lunes, 29 de marzo de 2010

Nuevo León: pecado y pecadores

Ricardo Alemán
Zócalo/29 de marzo de 2010

Un gobernador como el de Nuevo León –legalmente responsable de garantizar seguridad y justicia–, que convoca a sus gobernados y obliga a sus empleados a una marcha para reclamar seguridad y justicia. Un alcalde de la capital –Monterrey–, que nada sabe de sus jefes policiacos, y menos de lo que pasa en la ciudad que dizque gobierna.

Un alcalde del municipio de Garza García –conurbado a Monterrey y el más rico del país–, que en lugar de policía tiene narcos a sueldo para mantener a raya a “los narcotraficantes”. Un rector de la más prestigiada universidad privada, el Tec, que se hace bolas ante evidencias claras de que todos conocieron desde el inicio de la balacera, la muerte de estudiantes.

Un puñado de jefes militares, marinos, y delegados de la PGR, que ocultan a toda costa las evidencias sobre la muerte de los universitarios. ¿Quién los mató? Nadie sabe. Pero ni al Gobernador, ni a los alcaldes de Monterrey, Garza García, Santa Catarina, y menos a los militares, marinos y delegados de la PGR les importa un narcomenudista detenido, llevado a un hospital y que apareció muerto. ¿Quién lo mató? Nadie sabe.

Y por si hiciera falta, el asesinato y decapitación de un jefe policiaco y su hermano, un juez, en el mítico municipio de Agualeguas, asiento del salinismo. ¿Quién lo mató? Sí, nadie sabe.

¿Qué pasa en Nuevo León, donde nadie sabe nada? Pasa lo mismo que en todo el país, que en los tres órdenes de gobierno –municipal, estatal y federal–, y que en los tres Poderes de la Unión. Se viven los efectos no sólo de la descomposición social resultante de un modelo económico que fomenta la desigualdad y genera millones de pobres –campo fértil para el crimen y el narco–, sino el empobrecimiento de la política, abaratamiento de los puestos públicos y el florecimiento de la mediocridad del poder.

Todos saben que Nuevo León y Monterrey son modelos de pujanza y emblema del capitalismo; retrato en blanco y negro del México con delirios de gringo. Pero también es modelo generoso en la producción de pobres, fermento del crimen y el narco.

Pero a la grandeza de Nuevo León y de municipios como Monterrey y Garza García, se corresponde con mediocres como el gobernador del PRI, Rodrigo Medina, y alcaldes azules como Fernando Larrazábal y Mauricio Fernández, entre otros; con el timorato celo del rector del Tec, quien quiso creer la versión oficial de los muertos, porque era la que salvaba su pellejo; con la impunidad con que se mueven elementos del Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República, y todo el sistema de justicia estatal.

Los regios, como gustan ser llamados, cometieron el mismo pecado que “los chilangos”: llevar al poder a mediocres. Y en política, “el canto de las sirenas” suele ser pecado. Lección para 2012.

Nuevo León: Manipulación informativa

Jesús Cantú
Proceso/28 de marzo de 2010

Frente a la tragedia, las autoridades manipulan y ocultan la información, e inician intensas campañas publicitarias para incidir en las percepciones ciudadanas. La muerte de tres inocentes en dos enfrentamientos entre militares y presuntos delincuentes evidencia algunas constantes en los comunicados oficiales: siempre que los fallecidos no son transgresores reconocidos en la opinión pública, se difunde que “hasta el momento se encuentran sin ser identificados”, además de minimizar el número de militares heridos.

Al darlos oficialmente por no identificados, siempre es posible señalarlos extraoficialmente como delincuentes o sicarios. En el caso de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey abatidos en el fuego cruzado frente a dicha institución, las versiones periodísticas reiteradamente los identificaron como sicarios hasta la tarde del sábado 20, cuando el rector del Tecnológico, Rafael Rangel Sostmann, aclaró a través de un comunicado oficial que se trataba de dos integrantes destacados de su comunidad estudiantil.

En la persecución de presuntos secuestradores en Colinas de San Jerónimo, las primeras versiones periodísticas, difundidas el sábado por la mañana, hablaban del fallecimiento de “un secuestrador, su novia y un cómplice de éstos”. El comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 7ª Zona Militar, distribuido el sábado 20 –más de 12 horas después del acontecimiento–, nuevamente señala: “En este evento resultó muerta una persona del sexo femenino que hasta el momento se encuentra sin ser identificada”. De nuevo, oficialmente está sin identificar; extraoficialmente, es la novia de un secuestrador.

Si en el caso de los estudiantes, aunque con reservas, puede entenderse la explicación de que los dos caídos no portaban identificaciones, en Colinas de San Jerónimo no había dudas: a la víctima le sobrevivió su esposo, que conducía el vehículo, así que de inmediato se conoció su identidad; sin embargo, es más conveniente dejar la idea de que todos los muertos son “sicarios” hasta que sus familiares demuestren lo contrario.

Por otra parte, si es atendible la versión de que los dos estudiantes cayeron víctimas del fuego cruzado, prácticamente es insostenible en el caso de Sandra de la Garza: según los indicios, casi todos, si no es que todos los disparos, fueron de los militares, pues de acuerdo con el boletín oficial a los secuestradores sólo les decomisaron “dos armas largas, 19 cartuchos de diferentes calibres, un cargador metálico…”. Vecinos del lugar afirman que prácticamente no hubo balacera.

Los estudiantes sí fueron víctimas del fuego cruzado y, en ese sentido, pudieron ser abatidos por cualquiera de los dos bandos; pero en el segundo caso lo más probable es que únicamente los militares hayan disparado contra la camioneta, de la que ciertamente no salió un solo disparo, lo cual puede comprobar fácilmente un perito en balística con sólo revisar los impactos sobre ese vehículo.

También era sencillo averiguar la identidad de los abatidos en el Tec, pues los militares o las autoridades que recogieron los radios de los guardias y los videos de la institución supieron desde el primer momento que el guardia de la puerta en ese crucero sospechaba que se trataba de estudiantes. No obstante, todo indica que desaparecieron todas sus pertenencias, incluyendo cualquier identificación. La madre de uno de ellos, Jorge Antonio Mercado, dijo que ni con mucho maquillaje pudo ocultarse el daño a su rostro, por lo que pudo ser “objeto de tortura” .

En cuanto a los soldados heridos en el enfrentamiento de la madrugada del viernes 19, Proceso señala en su anterior edición que “tres militares resultaron heridos por fragmentos de granada”. El boletín oficial dice que fue sólo uno; información extraoficial, pero de una fuente directa, confirma que fueron tres, y que uno de ellos fue trasladado para que lo atendieran en la Ciudad de México porque está en riesgo de perder un ojo.

Por haber involucrado a una institución educativa con el prestigio del Tecnológico de Monterrey, los hechos del pasado fin de semana permiten diseccionar claramente la estrategia oficial: la información se presenta de manera que permite generar la percepción de que “si bien hay bajas, le estamos metiendo muchos goles a la criminalidad”, como presumió el presidente Felipe Calderón en febrero de 2008, precisamente en el Tec. También facilita que los militares evadan su responsabilidad en las muertes de civiles ajenos a la delincuencia, y dejar a los familiares de los abatidos la tarea de buscarlos para demostrar posteriormente su inocencia.

Por si todo esto fuera poco, el gobierno del estado responde a la ola de inseguridad inundando de spots publicitarios las pantallas de televisión (incluso la nacional) en franca violación al artículo 134 de la Constitución, que prohíbe expresamente incluir en la propaganda oficial los “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público”. Además, el gobernador Rodrigo Medina convoca a la ciudadanía a una manifestación para el domingo 28 de marzo a fin de “exigir que cesen las agresiones contra un pueblo ejemplar” y las diligentes televisoras locales agradecen los cientos de millones de pesos de propaganda promoviendo ese llamado en diversos espacios.

Así la estrategia oficial y la manipulación de la información parecen ser el elemento más sólido de esta llamada guerra contra la delincuencia organizada.

¿De quién son las órdenes?

Abraham Nuncio
La Jornada/27 de marzo de 2010

“El Ejército sigue las órdenes del Presidente”, dijo Rafael Rangel Sostmann, rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (el Tec) en el curso de una entrevista con Carmen Aristegui durante su conocido programa radiofónico.

En esa entrevista, el rector Rangel Sostmann reconocía haber cometido el error de confiar en la versión del procurador de justicia de Nuevo León en el sentido de que durante una refriega con balas de grueso calibre y granadas entre criminales y militares, las bajas registradas no eran de estudiantes del Tec. Tal versión, de acuerdo con esto, le fue proporcionada al procurador por el Ejército. Al fuego cruzado siguieron las declaraciones cruzadas, pues el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz afirmaba que la especie no había provenido del Ejército sino de la PGR. Hasta ese día no cesaron sus declaraciones precisando que los tres niveles de gobierno estaban debidamente coordinados en la lucha contra el crimen organizado.

Habla bien del rector Rangel Sostmann reconocer ese error agravado por el hecho de que buena parte de la comunidad del Tec conocía, en el momento mismo en que ocurrían los hechos sangrientos, el testimonio que transmitía uno de sus compañeros, Mauricio Santos, estudiante de Comunicación, a través del sistema Twitter. Entrevistado por El Norte (22/03/10) dijo: “Yo estaba junto a un policía del Tec… Él traía su radio, su frecuencia, entonces, se escuchó cuando el policía de la puerta de Luis Elizondo –la 19– estaba gritando: ‘No se dejan de tirar; los soldados (sic) no dejan de tirar’, y luego gritó: ‘Le acaban de dar a otro alumno.’”. A las 2:10 horas escribía desde su refugio: “¡Soldados adentro del Tec!!!”. “Una hora después, a las 3:31, el twittero del Tec completó su reporte… ‘Militares retiran radios a policías del Tec en momento del caos, justo cuando se informaba que habían herido a alumno (yo lo escuché).’”

En el Tec no existe lo que pudiera considerarse una dirección estudiantil. Lo relativo a este renglón es manejado por una coordinación de asuntos estudiantiles siguiendo el modelo sindical de las empresas regiomontanas donde los dirigentes de los trabajadores son empleados a quienes designan los patrones para la gestión de los intereses de aquellos. ¿A los oídos de esa coordinación no llegó lo que era un secreto a voces entre los estudiantes? Y si llegó, como es de suponer, desde las primeras horas del día de la metralla, ¿no tendrían que haber avisado sus responsables al rector del campus Monterrey del ITESM, Alberto Bustani? De hecho, este funcionario afirmó que la primera información que recibió del personal de seguridad fue que “las dos personas que resultaron heridas en el enfrentamiento no eran sicarios, sino estudiantes de esa institución”. Pero tanto él como el rector general del Tec se quedaron con la parte tranquilizadora de la duda.

