viernes, 29 de octubre de 2010

Juventudes y universidades mexicanas, más allá de la edad

María Herlinda Suárez Zozaya*
herlinda@servidor.unam.mx

Ya hemos dicho en Campus anteriores que en México la aparición de la Universidad Nacional coincide, prácticamente, con la aparición, en el escenario nacional, de la juventud. Hay que recordar que en su formulación germinal y más general el criterio etario para definir lo que se entiende por juventud es insuficiente. La concepción y el significado de esta palabra sólo pueden desentrañarse dentro de contextos históricos, porque son éstos los que producen y reproducen a quienes la piensan, como etapa de la vida y/o clase de edad, y a quienes se les representa y se identifica como miembros de las nuevas generaciones.

La juventud es un invento de la sociedad moderna y a México llegaron ambas en los albores del siglo XX; justamente por ello se hizo necesario que el país contara con una universidad. Sin ella, ni la sociedad moderna ni la juventud podían haber sido producidas ni reproducidas.

Tanto la universidad como la juventud mexicanas son productos y aspiraciones de las élites; no podría haber sido de otra manera. Podríamos calificar de milagro si es que hubiera sucedido que “el pueblo” mexicano de principios del siglo XX hubiera estado preocupado por el acceso a la educación superior de las nuevas generaciones. En ese momento más de 70 por ciento de la población mexicana no sabía leer ni escribir y la esperanza de vida al nacer ni siquiera llegaba a los 30 años de edad. ¡Imagínese nada más! Con una formación y una vida tan cortas, ¿quién iba a interesarse en apoyar la creación de una universidad?, ¿quién iba a pensar que a la edad de 20 años se era joven?

La urgencia “del pueblo” estaba puesta en la necesidad de adquirir las habilidades básicas para entablar comunicación más allá de los ámbitos domésticos y, sobre todo, en sobrevivir. Por ello, en 1910, cuando dio comienzo la lucha revolucionaria varios grupos sociales atendieron al llamado del Plan de San Luis y “el pueblo” se sumó a ellos. En cambio, tal y como lo expresó Justo Sierra, el proyecto universitario no contó con el apoyo popular. “El pueblo” mexicano no tenía conciencia moderna y no estaba en él la voluntad de tener una universidad, ni tampoco de forjar una juventud mexicana.

Para cuando se fundó la universidad, Justo Sierra tenía más de 60 años, podríamos decir que era un superviviente. Claro está que había sobrevivido porque Sierra estaba lejos de pertenecer “al pueblo”; formaba parte de la élite y de la “gerontocracia” que, junto con Porfirio Díaz, gobernaba el país cuando la universidad fue fundada. Con todo, nada menos cierto que afirmar que, en su origen moderno, el proyecto de la institución universitaria mexicana es un proyecto de viejos. Hay que recordar que los ateneístas, quienes reivindicaron para sí la pertenencia a la juventud, se plantearon como horizonte la fundación de una universidad nacional, pública y laica. Esto no es un dato menor, pues la historiografía sugiere que, en ese momento en México, nadie más que Justo Sierra tenía interés de fundar una universidad, pero la historia cuenta otra cosa: Pedro Henríquez Ureña, hacia 1908, en una carta1 que le envió a Alfonso Reyes, escribió, refiriéndose a la universidad: “o la fundan o la fundamos”. Y en los escritos de Henríquez Ureña también se encuentra el reconocimiento explícito de la responsabilidad ateneísta de construir, para México, una juventud. En 1913, el literato dominicano escribió: “llegué yo a México en el momento mismo en que se definía la juventud. Hasta entonces sólo había existido como grupo adscrito a la Revista Moderna”. Tanta era la importancia que estos jóvenes le atribuían a que el país contara con universidades y con juventud que ellos mismos fundaron su propio claustro: la Universidad Popular Mexicana.

Han pasado ya cien años de los sucesos que aquí he relatado. En el país, la esperanza de vida al nacer ha alcanzado los 75 años y sin duda juventud hay, y bastante. Claro que la concepción y el significado de la palabra juventud han experimentado un cambio radical; la edad se proclama como el único atributo para ser considerado joven y ahora se habla de juventudes, en plural, para dar cuenta de las diversas maneras que hay de ser joven. La juventud universitaria sigue siendo relativamente menor que la no universitaria y ninguno de estos dos colectivos juveniles tiene certeza de su papel histórico, ni siquiera de que la sociedad tenga un lugar para ellos. En términos de capital político, las juventudes mexicanas, universitarias o no, tienen escasa participación en las universidades, ya sea porque se subestima su capacidad de agencia o debido, de plano, a que los poderes de hoy se lo impiden.

Resulta evidente, entonces, que lo que llamamos “juventud mexicana”, sea lo que esto hoy represente y signifique, se está produciendo y reproduciendo fuera de los contextos universitarios. Lamentablemente en su mayoría, tales contextos están marcados por la precariedad, las lógicas del riesgo y la violencia. Así que pasado un siglo, con una revolución de por medio, la mayor preocupación de los(as) mexicanos(as) sigue siendo la supervivencia. Y las universidades, por más que a ellas acudan muchos(as) jóvenes, ahora sí, están siendo representadas y significadas por los(as) jóvenes como mundos adultos, por no decir de viejos.

Nota
1. Carta de Henríquez Ureña a Reyes del 3 de febrero de 1908, en A. Reyes y P. Henríquez Ureña, Correspondencia 1907-1914, edición de José Luis Martínez, México. FCE, 2004, p. 81 (Colección Biblioteca Americana).
* Investigadora del CRIM, profesora de la FCPS, miembro del Seminario de Educación Superior y del Seminario de Juventud de la UNAM.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/391/opinion/mhs.html

¿Por qué redoblar el financiamiento de la educación superior pública?

Roberto Rodríguez Gómez*
roberto@servidor.unam.mx

El análisis de los datos que muestran las transformaciones del sistema nacional de educación superior en la reciente década permite dar cuenta de avances en distintos aspectos. Algunas mejoras significativas están relacionadas con el crecimiento del sistema, su distribución territorial y con una cierta diversificación de la oferta. También reportan datos positivos rubros tales como el perfil de la planta docente, la producción científica, los procesos de aseguramiento de calidad de los programas, y el desarrollo de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Las encuestas que miden el grado de credibilidad de la ciudadanía en las instituciones públicas, ubican a las universidades entre las pocas organizaciones que merecen su aprobación y confianza.

Contra ese telón de fondo positivo hay varios puntos de claroscuro. El primero, tal vez el principal, la heterogeneidad que prevalece entre los subsistemas y entre las instituciones. El avance no ha sido parejo, quizá por la dinámica de competitividad que ha impregnado la política sectorial en la década. No menos importante, las dificultades de operar transformaciones en escenarios resistentes al cambio, lo que ha provocado la persistencia de rezagos. Por ejemplo, las políticas de admisión estudiantil, los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico; el régimen de jubilación y pensiones; las dinámicas de cambio curricular, entre muchos otros.


Al mismo tiempo que se reconocen adelantos en la marcha del sistema, también importa, por otra parte, identificar a los protagonistas. El gobierno federal es uno pero, ni de lejos, el más relevante o principal. En la pasada década el sistema ha mejorado gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones; los gobiernos estatales —no todos, por cierto—; los legisladores; las comunidades académicas; los estudiantes y la sociedad en general. La ANUIES y otras organizaciones universitarias han cumplido, asimismo, una tarea de articulación y de cadena transmisora bidireccional cuya importancia no debe subestimarse.

Datos: del año 2000 al presente se agregaron al sistema de educación superior prácticamente un millón de estudiantes, lo que representa la generación de casi cien mil nuevas plazas escolares por año en los sistemas público y privado. El crecimiento posibilitó transitar de la cuota de cobertura de 22 por ciento con que cerró el siglo pasado a la actual de 29 por ciento. La calidad de los programas se ha impulsado mediante diversos mecanismos; de ellos destaca la evaluación a cargo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y la acreditación que llevan a cabo los organismos autorizados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes). Al día de hoy, más de dos terceras partes de todos los estudiantes en el sistema público de educación superior están inscritos en programas evaluados favorablemente por los CIEES y/o acreditados por las agencias que coordina el Copaes.

Entre los indicadores de mejora destaca, por su importancia, el cambio del perfil académico de la planta de profesores en las instituciones. En la actualidad dos terceras partes del profesorado universitario de tiempo completo cuentan con posgrado o están inscritos en un programa de ese nivel. Hace diez años acaso 40 por ciento de la planta estaba en esa condición.

Sin menoscabo de lo que se ha logrado en conjunto, también hay que referirse a los desafíos por enfrentar en el futuro inmediato y a largo plazo. Muchos de ellos se derivan de las tendencias de crecimiento y diversificación de los recientes años. Es claro que hoy contamos con un mejor sistema, pero también con uno mucho más complejo. Así, el primer reto es multidimensional: mantener la tendencia de crecimiento —en la ANUIES se está planteando un horizonte de cobertura de 50 por ciento hacia 2020—, consolidar todos los tipos institucionales y construir un mecanismo mucho más eficiente de coordinación que incluya tanto a las instituciones públicas como a las particulares.

Aunado a lo anterior, resulta necesario deliberar y decidir las reglas que deben gobernar el sistema. Las normas actuales se han elaborado sobre la marcha, algunas ya resultan obsoletas y hay varios procesos, por ejemplo los vinculados a la evaluación, que tienen deficiencias normativas relevantes. El crecimiento también ha implicado efectos perniciosos de burocratización. Entre las comunidades académicas se repite la queja de demasiada administración, demasiadas regulaciones específicas y demasiados informes para llevar a cabo las tareas sustantivas. Se necesita simplificar el procedimiento administrativo. La administración debe estar al servicio de la academia, y la protección del tiempo académico debe ser una prioridad para mejorar el panorama.

Renovar la planta académica es también un escenario y una prioridad para el futuro de mediano y largo plazos. Las instituciones requieren integrar planteles en que exista un balance adecuado de juventud y experiencia. Se necesitan nuevos maestros e investigadores, pero también aprovechar la experiencia de los académicos de mayor antigüedad. Al final, el mayor problema: ¿cómo sostener una dinámica de crecimiento y desarrollo cualitativo que repercuta en las oportunidades de empleo de los egresados y que contribuya a la recuperación del crecimiento y el empleo en el país?

La pregunta no es simple y no tiene una respuesta única. Lo más importante, sin embargo, es entender y asimilar que el sistema de educación superior e investigación científica es un componente de un esquema de desarrollo más amplio. Para que cumpla a cabalidad su misión y sus objetivos, se requiere el acompañamiento de otras políticas económicas y sociales.

En todo ello, el factor financiero es crucial. Acceder a una nueva etapa de crecimiento y desarrollo cualitativo implica, necesariamente, una inversión pública de gran envergadura. Pero es condición necesaria para alcanzar metas y objetivos a la altura del reto.

* UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales. Seminario de Educación Superior.
Tomado de:
http://www.campusmilenio.com.mx/391/opinion/rrg.html

Ortiz, héroe bancario

Miguel Angel Granados Chapa
Reforma/29 de octubre de 2010

Guillermo Ortiz, ex secretario de Hacienda, ex gobernador del Banco de México, será presidente del consejo de administración del Banco mercantil del norte, SA de CV, conocido por el público como Banorte. Su principal propietario, Roberto González Barrera, será a partir de entonces presidente honorario vitalicio de ese consejo. Cuando esas mudanzas ocurran el banco será probablemente el tercero más importante del país, pues se habrá consumado la fusión con Ixe, recientemente anunciada.

Aunque el desempeño de Ortiz al frente de esa institución privada comenzará después de concluido el término de un año, establecido por la Ley Federal de Responsabilidades de los funcionarios públicos, entre el cumplimiento de un desempeño gubernamental y la prestación de servicios privados en la misma área, es imposible que Ortiz borre por entero de su mente y de sus costumbres su práctica de banquero central y de responsable de las finanzas nacionales. En realidad, precisamente por esa experiencia ha sido contratado.

Ortiz no es el primer secretario de Hacienda que pasa al sector privado al concluir su gestión, ni es tampoco el primer responsable del Banco de México que efectúa el mismo tránsito. Luis Montes de Oca, quien sirvió a Calles y a sus presidentes entre 1927 y 1932, y luego dirigió el Banco Central, designado por Cárdenas, fundó en 1941 el Banco Internacional, que con cambios de denominación sobrevive hoy como HSBC. Don Eduardo Suárez, secretario de Hacienda de Cárdenas y Ávila Camacho, presidió el Banco Comercial Mexicano y se asoció con el despacho de abogados neoyorquinos Hardin and Hess. Ramón Beteta continuó vinculado a Miguel Alemán, cuando después de ser secretario de Hacienda actuó como director general del diario Novedades, propiedad bajo cuerda del ex presidente. Ernesto Fernández Hurtado, director de la banca central con Echeverría, dirigió el Banco de cédulas hipotecarias de la familia Sourasky.

No se había aclimatado entonces en México -ni siquiera ahora lo está plenamente-- la noción del conflicto de intereses y en parte por la despolitización y la desinformación que afectaban a la sociedad mexicana se percibía como “natural” que se hicieran negocios privados después del servicio público y, más todavía, a partir del servicio público. Calles mismo inició sus empresas azucareras siendo presidente del consejo de administración del Banco de México, durante su Maximato, con créditos de la banca central. Abelardo Rodríguez fundó el Banco Mexicano (que al paso de los años se convirtió en Banca Somex), en vísperas de ser nombrado Presidente de la República, periodo en que consolidó sus operaciones inmobiliarias y pesqueras en Baja California. Es proverbial el tránsito del presidente Alemán a gran magnate del turismo (especialmente la hotelería) y la televisión. Y desde que su abogado Heraclio Bonilla los desveló, tenemos ahora datos precisos de los intereses inmobiliarios de Luis Echeverría en varios lugares del país.

Pero no me propongo ahora hablar de la corrupción, sino sólo de la cooptación de servidores públicos por empresas privadas, especialmente visible desde que el PRI perdió la Presidencia de la República y se angostó para quienes habían servido en altos cargos de la administración regida por ese partido la posibilidad de alagar su carrera política. Así vemos a José Andrés de Oteyza, Carlos Ruiz Sacristán, Jaime Serra, Genaro Borrego, Esteban Moctezuma, etc., ya no en las nóminas del Gobierno federal sino en la de empresas mexicanas y extranjeras de alto relieve en la economía,
La banca en general, y Banorte en particular era el destino natural de Ortiz al quedar en posibilidad legal de ingresar en el sector privado. Ortiz podría ser considerado como un héroe para la intermediación financiera de nuestro país.

Como subsecretario de Hacienda presidió el comité de desincorporación bancaria, que privatizó a los bancos nacionalizados por López Portillo, Banorte entre ellos, adquirido en 1992 por quien ahora lo contrata. Luego, como secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, organizó el rescate bancario en vez de emprender el rescate de los ahorradores e inversionistas quebrados por los errores de Carlos Salinas. La ampliación del Fobaproa a partir de deuda pública no autorizada por el Congreso, como demanda la Constitución, ha sido hasta ahora el gran mérito de Ortiz ante los banqueros privados.

Banorte ya había reclutado a personal cercano a Ortiz en altos niveles de su dirección. Alejandro Valenzuela, su vocero en la Secretaría de Hacienda en el difícil tramo de 1995 a 1998 es desde hace más de un lustro ejecutivo de alto nivel y desde julio de 2008 director general del banco. Trabajan allí, igualmente, los Fernando Solís (Soberón y Cámara), que también tuvieron responsabilidades gubernamentales. Solís Soberón fue el primer director de la Comisión nacional del sistema de ahorro para el retiro, cuando Zedillo y Ortiz privatizaron las pensiones.

Banorte nació como Banco Mercantil de Monterrey en 1899, y creció en 1986 al ser fusionado con el Banco regional del norte (fundado, también en la capital de Nuevo León, en 1947). Adquirido en 1992 por González Barrera, que ya había consolidado una fortuna con la industrialización del maíz, se expandió a esa región del país al hacerse del Banco del Centro (Bancen), plenamente desde agosto de 2008.

González Barrera ha resistido la tentación de vender al extranjero su banco y subraya esa mexicanidad frente a la competencia regida desde fuera.

martes, 26 de octubre de 2010

El país de las inercias


Alberto Aziz Nassif
El Universal/26 de octubre de 2010

Todos los días llegan noticias que muestran cómo las inercias tienen atrapado al país. Las inercias son propiedades de los cuerpos que se resisten al cambio. Casi en cualquier campo de la vida pública hay intereses políticos y económicos que mantienen el estado de cosas. Por ejemplo, la muerte sigue tan campante en Juárez, la opacidad se mantiene y el gasto público en los estados crece, y los monopolios imponen sus condiciones.

La inercia entre los poderes hizo que el Ejecutivo y el Legislativo se acomodaran para sacar adelante la Ley de Ingresos, en donde los estados tendrán cada vez mayores recursos y, al mismo tiempo, habrá menores mecanismos de rendición de cuentas. Las auditorías que se han practicado a la contabilidad estatal muestran de qué forma, independientemente del partido político (Nuevo León, PRI; Aguascalientes, PAN, o Zacatecas, PRD), los gobiernos de los estados incurren en deficiencias y anomalías como las que estableció el propio Ejecutivo: manejos financieros discrecionales, adjudicaciones de contratos mal hechas, obras no autorizadas, deficiencias en la planeación, etcétera (Reforma, 22/X/2010). En el aumento del presupuesto para los estados hay una inercia que parece imbatible, pero cuando se habla de más transparencia y rendición de cuentas la opacidad se impone.

Otra expresión de las inercias son los intereses dominantes que en cada actividad de la vida productiva, social o política imponen sus condiciones y se oponen a cualquier modificación que amenace sus territorios. Resulta explicable que un actor dominante se oponga al cambio y a la competencia, pero resulta problemático entender cómo la autoridad, el Estado, ha dejado que prevalezca este conjunto de intereses particulares que poco a poco se han comido los bienes públicos. México padece el fenómeno de un Estado capturado. En estos días el director de la revista Foreign Policy, Moisés Naím, planteó el tema de los monopolios en México en los siguientes términos: “en el país hay dos empresas que controlan canales de TV abierta; tres bancos, los servicios financieros; una empresa, la conexión de internet vía telefónica; dos, el negocio del cemento; dos, la producción de carne y huevo, y dos, la distribución de medicamentos, entre otros casos” (Reforma , 22/X/2010). Con estos dominios resulta difícil que el país se encamine a mejores servicios y más competitividad. Esta fuerza inercial parece no tener límites, por lo menos mientras no cambie la lógica monopólica del desarrollo.

La inercia de la muerte sigue destruyendo. En Ciudad Juárez, una de las más violentas del mundo, el pasado sábado un comando asesinó a otros 14 jóvenes y dejó heridos a otros 15. Es un nuevo episodio del juvenicidio, como lo ha llamado Víctor Quintana. Es la quinta ocasión en menos de dos años en la que mueren grupos de jóvenes en esa frontera (EL UNIVERSAL, 24/X/2010). Así, de masacre en masacre, discursos van y vienen, planes, giras presidenciales, se implementan operativos que cambian de nombre, llega el Ejército y se va, llega la Policía Federal, arriban nuevas autoridades y la muerte sigue imponiendo su ley en una inercia que cada vez resulta más mortífera. En 20 días de la administración de César Duarte van 226 muertos en el estado de Chihuahua (Reforma, 25/X/2010). En Juárez todas las autoridades han fallado y ninguna estrategia parece funcionar porque la impunidad, la falta de Estado y el dominio de las bandas forman el paisaje cotidiano de una ciudad en donde ha reventado el modelo del ensamble maquilador; lo que fue una frontera moderna que se integraba al mundo hoy es tierra de nadie. Las estadísticas del alcalde que se acaba ir muestran el terrible balance: 7 mil muertos, 10 mil huérfanos, la fuga de 250 mil habitantes, el cierre de 10 mil negocios, la pérdida de 130 mil empleos, el abandono de más de 25 mil viviendas y 80 mil adictos (Proceso, 1771).

La resistencia al cambio en los casos anteriores sólo tiene una coincidencia temporal, son noticias que se han presentado en los días anteriores. Cualquier semana que se haga este ejercicio el resultado será perecido. La falta de transparencia en el gasto y una débil rendición de cuentas, la ausencia de competitividad y regulación estatal, el fracaso en la política de seguridad en ciudades como Juárez. Sin duda, el ingrediente de las resistencias al cambio y de la falta de un horizonte de sentido es uno de los problemas centrales del país. La enumeración de las inercias sería larga, pero algo queda claro: mientras no se muevan estos nudos no habrá futuro para el país. Mientras otros países construyen su desarrollo y le dan vuelta a la página, aquí seguimos sometidos a las inercias.

Investigador del CIESAS

La buena educación

Francisco Valdés U.
El Universal/24 de octubre de 2010

La buena educación es muy cara. La mala es más costosa, pues no solamente hay que conseguir que sea buena, sino pagar los platos rotos por haber sido mala. Así estamos en México, pagando los platos rotos y haciendo lo que se antoja proteico: transformar la mala en buena educación.

A nadie escapa ya el diagnóstico, pero las resistencias a asumirlo abundan. Nuestro país tiene el más bajo estándar educativo básico de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y uno de los más bajos entre países de tamaño equiparable. Por los dos parámetros andamos mal: en comparación con los más desarrollados y con los que se parecen a nosotros.

El martes pasado se presentó en la Secretaría de Educación Pública el estudio realizado por ese organismo internacional, en voz de su secretario general, José Ángel Gurría, ante las máximas autoridades educativas. La reunión, pues, se realizó con las presencias de más alto nivel posible y lo fue de propuesta para definir políticas.

