Gilberto Guevara Niebla*El problema central de la educación nacional es la relación que existe entre la esfera del Estado y la esfera de la sociedad. La gestión de la educación básica (de preescolar a secundaria) es monopolizada por la burocracia federal y estatal y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La sociedad ha sido excluida totalmente de la gestión educativa.
¿Cómo interpretar entonces el desplegado que apareció el lunes 16 de febrero en el diario Reforma con el título “La sociedad toma la palabra”? Los firmantes de este documento son una serie de organismos “de la sociedad civil”, y junto a ellos aparecen las tradicionales corporaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y —extrañamente— firman también cuatro personas aisladas, sin representación alguna.
Que organismos de esta índole se preocupen por los intereses colectivos e intervengan en la vida pública es, desde luego, saludable. Pero, ¿con qué derecho esas agrupaciones se atribuyen la representación de la sociedad? Hacerlo es, evidentemente, una usurpación. ¿Qué entidad o persona de los firmantes puede demostrar que posee la representación de la sociedad? Evidentemente, ninguna. El problema de fondo, sin embargo, es que desde 1993 el Poder Legislativo tomó medidas (en la Ley General de Educación) para romper el monopolio burocrático-sindical de la gestión educativa por medio de la creación de organismos representativos de la sociedad, los consejos de participación social, y, no obstante, por presión de los líderes nacionales del SNTE, estos organismos no se han echado a andar como la ley estipula y su existencia se reduce a meros membretes.
No deja de sorprender, empero, que los dos gobiernos presidenciales del PAN se hayan inclinado por apoyar al SNTE, la parte más viciada del sistema de gestión escolar, y se hayan negado a crear el sistema de consejos de participación social que, en caso de funcionar, se convertirían en fuerzas de contrapeso contra la burocracia y el sindicato.
Apoyar al SNTE es apoyar el statu quo en educación básica y reproducir los niveles de mediocridad en los aprendizajes que tiene el sistema escolar. Es actuar contra la patria. Es hacer una labor contra México. Por lo mismo, no deja de sorprender que los empresarios no sólo se abstengan de criticar al sindicato, sino que, aun más grave, se presten a las maniobras políticas de éste.
Es el caso de don Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo, quien aceptó presidir un organismo blanco, de camuflaje, el llamado Compromiso Social por la Educación, concebido por la profesora Elba Esther Gordillo como mecanismo espurio “de participación social” para justificar la posposición indefinida de la puesta en marcha del sistema de consejos de participación social marcados en la ley. ¿Quién no recuerda la célebre foto del 8 de agosto de 2003 en el Museo de Antropología, donde aparecían la clase política y la clase empresarial en pleno con la profesora Elba Esther Gordillo, vestida de rojo extravagante, en el centro del escenario?
En ausencia de auténticos consejos de participación social, la relación del sistema educativo con la sociedad queda a la deriva o, si se quiere, sujeta a las acciones de presión que ejercen las entidades de la “sociedad civil”. ¿Y quién es la sociedad civil? El fenómeno de la “sociedad civil” —los organismos no gubernamentales— es mundial y ha desempeñado un papel benéfico en la democratización de muchas sociedades. Pero no deja de tener sus bemoles.
En un célebre artículo, el estudioso de la democracia Larry Diamond señala que las organizaciones de la sociedad civil son voluntarias, autogeneradas, con financiamiento autónomo, orientadas a fines públicos y no privados, no pretenden representar a toda la sociedad, se reconocen como parte dentro de la pluralidad democrática, son independientes del Estado, buscan limitar el poder estatal, promueven los valores de la democracia, buscan vigorizar a la ciudadanía mediante la educación, etcétera (Diamond, L., Journal of Democracy, julio, 1994).
En México, sin embargo, los organismos de la sociedad civil que despliegan mayor activismo en educación (con pocas excepciones) no buscan representar los intereses de toda la sociedad, sino, más bien, los intereses específicos del sector empresarial. Están vinculados orgánicamente a este sector. No obstante, a veces se financian con recursos fiscales (vía extensiones de la SHCP) y, otras más, con recursos aportados por terceros. En ocasiones no tienen autonomía respecto del Estado y en otras son ajenos a los valores de la democracia, etcétera. En resumen, los ricos organizan y movilizan a la sociedad civil en su favor y lo hacen legítimamente. Lo que nos preguntamos, sin embargo, es ¿quién representa dentro de la sociedad civil los intereses del ciudadano de la calle, de los trabajadores, de los pobres, los indígenas, los marginados, los oprimidos? Sorprenden, asimismo, varias ausencias en el debate educativo. ¿Dónde están los profesores? ¿Y los intelectuales? ¿Y los investigadores educativos? ¿Y las academias y los colegios de profesionales? Etcétera. Etcétera. Es triste comprobar que la política educativa en México se esté decidiendo en un diálogo restringido a pequeñas élites.
* Director de la revista Educación 2001.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
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