De lo que se trata, por lo que el panorama permite inferir, es no sólo de relevar a los militares de cualquier responsabilidad, sino de fortalecer su posición y con ello la del personaje que les da órdenes: Felipe Calderón. El vicerrector Bustani declaró que, al cabo, el guardia que reportó lo escuchado por Mauricio Santos no estaba seguro de que hubieran sido estudiantes los caídos. Organismos empresariales, el cardenal Francisco Robles Ortega, el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, y la dirección del PAN en el estado han asumido lo dicho por Ervey Cuéllar, presidente de Vertebra: “Deben seguir con todos sus operativos porque hoy por hoy es el único resultado positivo que tenemos (sic).” Horas después de la muerte de los dos estudiantes y, en otro rumbo de la ciudad, de una mujer a quien las balas militares también confundieron con una sicaria, unos 100 empresarios miembros del IPADE escucharon la conferencia dictada por el general Guillermo Moreno Serrano. Lo aplaudieron de pie y por más de un minuto. Recordé, involuntariamente, el filme de Michael Moore, Bowling for Columbine. En su entrevista con Carmen Aristegui, el rector Rangel Sostmann se mantuvo en esa línea: no nos queda sino el Ejército.
El tufo dictatorial y golpista que se respira en los espacios de los empresarios regiomontanos parece atravesar episodios como el que vivió el Tecnológico de Monterrey. Apenas unas semanas atrás, Dionisio Garza Medina, anterior presidente de Alfa, afirmó sin estremecerse: “Luego a Pinochet lo critican. Sí, está bien, quién sabe a cuántos mató. Está muy mal, perfecto. Pero Pinochet dejó el carro afinado, de primer mundo.”

Sin descartarla, Rangel Sostmann se ha mostrado remiso a realizar una protesta con cara de marcha. Él ya era rector cuando los estudiantes del Tec (la coordinación de asuntos estudiantiles) organizaron la Caravana de la Honestidad que remató frente a palacio de gobierno, donde les esperaba el discurso de Francisco Barrio Terrazas, entonces secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo durante el gobierno de Vicente Fox. Fue un acarreo apenas disimulado. ¿Es válido marchar cuando se trata de una reverencia política, pero no tanto cuando se trata de exigir que se informe con veracidad?

Es cierto, el rector del Tec se ha pronunciado por ello y porque se reglamente la actuación del Ejército “en las ciudades”. Ha hablado de acciones a fondo. Creo que se pueden sugerir algunas. En primer lugar, que se aclare el asesinato –imprudencial o no– de las numerosas víctimas inocentes de una guerra que cada vez se torna más sucia e impune. A pocas horas de que cayeran los estudiantes del Tec, por ejemplo, fueron muertos en una refriega “entre grupos criminales” dos niños en Villa Cuauhtémoc, Veracruz. Acaso con una mayor prioridad, que se respete la Constitución, la cual no establece que el Ejército asuma funciones de policía. Y, en seguida, que las fuerzas armadas no dependan del mismo funcionario que hace las veces de jefe de Estado, de gobierno, del ministerio público, de la judicatura, del tesoro, de las entidades autónomas, de Pemex, de la CFE y del IFE; es decir, el Presidente de la República que sigue teniendo las facultades constitucionales y metaconstitucionales de siempre.

El presidencialismo mexicano está en plena crisis, de lo cual pocos se hacen cargo. Es hora de cambiarlo por un régimen más responsable donde el poder representativo tenga un mayor peso.

Sí a la reforma laboral, no a ésta

Arturo Alcalde Justiniani
La Jornada/27 de marzo de 2010

Si nos preguntáramos acerca de la necesidad de realizar cambios a la Constitución y a la legislación laboral, la respuesta sería que sí. Necesitamos una reforma estructural en el mundo del trabajo que modifique la relación de control, subordinación y simulación existente entre trabajadores, sindicatos, empresarios y gobiernos.

Requerimos de una reforma al modelo laboral que incremente la productividad, sin perder de vista que ella depende en buena parte de la inversión de capital y la introducción de nuevas tecnologías, no de abaratar aún más el trabajo. No cabe duda, es necesario generar empleos formales, con seguridad social, bien remunerados y pago de impuestos. Por esto no queremos una reforma orientada a la precarización, a la fijación unilateral de las condiciones de trabajo y a la indefensión obrera.

Urge una reforma laboral que permita mejorar los salarios, incluyendo el mínimo, por la simple razón de que son insuficientes para vivir con elemental dignidad, no una reforma que parte de la premisa de que el costo salarial es excesivo y que es necesario abatirlo aún más a través del despido libre, la reducción de estabilidad laboral, la supresión de garantías procesales y la contratación por horas, sin la obligación del pago proporcional de prestaciones.

Necesitamos eliminar la discriminación por razones de género y no aceptar cambios engañosos que afirman prohibir y castigar conductas ya tipificadas en la ley vigente (artículo 51 fracción II). La mejor manera de evitar estos abusos es permitir a los hombres y mujeres organizarse y defenderse libremente. No discriminar implica respetar el principio de igualdad ante la ley, suprimiendo los apartados de excepción que lesionan a los servidores públicos, de confianza, subcontratados, honorarios y demás indocumentados laborales.

Pugnemos por un sindicalismo democrático y autónomo que responda a la voluntad de sus miembros, a las necesidades de las fuentes de trabajo y a las exigencias del país; no por una iniciativa que preserve el corporativismo y que incremente la hegemonía del sector empresarial, diseñando medidas que buscan debilitar al sindicalismo real, como suprimir el descuento de cuotas, limitar su radio de acción y obstaculizar su registro y toma de nota; en el sindicalismo de protección patronal el empleador paga cantidades mayores que las propias cuotas. Entendemos que la suerte de la libertad sindical y la contratación colectiva están íntimamente vinculadas, que un esquema de concertación colectiva es la clave para lograr una flexibilidad laboral racional, adecuando las disposiciones generales de la ley a las exigencias particulares de la industria y los servicios; que en México, la contratación colectiva está viciada, porque los patrones deciden la organización sindical que debe existir en una fuente de trabajo, y por ello es necesario crear condiciones para fortalecer la negociación colectiva a nivel de centro de trabajo, de rama o de región, en un esquema de diálogo social, como opera en países altamente productivos y democráticos. De ninguna manera estamos de acuerdo con un proyecto que secuestra aún más estos derechos colectivos, ampliando los contratos de protección patronal e impidiendo de manera absoluta la posibilidad que tienen los trabajadores de optar por un sindicato distinto al que originalmente les impuso el patrón. Nos queda claro: la iniciativa Lozano busca que todos los contratos colectivos en nuestro país sean de protección patronal.
El país reclama un sistema de justicia sustentado en tribunales de pleno derecho, que resuelva con imparcialidad y prontitud los conflictos laborales, tanto en el plano individual y colectivo y no preservar las Juntas de Conciliación y Arbitraje que son juez y parte, son lentas y costosas y en ellas priva la voluntad del Poder Ejecutivo tanto a escala federal como local. No estamos de acuerdo con un proyecto que preserva estas instancias viciadas y parciales que generan temor entre trabajadores y patrones, sobre todo entre los pequeños y medianos empresarios. No coincidimos con el absurdo planteamiento de hacer pagar esta responsabilidad a los trabajadores con un límite de hasta seis meses de salarios caídos, cuando el problema de fondo está en garantizar que los juicios se resuelvan con rapidez, ya que la tardanza es imputable al sistema de justicia vigente.

Debemos aprender de las experiencias exitosas que se dan a escala internacional, porque han logrado sistemas altamente productivos, a partir de esquemas de protección social como el seguro de desempleo, la seguridad social universal y el derecho a la formación profesional, necesarios para compensar la flexibilidad laboral y los periodos de desempleo. Debemos escuchar a la academia, a los especialistas, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha formulado severos reclamos a nuestro gobierno por no cumplir con diversos convenios internacionales, especialmente el 87 y el 98 en materia de libertad sindical y contratación colectiva. Obviamente, una ley debe atender los compromisos asumidos con la comunidad internacional. Rechazamos un proyecto elaborado por abogados litigantes del sector empresarial, que aprovechando la oportunidad que les ofreció el gobierno federal buscan imponer un modelo acorde con su reducida visión e intereses, alegando que es la única vía para lograr más empleo y productividad.

Necesitamos que el Congreso de la Unión convoque a la discusión que los autores de la iniciativa han negado, para oírnos unos a otros, dando voz a la gente. Un modelo laboral justo y competitivo, que concilie libertad sindical con responsabilidad, productividad con distribución de beneficios, y flexibilidad con protección social, es el mejor camino.

P.D. Por gestión patronal y en razón de su importancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo los casos de la toma de nota de Napoleón Gómez Urrutia y la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Por congruencia, debería revisar la inconstitucional resolución sobre la huelga de Cananea.

La politización del problema del agua

Iván Restrepo
La Jornada/29 de marzo de 2010

Los funcionarios panistas no se miden a la hora de politizar el problema del agua en la ciudad de México. El mejor ejemplo es el titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, quien aprovechó la pasada celebración del Día Mundial del Agua para repartir cubetas y hacer un llamado a la población de la capital del país a que cuide el agua utilizando sistemas ahorradores y mejores hábitos de consumo. En la celebración se hizo acompañar del delegado en Miguel Hidalgo, quien ahora milita en el PAN luego de hacerlo en el PRI y el PRD.

Luege hizo mención a las normas oficiales acordadas por la dependencia que preside para instalar en los hogares regaderas de bajo consumo, así como inodoros con descargas menores a seis litros. Si estos dispositivos estuvieran en funcionamiento –aseguró–, se ahorraría el equivalente al volumen que suministra el sistema Cutzamala a la zona metropolitana. Sus propuestas, nada novedosas, confirman que fracasaron los programas anunciados en los pasados 25 años para instalar sistemas ahorradores de agua en hogares, empresas y comercios, y que los acuerdos oficiales sobre la materia no se cumplen, mientras sigue el mal uso del líquido.

Pero el mismo día en que el funcionario hablaba de cuidar el agua, de los problemas que nos esperan si no cambiamos hábitos de consumo de dicho recurso natural, residentes de colonias de altos ingresos, donde el PAN tiene su clientela electoral, amenazaban con recurrir al amparo y no pagar las nuevas tarifas del servicio de agua fijadas por la asamblea citadina. Alegan que son muy elevadas, injustas, que donde ellos viven no son zonas de altos ingresos y les cobran como si lo fueran.

No se necesita ser adivino para saber que esa inconformidad es parte de la estrategia panista para golpear al gobierno capitalino, en la misma línea que lo hace con motivo de las recientes reformas aprobadas sobre el aborto y los matrimonios de homosexuales.