El estudio convenido entre el gobierno mexicano y la OCDE es el más extenso y detallado que ese organismo haya realizado en cualquiera de los países miembros y, además de analizar específicamente la problemática de alumnos, escuelas y evaluación de profesores, hace proyecciones del impacto que tiene y podría tener la educación en el desarrollo económico. Algunos datos impresionan. Si los alumnos mexicanos incrementaran su desempeño, medido por la prueba PISA (Programme for International Student Assesment), a un nivel de rendimiento creciente, el PIB podría multiplicarse más de dos veces hacia el final del siglo. Igualmente, es consenso internacional que la equidad social se consigue mediante la amplia cobertura educativa. Si se logra el acceso universal a la educación básica, el efecto sobre la desigualdad social sería directo. A mayor cobertura y mejor educación, menor desigualdad social, pues crecerían las oportunidades de obtener mejores empleos. Además, la probabilidad de que las personas mejoren la calidad de su participación social y política en la vida del país aumentaría, haciendo más difíciles el clientelismo, la manipulación y el abuso económico y político.

Sin embargo, para hacerlo hay que tomar medidas inmediatas y enérgicas, que atiendan a la vez lo urgente y lo importante.

Hoy, los alumnos son evaluados mediante varios instrumentos, como el señalado y otros aplicados nacionalmente. El sistema educativo ha dado pasos importantes para modernizarse, como la federalización, esto es, la política educativa se ha descentralizado, haciendo posible su aterrizaje a nivel local (lingüístico, geográfico, cultural…). Pero hay factores que entorpecen esta evolución, como la manipulación de los maestros por parte de los poderes políticos locales, especialmente los gobernadores.

Otro factor de resistencia es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que ha confundido la defensa de intereses legítimos de los maestros con la influencia en el poder político. En la situación actual en que apremia la necesidad de aumentar la calidad, el sindicato magisterial optó por la resistencia a la evaluación educativa. La Alianza por la Calidad de la Educación entre autoridades y maestros que, sin duda, ha representado uno de los mayores esfuerzos por superar la postración de la educación, se mantiene entorpecida por un acuerdo previo entre el gobierno y el SNTE (Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica), firmado en la administración de Salinas de Gortari, gracias al cual el sindicato mantiene la prerrogativa sobre la carrera magisterial subordinando el mérito a la lealtad política y fomentando la corrupción y la impunidad. Gracias a este acuerdo, en la Ley General de Educación se inmuniza a los maestros de sanciones por cometer faltas o delitos administrativos y comunes diversos, es decir, se les da impunidad ante los mecanismos de responsabilidad definidos por la ley.

Abrir el paso franco a la evaluación magisterial, a la transparencia en el uso de los recursos por parte de toda autoridad educativa y magisterial, a la deliberación pública en la definición de las políticas educativas del futuro inmediato es esencial para la buena educación.

De la misma forma, la mejora de las escuelas, la participación social en la educación, la autonomía para desarrollar los planes de estudio y hacerlos asequibles a las diferentes regiones y niveles sociales, y el compromiso de los maestros con sus alumnos, sus escuelas y su propia formación (mediante la evaluación y la capacitación constante), son medidas impostergables que se pueden tomar hoy mismo si hay voluntad política de los actores involucrados.

La apertura de México al exterior ha dado más rendimientos positivos que negativos. Uno de aquéllos es su participación en la OCDE. Así sean odiosas, las comparaciones sirven. Medirse con los grandes nos ha servido para mirarnos más allá del ombligo. Ahora hay que aceptar el reto.

www.franciscovaldesugalde.com

21 reflexiones sobre la Licitación 21

Denise Dresser
Proceso/25 de octubre de 2010


El gran ganador del colapso de la alianza Televisa-Nextel es Ricardo Salinas Pliego, quien logra efectuar otro Chiquihuitazo ante el pasmo del gobierno, que ve el fin de su intento por crear otro competidor con la capacidad de enfrentar a Carlos Slim.

2) Slim es otro personaje que debe estar de plácemes, ya que el fin de la asociación Televisa-Nextel significa el fin de los desatinados esfuerzos gubernamentales por inyectar competencia en el sector de la telefonía celular.

3) Salinas Pliego demuestra nuevamente que a través de la intimidación, la denostación y las tácticas agresivas puede sacar a un competidor –en esta ocasión Televisa-Nextel– de la jugada. El episodio reciente tan sólo confirma su reputación de empresario gangsteril. De nuevo obtiene lo que quiere: así como se apropió ilegalmente del Chiquihuite, ahora consigue doblegar a Televisa y a Felipe Calderón.

4) Ante la probabilidad de litigios interminables interpuestos por TV Azteca, Televisa prefiere rendirse y adoptar el papel de víctima.

5) Televisa se ve obligada a beber una sopa de su propio chocolate. En otras instancias en las que su predominio iba a verse afectado –como en el caso de una tercera cadena de televisión– hizo lo mismo que Ricardo Salinas Pliego ha hecho ahora: usar la pantalla de televisión para desacreditar a su adversario.

6) Ante su derrota, Televisa intenta presentarse como adalid de la competencia frustrada, cuando siempre ha rechazado la competencia y ha recurrido a todas las argucias legales y extralegales para frenarla.

7) Televisa denuncia que el poderío Telmex-Telcel representa un freno para el desarrollo de México cuando su propio predominio en la televisión tiene el mismo efecto. Es un caso clásico del “burro hablando de orejas”.

8) Televisa denuncia lo que llama “la falta de certidumbre jurídica” que llevó a compañías extranjeras a no participar en la Licitación 21, cuando no lo hicieron precisamente porque saben de lo que es capaz la televisora para lograr sus fines. Televisa lamenta la falta de competencia extranjera en el sector, cuando siempre ha hecho todo a su alcance para frenarla.

9) Televisa se queja de que Telcel –o sea Carlos Slim– ha usado sus influencias para aniquilar a los “nuevos jugadores”, cuando Televisa siempre ha hecho lo mismo. La hipocresía de su posición es obvia y risible.

10) Televisa dice que “le creyó” al gobierno lo de fomentar la competencia, cuando la Licitación 21 que ganó desde el principio estuvo plagada de irregularidades.

11) Televisa se queja de la “ofensiva mediática, legal y gubernamental” sin precedente en la historia, cuando la que padece es la misma que puso a andar hace unos años contra los adversarios de la Ley Televisa.

12) Televisa se sintió profundamente ofendida de que los críticos de la licitación se refirieran a ella como una “ganga”, cuando históricamente ha sido el beneficiario de múltiples “gangas” otorgadas por el gobierno, empezando por su propia concesión, por la cual no pagó un solo peso.

13) Televisa se queja de los 72 amparos interpuestos en su contra e ignora los innumerables amparos a los que ha recurrido en el pasado para mantener su posición duopólica.

14) La televisora culpa al gobierno por haber creado el “hervidero politico” en el cual se convirtió la licitación, cuando era evidente que surgiría por los términos irregulares en que se realizó.

15) La televisora sugiere que el gobierno mismo usó la licitación para “chantajear a Televisa de cara a la contienda electoral de 2012”. Por algo lo dirá: lleva años chantajeando a los partidos y sabe cómo hacerlo. La única diferencia aquí es quién iba a chantajear a quién.

16) Televisa dice que no quiso “quedar en manos del gobierno federal” y por ello se levantó de la mesa. La empresa actúa como si no fuera la concesionaria de un bien público sujeta a reglas, y trata de ocultar la razón real por la que se retiró: el miedo a Ricardo Salinas Pliego y el desgaste público que le ha producido el pleito, reminiscente del escándalo que estalló alrededor de la Ley Televisa.

17) A lo largo del proceso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes exhibió una ineficacia descomunal. Quiso usar un medio malo (la Licitación 21) para alcanzar un objetivo bueno (la competencia), y ahora Juan Molinar se ha quedado con las manos vacías. De nuevo el gobierno de Felipe Calderón emerge como el jugador más débil e incompetente.

18) Como bien lo ha señalado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la Licitación 21 fue irregular y de legalidad controvertible. De entrada, las bases fueron inequitativas y demostraron que el gobierno de Felipe Calderón quería elegir un ganador de antemano, en detrimento de otros posibles participantes.

19) A menos que un juez determine que todo el proceso fue irregular desde el principio, es poco probable que la licitación sea revocada y se efectúe de nuevo. Al hacer las cosas de la mala manera en que las hicieron, tanto la SCT como la Cofetel están en un callejón sin salida. La tan cacareada medida en favor de la competencia se ha derrumbado, y con un costo político muy alto para Calderón y su equipo.

20) La parcialidad gubernamental evidente en favor de Televisa despertó la ira de otro monstruo – Televisión Azteca–, y Juan Molinar no pudo hacer más que presenciar la pelea entre ambos.

21) El derrumbe de la Licitación 21 nos regresa al statu quo ante, y evidencia la debilidad del gobierno ante las criaturas que ha engendrado: Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Jean y Carlos Slim. Al final del día ganaron los que siempre se han dedicado a bloquear, obstaculizar, entorpecer, violar y monopolizar. Y perdieron los consumidores del país que se merecen procesos transparentes y equitativos, encaminados a fomentar la competencia. Ganaron los que una y otra vez logran vetar y perdieron las víctimas de esos vetos: los ciudadanos que pagan de más porque el gobierno no logra controlar a los monstruos que concibió.

Debate al memorándum de un colega


Manuel Gil Antón*

A la memoria de Carlos Imaz Jahnke

En la edición de hace una semana, Roberto Rodríguez compartió con el lector su esfuerzo por entender, y ayudarme a comprender, la confiabilidad estadística de lo afirmado por el maestro Lujambio hace un par de semanas: “entre 1980 y 1996 la cobertura (en educación superior) tuvo un crecimiento cero…”. Lo dijo con cierto enfado por la incapacidad que hay, a su juicio, de reconocer que para el presidente Calderón ha sido prioritaria la educación superior, y con el ánimo de comparar esos años de aparente “crecimiento cero” en la cobertura, con los de notable aumento en el mismo indicador durante la presente administración. Su texto se llama “Memorándum a Manuel Gil”.

Los datos disponibles indican que en ese periodo la tasa de cobertura perdió celeridad en la evolución al alza, pero que entre 1980 y 1996 la cobertura no se mantuvo estática. Creció, aunque a menor ritmo (de 14 a 18 por ciento en ese lapso) en comparación con las dos décadas previas, y también si lo contrastamos con los recientes 15 años. Agradezco a Roberto su acuciosa búsqueda y solución “no oficial”, pero precisa, al galimatías de las cifras.

Su respuesta me llevó a establecer una analogía entre este asunto de la cobertura en la educación superior y un viejo recuerdo de mis clases de física en la secundaria. Se trata de la fórmula para calcular la velocidad. Nos enseñaron que la velocidad en el desplazamiento de un móvil se calcula poniendo en relación a la distancia con el tiempo. V= D/T.

