Roberto Rodríguez Gómez*Continúa, se extiende y alcanza mayores niveles de coordinación y articulación el movimiento de académicos y estudiantes en contra de las políticas de educación superior, ciencia y tecnología del gobierno de Nicolás Sarkozy, en Francia. Por tercera semana consecutiva, tanto en París como en las ciudades del interior, han tenido lugar manifestaciones, reuniones informativas e incluso suspensión parcial de actividades. El movimiento ha alcanzado un perfil nacional, involucra a las organizaciones mayoritarias de académicos, científicos y estudiantes, e incluso ha contado con el respaldo de autoridades universitarias.
La designación oficial de la magistrada Claire Bazy-Malaurie como mediadora en el conflicto, y la posposición de la aplicación de las reglas y medidas anunciadas por el ministerio, no alcanzó a enfriar el movimiento y ha sido vista, principalmente, como una reafirmación de la postura gubernamental de avanzar en las reformas aunque, probablemente, con un margen de negociación en puntos específicos.
El pasado 16 de febrero se dio a conocer un comunicado del Consejo Nacional de la Enseñanza Superior y la Investigación Científica (CNESER, por sus siglas en francés) sobre el conflicto. El CNESER es un cuerpo colegiado representativo de las comunidades de académicos, estudiantes y trabajadores universitarios, con funciones de consultoría ante el Ministerio de Educación Superior. El CNESER es presidido por el ministro o ministra en turno y se compone de 68 personas: cuatro representantes de la Conferencia de Presidentes Universitarios (CPU), un representante de la Conferencia de Directores de las Escuelas Francesas de Ingenieros (CDFI), 22 académicos (profesores, investigadores o profesores-investigadores), de los cuales la mitad corresponde a académicos universitarios, 11 estudiantes y siete representes del personal no académico.
El comunicado del CNESER demanda, en primer lugar, la revisión y sustitución del proyecto de decreto que modifica el estatuto de profesores e investigadores. Esta iniciativa, reglamentaria de la Ley Relativa a las Libertades y Responsabilidades Universitarias aprobada en 2007, modifica las condiciones generales de ingreso, permanencia y promoción del personal académico, da lugar a políticas de estímulo a la productividad, a la deshomologación de los salarios del personal docente y de investigación, y abre la posibilidad de que sean las instituciones, no el ministerio, las que determinen los criterios de las nuevas prácticas de gestión académico-laborales.
Dicho comunicado añade otras demandas: la revisión de las reformas aprobadas en materia de formación de profesores de educación básica y media, el incremento del gasto público en educación superior, la restauración de los puestos de trabajo que fueron eliminados en el programa presupuestal sectorial correspondiente a 2009 y la negociación de un nuevo plan que apoye la estabilidad laboral del personal académico contratado, en lugar de las reglas aprobadas en 2008 sobre contratos académicos eventuales.
Asimismo, se pide la revisión de la política científica, en particular la cancelación de la iniciativa de reestructuración del Consejo Nacional de Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) y la revisión del enfoque de vinculación entre la formación profesional, el aparato científico y el sector empresarial.
Por último, se demanda la mejora de los salarios, la aprobación de un programa salarial indexado a la inflación, así como el ajuste de los sueldos considerando la pérdida del valor adquisitivo en los últimos diez años. El sector estudiantil del CNESER incluyó, en el pronunciamiento de este organismo, la exigencia de revisar los rubros de condiciones de estudio y vida académica para el planteamiento de una renovada y ambiciosa política estudiantil de alcance nacional.
Es importante anotar que el pronunciamiento del CNESER es presentado con el respaldo de las principales organizaciones sindicales del sector: el Sindicato Nacional de la Educación Superior (SNESUP), afiliado a la Federación de la Educación Nacional (FEN), organización, esta última, que agrupa a la mayor parte de los sindicatos educativos en Francia; la Federación de Sindicatos Generales la Educación Nacional y la Investigación Pública (SGEN-CFDT); la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos (UNAS); la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC), y la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF), principal organización corporativa del sector estudiantil. O sea, todos los que deben estar, están.
El comunicado del CNESER concluye instando a la ministra Valérie Pécresse a que convoque inmediatamente a este organismo —ella lo preside— a una reunión formal y la apertura de una ronda de negociaciones, con o sin la intermediación de la magistrada designada. Así las cosas.
Por lo pronto, están previstas nuevas jornadas de marchas y manifestaciones para ésta y la próxima semana y también se anticipa, en la estrategia de las organizaciones universitarias que encabezan el movimiento, la búsqueda de convergencia con las escuelas normales, así como la articulación del movimiento universitario con las demandas del sector trabajador y la sociedad en general en contra de las políticas anticrisis anunciadas por Sarkozy.