Bueno es recordar que apenas ayer ese partido criticaba la política de bajas tarifas de agua, el elevado subsidio gubernamental por un bien público que debe utilizarse mejor y llegar a todos. Ese partido sabe que son insuficientes los recursos para mejorar la red de distribución en la que se pierde una tercera parte del líquido. También sabe que las nuevas tarifas comparativamente son menores a las vigentes en otras ciudades gobernadas por Acción Nacional y a las que se cobran en los municipios conurbados del estado de México.
Y mientras los pudientes se quejan por las nuevas tarifas, se informa que miles de escuelas en todo el país carecen del servicio. El gobierno emprende campañas sobre aseo personal entre los alumnos para dar ejemplo, pero... no tienen agua. Ninguna, pública o privada, potable. Hay también mensajes oficiales para evitar la presencia de ciertas enfermedades, como las de tipo gastrointestinal, la diabetes y la obesidad por la comida chatarra, pero el alumnado y las familias se ven obligados a consumir agua o refrescos embotellados de las dos trasnacionales que dominan el mercado, porque en escuelas, hogares, restaurantes, fábricas y oficinas públicas el agua no es potable.

Habría dinero para dotar de agua a todos los colegios si el sistema de salud no tuviera que invertir parte de su presupuesto en atender, de mala manera, a millones que padecen enfermedades de la pobreza y los malos hábitos alimenticios.

En tanto, las clínicas del Seguro Social no tienen camas ni equipo suficiente para atender a los asegurados, pero el panista que mal gobernó Jalisco –quien fue por corto tiempo incompetente secretario de Gobernación y ahora cobra como presidente de la Cámara de Diputados– adquiere, saltándose todos los procedimientos administrativos, y con cargo al erario, una camioneta del tipo que usan los narcos, en casi un millón de pesos. No hay dinero, pero los gobiernos estatales y el federal gastan cientos de millones en mensajes en los que los funcionarios se autoelogian, mientras el país retrocede en todo. Hasta en ciencias de la ingeniería y las matemáticas. El país de las maravillas.

Debates parecidos

Sara Sefchovich
El Universal/28 de marzo de 2010

Viendo lo que se debate en otros países, nos percatamos de que se plantean problemas que se parecen a los nuestros.

Un número reciente de la revista Newsweek trae un artículo para analizar la educación en Estados Unidos, cuyo nivel es muy inferior respecto a los de los países europeos. Según los autores, durante mucho tiempo se pensó que la solución radicaba en encontrar las pedagogías y métodos de enseñanza adecuados, y por ello se aplicaron varios nuevos cada tantos años, pero no se lograron resultados significativos.Recientemente los investigadores han descubierto que “lo que realmente hace la diferencia, lo que importa más que el tamaño del grupo, el libro de texto, el método o la tecnología e incluso que los programas de estudio, es el maestro”. Esto parece muy obvio, pero no por serlo significa que las escuelas pueden contratar y conservar a los buenos maestros y no contratar o despedir a los que no sirven. Y la razón de esto es que los sindicatos protegen ciegamente a sus miembros y hasta ahora nadie ha podido hacer nada al respecto.

Hay también en la misma publicación una entrevista con una asesora del presidente Obama que señala el hecho de que la democracia hoy se ha convertido en un puro decir no, un impedir que pasen las reformas y los cambios. Esto se debe, según ella, a que “La mejor manera que han encontrado los partidos de recuperar popularidad es diciendo que no a todo”.

En la revista Time, hay un ejemplo inmejorable de esta situación: Sarah Palin, que fue compañera de fórmula del senador Mc Cain cuando compitió por la presidencia de Estados Unidos, es una de las opositoras más feroces a la propuesta de reforma del sistema de salud de Obama y sin embargo, ella misma reconoce que cuando era niña, su familia cruzaba la frontera a Canadá para recibir servicios de salud, porque ese país tenía un sistema mucho mejor al estadounidense, el cual por cierto es muy similar al que está proponiendo ahora el presidente norteamericano.

Está también la realidad que expresa bien un autor en la misma publicación: “En la última década, casi todas las instituciones que fueron pilares de la sociedad norteamericana (General Motors, el Congreso, Wall Street, la Iglesia Católica y varios medios) han mostrado ser corruptas e incompetentes, y ello ha provocado escepticismo, desilusión y desconfianza hacia las elites que las dirigen, las cuales han concentrado demasiado poder y no rinden cuentas”. Esa desconfianza, afirma otro estudioso, se extiende al gobierno y por las mismas razones.

No podía faltar el discurso que crítica a los críticos, llamándolos “profetas de la desgracia”. No los encarcelan como hace Chávez en Venezuela, pero sí les echan la culpa de envenenar a la población y echar a perder las cosas. En España, cuando se acusó al gobierno de Zapatero de manejar mal la crisis económica, al punto de poner al país en riesgo de quiebra, el ministro de obras públicas afirmó, según The Economist, que se trataba de un complot encabezado por la prensa anglosajona: “Nada de lo que sucede, incluyendo los editoriales apocalípticos, es accidental sino que tiene que ver con el interés de algunos individuos”.

Por eso el debate sobre el papel que desempeñan los medios. Hay quien los acusa de querer llevar agua a su molino ideológico y de intereses concretos (y esto vale por igual para los conservadores que para los liberales), pero Jon Meacham asegura en Newsweek que los ciudadanos no se dejan llevar por lo que les dicen en la televisión, el radio o el periódico sino que son perfectamente capaces de sacar sus propias conclusiones. Está visto que el funcionario español piensa diferente.

Total, que son los mismos problemas y debates que tenemos hoy en México: maestros incompetentes y sindicatos que los defienden, medios de comunicación con intereses propios, mal manejo de la crisis por parte del gobierno, legisladores que dicen no a todo, instituciones corruptas y abusivas, incluyendo a la Iglesia y pretender resolver las cosas echándole la culpa de los problemas a quienes los denuncian o critican a las elites del poder.

sarasef@prodigy.net.mx

Escritora e investigadora en la UNAM

viernes, 26 de marzo de 2010

Presión para liberar a Alberta y Teresa

Sara Lovera
Proceso/25 de marzo de 2010

Ignacio del Valle fue condenado a más de cien años de prisión, por haber sido la cabeza visible de los campesinos de Atenco que se opusieron a un acto de autoridad que quería arrebatarles sus tierras.

La represión contra Atenco y sus pobladores derivó en un ataque sexual a más de 24 mujeres que no han conseguido justicia. Esa represión ha sido condenada en el mundo, al igual que los asesinatos de más de 600 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde hace casi 15 años en que se conoció la barbarie.

En las últimas semanas, México ha sido señalado por un sinnúmero de organismos internacionales por el caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, y ahora tirios y troyanos han alzado la voz para que sean liberadas.

Este caso es harto evidente de cómo se violan los derechos humanos en México. Se trata de dos indígenas de Querétaro, enjuiciadas por un supuesto secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en un mercado de Mexquititlán, y condenadas por el juez cuarto de Querétaro a 21 años de cárcel. Llevan tres. En la prisión, Teresa dio a luz a una niña, ahora de un año de vida.

Por el mismo caso fue detenida y enjuiciada Jacinta Francisco Marcial, liberada en septiembre pasado. A ella le dijeron: “Usted dispense”, pero todavía no opera la reparación del daño.

La contundencia de los hechos que llevaron a estas mujeres a la cárcel involucra a un sistema cómplice y corrupto que llevó a Amnistía Internacional a declarar a Alberta y Teresa como presas de conciencia.

La visita al penal de San José El Alto que hicieron senadores del PRI, encabezados por Manlio Fabio Beltrones, y los buenos oficios legales y mediáticos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, nos dicen que es posible que Alberta y Teresa sean liberadas.

México ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de siete jóvenes asesinadas y halladas en lo que se conoce como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y hay una docena de casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el de los 65 mineros que murieron a causa de la explosión de la Mina de Pasta de Conchos, en Coahuila.

A pesar de todo, existen también numerosas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de Ciudad Juárez y en el de Pasta de Conchos; se conforman expedientes por el caso de Atenco, y es insoportable la situación documentada en Oaxaca por los casos de Loxicha y la región Triqui, además del conflicto social de 2006 por innumerables violaciones a derechos humanos.

Frente a todo ello, ha habido silencio, el más sepulcral de prácticamente toda la clase política. Ahora sorprende imaginar al jefe político del Senado, por parte del PRI, encabezando lo que él llama con urgencia “presión política”; llama la atención su discurso, sus declaraciones, su interés, cuando no apeló a la justicia frente a horrendos crímenes, como los que todos los días se comenten en los campos de batalla abiertos en el país por Felipe Calderón y el Ejército.

Alberta y Teresa son dos indígenas que no dejaron que los AFI robaran sus mercancías, las de Teresa principalmente. Alberta comenta que se opuso y pidió a los policías que justificaran su presencia. Por eso se dice que las detuvieron por venganza.
Lo cierto es que se trata de un caso ominoso, insoportable e inadmisible. Tres años en la cárcel en completa inocencia. Jacinta pasó más de dos años.

No se puede negar que ahora hay un halo de esperanza, como ellas dicen. No obstante, el Ministerio Público que las acusó, los integrantes de la AFI, todo el poder, el juez ciego y necio que las condenó, nadie, absolutamente nadie, piensa en los años perdidos, en las penas, en esa vida de reclusorio que no se me ocurre pensar cómo es de terrible.

Lo más grave es que ahora nos vayamos a festejar jubilosos y jubilosas que, por fin, tanta demanda, tanta denuncia, tantos trabajos jurídicos, finalmente servirán para algo. Ahora mismo ponemos todos nuestros sentidos en la decisión que tomará el estudio que hace la ministra Olga Sánchez Cordero, tras la decisión de la Suprema Corte al admitir el caso para analizar la injusticia.

Lo grave es que hay otros muchos casos que no han sido atendidos. Quizá, y pensando electoralmente, Beltrones ya se apresura a proponer que sean enjuiciadas las autoridades que no cumplan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Demasiada amargura y pesadez costará ese párrafo en alguna ley, pero será muy lamentable que ello no cambie la vida de las amenazadas con cárcel por aborto en Guanajuato, Veracruz, Guerrero e Hidalgo, donde sabemos hay este tipo de injusticias.n Lamentable será que esta pirotecnia del viejo lobo de mar, Beltrones, sea sólo eso y no se haga justicia en todos los casos de clara y evidente violación a los derechos humanos, como lo han señalado las mismas instancias que han puesto los ojos en Alberta y Teresa.