Si entre la Ciudad de México y Cobertuitlán hay cien kilómetros, y una persona arriba exactamente en una hora, diremos que la velocidad promedio fue de 100 kilómetros por hora. Cuando otra lo hace en dos horas, la división entre la distancia sobre el tiempo arroja que se desplazó en promedio a 50 por hora, como decimos coloquialmente.

Si mantenemos sin cambios ni mejoras a la carretera y la duración del trayecto, no se vale, diría mi profesor de física y el maestro Perogrullo, que el lunes la distancia fuera de 100 kilómetros y el martes siguiente de sólo 50, por “órdenes superiores”. De aceptarse esta variación arbitraria, al llegar en una hora, la velocidad se reduce a 50 km/h, y en el caso del que duró dos horas, se desploma a 25. Bastó cambiar el dato de la distancia (dejando invariante el tiempo) y se altera, obviamente, la velocidad.

¿Cuál es la analogía? Ocupe el lugar de la distancia, en el caso de la tasa de cobertura, la cantidad de estudiantes, esto es, la matrícula total, y el grupo de edad (19 a 23 años) hará las veces del tiempo. Si la matrícula son 2 millones, y el grupo de edad 10 millones, la división arroja como resultado 0.20: la tasa de cobertura es equivalente a la quinta parte del grupo de edad con el cual se le compara. Expresado en porcentaje, la tasa de cobertura (TC) es 20 por ciento. En vez de distancia sobre tiempo, en este caso la fórmula es la matrícula (M) sobre el grupo de edad (GE). TC = M/GE.

Si se modifica el tamaño del grupo de edad ocurren cambios notables: supongamos que se dice que en lugar de 10, son 8 millones, y la matrícula es la misma: el resultado es que la cantidad de estudiantes resulta la cuarta parte (8/ 2= 0.4), y como porcentaje 25 por ciento la tasa de cobertura. Ya no es uno de cada cinco, sino uno de cada cuatro.

El cambio en el grupo de edad (el denominador), sin cambios en la matrícula (el numerador) afecta a la cobertura. Al reducirlo, la TC aumenta, si se amplía, la tasa disminuye.

Modificar los dos términos genera cambios aún más complicados: ya “ajustado”, el grupo de edad en nuestro ejemplo queda en 8 millones, pero se puede alterar la cantidad de estudiantes al incorporar no sólo a los que estudian hasta licenciatura en la modalidad presencial, sino agregando a los que estudian en modalidades abiertas y a distancia, y a los que hacen cualquier posgrado. Esto lleva a que la matrícula pase, digamos, de 2 a 2 millones 500 mil. Al hacer la división, el resultado es 0.3125, o sea casi una tercera parte si se expresa en porcentaje: 31.3. La cobertura crece, sin duda, al reducir el grupo de edad y aumentar la matrícula.

Si las autoridades educativas tienen la facultad de modificar el numerador —la matrícula— y escoger el “mejor” denominador disponible de los varios en la mesa —el grupo de edad— para sus cálculos, la tasa de cobertura será la que ellos quieran, moviendo alguna o las dos cifras. Algo recuerdo, no sé usted, que parecía cosa del pasado: “—¿Qué horas son? —Las que usted quiera señor presidente”.

¿Ha sucedido algo así, más allá de este ejercicio abstracto? En efecto. En el Programa Sectorial Educativo se propone como meta llegar a 30 por ciento de cobertura (tasa bruta) en 2012, empleando la cifra correspondiente a la matrícula de educación superior escolarizada y sin incluir al posgrado. Si se revisa el Cuarto Informe de Gobierno, en la sección correspondiente a la educación superior se anota como matrícula (en el numerador) tanto a la escolarizada, la no escolarizada y a todo tipo de posgrados. Al mover los criterios de lo que se considerará matrícula —al no cumplir con sus propias definiciones— hacen crecer al denominador: 2 millones 910 mil estudiantes. No tienen que alterar al grupo de edad, lo dejan aproximadamente en 10 millones. Ergo, la tasa de cobertura ya es de 29.1 por ciento, y si la meta era llegar a 30 por ciento, falta muy poco y se cumplirá antes de lo programado. Gran éxito, formidable esfuerzo, un gobierno que cumple y da prioridad a la educación superior.

Lo malo es que es falso. Al “mover” los números de la fórmula calculando el mejor resultado, el más lucidor, no se dice la verdad ni se enfrenta, en sus justos términos, el problema. Perdemos todos, aunque en el corto plazo una administración pueda afirmar que logró, y anticipadamente, sus propósitos.

Estando a merced de las autoridades la modificación discrecional de distancias, tiempos, magnitudes y componentes de las cantidades, sin consecuencia alguna, los indicadores sociales —como en este caso el de la cobertura— no son confiables. ¿Qué nos conviene: un país en el que sepamos cómo están las cosas, u otro en el que se tuercen los números para indicar prioridades y logros que no son tales y, para colmo de males, si se les mira bien resultan pírricos? A mi juicio, el primero, pues la tasa de cobertura no es un simple dato, sino un indicador de inclusión o exclusión de los jóvenes mexicanos en las oportunidades educativas. Es ése el debate de fondo, y no se entiende, ni se resuelve, modificando a placer las cantidades.

* Profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.

Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/390/opinion/mg.html

miércoles, 13 de octubre de 2010

La Universidad de Durango en la mira

Carlos Ornelas
Excélsior/6 de octubre de 2010

Mal andamos en este país cuando los gobiernos atacan a las universidades. Al cuarto para las 12, el Congreso local reformó la Ley Orgánica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el propósito único de impedir la reelección del rector, Rubén Calderón Luján. Es difícil pronosticar cuál será el resultado, el gobernador acaba de tomar posesión el 15 de septiembre, sus grados de legitimidad son escasos y el desaseo con el que procesó la reforma a la ley, en lugar de ganarle adeptos, le resta capacidad y anuncia un pleito largo.
Los hechos: desde agosto, el rector Rubén Calderón anunció su intención de reelegirse; luego pidió licencia y el secretario general, Salvador Rodríguez Lugo, fue designado rector interino y presidente de la comisión electoral. Otros tres candidatos se registraron. El lunes 27 de septiembre, el diputado del PRI Enrique Benítez Ojeda presentó la iniciativa de reforma al artículo 25 de la Ley Orgánica de la UJED, con el fin de impedir la reelección del rector. El Congreso reformó la ley en la sesión del miércoles 29 de septiembre, por la noche. Con ello anuló el derecho de Rubén Calderón a repetir en el mando de la institución. Al parecer sin base legal alguna, el Congreso designó a la que fue secretaria de Salud del gobierno de Ismael Hernández, Patricia Herrera, como rectora. Mas el Consejo Universitario la desconoció y ratificó a Rodríguez Lugo como rector interino. Aquélla lo denunció por "usurpación de funciones" y la policía ministerial lo detuvo en una operación relámpago; para luego dejarlo libre, pues el amparo de un juez federal lo restituye como rector interino. El Consejo universitario está citado hoy, para designar al rector; pero los grupos del PRI, el Panal, el PVEM y un partido local en el Congreso, insisten en que esa elección no será válida.
El gobernador Jorge Herrera Caldera declaró que será un aliado de la Universidad y es respetuoso de su autonomía, mas también expresó respeto por la soberanía del Congreso. Para nadie es un secreto que él señorea a la Cámara de Diputados. Tal vez el mandatario tenga razones de peso para intervenir en la Universidad, pero lo que domina en la opinión pública es que trata de deshacerse del rector (que casi seguramente tendrá los votos suficientes para reelegirse) porque éste apoyó a su contrincante, José Rosas Aispuro, en las pasadas elecciones y, en política, lo que parece, es.
Hizo mal el gobernador en comenzar un pleito, no contra un rector que se quiere reelegir, sino contra la institución; ya que en los hechos elimina al Consejo Universitario. Hoy el Congreso convoca a foros para reformar la ley en 2011, pero me parece que es más con afán de lavarse la cara y en forma tardía. Además, la jugada le puede fallar al mandatario y sufrir una derrota trascendente muy temprano en su gobierno. No hay nada mejor para un candidato que aparecer como el mártir. Asimismo, Calderón Luján puede ganar la elección en el Consejo Universitario y luego batallas legales. Pienso que el gobernador no se atreverá a impedir la sesión del Consejo de hoy por la tarde utilizando a la fuerza pública.
Los gobernadores de Durango que tuvieron buenas relaciones con la UJED no se esforzaban por imponer a un incondicional como rector. Cierto, algunos metieron las manos, pero lo hicieron con discreción. Tener en contra a los que disfrutan de opinión e influencia en los medios encierra riesgos que al parecer el gobernador Herrera Caldera no midió.
Más allá del saldo que surja de esta riña, la reforma a la Ley Orgánica de la UJED es prioritaria. Ningún rector la va a promover, pues ésta, que data de 1962, le otorga facultades extraordinarias, al grado de que "el jefe nato" puede manejar con prepotencia el presupuesto que no se destina a salarios. Como los métodos de elección de rector y directores de escuelas se prestan al clientelismo, quien está en posiciones de mando tiene la ventaja sobre sus competidores.
La ley, además, es arcaica en la concepción de la universidad y la educación. Si el gobernador hubiera lanzado la convocatoria para una discusión de altura, sin madruguete (bueno, fue nocturno) de por medio, quizás hubiese logrado una buena reforma el año venidero; pero ya echó por el caño esa oportunidad.

*Académico de la UAM
Carlos.Ornelas10@gmail.com

El miedo necesario


Denise Dresser
Proceso/12 de octubre de 2010


“El rey Enrique: Es cierto que estamos en grave peligro; por ello más grande aún debe ser nuestro valor.”

Shakespeare, Enrique V



Felipe Calderón imprudente. Felipe Calderón obsesivo. Felipe Calderón tan atado psicológicamente a Andrés Manuel López Obrador que desentierra la frase con la cual polarizó al país. “Un peligro para México”, reitera con orgullo. “La política del rencor y del resentimiento que siembra”, reclama quien ahora demuestra lo que antes denunció. El presidente de México vanagloriándose de la división que le achaca a su adversario pero de la cual también es responsable. Cuatro años después de la elección, y AMLO parece preocuparle más que el inminente regreso del PRI. Cuatro años después de un proceso agitado que insiste en revivir, Felipe Calderón vuelve a centrar la mirada en el lugar equivocado. En el miedo que despierta un hombre y no en las condiciones que lo produjeron. En el miedo que México debe tenerle al Mesías tropical y no en los problemas persistentes que propician su permanencia.

