallamiento de una más el próximo 2 de marzo, informaron integrantes de las dirigencias de los gremios.
En entrevista, Lenin Guajardo, líder del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Posgraduados (Siacop), precisó que las negociaciones están empantanadas, y que acotó que esto es preocupante puesto se está en la víspera de que el Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Posgraduados (Sincop) pueda suspender labores al no tener respuesta a su pliego petitorio.
Enrique González, secretario de relaciones sindicales del Sincop, expuso que en las pláticas con la autoridad del colegio no hay avances y precisó que la demanda salarial es de 30 por ciento. En cuanto a la alianza, manifestó que está por definirse un plan de acción conjunto.
Por su parte, Enrique Lara Guerra, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO), precisó que a escasos días de que venza el emplazamiento (el 7 de marzo) no hay avances en lo que se refiere a mover el tabulador en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) para que sus académicos dejen de percibir salarios que oscilan entre los 35 a 40 pesos por hora-clase.
Dijo que pese a que a la UABJO se le aprobaron recursos para aumentar sueldos de académicos en relación con lo que establece el tabulador nacional regionalizado para la universidades públicas –es decir, un ingreso de 272 pesos por hora clase para la categoría B y 238 pesos para la categoría A–, esto no se ha consumado porque el rector Rafael Torres Valdez desvió esos recursos, afirmó.
Priscila Guerra, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos de Chapingo (Stauach), comentó que a casi una semana de huelga, por primera vez se sentó a la mesa de negociación el rector, Aureliano Peña, aunque no les han dado respuesta a sus demandas.

¿Y las leyes?

Octavio Rodríguez Araujo
La Jornada/26 de febrero de 2009

El Presidente de la República tiene la atribución de preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente para la seguridad interior de la Federación (artículo 89, VI, de la Constitución). Pero también es el primer obligado a respetar la Carta Magna de la nación, misma que en su artículo 16 establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Este artículo también establece que las órdenes de aprehensión sólo pueden librarse por la autoridad judicial, pero que cualquier persona (¿un miembro del Ejército también?) puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. En los casos de delincuencia organizada la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, podrá decretar el arraigo de personas y expedir órdenes de cateo que expresarán el lugar que ha de inspeccionarse y las personas que serán aprehendidas, además de los objetos que se buscan. En tiempos de paz los militares en activo no podrán alojarse en ninguna casa particular contra la voluntad del dueño. En tiempos de guerra sí, pero una guerra debe ser declarada por el Congreso (artículo 73, XII) con base en los datos que le presente el Ejecutivo, o éste (artículo 89, VIII) en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.
No estamos en guerra con ninguna nación del planeta, no se ha decretado guerra alguna, aunque se le ha llamado guerra a las acciones emprendidas por el Ejecutivo contra el crimen organizado. En esta guerra se ha sustituido, sin fundamento constitucional alguno, a la autoridad judicial y al Ministerio Público, por la fuerza armada permanente, o sea el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que lejos de estar coadyuvando a la seguridad interior han convertido al país, junto con todo tipo de policías, en un espacio territorial inseguro, sobre todo en una decena de entidades de la Federación (en lo que va del año ya se contabilizan mil muertos, más los otros miles de los dos años pasados). El artículo 16 constitucional, del que he citado algunas partes, no se ha respetado y muchos ciudadanos (recientemente en Durango), además de organizaciones defensoras de derechos humanos, protestan precisamente porque los cateos han sido anticonstitucionales, las aprehensiones también, y porque ha habido hechos de tortura o de trato salvaje sobre ciudadanos mexicanos, sean o no presuntos delincuentes.
Estas violaciones a los derechos humanos y a lo que expresamente dicta el artículo 16 constitucional, han sido cometidas por miembros del Ejército que, indebidamente, ha estado ejerciendo funciones que corresponden a las autoridades judiciales y, concretamente, a la Procuraduría General de la República (Ministerio Público Federal). ¿Y quién es el jefe del Ejército, es decir del que dependen los secretarios de la Defensa y de Marina? El Presidente de la República. ¿No protestó Felipe Calderón guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen?
El artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su fracción II, señala que una de sus misiones generales es garantizar la seguridad interior. Y el artículo 2 establece que esta misión, entre otras que tiene encomendadas por su propia ley, podrá ser realizada de forma conjunta con otras dependencias de los tres niveles de gobierno conforme lo ordene o lo apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales.
Habremos de asumir que la participación del Ejército, y también de la Marina, es para garantizar la seguridad interior. ¿Y qué debemos entender por seguridad interior o por peligros o amenazas a la seguridad interior? El concepto seguridad interior es muy amplio y se presta a ambiguas interpretaciones (mas no debe confundirse con el concepto de seguridad pública también contemplado en la Constitución). Simplifiquemos: la seguridad interior no está amenazada, como tampoco nuestra soberanía; hay inseguridad en el país, pero es de otro tipo. La existente es contra las personas y sus bienes, como ocurre en cualquier lugar donde hay delincuentes, pocos o muchos, da igual. Y garantizar la seguridad pública es tarea del gobierno, ciertamente, pero de acuerdo con las leyes, comenzando por la Constitución, y no con el Ejército
El problema es doble: 1) que al zangolotear Calderón el avispero del crimen organizado están pagando algunas avispas, cierto, pero también muchos ciudadanos inocentes, unos porque estaban en el lugar y el momento equivocados y otros porque los soldados entraron a sus casas o negocios y arrasaron con todo, incluyendo sus derechos humanos y su integridad física; y 2) que al usar a la fuerza armada permanente en funciones de policía dependiente del Ministerio Público y sin apego al artículo 16 constitucional, no sólo no se está respetando éste sino que se está poniendo en juego el prestigio de una de las instituciones que mejor imagen debería tener en el país: el Ejército.
Lo que está ocurriendo en los hechos, tal vez por una interpretación excesivamente amplia del concepto seguridad interior, y suponiendo que la base jurídica está en el artículo 89-VI citado, es similar a lo que ocurrió en tiempos de Ernesto Zedillo, cuando se inventó que el Ejército era coadyuvante del Ministerio Público Federal y se violaron varios artículos constitucionales y hasta la ley agraria en Chiapas. Todos los que estuvimos allá en 1995, incluyendo a la prensa internacional, fuimos testigos de que en la realidad el Ministerio Público estaba a las órdenes del Ejército, que incluso usaba a los agentes de la Procuraduría General de la República como mensajeros. ¿No estará ocurriendo lo mismo, indebidamente?