Ellas, sin embargo, han de saber en el tiempo lo significativo que será su arbitraria detención y su injusto juicio. Es una lección, sin duda; es también un paréntesis a tanta desgracia. Ojalá que la Procuraduría de Justicia de Querétaro retire su acusación, antes mejor que la niña de Teresa, de apenas un año, tenga que permanecer en esas catacumbas del Cereso, donde aprende a caminar y a decir sus primeras palabras.

Pero negarse a mantener en alto la denuncia de los casos ominosos que cubren al gobierno de Felipe Calderón e imaginar que se puede ocultar la estela de atrocidades, sería como renunciar a la memoria, al sentido de la vida y la decencia, por no hablar de ética y sentido común.

Esperemos el final de esta historia.


Tiempo de canalla

Epigmenio Carlos Ibarra
Milenio/26 de marzo de 2010


“Tiempo de canalla” llamó Lilian Hellman a la época del Macartismo, cuando el tristemente célebre Comité de actividades antinorteamericanas del Senado, presidido por el senador McCarthy, desató, de la mano del FBI, una brutal caza de brujas en la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

Se produjo entonces, además de las penas de cárcel, el exilio y el ostracismo para muchos escritores, directores, actores y técnicos un retroceso irreversible de las libertades públicas y la casi destrucción de los instrumentos de crítica social en el cine, el teatro, la radio y la televisión.

Algo similar comienza a vivirse en nuestro país. Es el propio Felipe Calderón Hinojosa —y con el potente eco que su propia posición de mando le da a su voz en los medios— quien en este caso encabeza la ofensiva.

Sitiado por su propios errores en la “guerra” que declaró contra el crimen, Calderón pierde de nuevo los estribos y exasperado promueve, con el falso argumento de que quien critica su actuación está a favor de rendirse ante la “ridícula minoría” de delincuentes o de plano trabaja para ellos, el linchamiento de quienes nos atrevemos a sostener que por su camino, con la doctrina que lo inspira y bajo su conducción esta guerra habremos de perderla todos.

A su voz se suman las de muchos personeros oficiosos y aun más radicales que, en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde se debate continuamente sobre el tema, van del insulto a la descalificación, del escarnio a la amenaza velada y para quienes sostener una posición crítica ante la errática dirección de la guerra equivale a ser títere de AMLO o, de plano, un integrante más de los muchos cárteles que asolan el país.

Y si cuestionar a Calderón produce andanadas de insultos peor todavía resulta hablar, desde una perspectiva crítica, de la actuación en el conflicto del Ejército mexicano o de la Marina. Quienes lanzaban anatemas proponen entonces la quema inmediata, en leña verde, del apóstata.

Poco importa que la realidad del combate ofrezca datos sumamente inquietantes y produzca como en el Tec de Monterrey dolorosas pérdidas e indignantes confusiones. Menos todavía que en amplias zonas del país mucha gente, ajena por completo al crimen organizado, se sienta tan amenazada por los criminales como por los uniformados.

Porque es mentira, puro argumento propagandístico, que las madres que alzan la voz por el asesinato de sus hijos, que quienes denuncian levantones y desapariciones forzosas, que quienes demandan la salida del Ejército de una población sean, todos, manipulados por el narco.

Hay razones suficientes y también muchas personas dignas, íntegras y valientes dispuestas que lo hacen cada día desde distintas tribunas y zonas del país, para exigir que quienes, con la ley en la mano, combaten al crimen organizado, no la sigan violando; que quienes se dicen defensores de la sociedad no se sigan portando como aquellos que la agreden.

Y si en el campo periodístico, en el debate político, en la redes sociales la doctrina Calderón de combate al narco esta reviviendo ese “Tiempo de canalla” propicio para linchamientos, en el terreno de combate está generando desviaciones mayores y que de seguir produciéndose nos conducirán a la debacle.

Están en juego prestigio, eficiencia y viabilidad de las instituciones. Cada “baja colateral” que se produce ensancha la brecha que separa al gobierno y los cuerpos de seguridad de la sociedad sin cuyo soporte cualquier guerra se pierde. Cada acción punitiva, al margen de la ley, profundiza el conflicto y aleja la posibilidad de paz.

En una confrontación armada se producen siempre un número mayor de heridos que de muertos cosa, que por cierto y a juzgar por los partes proporcionados por las mismas autoridades, no sucede en nuestro país. Hace apenas unos días los diarios han documentado fotográficamente el caso de un narcomenudista capturado por la Armada que luego y sin ser liberado apareció muerto.

Corren versiones plausibles de que se remata a heridos en combate, de que comienzan a operar escuadrones de la muerte. Estos excesos se producen siempre al calor de la guerra cuando los imperativos políticos y las urgencias propagandísticas comienzan a marcar el ritmo de las operaciones.

Si a esto se suma la nula disciplina de fuego, el poderoso arsenal con que cuentan marinos y soldados y la respuesta sanguinaria e indiscriminada de los narcos que, armados hasta los dientes por el norte, venden cada vez más cara su vida, entonces triste y desolador panorama nos espera.

No es “ingenuo” ni “absurdo” cuestionar una doctrina que multiplica errores y violaciones a la ley. Tampoco se trata de “echarse para atrás”, como dice Calderón, quien es en realidad quien hacia atrás nos empuja, sino al contrario de encontrar el camino de un combate efectivo y con perspectivas reales de victoria, de una paz que no sea ni la de los sepulcros, ni la de la sumisión ante los capos.

http://elcancerberodeulises.blogspot.com/

jueves, 25 de marzo de 2010

Ser joven, y no morir en el intento

Gabriela Warkentin
El País/25 de marzo de 2010

Sólo imaginar que las universidades se conviertan en fortalezas blindadas para evitar que sus comunidades sean agredidas me pone los pelos de punta. Es el peor regreso a lo más hermético de las Edades oscuras.

Cayeron acribillados. Todavía nadie dice bien a bien de quiénes fueron las balas. Pero ahí quedaron; lo más que sabemos es de un twittero: se escucharon ráfagas, balazos, quejidos. Luego salieron las autoridades académicas a explicar lo inaceptable. Era una universidad, y era ese México que sigue entregando cuentas de sangre. Monterrey, Nuevo León, nos dejó estampas de horror este fin de semana: avenidas bloqueadas por maniobras espectaculares a manos, aparentemente, del crimen organizado; balaceras cruzadas y civiles caídos. La muerte, y violenta, siempre es absurda. Cuando es joven, es además trágica.

Aceptamos gustosos el cliché, casi de película romántica: la juventud, tiempo de aprendizaje, de descubrimiento, de energías, de locuras. Esa pausa que impusimos al paso más denso de convertirnos en adultos. Alargamos la adolescencia y profesamos devoción por todo lo que a joven nos sabe: irreverencia, insolencia y, más llano, hambre por comerse al mundo. Sí, nos gustó esa parte de nuestra historia. Cuando se es joven, el único límite debía ser la imaginación. Pero es claro que las películas románticas existen sólo el tiempo que nos dura la fantasía. Y en México, a muchos parece habérseles acabado esa fantasía incluso antes de vivirla.

En lo que va del año, que apenas son pocos meses, han sido decenas ya las muertes de civiles en episodios ligados a la guerra en contra del crimen organizado que emprendió el gobierno del presidente Felipe Calderón. A principios de año nos sacudió la muerte de 15 jóvenes estudiantes, en una fiesta en Ciudad Juárez. Luego vinieron otros, sacados de fiestas, bares o reuniones, en diferentes ciudades del Norte del país. Apenas este fin de semana supimos que Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado, destacados estudiantes de posgrado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la sede que está en esa ciudad, murieron atrapados en un fuego cruzado que aún no queda del todo claro. Y en estos últimos días han sido otros. A la tragedia siguieron los infortunios declarativos: así como a los jovencitos de Ciudad Juárez se les colgó de inmediato la medalla de "pandilleros", para justificar o matizar lo ocurrido, así a estos estudiantes en Monterrey se les ubicó en el genérico de "sicarios". Tuvieron que salir las voces de la comunidad, los familiares y las autoridades académicas en uno y otro caso, para que se supiera que los jóvenes asesinados si de algo habían pecado, era de creer que podían festejar en una casa, o caminar de noche en las inmediaciones de su centro de estudios.

Ahora sabemos que varias universidades en las zonas más afectadas por la inseguridad ligada a la guerra en contra del crimen organizado van a reforzar sus medidas de seguridad. Ya de por sí, en algunos lugares el crimen común había obligado a los centros educativos a revisar sus mecanismos de acceso y permanencia en las instalaciones. No en todos, gracias a Dios. Todavía es un placer deambular por los jardines abiertos de la espléndida Ciudad Universitaria ubicada en la capital mexicana, o recorrer las instalaciones de muchos centros universitarios en las ciudades del país menos afectadas por la inseguridad. La Universidad es también apertura del espacio; pero cerrada, clausurada, restringida sólo a los propios, padecerá la pérdida del conocimiento que brota de la interacción espontánea. Si esto se generaliza en las instituciones de educación superior de las zonas más conflictivas, habremos creado otros guetos más: las sociedades que encierran a los suyos, perdieron el horizonte.

Paso estos días algunas jornadas de trabajo con estudiantes de todo el país, reunidos en la Mérida yucateca. Ciudad apacible, hermosa, cálida. Cuesta trabajo desde acá creer que esos otros Méxicos también existen. Los estudiantes se sienten libres, y liberados. Pero cuando el Secretario de Educación, al hablar de que la transición mexicana ha sido relativamente tranquila, utiliza la expresión "en México vivimos una democracia sin balazos", más de uno se estremece. Aún entre los jóvenes universitarios, alegres y entregados, y desde esta Mérida menos atribulada, la afirmación cala. Porque todos saben que hace unos días asesinaron a dos de los suyos, allá en Monterrey. Y porque todos saben, punto.

Así como la sociedad civil se ha movilizado en otros momentos recientes de la historia mexicana para promover participación ciudadana y reclamar justicia, así esperamos que en este terrible y reciente caso en Monterrey no gane el miedo, y se articule la exigencia de un orden democrático y tolerante. No son sólo los dos jóvenes asesinados, es el caos que puede imperar en una ciudad, son las declaraciones de autoridades que sólo buscan señalar culpas ajenas, es la impotencia ante la indefinición, es la incontinencia informativa que no conoce límites. Y sí, son las balas que asesinan.

Las universidades debieran ser espacios abiertos, no fortalezas enclaustradas. Ser joven no debiera implicar la muerte como horizonte. Y México tendría que encontrar muy pronto algún camino para sacudirse la retórica del miedo.

Gabriela Warkentin es Directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, Defensora del Televidente de Canal 22, conductora de radio y TV y articulista.