Porque el miedo que Felipe Calderón le tiene a Andrés Manuel López Obrador es el mismo que comparten tantos mexicanos más; los que prefieren odiar a un personaje antes que mirar al país que lo parió. Es el miedo a ese país de pobres, de “nacos”, de indígenas, de desarrapados. Miedo a quienes viven parados en los camellones vendiendo chicles o subsisten en el campo cultivando maíz. Miedo a los mineros enojados y a los cañeros sublevados. Miedo a los resentidos y a los marginados. Miedo a mirar la realidad del subdesarrollo detrás de la retórica de la modernidad. Miedo a la verdad y a nosotros mismos. Miedo a mirar al país tal y como es. Detrás de los mitos. Detrás de las cercas electrificadas y los muros infranqueables. Detrás de la hipocresía fundacional en un país profunda y dolorosamente desigual.

A México le urge tener miedo, pero no a un político controvertido. A México le urge el miedo necesario que nace de la honestidad desplegada ante el “país de mentiras”, como lo bautizó Sara Sefchovich. El miedo que surge frente a la brecha entre lo que se dice y lo que es; entre el discurso del poder y la realidad del poder. El miedo que emerge cuando se descubre que la mentira constituye la esencia de la vida política mexicana y además es indispensable para gobernar. El miedo a reconocer los engaños para consumo interno que la clase política usa todos los días: el discurso que asegura que “el Senado de la República trabaja para ti” y que los indios son nuestros iguales y que el gobierno busca la justicia social y que la educación es una prioridad y que la economía está sana y sólida y que vamos ganando la guerra contra el crimen organizado, siendo que nada de esto es así.

Y esas grandes mentiras impiden colocar un espejo frente a los ojos del país y frente a quienes han permitido que sea como es hoy. Un lugar rico con muchos pobres. Un lugar con más multimillonarios que Suiza, según la lista más reciente de la revista Forbes. Donde gran parte de las fortunas han sido acumuladas en sectores con poca o ninguna competencia y protegidos por el gobierno. Donde Televisa regularmente obtiene todo lo que quiere y a precio de ganga. Donde, según un estudio reciente de la ONG Fundar, siete de cada 10 mexicanos padecen un abuso de autoridad cada vez que pisan un Ministerio Público. Donde el 94% de los delitos no son resueltos. Donde el 40% de las mujeres dicen haber padecido la violencia doméstica. Donde no hay siquiera “responsables” de la tragedia de la guardería ABC. Donde 17 millones de personas viven en pobreza extrema. Datos duros de un país donde la vida es difícil para la mayoría de quienes sobreviven en él.

Eso es lo que debería provocar miedo. Eso es lo que debería producir temor. Eso es lo que los mexicanos deberían combatir y cuestionar y odiar y recordarle a Felipe Calderón y a los precandidatos presidenciales, todos los días a toda hora. Hay demasiados mexicanos para los cuales el país no funciona. Hay demasiados mexicanos para quienes más de lo mismo durante el gobierno de Felipe Calderón ha significado peor de lo mismo. Hay demasiados mexicanos que desean una transformación a fondo del país que los ha excluido o maltratado o ignorado. Y también hay demasiados mexicanos que no lo entienden, para los cuales el país no va tan mal. Porque los privilegiados viven muy bien, aunque sea detrás de muros cada vez más elevados, con escoltas cada vez mas armadas, con séquitos de seguridad cada vez más grandes. Aunque sea con miedo.

Y de allí las siguientes preguntas: ¿Qué es y ha sido más peligroso para México, López Obrador o un sistema socioeconómico que concentra la riqueza y no quiere distribuirla de manera más justa? ¿López Obrador o élites políticas, sociales y empresariales satisfechas con las tajadas que se sirven? ¿López Obrador o partidos políticos que no representan a la población ni rinden cuentas ante ella? ¿López Obrador o la corrupción política que corroe la confianza en las instituciones? ¿López Obrador o políticos sentados en largas mesas con manteles de fieltro que llegan a grandes acuerdos para que poco cambie? El odio feroz a AMLO ata a su crítico principal –Felipe Calderón– a un adversario falso. El verdadero peligro para México no es un hombre, sino la resistencia de tantos a compartir el país y gobernarlo mejor. Y el miedo necesario que los mexicanos deberían compartir es la posibilidad de que México siga siendo así.

Ética e investigación médica

Arnoldo Kraus
La Jornada/13 de octubre de 2010


Hace pocos días la prensa informó acerca de violaciones éticas en humanos por parte de la medicina estadunidense. Infectó EU con gonorrea y sífilis a guatemaltecos”, anunciaba La Jornada el 2 de octubre. El asunto, muy delicado por su naturaleza, tiene varias aristas. Una es peor que otra. Las disculpas ofrecidas por Barack Obama al gobierno de Guatemala no alcanzaron la luz motu proprio, es decir, por honestidad del sector salud o del gobierno; el perdón se expresó porque Susan M. Reverby, profesora de historia médica, quien seguía el affaire Tuskegee, informó, a fuentes gubernamentales, sus hallazgos sobre experimentos realizados en Guatemala. Esa falta de arrepentimiento, y esa incapacidad de asumir la culpa, debe ser la razón por la cual la medicina estadunidense siguió, después de Guatemala, violando la ética médica.

Los experimentos efectuados por médicos estadunidenses en Guatemala se llevaron a cabo entre 1946 y 1948. Con la intención de estudiar el comportamiento de la sífilis y de la gonorrea, así como el posible efecto terapéutico de la penicilina, médicos del servicio de salud pública estadunidense inyectaron los agentes causales de esas enfermedades venéreas a cientos de presos, soldados y pacientes siquiátricos.

La insanidad del asunto fue terrible: A) Se utilizaron prostitutas enfermas de gonorrea o sífilis para contagiar al grupo de estudio. Cuando se comprobó que la frecuencia del contagio era baja, se decidió inyectar el Treponema pallidum o la Neisseria gonorrhoeae directamente en el pene o en los brazos de las personas. B) Los sujetos elegidos, verdaderos conejillos de indias, no tenían, por supuesto, noción de la investigación. C) Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo los Procesos de Nuremberg (1945-1946), donde se sancionó a los colaboradores del régimen nacionalsocialista. En forma paralela se llevaron a cabo otros juicios, entre ellos el Juicio de los Doctores (diciembre 1946), cuya finalidad fue exponer la actividad de médicos nazis acusados de experimentar, asesinar o torturar a judíos, gitanos o polacos enfermos de tuberculosis. El Juicio de los Doctores fue presidido por el distinguido abogado estadunidense Telford Taylor. D) La penicilina se empezó a utilizar con éxito en el tratamiento de la sífilis desde 1943. Los cuatro incisos previos ilustran la brutalidad del experimento así como la relación temporal entre la investigación, las denuncias éticas y la eficacia de la penicilina.

Durante los años en los cuales se llevaron a cabo los experimentos en Guatemala, las atrocidades de la medicina nazi habían alertado al mundo acerca de los cruciales vínculos entre ética y medicina. Debido a la participación de Taylor, y al uso de la penicilina como tratamiento de la sífilis y otras infecciones es imposible aceptar la doble moral y la falta de apego a las reglas médico-éticas: la medicina estadunidense violó la ética médica en Guatemala. El silencio y la falta de autocrítica de la elite médica estadunidense fue la semilla para que algunos doctores continuaran realizando experimentos alejados de normas morales.
En el primer párrafo mencioné la ciudad de Tuskegee (Alabama); allí se llevó a cabo, entre 1932 y 1972 el Estudio Tuskegee sobre la sífilis no tratada en hombres negros. Ese estudio es uno de los ejemplos más contundentes de investigación mal hecha y de conductas éticas inadecuadas. Con tal de no interrumpir las observaciones sobre la evolución natural de la sífilis –pacientes sin ningún tratamiento– en negros pobres, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos decidió no administrar ningún tratamiento a la población estudiada. El protocolo se realizó en 399 hombres negros. La idea fundamental consistía en no ofrecer ninguna de las terapias disponibles, ya que la población afectada representaba una “oportunidad única” para conocer la evolución natural de la sífilis.

A los enfermos se les explicaba que recibirían tratamientos contra la “sangre mala” (bad blood), término local utilizado para describir problemas como anemia, sífilis, fatiga. Contra toda ética, los sujetos no recibieron ningún tratamiento; a cambio, se les ofreció exámenes médicos gratuitos, alimentos sin costo y seguro funerario. Inicialmente la investigación duraría seis meses; se prolongó 40 años. Lo grave del asunto es que el estudio no fue interrumpido motu proprio; la publicación de una noticia en 1972 en The New York Times fue la razón para finalizarlo. En 1997 Bill Clinton pidió disculpas a los supervivientes.

Además de Guatemala y Tuskegee, prestigiosas revistas médicas estadunidenses han develado que en algunos países africanos, los sujetos en los cuales se experimenta un fármaco firman consentimientos informados en idiomas que no comprenden por no ser el propio. Versiones paralelas en los medios médicos han subrayado que, hace no muchos años, los sujetos de investigación en Latinoamérica o en otros países no recibían el mismo cuidado que sus pares en Estados Unidos.

Las disculpas de Obama, en relación con el asunto guatemalteco, y de Clinton por Tuskegee, son, por supuesto, bienvenidas. Sin embargo, las disculpas no provienen de un mea culpa sincero del gobierno o de las autoridades sanitarias de Estados Unidos; son la respuesta obligada a lo publicado en la prensa. Es muy probable que en el futuro los medios de comunicación informen de nuevos sucesos.

martes, 12 de octubre de 2010

Dispersión y eficacia


Jesús Silva-Herzog Márquez
11 de octubre de 2010

Hace poco menos de un año la portada de la revista inglesa The Economist retrataba la imagen de un país. El enorme Cristo de Corcovado, símbolo de Rio de Janeiro y de Brasil, convertido en un cohete despegando. Lo reiteraba el propio titular: “Brasil despega.” Se ha convertido en un deporte universal elogiar a Brasil como el nuevo milagro económico, la enorme potencia que emerge. Si Stefan Zweig describió a Brasil como el país del futuro, ahora parece que se trata de un país que accede al futuro. Pero la opinión mundial parece tan veleidosa como la opinión pública nacional. Hace unos años, tras la llegada de la democracia, el enorme país sudamericano trasmitía una imagen muy negativa. Después de dos décadas de régimen militar, imperaban la inestabilidad política y la crisis económica. Brasil era el ejemplo de lo que no había que hacer.

En el ámbito de los estudios políticos, Brasil parecía un instructivo para el caos. Diversos estudios se publicaron enfatizando que su arreglo político conducía a la parálisis. Vean Brasil, estudien sus reglas y aléjense lo más posible de ellas, parecían sugerir distintos diagnósticos serios. La primera década democrática de Brasil fue, sin duda, notablemente inestable e improductiva. Se decía por muchos lados que su estructura de partidos era disfuncional e incompatible con un sistema presidencial. Así, construido con el ejemplo de Brasil, se fue imponiendo una idea que dominó la ciencia política durante un buen número de años: el pluripartidismo no combina con la democracia presidencial. Los sistemas presidenciales que funcionan tienden a seguir el modelo norteamericano, en donde hay pocos partidos, de preferencia, dos. Sólo cuando hay pocas opciones partidista y cuando el congreso puede llegar a formar una mayoría sólida es posible que el presidencialismo se mueva. De lo contrario, decían los seguidores de Juan J. Linz, la democracia se estancará; el presidente será incapaz de sacar adelante sus iniciativas; ejecutivo y congreso se enfrascarán en una lucha terca y estéril. Si los países quieren conservar su régimen presidencial, más les vale que dispongan todos los alicientes para limitar el pluralismo y diseñar mayorías.