miércoles, 25 de febrero de 2009

Los químicos se quieren quedar con la universidad

La convocatoria a rector, viene con dados cargados

Por José Luis Jara
Dossier Politico/24 de febrero de 2009

La convocatoria que lanzó la Junta Universitaria para la elección de rector de la Universidad de Sonora, representa un intento de madruguete a las pretensiones que tiene la comunidad de la casa de estudios de elegir de manera democrática al próximo representante de esta casa de estudios.
La maestra Patricia Navarro Alvarado, integrante de la comisión que impulsa la democratización del alma mater, dijo que las autoridades universitarias, encabezadas por Pedro Ortega, así como la Junta Universitaria, siempre actúan así, trabajan los fines de semana y se aprovechan de los períodos vacacionales para asegurar sus cuchupos.
Este fin de semana, la junta universitaria lanzó la convocatoria a elegir rector en la máxima casa de estudios, en virtud de que a Pedro Ortega Romero se le concluye su rectorado en este mismo año.
En la mesa de registro instalada en las oficinas de rectoría, al cierre de esta edición no se había registrado algún aspirante.
Pero la candidata a doctora dijo que en realidad, la manera en que está organizada la convocatoria de la junta, está con los dados cargados para que el grupo de los químicos se mantenga en la rectoría, a pesar de la crisis académica en que se encuentra esta casa de estudios.
-¿Pero el rector ha dado cuentas de reconocimientos?
-Pero son reconocimientos «patitos», porque los reconocimientos son otorgados por empresas y no por instituciones profesionales que evalúen el trabajo académico de las universidades.
La junta universitaria –abundó- se adelantó este fin de semana que pasó para lanzar la convocatoria. Pero en esa convocatoria se plantea que será la misma junta quien decidirá la designación del nuevo rector.
Patricia Navarro lamentó que fuera de la universidad se esté organizando un proceso electoral, donde pueden participar los ciudadanos sonorenses. Sin embargo, al interior de la universidad no se le permite a su comunidad, compuesta por estudiantes, trabajadores y maestros, participar en la elección del rector.
Representa un atraso esa convocatoria y un insulto a la inteligencia de los universitarios, porque ninguno de ellos participa en la elección del gobernador.
«Queremos que ese ambiente electoral se viva en la universidad. Los universitarios somos lo suficientemente grande y consciente para poder elegir a la persona que llevará las riendas de la institución.
Navarro Alvarado dijo que la comisión que impulsa la democratización de la universidad se tendrá que reunir para darle una respuesta a esta convocatoria, porque a leguas se percibe que quieren elegir al rector cuando la comunidad universitaria se encuentre de vacaciones.
De acuerdo a la lógica de las autoridades, se va a registrar como candidato a rectoría el actual vicerrector de la institución, Heriberto Grijalva, quien es señalado como uno de los precandidatos protegidos de Pedro Ortega
Paty Navarro dijo que la comisión en que ella participa, se va a reunir a la brevedad, con el fin de dar una respuesta a la convocatoria lanzada por la junta universitaria, porque se pretende asegurar la permanencia de un grupo político que se ha enquistado en la administración universitarias.
Dijo que la comisión se va a reunir y a partir de ahí van a tomar decisiones.
Los químicos –dijo- están cada vez más cerrados, no escuchan opiniones. Pero la comunidad quiere manifestarse en este proceso y demandará a la junta que abra el proceso de elección de rector, es decir, que se aplique el voto universal y secreto y no sea una junta de notables quienes tomen esa decisión tan importante para los universitarios.