Surrealismo

Helguera/ La Jornada, 25 de marzo de 2010

Mayoría artificial

José Woldenberg
Reforma/25 de marzo de 2010

Si algo bueno pasó en el mundo de la representación en las últimas décadas es que México pudo ofrecer un espacio institucional a su diversidad política. Hoy ninguna corriente medianamente asentada está excluida de los Congresos. En esos espacios coexisten, se pelean y se ponen de acuerdo los representantes de la pluralidad que es natural en un país masivo, contradictorio y desigual como el nuestro. Pero, claro, no hay bien que mal no genere. Y como siempre es más difícil forjar acuerdos entre organizaciones que tienen idearios diferentes que cuando uno se pone de acuerdo con uno mismo, surge y se reproduce una nostalgia por la eficacia que tenía el sistema de partido hegemónico: aquellos años en los cuales la voluntad del Presidente era la del Congreso, la de los medios, la de la Nación.

La inexistencia de mayorías absolutas en ambas Cámaras hace tortuoso su funcionamiento y difíciles los acuerdos, y por ello surge la preocupación por cómo construir esa mayoría permanente que acompañe la gestión presidencial.

Pero si la preocupación es legítima, algunas de las recetas que empiezan a circular no lo son. El 16 de marzo en las páginas de El Universal, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, propuso dos fórmulas sencillas y transparentes, pero más que impertinentes para lograr una mayoría estable en la Cámara de Diputados: a) restablecer una mal llamada cláusula de gobernabilidad o b) “eliminar el límite de 8 puntos porcentuales a la sobrerrepresentación legislativa”.

A) La cláusula de gobernabilidad daría al partido que lograra una mayoría relativa del 35 por ciento de los votos la mayoría absoluta de los escaños. Se trata de una disposición ingeniosa, pero absolutamente distorsionadora de la representación política. Porque con ella sucedería que una minoría, por mandato de ley, se convierte en mayoría, mientras las mayorías se transforman en minoría. Un partido con el 35 por ciento de los votos acabaría teniendo, por lo menos, el 51 por ciento de los diputados, mientras que el 65 por ciento de los votos no podrían tener más del 49 por ciento de los escaños. Fórmula sagaz, lástima que desfigure hasta extremos de caricatura un principio democrático fundamental: el de una cierta equivalencia entre votos y escaños.

Pero además nos podría llevar a situaciones absurdas. Supongamos que un partido obtiene el 37 por ciento de los votos y otro el 34. El primero tendría la mayoría absoluta de diputados (un premio de más de 13 puntos porcentuales) y el segundo acabaría con un porcentaje de legisladores muy por debajo de 34. Pero aún hay más, como diría un clásico: la propuesta asume que el partido con mayor votación para la Cámara de Diputados siempre sería el del candidato presidencial ganador, pero no tiene por qué ser así. Si Andrés Manuel López Obrador hubiese ganado la Presidencia, el PAN, con la fórmula propuesta, habría obtenido la mayoría absoluta de las curules. (Bueno, también se les puede ocurrir que al votar por el candidato presidencial automáticamente se esté votando por los congresistas).

B) La eliminación del límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación tiene problemas desde el enunciado. Para quienes aspiramos a una fórmula que traduzca de la manera más exacta votos en escaños esa cláusula no es un límite sino un premio a la mayoría. Pero además se olvida que desde siempre el sistema mixto mexicano intentó atemperar las desviaciones de sobre y sub representación de la fórmula uninominal.

En 1977 se incrementaron los uninominales a 300 y se creó una “pista” plurinominal de 100, y aquel partido que obtuviese más de 60 escaños uninominales no participaba en el reparto de los pluris. En aquel entonces sólo el PRI estaba en esa condición y la idea era que al menos el 25 por ciento de las curules fueran para partidos de la oposición. Luego, en 1986, cuando la Cámara creció a 500, se incrementaron los plurinominales a 200. Y su función siguió siendo la de atemperar las distorsiones que de manera natural acarrea la fórmula uninominal. Si bien se introdujo la llamada cláusula de gobernabilidad, la ley establecía que si el partido mayoritario lograba por la vía de los distritos un porcentaje de diputados superior al de su porcentaje de votación, ya no entraría al reparto de los diputados de lista. Sólo lo haría para ajustar su porcentaje de representantes al de sus sufragios. Fórmula que nos llevó a una representación proporcional cuando el partido mayoritario obtenía entre el 50 y el 70% de los votos. Fue en 1989-90 cuando se incorporó un mínimo necesario para aplicar la cláusula de gobernabilidad: otorgaba al partido que hubiese obtenido por lo menos el 35 por ciento de los votos, el 50.1 por ciento de los escaños, y dos diputados más por cada punto porcentual por encima del 35. Fue removida por su flagrante artificialidad.

Cancelar uno de los logros mayores de la política reciente por la añoranza del pasado no parece una buena idea. No juguemos al exorcista.

México violento e inseguro

María Herlinda Suárez Zozaya*
herlinda@servidor.unam.mx

Cada día es más notorio que México es un país dominado por la violencia. No es necesario dar estadísticas para saberlo, pues cotidianamente, ya sea a través de los medios de comunicación o de sucesos que se viven en carne propia o mediante historias que cuentan amigos y vecinos cercanos, somos testigos de que la realidad que nos circunda es violenta.

Sin duda, nuestro país es uno de los más violentos del mundo y aunque no todos los hechos son adjudicables al crimen organizado, su accionar es muy sonado y tiene aterrorizada a la sociedad mexicana. Es que en los actos delictivos que llevan a cabo las mafias organizadas cualquiera puede quedar envuelto, aunque no se haya hecho nada para merecerlo. ¡Cuántos casos se oyen a diario de personas que fueron heridas o muertas en balaceras que se registraron por donde ellas iban sólo pasando, o que quedaron involucradas en problemas de narcotráfico o secuestro, de la noche a la mañana!

Lo que en la semana pasada sucedió en la ciudad de Monterrey es el colmo. Califico así lo sucedido a Jorge Antonio Mercado Alonso y a Javier Francisco Arredondo Verduzco, ambos fallecidos en la balacera que se registró el pasado viernes en la madrugada, frente al ITESM, pues no por haber sido estudiantes de posgrado de una institución de educación superior privada de prestigio sus vidas valen más o sus muertes son más lamentables que las de otras personas que también han fallecido víctimas de la violencia que se da en las calles.

Digo que es el colmo porque, precisamente por su estatus social, se constata que hoy, en México, de la violencia ya nadie se escapa. Lo peor es que hasta que sus familiares y los directivos de la institución en donde estudiaban aclararon que estos jóvenes eran alumnos, fueron tomados por narcotraficantes y señalados como sicarios a los que incluso les habrían decomisado armas.

¿Qué hubiera pasado si las víctimas no hubieran sido estudiantes y no se hubieran levantado en torno a ellos voces que reivindicaron su identidad vinculada al buen comportamiento social y al excelente desempeño académico? Lo probable es que el gobierno se hubiera lavado las manos respecto de lo sucedido y se empeñara, como siempre suele hacerlo, en enviar el mensaje de que los muertos fallecieron por su culpa, por andar por el mal camino. Está claro: de ser considerado culpable, o cuando menos sospechoso, en México, tampoco nadie se salva.

A la fecha, las víctimas inocentes de la violencia ya han sido demasiadas. En una sociedad democrática, como se supone que es la mexicana, cuando menos en términos de aspiraciones, el principal deber del gobierno es brindar a la población condiciones y sentimientos de seguridad para que la vida ocurra. Pero hoy los mexicanos nos sentimos más inseguros que nunca. La gran preocupación de la población mexicana, en cuanto a los bajos niveles de seguridad existentes en el país, se ve reflejada de modo especial en los sentimientos de riesgo, miedo, vulnerabilidad y desprotección que experimentan los y las jóvenes. Para el año 2000, la Encuesta Nacional de Juventud reveló que, en ese año y en el ámbito nacional, la mayoría de los jóvenes mexicanos situaba la inseguridad y la violencia en el quinto y sexto lugar de los problemas graves del país, respectivamente. En ese entonces, los primeros lugares correspondieron a la pobreza, el desempleo, la corrupción y el deterioro ambiental, en ese orden.

No conozco ninguna encuesta que se haya realizado posteriormente que permita comparar cabalmente si este orden se ha modificado. Sin embargo, sí he trabajado con varias fuentes que muestran que hoy el principal reclamo que la juventud mexicana hace al gobierno y a la sociedad es la inseguridad y la violencia, aun por encima del desempleo, de la escasez de protección institucional a su salud, de la vivienda inaccesible y de las insuficientes oportunidades de educación.

De una u otra forma, los resultados de las encuestas que se han realizado en esta reciente década permiten afirmar que lo sucedido en lo que va del nuevo siglo constata, una vez más, que la pobreza, el desempleo y la corrupción y, por supuesto, también el deterioro ambiental, son productoras principales de inseguridad y violencia. Entonces, si ya se conocen las causas, ¿por qué no se les combate a éstas? ¿Por qué el gobierno sigue empleando estrategias de combate tan ilógicas e impertinentes?

La Encuesta Nacional de Juventud se levantará nuevamente en este año que corre. Espero que el marco conceptual y la metodología que se utilicen permitan comparar las percepciones de los hoy jóvenes respecto a las de la juventud de 2000. Estoy segura que la inseguridad y la violencia aparecerán en primera plana, como diariamente lo hacen en todos los medios.

* Investigadora del CRIM, profesora de la FCPS, miembro del Seminario de Educación Superior y del Seminario de Juventud de la UNAM.

Seis preguntas al rector Rangel Sostmann

Ciro Gómez Leyva
Milenio/25 de marzo de 2010

Cinco días después de la tragedia habla Rafael Rangel Sostmann, rector del Tec de Monterrey desde hace 25 años.

P: ¿Vio los cadáveres de sus dos estudiantes?

R: No, señor. Los cadáveres nunca tuvimos oportunidad de verlos. Las personas que acompañaron a los familiares sí los vieron y se encontraron con que estaban muy maltratados. Uno de ellos tenía amputadas sus piernas por una granada.

P: ¿El Ejército pidió autorización para entrar al campus del Tec la madrugada del 19?

R: Como había sido una confrontación muy dura y de mucho ruido y con todo tipo de detonaciones, no pidieron permiso. Básicamente dijeron: “Tenemos que entrar a buscar si hay alguien”. Y pues no es muy fácil para un guardia decirle al Ejército que no entre. Lo comprendimos. A nosotros no nos lastimó. Vimos que el Ejército estaba tratando de hacer su trabajo.

P: ¿Pidió a los alumnos que no protestaran por la muerte de sus dos compañeros?

R: No, yo lo que les dije es que con una protesta no era suficiente, que teníamos que ir más allá. A lo que estoy invitando a los alumnos es a que, dentro de una protesta, hagamos solicitudes concretas a los diferentes actores del gobierno. Por ejemplo, que se esclarezca el crimen. Vamos a invitar a la comunidad para que el 11 de abril nos manifestemos para solicitar cosas muy concretas.