Ése es el diagnóstico que siguen compartiendo el presidente Felipe Calderón y el gobernador Enrique Peña Nieto y algunos comentaristas prominentes que desearían el retorno de las mayorías con ayuda de las leyes. Creen que nuestros problemas derivan de una presidencia en minoría. Busquemos, dice cada quien a su modo, que el presidente del futuro no tenga estos obstáculos y cuente para beneficio de sus electores, con las herramientas para gobernar con eficacia. Si queremos salir del atasco de la última década, construyamos un gobierno de mayoría. Pero antes de aceptar estas ideas valdría asomarse al caso brasileño. Podría empezarse con la gráfica que captura la dispersión partidista del congreso en sus dos cámaras. Si nuestros mayoritaristas vieran ese cuadro dirían que ese era el espejo de la ingobernabilidad. ¿Cómo podría adelantar iniciativas un presidente que tiene menos de la quinta parte de los diputados en el congreso?

Hay quien se adelanta a decir que la respuesta al acertijo de la eficacia democrática de Brasil son dos liderazgos excepcionales. Dos administraciones exitosas que, a pesar de provenir de partidos opuestos, lograron continuidad. Ese es, sin duda, un elemento relevante en la explicación del éxito. Pero, no puede quedarse todo ahí. En primer lugar, hay que destacar que, si bien el congreso tiene muchos colores, el presidente cuenta con enormes facultades constitucionales. Se trata de uno de los presidentes más fuertes en términos estrictamente legales. Tiene iniciativa preferente, amplios poderes legislativos; puede dictar medidas provisionales y decretos de urgencia con los que no podría ni soñar el presidente mexicano. Puede decirse que el Ejecutivo tiene el control de la agenda legislativa. No significa esto que el Congreso simplemente ratifique los caprichos del presidente. La negociación con los partidos suele ser compleja e intensa pero ha producido resultados.

En Brasil se ha logrado convertir al gabinete en una auténtica plaza de acuerdos que repercute en la dinámica del Congreso. La presidencia, ensamblando coaliciones, ha aprendido a ubicarse como el centro de una alianza gobernante. Los partidos han estado dispuestos a asumir esa responsabilidad. Los presidentes entienden que, a pesar de haber ganado una elección, tienen como primera labor gubernativa, formar gobierno. El politólogo brasileño Octavio Amorim Neto ha dicho por eso que Brasil tiene un “estilo europeo de gobierno que genera un patrón de gobernabilidad tan efectivo como el de las democracias multipartidistas estables.”

En lugar de suspirar con nostalgia por la mayoría que se fue, deberíamos aprender a gestionar democráticamente nuestra diversidad. Brasil es un caso para estudiar.

Tomado de: http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Fin o renacimiento del IFE

Jesús Cantú
Proceso/11 de octubre de 2010

Los diputados de la actual legislatura tienen en sus manos la posibilidad de colocar el último clavo en el ataúd del Instituto Federal Electoral o contribuir a una eventual reconstrucción. La renovación de los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto se convirtió, desde octubre de 2003, en un reparto de posiciones para los líderes de las fracciones parlamentarias, aunque a partir de diciembre de 2007 dicha acción quedó encubierta tras un procedimiento presuntamente abierto y ciudadanizado.

En octubre de 1996, los dirigentes de los cuatro partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados (PAN, PRI, PRD y PT) se reunieron en la Secretaría de Gobernación con el entonces titular del ramo, Emilio Chuayffet, y construyeron la propuesta de los ocho consejeros electorales y el consejero presidente, que obtuvo el respaldo unánime de los diputados presentes en la sesión del 30 de octubre.

En ese entonces, el procedimiento, según cuentan quienes participaron en el mismo, fue el siguiente: primero, establecieron las características que debían reunir los integrantes del órgano de dirección, entre las que destacaban que deberían ser ciudadanos no identificados abierta y claramente con un partido político, sin militancia partidista ostensible –al menos en los últimos cinco años–, que no hubieran participado en un puesto de cualquiera de las instancias de gobierno, que tuvieran cierta presencia pública previa y reconocimiento de los integrantes de las comunidades en que cada uno se desenvolvía (los términos pueden no haber sido tan precisos ni tan explícitos, pero guiaban las discusiones); segundo, que los líderes de los cuatro partidos propondrían nombres, así como el número de consejeros que debían salir de cada una de las listas (PRI, tres –entre los que se encontraba el consejero presidente–; PAN, tres; PRD, dos; y PT, uno, de alguna manera en correspondencia con su fuerza electoral y su representación en la Cámara); que los cuatro partidos, sin importar su fuerza electoral, tenían derecho de veto; y que la forma en que procederían para lograr los acuerdos era la siguiente: cada uno los líderes colocaba su lista sobre la mesa y, posteriormente, el resto de los dirigentes señalaba sus vetos –que quedaban fuera de la negociación–, las reservas –continuaban dentro del proceso, pero débiles– y las no objeciones –principales candidatos a ocupar los cargos.

Dicho procedimiento no correspondía fielmente a lo establecido en la Constitución –que básicamente prescribía lo mismo que hoy, pues lo único que se le agregó en la reforma de 2007 fue la frase “previa realización de una amplia consulta a la sociedad”–, ya que en realidad no eran los grupos parlamentarios de la Cámara los que hacían las propuestas. Los requisitos que se indicaron para los candidatos eran superiores a los señalados por la ley, y el derecho de veto se extendía inclusive a un partido que contaba con menos de una decena de diputados; sin embargo, esto fue precisamente lo que evitó, en esa primera ocasión, que se propusiera a personeros de los partidos políticos para integrar el órgano máximo de dirección del IFE.

En octubre de 2003, todo el proceso se desarrolló en la Cámara y se modificó radicalmente el procedimiento. En primera instancia, el único que tuvo derecho de veto fue el PRI, por el número de diputados de su bancada, y antes incluso de iniciar el proceso, con la venia del PAN, canceló la posibilidad de reelección de cualquiera de los integrantes del Consejo General: era la venganza por el Pemexgate; el PRD se empeñó en levantar dicho veto, y la todavía coordinadora formal del grupo parlamentario tricolor, Elba Esther Gordillo, aceptó hacerlo; sin embargo, Chuayffet –quien ya se perfilaba como el coordinador sustituto– revirtió dicha decisión, lo cual fue aceptado nuevamente por el PAN y objetado por el PRD, que mantenía su propuesta de reelegir a algunos de los consejeros. Como el PRI no cedía y el PAN se plegaba a dicha postura, el PRD optó por incluir en su propuesta a uno de los entonces consejeros, lo cual objetó el PRI; el PRD reviró diciendo que respetaría el derecho de veto del PRI siempre y cuando éste fuese extensivo a todos los partidos políticos, es decir, que todos pudieran revisar los nombres propuestos por los otros partidos y, eventualmente, objetar a algunos de los enlistados. Nuevamente el PRI lo rechazó.

Aunque en el último momento el PRD aceptó modificar su lista inicial y dejar fuera a los entonces consejeros, el PRI mantuvo el rechazo a toda la lista y prosperó una conformación en la que los blanquiazules propusieron a cuatro de los nueve consejeros y el PRI a cinco, incluyendo al consejero presidente; dentro de estos cinco el tricolor le cedió un lugar al PVEM. Los legisladores de estas tres fracciones parlamentarias, casi por unanimidad, votaron favorablemente dicha propuesta, con el rechazo del resto de los grupos parlamentarios, que en su mayoría votaron una propuesta alternativa que presentó el PRD.

Fue en esos momentos cuando en realidad inició el conflicto electoral de 2006: haber marginado de las negociaciones al grupo parlamentario del partido en el que militaba quien en ese entonces encabezaba todas las encuestas de preferencia electoral abría de par en par las puertas para la desconfianza de sus seguidores y simpatizantes y, desde luego, brindaba un excelente argumento al candidato para cuestionar la imparcialidad del órgano electoral, especialmente si el resultado no le favorecía.

Los partidos proponentes todavía contribuyeron más a dicha desconfianza, cuando varios de los nuevos consejeros militaban o trabajaban en los institutos políticos que los propusieron. Y los mismos consejeros hicieron su contribución con sus yerros en la conducción del instituto y con su pasividad para frenar la intromisión de terceros (el entonces presidente Vicente Fox y el Consejo Coordinador Empresarial) en el proceso electoral. La pérdida de confianza fue tal que se requirió, como en los tiempos del priato, una nueva reforma electoral y la renovación anticipada del Consejo para intentar restaurarla; pero siguieron la peor ruta posible, pues ante la resistencia de Felipe Calderón y los panistas para aceptar las fallas y errores de las autoridades electorales, optaron por no renovarlo en su totalidad, y eso permitió mantener la partidización en su integración.

El PRI, con apenas 106 diputados y como tercer grupo parlamentario, logró nuevamente imponer sus condiciones: aunque aceptó que las tres principales fuerzas parlamentarias hicieran propuestas, logró mantener en sus cargos a dos de sus cinco propuestas (Virgilio Andrade y Marco Antonio Gómez), mientras el PAN únicamente pudo sostener a uno (Arturo Sánchez); desechó las mejores propuestas de los otros dos partidos y colocó a dos alfiles suyos (Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero), es decir, abierta y descaradamente apostó por la lealtad de sus consejeros, como muestra plásticamente la designación de Guerrero, quien fungía en esos momentos como asesor del coordinador de la banca tricolor en dicha Cámara, Emilio Gamboa, y desconocía totalmente la materia electoral.

Los seis integrantes actuales del Consejo que permanecerán en sus puestos para organizar las elecciones presidenciales de 2012 son: el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien aunque pretende atribuirse al PRD, en realidad fue propuesto para dicha posición por el PRI; Baños y Guerrero, propuestas tricolores; Benito Nacif y Macarita Elizondo, ambos propuestos por el blanquiazul y con cierta afinidad con dicho partido, pero sin el estrecho vínculo que sí tienen los tricolores; y Alfredo Figueroa, quien fue propuesta de la sociedad civil impulsada por el grupo parlamentario del PRD.

En este escenario, la designación de los tres consejeros electorales es crucial, pues no sólo serán indispensables para conformar la mayoría en el Consejo, sino que sus actuaciones serán decisivas para definir el comportamiento del IFE en el próximo proceso electoral: comprometido con la democracia, el apego a la ley y su aplicación indiscriminada, o titubeante y pusilánime, pero siempre acorde con sus filias y sus fobias.