La Universidad bajo el control de los "químicos": Moreno Soto

Por estar ya inmersos en el proceso de nombramiento de un nuevo Rector en la Universidad de Sonora, con tiempos adelantados pero aplicando el mismo ritual autoritario y antidemocrático que marca la legislación universitaria, a continuación reproducimos una entrevista que el reportero José Luis Jara le hizó al profesor Armando Moreno Soto, originalmente fue publicada el 24 de octubre de 2008 en el blog: http://cagatinta.blogspot.com/

Por José Luis Jara
Si las cosas siguen como están en la actualidad, Heriberto Grijalva Monteverde va a ser el próximo rector de la Universidad de Sonora.Armando Moreno Soto, profesor de la escuela de economía de la Universidad de Sonora, aseveró que el rector actual, Pedro Ortega, tiene todo amarrado para dejar a su sucesor, que se encuentra en la persona del actual vicerrector de la Unidad Centro de la Casa de Estudios.

De acuerdo a los tiempos que tiene la universidad, el próximo año se deberá elegir a nuevo rector.

Y en este sentido, el profesor de economía, aseveró el grupo de los químicos tienen amarrados los controles de la Universidad para asegurar que uno de su grupo sea elñ sucesor de Pedro Ortega el próximo año.

A lo largo de los años que lleva Ortega Romero en la rectoría, ha impuesto a ocho consejeros que responden a sus intereses. Los otros seis consejeros, fueron nombrados por el ex rector Jorge Luis Ibarra, a quien Moreno Soto lo consideró como el engendrador del grupo de los químicos.
-¿Por qué? –se le preguntó.

-Porque cuando era rector Jorge Luis Ibarra puso a Pedro Ortega. Y Pedro Ortega puso a los químicos en los principales puestos de la Universidad.

-¿Por ejemplo?

-El rector es de los químicos que controla toda la Universidad; el vicerrector es de los químicos y controla la unidad centro; el secretario académico, el de recursos humanos, el de Servicios escolares también es químico. Hasta químico es el director de la División de Ciencias Económicas y Administrativas.

-¿Quiénes son los químicos?

-Es un grupo compacto que tiene los votos de la Junta Universitaria y que ha dominado la universidad los últimos años.Por esta situación –abundó Moreno Soto- si las cosas siguen como están, el actual vicerrector va a entrar por Pedro Ortega.

-¿Acaso no podría llegar otro candidato?

-No. Incluso, si el mismo gobernador quisiera poner rector en la universidad el año que viene, tampoco podría, porque no tiene la capacidad de incidir.

-¿Tiene el gobernador precandidato a rector?

-Pues están corriendo el rumor, como especie de precampaña, de mencionar a Leonardo Félix, maestros de la escuela de economía y actual director de Radio Sonora. Están mencionando a Bulmaro Pacheco, pero no creo que Bulmaro se la venga a jugar.

-¿Se ha mencionado a Jorge Sáenz, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos?

-Sí. Este sería otro de los posibles candidatos del gobernador.Luego de responder estas preguntas, Armando Moreno, veterano activista de la Universidad de Sonora, dijo con firmeza: Pero las posibilidades que tienen, son mínimas. Incluso, Jorge Sáenz es el que podría levantar algo de presión, porque fue miembro de la Junta Universitaria. Pero como ex miembro de la junta, creo que está imposibilitado para ocupar este cargo.

-¿La directora de la División de Ciencias Sociales, Blanca Valenzuela, dicen que también quiere la rectoría?