P. ¿Se han dado de baja alumnos esta semana?

R: Hasta donde yo estoy enterado ahorita, no. Pero no tengo esa información. Es probable que haya pasado.

P: ¿La guerra contra el narco?

R: Es obvio que tenemos que cambiar de política, porque se ve que es una guerra sin fin y sin ganador.

P: ¿Está a favor de la legalización de las drogas?

R: Es una pregunta para la que no tengo respuesta. Yo soy rector y ese es un debate que se tiene que llevar con expertos.

gomezleyva@milenio.com

La Corte, los bancos y los ahorradores

Humberto Musacchio*
Excélsior/25 de marzo de 2010

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por decisión unánime de los señores ministros, resolvió el pasado martes que Banamex no debe pagar al inversionista José Luis Saldívar lo que la institución financiera y el cliente habían convenido en 1987, cuando el particular depositó 400 mil pesos viejos.

El señor Saldívar confió su dinero a Banamex en una época de acelerada depreciación del dinero, cuando en algunos años las tasas de inflación llegaron a superar ciento por ciento, lo que obligaba a las instituciones bancarias a ofrecer grandes rendimientos, como en el caso en litigio, en que se convino para el depósito un rendimiento fijo de 91.3%, lo que 23 años después representa casi 270 mil millones de pesos.

Los 400 mil viejos pesos iniciales, apenas 400 pesos de los que están en circulación, se convirtieron en esa suma estratosférica por otra decisión de la Corte que, como ésta, favoreció a los bancos, a los que autorizó a cobrar intereses sobre intereses y ya no sólo sobre el principal, como se hacía tradicionalmente. Pero aquello que la Suprema Corte consideró bueno para los banqueros no alcanza a beneficiar a los usuarios de la banca.

Cualquier mexicano que opere con un banco de los establecidos en el país sabe que los pagarés que tenga firmados con las casas financieras se renuevan automáticamente en las mismas condiciones, a menos que el banco decida cambiarlas, lo que de cualquier manera exige que se le avise al cliente de los cambios y de sus alcances, lo que no se hizo en el caso del señor Saldívar, pues no se modificaron las condiciones. Esa potestad que el Estado mexicano otorga a los bancos no la tiene el cliente, al que no le queda sino aceptar las nuevas condiciones o liquidar de una vez la deuda o retirar su dinero, según sea el caso.

Si el cliente contrae una deuda con el banco y no paga en los tiempos y condiciones pactados, el banco acreedor procede contra el cliente y se apropia de sus bienes hasta por una cantidad equivalente a la deuda, sus intereses, los intereses sobre intereses y las costas del juicio. Si el banco recibe un dinero en depósito y no le quiere restituir al cliente ese mismo dinero más sus intereses, entonces recurre a la Suprema Corte, donde encuentra comprensión y apoyo para esquilmar a la confiada persona que le entregó en custodia su dinerito.

El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, travestido en abogado defensor de los pobrecitos banqueros (“¿De dónde va a agarrar el banco ese dinero?”, preguntó el piadoso ministro), declaró que no se debe entregar al cliente lo convenido porque “con toda seguridad no alcanzaría el dinero del propio banco para hacer el pago que en este caso se reclama” y porque de hacerlo, agregó, eso pondría en riesgo “la estabilidad de la intermediación financiera”.

Don Guillermo, sabedor de que la resolución es un caso de escandalosa injusticia, añadió: “Es necesaria la intervención del Estado mexicano para impedir que los bancos hagan operaciones de alto riesgo o totalmente equivocadas que los pongan en condiciones de ruina”.

Sí, como ahora que la Suprema Corte de Justicia acude en auxilio de los banqueros, quienes si aún así tienen problemas, siempre cuentan con la protección del Estado, que para absorber las deudas contraídas por los señores del dinero ideó el mecanismos perverso del Fobaproa o el otro, no menos canallesco, que son las afores, que se encargan de jibarizar los ahorros de los trabajadores para condenarlos a una vejez de miseria.

Ante eso, la Corte opta por voltear para otro lado.

*Periodista y autor de Milenios de México

hum_mus@hotmail.com

miércoles, 24 de marzo de 2010

La tesis del "fuego cruzado"

Jenaro Villamil
Proceso/23 de marzo de 2010

Cuando culminen las reuniones entre el Grupo de Alto Nivel del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Hillary Clinton, y sus homólogos mexicanos, es muy probable que el discurso oficial calderonista y de gobernadores afines siga pidiendo disculpas por el “fuego cruzado” que ha matado a cientos de civiles en los últimos años de narcoguerra sin que ninguno de los responsables de estas ejecuciones haya sido sancionado. Un nuevo expediente de impunidad se abre con esta nueva tesis, temeraria e indignante.

Primero fue justificar el homicidio de una anciana indígena en Zongolica, Veracruz, por “hemorragia intestinal”; después Calderón tuvo el pésimo reflejo de justificar la matanza en Salvárcar, Ciudad Juárez, diciendo que era un “pleito entre pandillas” y así le ha ido con los familiares de 15 adolescentes acribillados; ahora, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y los replicantes del gobierno de Nuevo León, insisten en decir que el asesinato de los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y de Jorge Antonio Mercado Alonso, ambos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Tec, fue el resultado de que para su desgracia “estuvieron en la línea de fuego”.

La tesis del “fuego cruzado” no puede ocultar las decenas de contradicciones que se articulan en torno a los sucesos del viernes 19 de marzo, en el corazón de una de las zonas exclusivas de Monterrey. El primer comunicado de la Secretaría de Gobernación –que cada vez hace el papel de oficialía de partes de los malos operativos militares- no tiene desperdicio.

Señala que el tiroteo fue el resultado de una “denuncia ciudadana” que se recibió en el cuartel general de la 7ª. Zona militar, alertando que en el bar Valentona se encontraban individuos armados.

De inmediato el personal militar se trasladó a dicho lugar”, refiere el boletín. No le informaron ni a la procuraduría estatal ni a la general de la República que seguramente sólo existen para recoger cuerpos y ocultar pruebas. Cuando se dirigían a la Valentona, “una camioneta se emparejó y, al realizar una maniobra peligrosa, fue seguida por la unidad militar”. Nunca se aclara qué entienden por “maniobra peligrosa”.

“Momentos después –continúa la narración-, ya sobre la avenida Eugenio Garza Sada, la camioneta comenzó a abrir fuego” y “los efectivos militares repelieron la agresión en las inmediaciones del Tec de Monterrey”. “Simultáneamente a esos hechos arribaron más camionetas con agresores que comenzaron a atacar desde diversos puntos con granadas y armas de fuego al personal militar. Esta situación propició que los efectivos militares buscaran nuevos lugares de protección y desde donde contraatacar a los agresores, en tanto llegaran refuerzos al lugar de los hechos… Una vez controlada la situación arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC (Agente del Ministerio Público Federal), persona de peritos en balística, y del Servicio Médico Forense para recabar evidencias, levantar los cuerpos y dar fe de los hechos” (subrayados propios).

Digno de un guión de Juan Orol este primer relato de los acontecimientos atizó el fuego de la indignación. Nunca se mencionaron los nombres de los estudiantes ni de otras víctimas.

Cuando se informó el sábado que entre los cuerpos levantados se encontraban dos jóvenes estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey comenzó un siniestro juego para escurrir el bulto y que ninguna autoridad se hiciera responsable de “la confusión” que llevó a catalogarlos como sicarios que, quizá por tal motivo, merecían morir acribillados. La confusión provocó que el propio rector del Tec, Rafael Rangel Sostman, anticipara en un comunicado del viernes que ninguna de las víctimas de la balacera pertenecía a esa casa de estudios. Después tuvo que desdecirse adjudicándole la responsabilidad de su error a la información proporcionada por el procurador estatal Alejandro Garza.

El gobernador Rodrigo Medina, del PRI, acusó en una entrevista televisiva a la PGR de haber sido la responsable de haber confundido a los estudiantes con delincuentes. “Cuando hay un operativo, a las autoridades locales no nos dejan entrar al área.

La información que proporcionamos al Tecnológico fue la información que nos dio la autoridad”, soltó Medina en una entrevista en Primero Noticias, como si él no fuera la autoridad. Tan lo es que el 21 de marzo en una medida desesperada cesó a 81 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por presuntos vínculos con el crimen organizado, sin arraigar a ninguno.

El mismo día que Medina acusaba a la PGR su procurador, Alejandro Garza, deslindó a la PGR de haber informado que los 2 estudiantes del Tec eran sicarios. Para el lunes 22 de marzo otro escándalo de “fuego cruzado” ya había trascendido las primeras planas de la prensa regiomontana y nacional: un atentado fallido en contra de Luis Eduardo Murrieta Maya, titular de la policía municipal de Santa Catarina derivó en el asesinato de un escolta y de un peatón, además de que resultó herida una pareja de sexagenarios que esperaba el transporte público.

El enredo descomunal en el que han caído los defensores de la tesis del “fuego cruzado” es exhibido con una serie de preguntas incómodas en un sitio de Facebook que demanda justicia para los dos estudiantes asesinados el 19 de marzo. Estos son los cuestionamientos:

“¿Por qué el procurador Alejandro Garza y Garza aseguró que no eran estudiantes? ¿En qué se basó para dar tal versión? ¿Dónde están las identificaciones de Jorge y Javier? ¿Por qué el ejército decomisó los videos de las cámaras de seguridad del Tec? ¿Qué buscan ocultar? ¿Por qué los estudiantes presentan golpes en el rostro si fueron abatidos por el ejército por error, por qué después los golpearon buscando que dijeran que eran sicarios? ¿Por qué primero disparan y después averiguan?”.

Estas mismas preguntas proliferarán en un sinnúmero de casos que se están acumulando en Ciudad Juárez, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. En esta última entidad, dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara fueron asesinados a balazos afuera de un local de cerveza en el municipio de Marcos Castellanos. Los hechos ocurrieron el lunes a la 1:30 horas. Y ahora tratan de decirnos que son lamentables víctimas del “fuego cruzado”, como la mayoría de los mexicanos que impávidos presenciamos la pesadilla calderoniana y su narcoguerra.

Email: jenarovi@yahoo.com.mx

Un Internet libre


Editorial
El País/24 de marzo de 2010

La decisión de Google de no seguir censurando sus búsquedas en China va a tener imprevisibles consecuencias. De entrada, compromete al Gobierno de Pekín. En lugar de conseguir, como hasta ahora, que sea la empresa la que haga el trabajo sucio en un ejercicio de autocensura, serán las propias autoridades chinas las que deberán tomarse la molestia de censurar todo lo que no quieren que circule a través de Google. No hay duda de que no se les van a caer los anillos por hacerlo.