En caso de mantenerse la fórmula utilizada en las dos anteriores renovaciones, cada una de las tres principales fuerzas políticas colocaría una de sus propuestas, lo cual no rompería la partidización de dicho órgano, pero al menos evitaría el inicio anticipado de un conflicto electoral, pues ni siquiera Andrés Manuel López Obrador podría descalificar abiertamente dicha designación, ya que el negociador perredista es uno de sus cercanos colaboradores: Alejandro Encinas; pero si el PRI logra mantener sus dos posiciones, como parece ser su intención, automáticamente dejarían fuera de la negociación a una de las otras dos fuerzas políticas –probablemente de nuevo el PRD–, lo cual prácticamente reeditaría lo sucedido en octubre de 2003.

Es muy tarde para buscar la solución ideal, pero al menos sí se puede intentar evitar el peor de los escenarios.

Solidaridad universitaria

Raúl Arias Lovillo*

Las comunidades de las instituciones públicas de educación superior de México no guardamos silencio ni vamos a quedarnos pasivos ante las agresiones a la autonomía universitaria.

Las violaciones a la autonomía lo son a la Constitución General de la República. Se violan garantías y derechos de los universitarios, y se atenta contra la libertad académica y el autogobierno.

En estos momentos, la Universidad de Guadalajara (U de G) y la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) son objeto de ataques a su integridad institucional por parte de los respectivos gobiernos locales. Su autonomía está siendo ultrajada.

Contra la Universidad de Guadalajara, el gobierno de Emilio González Márquez ha emprendido, desde que llegó al poder hace cuatro años y medio, una sórdida estrategia de minar la capacidad financiera de la institución. Le ha reducido año con año los recursos comprometidos y a los que tiene derecho.


Mientras el gobierno local ha aumentado su presupuesto en 51 por ciento, a la universidad sólo le ha otorgado 23 por ciento más. En estos momentos, a la desproporción evidente hay que sumarle que le adeuda ya 701 millones de pesos, incumpliendo convenios firmados con el gobierno federal.

El gobierno del estado de Jalisco está en flagrancia y persiste en su actitud de coartar el desarrollo académico de la U de G que, como sabemos, es la segunda más grande del país.

El hostigamiento gubernamental a la comunidad universitaria tiene una intención política, intención que no es otra que la de minar la autoridad moral de la U de G, la cual a sus niveles académicos de calidad suma su actitud crítica y su vocación social, principios a los que el gobernador es ajeno.

Al limitar y cercenar los recursos de la U de G, el gobierno atenta contra la autonomía no sólo de nuestra institución hermana, sino contra el conjunto de la educación superior pública del país.

De esa dimensión es la gravedad del ataque de que es objeto la Universidad de Guadalajara.

Terror contra la UJED

El recién electo gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, llegó imponiendo terror. Se ha dicho con razón que lo que hace por “venganza política” contra la comunidad de la UJED. Ordenó al Congreso del estado que aprobara una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica absolutamente violatoria de la Constitución y de la autonomía universitaria. Aprobado el engendro jurídico, el Congreso local nombró a una rectora espuria, todo ello con el objeto de impedir la reelección del rector Rubén Calderón Luján, quien compite ahora en un proceso de elección interna apegado a derecho y en concordancia con los principios de autonomía. No sólo eso: el gobernador Herrera Caldera auspició que un grupo de porros que tomara la universidad, y luego de que un juez federal le concediera la suspensión del acto reclamado por la vía del amparo a la universidad, procedió a ordenar las detenciones del rector y el secretario de la UJED.

Los argumentos del gobierno del estado de Durango son esencialmente políticos. Como al gobernador González Márquez, al gobernador Herrera Caldera tampoco le gusta la conducta crítica de la comunidad universitaria. Heredó de su antecesor el odio contra la comunidad que no se plegó a sus preferencias políticas ni se subordinó a sus intereses partidistas y políticos. Cualquiera que sea la causa de sus discrepancias, el caso es que nada justifica la violencia ni la arbitrariedad ni la imposición que van en contra de los intereses e ideales de los estudiantes y profesores de la universidad.

Podría pensarse que lo sucedido en la U de G y en la UJED corresponde a los años setenta del siglo pasado. No, no lo es. Está ocurriendo ahora y no podemos permitir que regresen aquellos tiempos de autoritarismo y provocación antiuniversitaria.

Como rector tengo claro —bastante lo hemos abordado los rectores en la ANUIES y en el CUPIA— que el financiamiento, los recursos fiscales que reciben del pueblo por medio de los gobiernos, muchas veces se utiliza como un instrumento de control, presión y chantaje político. Y esto lesiona gravemente la vida autónoma de las instituciones.

Por ello he insistido en la pertinencia de establecer reglas que impidan la discrecionalidad y el abuso político de este instrumento indispensable para el desarrollo de las universidades. Sostengo lo siguiente: primero, que los recursos federales que les corresponden no se entreguen por conducto de los gobiernos locales, sino que se entreguen de forma directa a las universidades, de tal manera que no se escamoteen ni se desvíen, como lo viene haciendo el gobernador Emilio González en Jalisco, con los fines descritos, en contra de la U de G. Segundo, urge acordar el establecimiento del presupuesto multianual para que de esa manera los recursos fluyan sin discrecionalidad y etiquetados para apoyar los proyectos y programas de las instituciones, lo cual, además de que da pie a una verdadera planeación estratégica de las instituciones, asegura la continuidad y la cantidad de los recursos de acuerdo con políticas de crecimiento y desarrollo previamente acordadas.

En tercer lugar, pero no menos importante, la ratificación del compromiso de las universidades de asumir la transparencia y la rendición de cuentas como parte de sus políticas y de sus programas.

Una vez que esto quede perfectamente reglamentado y acordado entre nuestras casas de estudio y los diferentes niveles de gobierno, los derechos de las universidades y de los gobiernos, así como sus obligaciones, obligan por ley a todos y se evitan distorsiones e ilegalidades como las que hoy estamos viviendo.


Ya lo he manifestado: la Universidad de Guadalajara y la Universidad Juárez del Estado de Durango tienen el apoyo de todas las universidades del país y, de manera firme y decidida, de la Universidad Veracruzana.

Ninguno de los gobiernos de Jalisco y de Durango tiene alguna razón jurídica, ética y social para a agredir a las comunidades universitarias de la U de G y de la UJED. Ninguna.

En todo caso, tendríamos que preguntarnos si estas agresiones contra algunas universidades y sus autoridades provienen de un plan más perverso y a mayor plazo. En todo caso, los universitarios del país debemos estar preparados y permanecer alertas. No es la autonomía la que está en riesgo, es todo el sistema democrático.

De ahí que, en mi calidad de rector y como presidente de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), hago un llamado enérgico a los universitarios de México a sumarse en contra de esta amenaza, en contra de la estabilidad y la autonomía de las universidades.

* Rector de la Universidad Veracruzana.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/388/opinion/ral.html

Los académicos


Humberto Muñoz García*
recillas@servidor.unam.mx


Tener en la mira a los académicos, sus características y condiciones laborales, es de fundamental importancia para el futuro de las universidades, de la educación superior en el país. Los académicos, en los tiempos de la globalización, las tecnologías de la información y la comunicación, en la etapa tan difícil que vive el país, tienen una relevancia especial. Son ellos los creadores y transmisores del conocimiento científico, tan extraordinariamente necesario en la sociedad de hoy, los formadores de los recursos humanos más altamente calificados. Sin buenos académicos, las instituciones no pueden cumplir su compromiso social, no logran ser exitosas.

Sin instituciones educativas de calidad, ningún país puede progresar. Son las que brindan las condiciones para que los académicos puedan desplegar su quehacer. Los académicos mejor evaluados desempeñan sus tareas en buenas instituciones. Esta proposición está fundada empíricamente aquí, allá y acullá. La falta de financiamiento, de cubículos para que los profesores de tiempo completo atiendan a sus estudiantes, la precariedad del trabajo, la carencia de instrumentos, equipos y bibliotecas, las tantas presiones, exigencias, que las burocracias le hacen a los académicos, militan en contra de que puedan cumplir con la responsabilidad de hacer bien su labor. La flexibilización del trabajo en las universidades, privadas y públicas, está castigando a los profesores e investigadores que ingresan a la academia, en materia salarial y de seguridad en el empleo.

Voy a hacer una descripción breve del personal académico del país usando algunos datos disponibles, porque la realidad que reflejan muestra la necesidad de pensar en mecanismos políticos que hagan avanzar a las instituciones, particularmente a las más atrasadas en sus capacidades de investigación, y porque la ampliación de la cobertura va a requerir una nueva expansión de académicos.

¿Sabemos cuántos somos? En el reciente informe presidencial se anota una cifra preliminar para el ciclo 2009-2010 de 309 mil 952 “maestros del sistema educativo escolarizado” en el nivel superior. Entre 1985 y 2010, la población de académicos en el país casi se ha triplicado. De acuerdo con estos datos, el número de académicos ha crecido anualmente más en esta administración que en periodos anteriores. Se ha registrado un esfuerzo importante.

En la licenciatura universitaria y tecnológica, el informe registra 255 mil 988 “maestros”. Sesenta por ciento está en el sector público. El complemento demuestra la importancia laboral que hoy tienen los establecimientos privados, dentro de los cuales hay una gran heterogeneidad en cuanto a condiciones y prestaciones laborales. En el posgrado, la proporción de profesores en las escuelas particulares es prácticamente el mismo que en licenciatura.

De acuerdo con el Estudio Comparativo de las Universidades Mexicanas (ECUM), el número de nombramientos de académicos contratados por horas representaba 66.2 por ciento del total de nombramientos en el país en 2005. Entre las 58 universidades sobre las que se enfoca el estudio, 11 cuentan con más de mil nombramientos de tiempo completo. Este conjunto, que contiene, entre otras, a la UNAM, el IPN, la UAM, la U de G, la UANL y el ITESM, suma 52 por ciento de dichos nombramientos.

El estudio citado registra que en 2008 había un total de 14 mil 681 investigadores nacionales, una proporción pequeña del total de académicos en el país y una fracción aproximada a un quinto de los académicos de tiempo completo. Y, como se sabe, los miembros del SNI están divididos por nivel del 1 al 3 y los candidatos a investigador. El número de personas en el Sistema disminuye a medida que aumenta el nivel, lo mismo que su crecimiento. Las cinco instituciones públicas mencionadas en el párrafo anterior concentran casi cuatro de cada diez investigadores nacionales y seis de cada diez en el nivel más alto. Son instituciones que tienen una infraestructura de investigación muy desarrollada en todos los campos del conocimiento. Por áreas disciplinarias, los desarrollos son desiguales entre las instituciones y regiones del país.

En las entidades federativas, los profesores de tiempo completo que cuentan con el doctorado, quienes tienen condiciones de ser miembros del SNI, representan cifras muy dispares. En las universidades públicas estatales el promedio de los tiempos completos con doctorado alcanza 30 por ciento (cifras de 2009). Pero las diferencias institucionales son muy grandes, pues van de 68.1 a 5 por ciento. Las 37 instituciones que se registran aumentaron la proporción de esta categoría académica entre 2002 y 2009, pero 19 están todavía por debajo del promedio (SEP).