-Sí, pero Blanca Valenzuela va a lanzarse sabiendo que no va a ser, porque su meta es estar en la jugada para seguir en la burocracia.

-¿Bueno y quiénes son los químicos?

-Es el grupo compacto del rector. Se reúnen todos los jueves a jugar dominó. Participan Heriberto Grijalva (Vicerrector), Enrique Velásquez (Secretario Académico), Samuel Galaviz (Químico Biólogo) y Pedro Ortega (rector) y otros químicos que se encuentran en los puestos claves.

Armando Moreno consideró que este clima controlado en la universidad, representa un contrasentido, porque la mayoría casi absoluta de los universitarios son personas que tienen 18 años o más. Tienen el derecho de elegir a sus gobernantes, pero en la casa donde estudian son tratados como menores de edad, porque no tiene derecho a elegir a sus autoridades.

Por eso, dijo que un grupo de maestros y estudiantes de la Universidad de Sonora realizaron una consulta, donde el 95 por ciento respondió su acuerdo para que el procedimiento de elección de rector se abra a la participación de la comunidad universitaria.

Armando Moreno Soto explicó la situación:Un grupo de maestros y estudiantes realizaron una consulta universitaria, donde una de las cinco preguntas que se incluyó en este proceso reza textualmente: ¿Estás de acuerdo que los universitarios deberíamos tener efectiva participación en la designación del nuevo rector de la Unison?Fueron 3 mil 496 los que respondieron afirmativamente, 134 consideraron que no y se anularon 45 opiniones.La idea de que la Junta universitaria abra el proceso de elección de rector se retomó por un grupo de maestros y estudiantes, que en esta semana tienen contemplado entregar estos resultados al rector de la casa de estudios, Pedro Ortega.

Educación superior en América latina: reformas deseables y necesidades de ruptura

Sylvie Didou Aupetit*

Entre los múltiples interrogantes suscitados por el texto de Simon Schwartzman, uno de los más relevantes para el futuro de la educación superior en América latina es el relativo a la pertinencia de las instituciones. En efecto, la diversificación institucional fue, en las últimas dos décadas, una opción frecuentemente socorrida por los gobiernos para consolidar la oferta. Junto con el control del crecimiento en las universidades públicas, sustentó una remodelación de los sistemas de educación superior en sus márgenes, vía la creación de universidades o institutos tecnológicos, la desconcentración espacial de los llamados “establecimientos de cercanía”, el auge más o menos regulado del sector privado y la apertura de instituciones diseñadas para atender las necesidades específicas (o supuestamente tales) de poblaciones predeterminadas: educación a distancia para estudiantes no convencionales, universidades interculturales ode base étnica para afro-descendientes e indígenas (Nicaragua, Ecuador, México).

Con ello, no han desaparecido las macro-universidades, como lo indican los ejemplos de México o Argentina, pero su predominancia se ha atenuado. En contraste, se han multiplicado los establecimientos abocados a reconocer los requerimientos de aprendizaje de grupos específicos, caracterizados históricamente por tasas de acceso a la educación superior inferiores a las promedio y por capitales culturales disimiles a los nacionalmente imperantes. Esas instituciones, al pretender responder las necesidades de los marginados, son socialmente relevantes y susceptibles de fomentar una mayor equidad en el acceso e incluso en el egreso. Pero son cuestionables en relación a cierto concepto de meritocracia y a la promoción de proyectos afirmativos y de formación académica, significativos en términos de movilidad individual y de desarrollo colectivo. Requieren por ende ser cuidadosamente monitoreadas a la vez que apoyadas continuamente y sin restricciones.

Hasta ahora, los mapas de la educación superior y la distribución de sus carreras, por nivel y área disciplinaria, muestran que la tendencia regional a una reticulación más fina de los espacios nacionales de educación superior fue laxamente articulada con fines de desarrollo territorial. Obedeció, hasta fechas recientes, a lógicas de negociación política: la prioridad fue garantizar una accesibilidad relativa de la población a la educación superior para satisfacer una demanda social de acceso, poco definida en sus exigencias. La construcción planificada de sistemas de educación superior, con base en complementariedades y en polos, fue olvidada o supeditada a dicha primacía. Es tiempo de invertir la prelación de la improvisación sobre el diseño estratégico.