Como suele ocurrir, los académicos ganarán o perderán su protesta según la capacidad de movilización y tejido de alianzas que logren construir. Por ahora parece que van ganando y que obligarán al gobierno a retroceder o al menos suspender la aplicación de las medidas. Con todo, lo más significativo radica en el valor simbólico de un movimiento amplio y legítimo en contra de las políticas de educación superior centradas en el estímulo a la productividad y en la vinculación de la academia con el mercado. En Francia, nada menos.
* UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales. Seminario de Educación Superior.
La designación oficial de la magistrada Claire Bazy-Malaurie como mediadora en el conflicto, y la posposición de la aplicación de las reglas y medidas anunciadas por el ministerio, no alcanzó a enfriar el movimiento y ha sido vista, principalmente, como una reafirmación de la postura gubernamental de avanzar en las reformas aunque, probablemente, con un margen de negociación en puntos específicos.
El pasado 16 de febrero se dio a conocer un comunicado del Consejo Nacional de la Enseñanza Superior y la Investigación Científica (CNESER, por sus siglas en francés) sobre el conflicto. El CNESER es un cuerpo colegiado representativo de las comunidades de académicos, estudiantes y trabajadores universitarios, con funciones de consultoría ante el Ministerio de Educación Superior. El CNESER es presidido por el ministro o ministra en turno y se compone de 68 personas: cuatro representantes de la Conferencia de Presidentes Universitarios (CPU), un representante de la Conferencia de Directores de las Escuelas Francesas de Ingenieros (CDFI), 22 académicos (profesores, investigadores o profesores-investigadores), de los cuales la mitad corresponde a académicos universitarios, 11 estudiantes y siete representes del personal no académico.
El comunicado del CNESER demanda, en primer lugar, la revisión y sustitución del proyecto de decreto que modifica el estatuto de profesores e investigadores. Esta iniciativa, reglamentaria de la Ley Relativa a las Libertades y Responsabilidades Universitarias aprobada en 2007, modifica las condiciones generales de ingreso, permanencia y promoción del personal académico, da lugar a políticas de estímulo a la productividad, a la deshomologación de los salarios del personal docente y de investigación, y abre la posibilidad de que sean las instituciones, no el ministerio, las que determinen los criterios de las nuevas prácticas de gestión académico-laborales.
Dicho comunicado añade otras demandas: la revisión de las reformas aprobadas en materia de formación de profesores de educación básica y media, el incremento del gasto público en educación superior, la restauración de los puestos de trabajo que fueron eliminados en el programa presupuestal sectorial correspondiente a 2009 y la negociación de un nuevo plan que apoye la estabilidad laboral del personal académico contratado, en lugar de las reglas aprobadas en 2008 sobre contratos académicos eventuales.
Asimismo, se pide la revisión de la política científica, en particular la cancelación de la iniciativa de reestructuración del Consejo Nacional de Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) y la revisión del enfoque de vinculación entre la formación profesional, el aparato científico y el sector empresarial.
Por último, se demanda la mejora de los salarios, la aprobación de un programa salarial indexado a la inflación, así como el ajuste de los sueldos considerando la pérdida del valor adquisitivo en los últimos diez años. El sector estudiantil del CNESER incluyó, en el pronunciamiento de este organismo, la exigencia de revisar los rubros de condiciones de estudio y vida académica para el planteamiento de una renovada y ambiciosa política estudiantil de alcance nacional.
Es importante anotar que el pronunciamiento del CNESER es presentado con el respaldo de las principales organizaciones sindicales del sector: el Sindicato Nacional de la Educación Superior (SNESUP), afiliado a la Federación de la Educación Nacional (FEN), organización, esta última, que agrupa a la mayor parte de los sindicatos educativos en Francia; la Federación de Sindicatos Generales la Educación Nacional y la Investigación Pública (SGEN-CFDT); la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos (UNAS); la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC), y la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF), principal organización corporativa del sector estudiantil. O sea, todos los que deben estar, están.
El comunicado del CNESER concluye instando a la ministra Valérie Pécresse a que convoque inmediatamente a este organismo —ella lo preside— a una reunión formal y la apertura de una ronda de negociaciones, con o sin la intermediación de la magistrada designada. Así las cosas.
Por lo pronto, están previstas nuevas jornadas de marchas y manifestaciones para ésta y la próxima semana y también se anticipa, en la estrategia de las organizaciones universitarias que encabezan el movimiento, la búsqueda de convergencia con las escuelas normales, así como la articulación del movimiento universitario con las demandas del sector trabajador y la sociedad en general en contra de las políticas anticrisis anunciadas por Sarkozy.
Como suele ocurrir, los académicos ganarán o perderán su protesta según la capacidad de movilización y tejido de alianzas que logren construir. Por ahora parece que van ganando y que obligarán al gobierno a retroceder o al menos suspender la aplicación de las medidas. Con todo, lo más significativo radica en el valor simbólico de un movimiento amplio y legítimo en contra de las políticas de educación superior centradas en el estímulo a la productividad y en la vinculación de la academia con el mercado. En Francia, nada menos.
* UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales. Seminario de Educación Superior.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
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