Pero en Estados Unidos este conflicto no se contempla sólo como un atentado más a la libertad de expresión, sino, también, como un entorpecimiento a la actividad comercial de sus compañías. Washington ya ha advertido que puede llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio. La Cámara de Comercio Americana en Pekín detectó en una encuesta que las compañías norteamericanas temen una erosión de sus ventas en China debido a nuevos protocolos en la compra pública de material tecnológico. Pekín los defiende alegando que son para proteger a la industria local, pero puede sonar a represalia.

China ha desplegado una trasnochada artillería anticolonialista para combatir a Google. Dudando de que su decisión sea sólida, ha recordado que el fabricante de tejanos Levi-Strauss abandonó el país alegando violaciones de los Derechos Humanos pero regresó en 2008.

Google sigue teniendo intereses comerciales en aquel país y puede ser castigada por lo sucedido. Algunos analistas, contemplando sólo el aspecto comercial y empresarial del conflicto, consideran que se trata de una decisión poco arriesgada en el corto plazo -Google en China representa como máximo el 2% de los ingresos de la compañía-, pero "sin sentido" en el largo plazo y en un mercado de búsquedas que crece el 40% anual.

Con su decisión, Google logra varios objetivos. Además de ganar el aprecio de los internautas que defienden una Red libre y dejar en pésimo lugar a sus colegas, que siguen sumisos los dictados del Gobierno local, envía un mensaje positivo: la fortaleza de las grandes corporaciones no sirve únicamente para adueñarse del mercado. Pero Google, a la vez, abandona parcialmente China porque necesita un Internet seguro para defender la nube de la Red. Se trata de que los internautas, personas o corporaciones, en lugar de guardar sus archivos en el ordenador, lo hagan en servicios albergados en Internet. Así, sus documentos siempre están accesibles desde cualquier máquina. Y el último ciberataque que sufrió en aquel país y que afectó a una treintena de empresas daba una imagen demasiado frágil y vulnerable de esta nube.

Internet, para ser plenamente provechoso tanto para la ciudadanía como para las empresas, debe ser libre. Es preocupante que haya dictaduras que puedan seguir prescindiendo de esta Red tal y como fue concebida. Este conflicto demuestra, tristemente, que hay países empeñados en conseguirlo.

La salud de Obama

Carlos Fuentes
El País/24 de marzo de 2010

Durante los últimos meses, he percibido un notable descenso del apoyo -dentro y fuera de los Estados Unidos- a la presidencia de Barack Obama. Las memorias son cortas. Se olvida que Obama heredó más problemas de cuantos creó. En política exterior, la Administración Bush-Cheney sentó principios totalmente opuestos al derecho de gentes: la guerra preventiva y el unilateralismo. Esta política negó de raíz la propuesta internacionalista de los presidentes Roosevelt y Truman y abrió la puerta a conflictos negatorios de los tratados internacionales, en los que privaría, como lo advirtió en su momento Dominique de Villepin, entonces ministro de Exteriores de Francia, "el principio de inestabilidad y de incertidumbre permanentes" en el trato entre naciones.

Y en política interna, la Administración Bush-Cheney, lejos de ceñirse a los criterios de solvencia presupuestaria del Partido Republicano, multiplicó el déficit federal por una suma idéntica -casi 500.000 millones de dólares- en la que Clinton la había reducido, añadiendo al error -aumentar la deuda- la reducción de impuestos. Estas políticas nefastas -deuda máxima con impuestos mínimos- condujeron, como lo previó Felix Rohatyn, a la recesión, el descenso de la inversión pública y la imposibilidad de atender las políticas sociales.

Los efectos negativos se hicieron sentir en el último año de la presidencia de Bush. Obama los heredó y ofreció remedios necesarios pero inusuales en un país acostumbrado a arrumbar los problemas gracias a una dinámica que los superaba, aunque no los resolvía. La decisión de Obama consistió en enfrentar la agenda pospuesta de los Estados Unidos y en afrontar los obstáculos: hubris nacional, intereses de grupos especiales (las compañías de seguros médicos, por ejemplo) ideologías partidistas estancadas y choque entre la razón de Estado y la representación local.

Obama inició una reforma de la política exterior renunciando al ataque preventivo a favor del diálogo con los adversarios. En caso de que el diálogo no funcionara, quedaban opciones más fuertes. En Oriente Próximo, Obama ha dejado al descubierto dos faltas. La del Gobierno israelí de Netanyahu, decidido a extender los posicionamientos del Estado judío en territorios que serían, en caso de un acuerdo, parte del Estado Palestino. Y la del propio Estado Palestino, dividido e incapaz de negociar su propio futuro con unidad política. En Irán, Obama ha ofrecido negociaciones que, con inmensa mala fe, el Gobierno de Teherán ha saboteado, en tanto que la sociedad civil iraní se manifiesta a partir de una nueva realidad: oponerse al autoritarismo de losayatolás y de Ahmadinejad no es oponerse a Irán. Todo lo contrario. En Irak, Obama ha iniciado un retiro de fuerzas que contaminaban la atmósfera política y ha dejado a los iraquíes resolver sus asuntos por cuenta propia. Y en Afganistán, Obama ha desplegado elementos militares con el propósito de impedir vacíos de poder a medida que los poderes locales -el verdadero poder en Afganistán- obligan al Gobierno de Karzai a desprenderse de ilusiones fomentadas por el anterior Gobierno de Washington y a los rebeldes del Talibán a entenderse con las fuerzas reales, desprendiéndose de alianzas con Al Qaeda (peligrosa apuesta), y expulsándolos de la política local a medida que ésta ocupa los espacios -conflictivos, pulverizados- de la sociedad afgana.

Me limito a estos casos llamativos. Podríamos hablar de Europa, de Rusia, de la América Latina: merecen opiniones aparte y más extensas.

Ahora, quisiera limitarme a las reformas internas de la Administración Obama: reforma fiscal, reforma migratoria, reforma hipotecaria y, sobre todo, la reforma sanitaria que el domingo 21 aprobó la Cámara de Representantes por 219 votos contra 212.

Hay que recordar que el presidente Clinton no tuvo éxito en su empeño de reforma. Pero el republicano Nixon, tampoco. Hay que remontarse a la presidencia de Johnson para encontrar una aprobación legislativa en materia de salud nacional: el Medicare para jubilados. Y con anterioridad, Harry Truman no pudo vencer a los grupos de presión y a la asociación de médicos para pasar una ley de acceso generalizado a la salud.

De modo que el triunfo de Obama es el de más de un siglo de intentos fracasados a causa de los intereses creados de la profesión médica y de las compañías de seguros, además de la lasitud general que acompaña a los factores políticos en ausencia de un liderazgo como el que, con suprema inteligencia, ha ejercido Barack Obama.

Veamos: Obama planteó la necesidad de una reforma sanitaria que cubriese a los 46 millones de ciudadanos que no están asegurados por pago individual de seguros (15 millones), Medicaid para quienes carecen de seguros (37 millones) o Medicare para jubilados (42 millones). O sea: la propuesta de Obama, sin afectar lo ya adquirido, universaliza la posibilidad de ayuda médica para los ciudadanos sin seguro (46 millones). Y más: los salva de las prácticas salvajes de las aseguradoras que le niegan ayuda a ciudadanos afectados por enfermedades previas. La nueva ley favorece a ciudadanos de bajos ingresos y a hijos adultos de padres de familia asegurados. La seguridad privada ya no podrá privilegiar a los jóvenes y marginar a los ancianos.

Además, Estados Unidos no hace sino unirse a las normas prevalecientes en el mundo occidental. Era una excentricidad peligrosa ser la excepción a la regla británica, francesa, alemana o española.

Hay que admirar los pasos, grandes y pequeños, que Obama fue dando para llegar al resultado deseado. Apelación al apoyo bipartidista. Negociación cara a cara con el liderazgo republicano en Blair House. Pérdida de la mayoría demócrata en el Senado al ser elegido un republicado a la curul de Edward Kennedy. Abandono de la votación por mayoría de 60 votos a favor de la táctica de "reconciliación" que puede aprobar una ley por 51 votos. Moción republicana para aplazar (una vez más) la votación a favor de un reinicio del proceso en el lejano futuro. Concesión de Obama: retirar la "opción pública" (la administración del Estado) a favor de la exigencia legal de contar con protección médica y extenderla nacionalmente, más allá de las divisiones federales.

Aun así, los legisladores republicanos siguieron oponiéndose a la ley, obligando a Obama a hacer campaña y al cabo, a conceder la excepción ejecutiva al aborto, a fin de tener, por fin, una reforma sanitaria que, con todo y concesiones, fue opuesta por los republicanos y, con todo y excepciones, es hoy, por primera vez, The law of the land, la ley de la nación.

Esto se llama hacer política. Buen ejemplo.

Carlos Fuentes es escritor mexicano.

Los 20 años de la WWW

Adriana Malvido
Milenio/24 de marzo de 2010

Internet ya existía como un proyecto de la Defensa de Estados Unidos y Vinton Cerf y Robert Khan ya habían desarrollado el protocolo que hizo posible su uso civil en 1973. Pero cuando el inglés Tim Berners Lee inventó la World Wide Web, hace dos décadas, hizo posible una de las interfases más atractivas de la revolución digital: la multimedia, esto es, la circulación de hipertexto, color, sonido y video en red.

Berners Lee estaba en el Consejo Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra cuando las computadoras eran instrumentos de cálculo y de almacenamiento de datos con complicados sistemas de interconexión que enlazaban centros militares o de inteligencia de Estados Unidos y las grandes universidades. Entonces creó el hipertexto global (http y html) gracias al que internet se convirtió en “la telaraña”, un espacio virtual al que cualquier usuario, sin conocimiento informático, pudo acceder e intercambiar documentos, música, fotos, videos… Luego nacieron los primeros buscadores como Mosaic y Netscape, abuelos de Google, y servicios como el correo electrónico, el chat, la telefonía gratuita, Wikipedia, los blogs y las redes sociales.

Sólo 20 años después, con mil 700 millones de internautas en el mundo, la red ha revolucionado no sólo la transmisión del conocimiento y la forma de relacionarnos unos con otros, sino que ha puesto en jaque los soportes físicos tradicionales en los que se apoyó, durante siglos, la producción, la distribución y el consumo cultural. La prensa impresa se muda al entorno digital; la industria editorial enfrenta a gigantes como Google o Amazon que construyen bibliotecas y librerías virtuales; la industria discográfica sufre una crisis sin precedentes debido no sólo a la piratería, sino a la preferencia de los jóvenes por la descarga musical en internet. Desaparecen tiendas legendarias, como Virgin en Nueva York, los videoclubes están a punto de la quiebra y los derechos de autor se redefinen.