Los costos de esa elección son altos: lo comprueban las (tardías) políticas de (re)ordenamiento de la oferta superior implementadas en Argentina, Colombia o México. En efecto, la contribución de los establecimientos a la formación de la población y a la resolución de problemáticas locales y regionales ha sido notoriamente insuficiente, aunque también con honrosas excepciones. Pese a que un número creciente de municipios de talla mediana, en América latina, albergan una o varias instituciones de educación superior, proponen carreras duplicadas, escasamente innovadoras y inadecuadas para su contexto. La ventaja relativa que suele proveer a las ciudades el tener capacidades instaladas para la formación de una mano de obra altamente calificada y para la resolución de problemas sociales o productivos se diluye, en la misma forma como se pierde su potencial para incidir positivamente en la prosperidad de sus entornos.

En ese contexto, es indudable que el aseguramiento de la calidad sigue siendo una cuestión pendiente, si se quiere extender los dispositivos de control, aplicados actualmente sobre todo a las instituciones universitarias públicas o privadas, también a los establecimientos emergentes y virtuales. Lo es todavía más si se busca mejorar realmente los perfiles de formación de los alumnos. Empiezan a oírse voces, advirtiendo que la formación de los egresados, en América latina, no ha mejorado significativamente, pese a la evaluación generalizada de académicos e investigadores así como a la acreditación de un número creciente de establecimientos y/o carreras. Ese rumor no es clamor todavía pero recorre diversos ámbitos de la educación superior: indica la urgencia de recentrar a la brevedad la atención y las políticas sobre un actor crucial para apreciar la pertinencia de los sistemas de educación superior, es decir el estudiante: ¿Qué es lo que sabe cuando ingresa a las distintas modalidades de educación superior? ¿Cuál es el valor añadido que le proporcionan las instituciones? ¿Cuáles son sus competencias, profesionales y ciudadanas, cuando egresa?

Durante la última década, se ha hablado profusamente de la rendición de cuentas, de la transparencia y de la efectividad. Esas nociones han sido referidas al gobierno y al desempeño de las instituciones de educación superior. Conforme con ellas, se ha exigido a los establecimientos que se sometan a procesos de auditoría y cumplan con indicadores de desempeño. Se les ha inducido a respectar las reglas de juego imperantes en el campo educativo, auspiciando así indudables mejoramientos en su actuar a la vez que evidentes simulaciones. Pero no se les ha orillado a cumplir con mayor responsabilidad sus funciones de formación, de investigación y de resolución de problemas sociales y productivos, en sociedades que, además de transitar a veces difícilmente hacia la democracia formal, están lastradas por la pobreza, la violencia y la corrupción.

Como lo sugiere S. Schwartzman, construir un futuro diferente para la educación superior en las sociedades latinoamericanas implica de-construir leyendas y mitos, múltiples e antagónicos. Significa poner a discusión problemas que, de tan repetitivos o insolubles, han sido silenciados o se han vuelto invisibles. Obliga a develar pactos de no agresión y de protección mutua. Supone finalmente reexaminar las políticas públicas: en los últimos quince años, esas, si bien han permitido reconstruir una educación superior, calificada por los especialistas en diversos países de la región como deteriorada, arruinada y dislocada, han cumplido hoy su ciclo y requieren profundos cambios de rumbo.

Investigadora de tiempo completo del CINVESTAV en México y titular de la Cátedra UNESCO sobre Proveedores emergentes de educación superior. didou@cinvestav.mx


La ciencia no importa

Martín Bonfil Olivera
Milenio/25 de febrero de 2009

La economía es un sistema darwiniano. Pero cuando los economistas neoliberales hablan de “los principios del libre mercado” como si de leyes naturales se tratara, olvidan que la economía no es un sistema natural, sino humano, y que por tanto debe estar sujeta a una ética.
Darwin explicó cómo lo natural es que sobrevivan los más aptos, y los ineptos se extingan. No obstante, los humanos escogemos conscientemente ir contra la selección natural y dar lentes a los miopes e insulina a los diabéticos. No porque sea “natural”, sino porque es humano. En economía importa recordarlo antes de tomar decisiones basadas sólo en el interés monetario.
Un caso claro es la grave crisis que afecta actualmente al periodismo científico. El periodismo, además de ser negocio, tiene una función social fundamental para la democracia, que es la que le da sentido: proporcionar al ciudadano información que le permita formarse opiniones y tomar decisiones (si no, mejor vender donas, negocio más fácil y seguro).
El periodismo científico, en particular, democratiza la ciencia y permite que ciudadanos comunes, no sólo científicos y funcionarios, participen de sus descubrimientos y se involucren en decisiones que pueden tener graves efectos sociales y ambientales.
Pero la crisis económica global ha ocasionado que numerosos medios en el mundo reduzcan sus espacios de ciencia. Destaca especialmente el caso de la cadena CNN, que en diciembre pasado despidió a la plantilla completa (siete personas) de su unidad de ciencia, tecnología y ambiente.
En México, la semana pasada el diario Reforma decidió eliminar su página de ciencia. No despedirá a sus reporteras, y asegura (como CNN) que seguirán apareciendo notas de ciencia distribuidas en distintas secciones del diario, pero “el elevado precio del papel” los obliga a hacer recortes.
Reforma había ya cancelado su suplemento de libros, Hoja por hoja. En tiempos de crisis, la ciencia —y la cultura— todavía no importan. Desgraciadamente, los medios carecen aún de la perspectiva científica: a corto plazo los recortes pueden justificarse; a la larga, es una cultura científica y técnica en todos los ciudadanos lo que puede sacar a un país de las crisis económicas recurrentes. Malas noticias. Qué lástima.