Las cifras presentadas se han alcanzado por medio de un cambio que ha modificado la naturaleza de las instituciones y del trabajo académico. Los recursos públicos se asignan en una proporción significativa a las instituciones de educación superior mediante concurso en siete fondos extraordinarios. Hay competencia, pero las instituciones no gozan de capacidades iguales para competir.

Además de la competencia por estos fondos, hay una decena de organismos que hacen evaluación de las instituciones, de los programas, de los académicos y de los estudiantes, cada uno de los cuales opera y contribuye a monetarizar la educación. Es fundamental poner a discusión si lo que existe es adecuado y cómo hacer las cosas de otro modo, para que los académicos puedan desplegar toda su energía intelectual, sin tensiones, angustias, estrés y sin estar persiguiendo los puntos, dejando atrás la simulación a la que ha llevado este sistema impuesto. La existencia de tantas instancias, reglas e instrumentos no sólo produce confusión, sino también consecuencias negativas en la toma de decisiones institucionales y personales.

En fin, las divisiones de los académicos que se reflejan en las cifras y las lógicas políticas que multiplican las evaluaciones, son más que ilustrativas de la necesidad de aplicar nuevos enfoques y nuevas políticas para que tengamos una mejor educación superior pública.

* UNAM. Seminario de Educación Superior, IIS. Profesor de la FCPS.

El IFE, una historia de 20 años

Alberto Aziz Nassif
El Universal/12 de octubre de 2010

Los aniversarios pueden ser momentos de reflexión, sobre todo cuando se trata de una institución como el Instituto Federal Electoral (IFE), que cumple 20 años. Por el IFE han pasado las reformas electorales, así como los procesos y la tramitación del cambio de régimen. Se trata de una institución que ha tenido etapas muy marcadas, que van del control gubernamental a la ciudadanización, para llegar a las cuotas de los partidos. Es un espacio en donde se ha construido la autonomía y luego se ha reducido; ha tenido momentos estelares en la transición democrática y otros abiertamente conflictivos.

Los parámetros para hablar del IFE permiten señalar las complicaciones por las que ha pasado esta institución, que se ha convertido en una de las marcas de lo que hoy en el país se puede llamar democracia electoral. En estos 20 años se pueden reconocer tres fases en el IFE: la primera fue su creación, en donde se inauguró el nuevo modelo institucional, la estructura de organismos directivos y ejecutivos, pero se mantuvo el control gubernamental. Fue con la sucesión de 1994 —por la necesidad de legitimar esa elección presidencial— que se llegó a un primer intento de ciudadanizar el consejo general. La elección de 1994 evidenció la falta de equidad en las condiciones de la competencia y llevó al IFE hacia otro cambio de reglas. En 1996, con la reforma electoral, se inició una segunda etapa que vino de la mano de la autonomía, así como el equilibrio institucional con el tribunal electoral, que pasó a ser una parte integrante del poder judicial. Esta reforma estableció condiciones de equidad en la competencia y emparejó la pista para crear un sistema de partidos competitivo y plural, lo cual se construyó mediante un esquema de financiamiento predominante público y con acceso a los medios masivos. Este modelo fue exitoso porque cumplió con el objetivo de generar competencia y equidad, pero unos años después mostró sus grandes inconvenientes. Así, se logró tener elecciones creíbles en 1997, en el 2000 y en el 2003, sin embargo, en este último proceso electoral hubo signos de agotamiento del modelo, sobre todo por ser muy costoso y estar completamente mediatizado.


A pesar de los avisos, la clase política no se atrevió a dar el paso hacia una nueva reforma y llegamos al 2006 con un esquema que generó un amplio conflicto. La tercera fase del IFE empezó con la renovación de los consejeros electorales en 2003, lo cual marcó el regreso de los partidos por la puerta trasera. Lo que había sido un logro importante en la construcción de la autonomía institucional se fue perdiendo porque el árbitro empezó a formar parte del conflicto y de la disputa por el poder. Los partidos decidieron desandar la ruta de autonomía y establecer las cuotas, además de fracturar el consenso que se había logrado en 1996, con lo cual afectaron de forma central el funcionamiento del IFE. El conflicto poselectoral del 2006 marcó un regreso a una fase que ya se había logrado superar, y las elecciones volvieron a ser sospechosas. El conflicto activó de nuevo la dinámica de cambiar las reglas y así llegó una nueva reforma. En 2007 hubo una renovación escalonada de consejeros y empezó a funcionar un nuevo modelo de comunicación, en donde la propaganda político-electoral sólo puede hacerse en los tiempos del Estado; se prohibió la compra de tiempos en radio y televisión y el IFE quedó como el administrador y sancionador (en primera instancia) del modelo de medios. Sin duda, una reforma importante, pero incompleta, polémica y, sobre todo, con fisuras por donde se empezó a dar un incumplimiento que ha alterado de forma importante las condiciones de la competencia y, sobre todo, las expectativas rumbo a la sucesión del 2012. El ejemplo más visible de este fenómeno se llama Enrique Peña Nieto. La administración de los tiempos es una función polémica que tensiona de forma permanente al IFE con los actores políticos y los medios masivos, además de que lo obliga a dedicarle una enorme cantidad de tiempo.


Ahora está en proceso otra renovación parcial de tres consejeros, con lo cual se tendrá al grupo encargado de organizar la próxima sucesión presidencial. A lo largo de sus 20 años el IFE ha sido un emblema, fue hasta 2003 un espacio ampliamente legitimado, después entró a una fase conflictiva y hoy tiene como uno de sus principales retos recuperar el terreno perdido de autonomía y resolver la próxima sucesión dentro de la más completa legalidad y legitimidad, si es que la clase política lo permite…


Investigador del CIESAS

Un rector de principios

Guillermo Sheridan
El Universal/12 de octubre de 2010

La semana pasada, el rector de la UNAM, Dr. José Narro, visitó el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en su ciudad sede. Honraba una invitación del Dr. Rafael Rangel Sostmann, su rector, a visitar la Feria Internacional del Libro de Monterrey (FILM) que este año tiene como invitada especial a la UNAM.

A esa señal relevante del rector Rangel Sostmann respondió el rector Narro con otra igual de valiosa. Los jefes de dos instituciones que parecen representar dos opciones tan opuestas de educación superior, y que la simpleza de los ideólogos (de ambos bandos) utilizan para caracterizar la mutua antipatía e incompatibilidad de sus respectivas posturas, dieron de este modo un mensaje crucial: el interés en favor de la educación superior de México está por encima de tiranteces ideológicas y políticas. El rector Narro interpretó su presencia en el ITESM como un “mensaje de unidad” y de “pluralidad”; como evidencia de que “lo público y lo privado son compatibles” y declaró hallarse “absolutamente persuadido que con la presencia de todos nosotros, de las instituciones que representamos, estamos mandando un mensaje en favor de la educación, de la cultura, la ciencia y las humanidades”. Ojalá que estas palabras del rector Narro fuesen escuchadas en los extremos de la UNAM…

Sería ingenuo no reconocer que hay en el encuentro de rectores en la FILM un ingrediente de otra naturaleza. Luego del infame episodio que costó la vida de dos estudiantes del TEC en marzo, víctimas del fuego cruzado entre sicarios y miembros del Ejército -y víctimas después del desaseo de la investigación y la negligencia de las autoridades federales, apresuradas por exonerar al Ejército- el rector Rangel Sostmann, indignado y dolido, promovió un documento con propuestas y exigencias para combatir la inseguridad, y el papel de las universidades en esa tarea. Lo hizo no sólo en Monterrey sino también ante la UNAM y la Asociación Nacional de Universidades de Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Y lo hizo con enorme pundonor, el mismo que, aparentemente, lo llevó a presentar su renuncia un par de meses más tarde. Una renuncia opaca, pero de cuya esencia no parece posible excluir la incomodidad del gobierno ante la energía con que el rector exige que se explique con absoluta verdad lo ocurrido aquel día atroz, sobre todo en lo que atañe a la muerte de esos dos pobres muchachos.

El rector Rangel Sostmann -que lo sigue siendo a la espera de que el ITESM nombre a su sucesor- es, a mi parecer, un educador extraordinario. Sus 25 años al frente del ITESM convirtieron a esa institución en un formidable organismo educativo: pasó de contar con cuatro sedes a tener 33; tiene 100 mil alumnos (la mitad con becas o crédito); la movilidad internacional de sus estudiantes es elevada; tiene programas de educación continua; otorga 11 mil títulos al año y 67% de sus maestros son de carrera (porcentaje, por cierto, muy superior al de la UNAM); sus labores de investigación aumentan: es la institución superior que más patenta en México y cada vez hay más investigadores del ITESM en el Sistema Nacional de Investigadores.

También es extraordinario el hombre. La muerte de esos jóvenes le cambió la vida. Como Antígona ante el rey Creón, el rector del ITESM exigió que el entierro de esos muchachos incluyese el alumbramiento de la verdad, una verdad que las tristes circunstancias que vive México, según el poder, deben ocultarse. Que haya, entre esta terrible confusión de valores, un hombre de principios, honra a todos los universitarios de México.

martes, 5 de octubre de 2010

Revista Iberoamericana de Educación Superior

Se encuentra en circulación la Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES), Vol. 1, Nº 2, cuyo Índice se copia a continuación.

Ver texto completo de todos los artículos, aquí.

Territorios
Marco-Antonio R. Dias, “¿Quién creó este monstruo? Educación y globalización en sus relaciones con la sociedad”
Roberto-Agustín Follari, “El curriculum y la doble lógica de inserción: lo universitario y las prácticas profesionales”
Victoria-Elena Santillán-Briceño, Ángel-Manuel Ortiz-Marín y José-Luis Arcos-Vega, “El poder y las prácticas de poder de la universidad pública: Universidad Autónoma de Baja California”

Genealogías
Leticia Pérez-Puente, “San Carlos de Guatemala. Universidad pública o universidad conventual”

Contornos
José-Joaquín Brunner, “Globalización de la educación superior: crítica de su figura ideológica”
Tiburcio Moreno-Olivos, “Lo bueno, lo malo y lo feo: las muchas caras de la evaluación”
Victoria Ramírez-Rosales, “El normalismo: proyectos, procesos institucionales y actores”

Resonancias
“Palabras del rector José Narro Robles en la Sesión Solemne del H. Congreso de la Unión, con motivo de la celebración del Centenario de la Universidad Nacional de México”

Archivos

“Palabras del ministro Ángel Gabilondo Pujol en la clausura del Segundo Encuentro Internacional de Rectores Universia Guadalajara 2010”
“Agenda de Guadalajara 2010. Por un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable”

Publicado por José Joaquín Brunner en:
http://www.brunner.cl/