A su vez, las redes digitales y celulares han sido vía para el empoderamiento ciudadano. A Yaoni Sánchez el gobierno cubano le impide salir del país, pero su blog Generación es una ventana abierta al mundo, como Twitter para la disidencia iraní. Luego de cuatro años de someterse a la censura, Google desafía al gobierno chino y traslada su servidor a Hong Kong.

“El futuro ya está aquí, sólo que no ha sido justamente distribuido”, dijo un día William Gibson, creador del término ciberespacio. Hoy, una cuarta parte de la humanidad está conectada a la red. Y el futuro parece impredecible.


Salarios y lucha de clases

Alejandro Nadal
La Jornada/24 de marzo de 2010

En 1817 David Ricardo escribió en sus Principios de economía política que la principal tarea de la economía política era determinar las leyes que regulan la distribución del producto entre las clases que componen una sociedad. Esto ya estaba inscrito en la teoría de Adam Smith, autor de la Riqueza de las naciones (1776) y por lo común considerado el fundador de la economía política. Pero al explicitar esto en el prefacio de sus Principios, Ricardo le da una nueva dimensión.

Lo cierto es que ese peculiar discurso llamado teoría económica se echó a cuestas el trabajo de definir las reglas que permiten asignar a cada clase social su participación en el producto. De aquí nació la idea de que el ingreso de cada persona está determinado por su contribución a la producción, y se construyó una teoría (con pretensiones científicas) que demostraba lo anterior. Al trabajo y al capital les correspondería un ingreso de acuerdo con su productividad.

Esa teoría se transmite todavía en las escuelas y facultades de economía en México y en el mundo entero. Sus alcances ideológicos son extraordinarios. Dice que los ingresos del secretario del Trabajo corresponden a su productividad marginal. También dice que los salarios de los ejecutivos de corporativos financieros dedicados a la especulación son altos por su contribución al PIB. En cambio, los salarios de los obreros en las fábricas, los campesinos en el campo o los profesores universitarios, por sólo citar unos ejemplos, son bajos porque su contribución al producto es pobre.

Ya de entrada, con el párrafo anterior puede uno ir pensando que algo anda terriblemente mal con la teoría de la productividad marginal. Pero si usted todavía no está convencido/a, le puedo decir que en los años setenta se desencadenó una polémica en el mundo académico sobre la validez de esta teoría. Los pormenores no los puedo exponer aquí por falta de espacio: los lectores interesados pueden examinar la literatura de lo que se llamó la controversia sobre la teoría del capital. Lo importante es que el veredicto fue clarísimo: la teoría de la productividad marginal no tiene ninguna validez. La derrota fue reconocida hasta por los seguidores más celosos de esta doctrina.

Pero como el mundo de los economistas es dado a la distracción, todo eso quedó en el olvido. Lo malo no es eso, sino el hecho de que a nivel popular, y hasta en muchas organizaciones sociales, sigue muy difundida la creencia de que, de alguna manera, el ingreso de los trabajadores está determinado por su aportación al producto social.
Las cifras de la Encuesta nacional de ocupación y empleo del Inegi para 2009 indican que la población económicamente activa es de 47 millones de personas. De ese total, 94.7 por ciento está ocupado, o sea 44 millones y 535 mil personas tienen un empleo. De ellas, 56 por ciento tienen percepciones iguales o inferiores a tres salarios mínimos. El salario mínimo es 57.46 pesos en la actualidad, o sea que más de la mitad de la población ocupada tiene una remuneración igual o inferior a los 5 mil 171 pesos, cantidad que no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica, noción absurda que ya se ha convertido en desiderátum.

En el estrato de remuneraciones que sigue, que percibe entre tres y cinco salarios mínimos, tenemos otros 7 millones y medio de personas. Es decir, alrededor de 72 por ciento de la población ocupada tiene percepciones que apenas alcanzan para adquirir la canasta básica.

¿Será que las remuneraciones de toda esta población corresponden a lo que contribuyen al producto? Pues la respuesta es negativa. No existe nada en el arsenal de la teoría económica que permita afirmar lo anterior. No hay “razones técnicas” que determinen una norma salarial. Lo miserable del patrón de remuneraciones en México es producto de dos cosas: la subordinación de la economía nacional a la lógica del capital financiero y lo que muy bien se puede llamar la lucha de clases.

Estos datos revelan el fracaso de una economía capitalista. Esto se llama exclusión y opresión. Aquí hay una política deliberada de salarios bajos porque es la única manera que el capital en México ha encontrado para mantener lo que considera ganancias adecuadas.

La obra de David Ricardo estaba marcada por serios problemas conceptuales. La solución para algunos de ellos fue aportada por Piero Sraffa en 1959, con su obra Producción de mercancías por medio de mercancías. Pero lo interesante de esa obra es que en ella la distribución del ingreso (la repartición del producto nacional en valor) se determina por fuerzas que están fuera de la economía. Es decir, al final de cuentas, el proyecto de Ricardo (y de toda la teoría económica) quedó trunco porque las ganancias y los salarios son determinados por el estado que guarda la lucha de clases, la movilización y el poder de las centrales obreras o el de las asociaciones empresariales. El espacio de la lucha política por una remuneración adecuada es mucho más amplio de lo que comúnmente se piensa.

http://nadal.com.mx

martes, 23 de marzo de 2010

Estrategia: Tirar al bulto

Miguel Angel Granados Chapa
Zócalo/23 de marzo de 2010

Un general con mando de tropas explicó así a un importante político norteño la estrategia del Ejército contra los narcotraficantes: “Salimos a las calles y donde los encontramos, los matamos”. Tal simpleza explica la cantidad de bajas que causan las intervenciones militares. Suele haber más muertos que detenidos. Pero entre las víctimas no sólo hay delincuentes, sino también personas ajenas a la batalla que con tan elemental lógica despliega la fuerza militar.

El comunicado de la Secretaría de Gobernación (¿por qué no de la Defensa?, ¿por qué no de Seguridad Pública?, ¿por qué no de la PGR?, ¿por qué de Bucareli, que carece de competencia en esa materia?) describe el trayecto de los efectivos castrenses que participaron en la balacera en que resultaron muertos dos estudiantes de posgrado de ingeniería del Tecnológico de Monterrey:

“El cuartel general de la 7ª. Zona Militar recibió una denuncia ciudadana alertando que en el bar Valentona se encontraban individuos armados. De inmediato el personal militar se trasladó a dicho lugar”. ¿Así nada más, sin recabar información adicional que corroborara la denuncia anónima? ¿Sin coordinar la acción con autoridades locales, sin siquiera notificarles ya no que se dirigían al lugar, sino del motivo del hecho, la denuncia del grupo armado presente en esa cantina? ¿Sin considerar los riesgos de una trampa?

Cuando el personal militar iba en camino, “una camioneta se emparejó y al realizar una maniobra peligrosa, fue seguida por la unidad militar”. Tal desvío de su destino previsto, ¿significó que el grupo armado en la Valentona permaneciera allí o se marchara sin problema? ¿Eran los mismos los integrantes de dicho grupo y los que distrajeron la atención de los militares que en vez de seguir hacia donde el telefonema los llamaba siguieron a un vehículo por hacer “una maniobra peligrosa?

Trocar su rumbo fue erróneo, significó caer en la probable trampa tendida a los militares, pues “momentos después, ya sobre la avenida Eugenio Garza Sada, la camioneta comenzó a abrir fuego”, ante lo cual “los efectivos militares repelieron la agresión en las inmediaciones del Tec de Monterrey”. De pronto, “el vehículo de los agresores se detuvo, parte de los delincuentes huyeron rumbo a la entrada de esa institución educativa y los restantes al crucero de las avenidas Garza Sada sur y Luis Elizondo, donde varios de ellos fueron recogidos por una patrulla tipo pick up, aparentemente de la Policía local, la cual se dio a la fuga?

Al día siguiente el gobernador Rodrigo Medina admitió que agentes estatales y municipales han sido cooptados por la delincuencia y el domingo informó que 81 miembros de esas corporaciones fueron dados de baja, pero al parecer sólo cuatro fueron consignados al Ministerio Público. El motivo del cese y la consignación fue la participación de los involucrados en los bloqueos de calles con vehículos robados, que impidieron la circulación de personal militar y generaron caos vial en la capital de Nuevo León. Pero nada se dice del auxilio presuntamente prestado a los atacantes de la unidad militar que iba a la Valentona.

“Simultáneamente a esos hechos –continúa Gobernación—arribaron más camionetas con agresores que comenzaron a atacar desde diversos puntos con granadas y armas de fuego al personal militar. Esta situación propició que los efectivos militares buscaran nuevos lugares de protección y desde dónde contraatacar a los agresores, en tanto llegaran refuerzos al lugar de los hechos…Una vez controlada la situación arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC (Agente del Ministerio Público Federal), personal de peritos en balística y del Semefo (Servicio Médico Forense) para recabar evidencias, levantar los cuerpos y dar fe de los hechos”. ¿Levantar los cuerpos? ¿Cuáles cuerpos? En las líneas anteriores, ni en las posteriores se describen los resultados de la escaramuza. En la explicación oficial no hay un solo dato sobre el momento y la forma en que cayeron Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. Se informa, en cambio, que “durante el enfrentamiento resultó herido un elemento militar, mismo que fue trasladado de inmediato para su atención médica, encontrándose estable”.

Ni Gobernación, ni la Defensa, ni el Gobierno estatal o el municipal se refieren en momento alguno a la tercera víctima del enfrentamiento en que murieron los graduados del Tec. Se trata de una señora que viajaba con su marido en un automóvil donde llevaban un pastel a casa, tal vez a una celebración que ya no pudo ocurrir. “El hombre narró que fue imposible evadir el tiroteo” (Reforma, 21 de marzo).

Los Pinos expidió un comunicado donde se presentan las condolencias presidenciales por la muerte de los jóvenes Mercado Alonso y Arredondo Verdugo. Además de la muerte, las víctimas habían sido presentadas como sicarios, en una calificación de la que nadie quiere hacerse responsable. La Sedena informó el propio día 19 que en los hechos habían perecido dos personas cuya identidad se desconocía. El procurador Alejandro Garza Garza dijo que se limitó a reiterar que no se había identificado a las víctimas. Y sin embargo, los jóvenes sacrificados llevaban consigo sus credenciales del Tecnológico. Ante los informes oficiales, la propia institución aseguró el viernes por la noche que nadie perteneciente a la misma había estado involucrado en la acción.

Menos mal que a la señora muerta, la tercera víctima, no la inmiscuyeron en el narcotráfico.