Transparencia, elecciones, justicia y educación

Carlos Ornelas
Excélsior/25 de febrero de 2009

NUEVA YORK.- Pienso que la globalización cultural es más profunda de lo que parece a primera vista. Hay una tendencia a la homologación (isomorfismo, le llaman algunos) de instituciones políticas que, aunque provengan de una matriz externa, constituyen logros para la democracia, como el acceso a la información gubernamental y la transparencia, así como reformas electorales y judiciales.
Muchas veces me he preguntado si vale la pena que los académicos mexicanos vengan a Estados Unidos a discutir sus diferencias políticas; además, teniendo como árbitros a profesores de este país o de otras latitudes. La respuesta siempre ha sido positiva, aunque las consecuencias prácticas en México tal vez sean imperceptibles.
El viernes 20 de febrero, 14 panelistas y tres docenas de asistentes, mexicanos, estadunidenses y de otras nacionalidades, participaron en el seminario Desafíos a la Reforma del Estado en México: Transparencia, Elecciones y Justicia Penal, que organizaron el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. La noche anterior hubo un panel en el que participaron los políticos mexicanos Santiago Creel y Porfirio Muñoz Ledo, pero como tenía clases a esa hora me salvé de escucharlos, aunque no del todo pues el viernes hicieron comentarios en el foro.
Aun en una exploración superficial, uno encuentra que en la historia institucional de América Latina y de México ha habido un proceso de adaptación de instituciones extranjeras. Primero fueron impuestas por España y Portugal; después de la Independencia por imitación (el Código Napoleónico o la escuela lancasteriana, por ejemplo), que luego sellaron la dependencia estructural de la región, según los teóricos neomarxistas de los años 70. Pero hoy la globalización implica procesos más complejos, los países también importan ideas.
Los temas que los conferenciantes trataron siempre generan controversia, aunque hubo ciertos acuerdos básicos. Por ejemplo, hay progreso notable en el escrutinio público de la obra del gobierno, en especial desde la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, pero falta mucho por hacer. El déficit principal es que no hay una liga orgánica entre la transparencia, la rendición de cuentas y la punición de los delitos. Tampoco ha disminuido la costumbre de la mordida y ciertas dependencias oficiales se distinguen por sus trucos para negar información.
Lo mismo sucede con las reformas electorales, hay avances y retrocesos. Lo más sobresaliente del debate en este foro, a mi parecer, fue la advertencia que hizo un académico estadunidense de no abusar de la retórica del Estado fallido. En su opinión, México está muy lejos de calificar para ello: hay más de 125 países con problemas más graves. También sugirió no sobrecargar al Instituto Federal Electoral con tareas que rebasan su capacidad. Eso de ponerlo de censor y distribuidor de tiempo en radio y televisión para los partidos políticos le resta legitimidad.
Aunque prospera la demanda de que se establezcan los juicios orales, como la piedra angular de la reforma del sistema judicial, tampoco está libre de obstáculos, en especial de los que se oponen, quienes se benefician del sistema actual, lento, burocrático e injusto. El problema principal de la justicia está en su procuración (y la corrupción de policías y jueces, de la que casi nadie habló, pero que todo el mundo dio por sentado). Parece que hay una tendencia en el orbe a homologar los sistemas de procuración de justicia para hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado; la propuesta dominante es poner en línea los sistemas jurídicos latinoamericanos con el de Estados Unidos.
Douglas Chalmers, un profesor de ciencia política de la Universidad de Columbia, señaló las carencias de la construcción democrática en México. “Las elecciones son el martillo de la democracia” —expresó— “pero sus herramientas son los procesos cotidianos de convivencia, justicia, equidad, transparencia y rendición de cuentas.” Para ello, agrego por mi parte, el país requiere una masa de ciudadanos educados en los valores y hábitos de la democracia. Por ello pienso que la reforma de la educación es tan importante como las demás; aquélla sería el garante de la reforma del Estado en el plazo largo.
Más allá de los intercambios entre colegas, en estos foros se producen debates donde la mayoría de los participantes se ven forzados a ampliar sus horizontes. Y uno encuentra (o lo ratifica, si ya lo sabía) que la globalización deja de ser un referente lejano para tomar carta de naturalización en asuntos concretos. En la discusión de la semana pasada, los académicos no mexicanos sugirieron analizar esas reformas en el contexto global, ya que no son privativas de México. Los conflictos en las instituciones políticas locales, sin embargo, explican qué tanto avanzan y qué formas pueden tomar.
Carlos.Ornelas10@gmail.com

Rectores dicen no a que el Estado otorgue recursos a escuelas de paga

Karina Avilés y Laura Poy
La Jornada/25 de febrero de 2009


Frente a la crisis económica, rectores de universidades públicas del país exhortaron a las instituciones privadas a que con recursos propios otorguen becas y apoyen la permanencia y ampliación de la matrícula, al expresar su claro rechazo a que el Estado canalice dinero a la iniciativa privada.
En tanto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, aseguró que es preocupante la devaluación del peso frente al dólar, pues en muchas áreas básicas, subrayó, el presupuesto se debe convertir a la divisa extranjera para adquirir equipos científicos, libros e insumos.
En declaraciones por separado, Narro Robles reiteró, durante la firma de una alianza estratégica con el Instituto Nacional de Medicina Genómica en el auditorio Alfonso Caso de la máxima casa de estudios, su llamado a invertir en el desarrollo científico, pues si no se ve como prioridad, abundó, vamos a cometer en este país otro error histórico y las generaciones futuras nos van a recordar esa terrible equivocación.
Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, Luis Gil Borja, destacó que los colegios privados tienen mecanismos propios para allegarse recursos. Pero por otro lado, resaltó, históricamente han sido sumamente beneficiados para solventar las crisis financieras. Por ley, recordó el académico hidalguense, el financiamiento público debe ser para la enseñanza pública.
Al término de la presentación del Programa de respuestas de la educación superior en favor de la economía y el empleo, realizado en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Candita Gil Jiménez, expresó que a quienes hace falta recursos y atienden mayor número de alumnos es a las instituciones públicas; por consiguiente, añadió, el presupuesto del Estado debe ser canalizado a éstas.
Además, agregó, quienes estudian en el sistema de paga es porque así lo eligieron y pueden tener otros mecanismos para encontrar quien los apoye, y no con dinero público.
El rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, Fernando Bilbao Marcos, manifestó que la apuesta fundamental debe ser al sistema público.
Dijo que las universidades privadas pueden, pero con medios propios, dar mayor servicio a la población. De ninguna manera la educación pública debe permitir que disminuya el flujo de recursos para este sistema, resaltó.
Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Jose Leal Gutiérrez, expresó que no sería justo que las instituciones privadas recibieran dinero del Estado, porque nosotros no cobramos el ingreso de los estudiantes en la medida en que lo hacen las privadas. Éstas se tornan autosuficientes.
La expectativa es que las instituciones públicas no se vean afectadas en materia de crecimiento, desarrollo e infraestructura ante la adversidad económica, finalizó.

Universidades públicas y SEP lanzan plan para enfrentar crisis

Karina Avilés
La Jornada/25 de febrero de 2009
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y 128 universidades públicas del país lanzaron un proyecto para reducir el monto de sus cuotas, aumentar las becas y crear un catálogo de servicios de enseñanza con opciones de descuento, gratuidad y sistema de pagos diferidos. Por su parte, universidades privadas quedaron de informar después a la dependencia si se sumarán a esas acciones para enfrentar la crisis económica.
A propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) fue presentado ayer dicho programa, mediante el cual, dijo la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, tanto el gobierno como las universidades públicas y privadas están construyendo una agenda conjunta.
Esos compromisos, afirmó, beneficiarán a los alumnos de las escuelas públicas, particularmente por ser los de más bajos ingresos, pero también a los jóvenes de instituciones particulares, porque hay esfuerzo y sacrificio de miles de familias en el país. Así, continuó, se puede decir a los jóvenes que sus becas estarán garantizadas.
Sin embargo, el presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, Alejandro Gertz Manero, evitó dar respuesta inmediata a la convocatoria de la SEP para unirse a dichas medidas. Sólo ofreció poner el proyecto bajo escrutinio de sus agremiados y luego hacer un pronunciamiento.
A su vez, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, señaló que en ese nivel de estudios hay entre 585 mil y 600 mil alumnos en situación de pobreza, de los cuales 320 mil serán atendidos mediante el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes) y cerca de 55 mil con apoyos de vinculación, titulación y servicio social y los sistemas estatales.
Dijo que este año egresarán cerca de 432 mil profesionistas, y la crisis hará más difícil su inserción en el mercado laboral.
Por otro lado, al interrogarlo sobre la canalización de recursos del Estado a los centros de educación privada y, particularmente, sobre las becas que se otorgarán a hijos de militares, reconoció que 50 por ciento del monto en instituciones privadas será sufragado por el gobierno federal y el 50 restante por los colegios de paga.
Ratificó que las becas Pronabes se incrementarán de 234 mil en el ciclo 2007-2008 a 310 mil en el periodo 2008-2009, lo cual implicará una inversión de más de 2 mil 700 millones de pesos.
Aseveró que los compromisos adquiridos involucran mayoritariamente a las universidades públicas, porque la mayoría de las instituciones agrupadas en la ANUIES tienen ese carácter (de un total de 152, 128 son públicas y 24 privadas). En el caso de las de paga, dependerá del compromiso y del esfuerzo que hagan.
Al presentar el proyecto, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares, señaló que otras acciones son: crear centros regionales de educación superior; promover talleres para administrar eficazmente el gasto familiar; incorporar a los beneficiarios de las becas en programas como el Pronabes; promover proyectos de investigación orientados al sector productivo; impulsar la incubación de empresas en las universidades; firmar convenios de colaboración con la Secretaría del Trabajo para ofertar plazas de prácticas profesionales, y ampliar las becas en el sector de más bajos recursos.
La SEP y las instituciones educativas se comprometieron a que en un plazo no mayor de tres meses rendirán cuentas sobre los resultados alcanzados.

martes, 24 de febrero de 2009

Investigación en crisis

Arturo Barba
Milenio/24 de febrero de 2009

La investigación científica mundial está inmersa en una terrible crisis financiera que se está reflejando en recortes presupuestales, disminución de montos de becas, congelamiento de plazas, elevación de precios de reactivos y equipos de investigación, entre muchos otros.
Ante este panorama de deshonestidad financiera, económica y política internacional la revista Nature recientemente hizo una pregunta por demás oportuna: ¿Cómo pueden evaluar los países la honestidad científica?
A partir de este cuestionamiento, la revista científica más prestigiosa del mundo invita a los países a reflexionar sobre la reputación e integridad de sus sistemas científicos y sus investigadores, midiéndolos con indicadores de competitividad científica responsable, porque es en tiempos de crisis cuando la autoevaluación y la autocrítica cobran mayor relevancia.
Para ello, se refiere a una serie de parámetros que Arabia Saudita, un país que pasó del lugar 35 al 27 en competitividad, decidió adoptar y promover para crear un clima nacional de “buen comportamiento corporativo” orientado a innovación basada en la ciencia.
En principio, propone evaluar cómo se investiga y de qué manera las instituciones de investigación pueden fomentar las buenas prácticas científicas y sancionar el fraude, la falsificación y el plagio.
En ese sentido, sugiere establecer parámetros de responsabilidad institucional, para lo cual deberán contar con la infraestructura adecuada que permita prevenir conductas como la manipulación o el “cuchareo” de datos o la discriminación de cualquier tipo. Propone un sistema de medición de las “buenas prácticas educativas” en la formación de los investigadores jóvenes, así como la transparencia y la objetividad de los sistemas de evaluación, de financiamiento y de revisión de las política científicas.
Resalta la importancia de los valores sociales y de las necesidades económicas prioritarias en la investigación. Así como la apertura y receptividad a las ideas y prácticas de los investigadores de otros países a través de colaboraciones internacionales.
Estas medidas pueden elevar los índices de calidad y de responsabilidad de la ciencia de cualquier país. Incluso más que el simple incremento presupuestal, por ello, a la par de orientar mayor financiamiento, deberíamos exigir al sistema científico mexicano mayores mecanismos de evaluación con un fuerte componente ético y social, y con un verdadero sistema de rendición de cuentas (que no existe) de forma permanente, pero sobre todo, en tiempos de crisis.