miércoles, 30 de junio de 2010

Con el debido respeto


Adolfo Gilly
La Jornada/30 de junio de 2010

A los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Señores magistrados:

Me atrevo a dirigirme a ustedes, siendo casi lego pero no del todo en doctrina jurídica, para tocar el caso de los 12 presos de San Salvador Atenco, que con ese nombre han quedado ya en las crónicas de esta primera década del siglo y posiblemente con ese mismo pasarán a la historia jurídica y social de nuestro país. Así también quedaron con nombres genéricos los “presos ferrocarrileros” –11 años estuvieron encarcelados Dionisio Vallejo y Valentín Campa sólo por haber encabezado una huelga– o los “presos del 68”, que salieron de Lecumberri en 1971 libres de culpa y cargo, pero despues de tres años de encierro totalmente infundado.

Esos procesos contribuyeron a corromper nuestro sistema jurídico y a destruir la confianza en la justicia como recurso último ante los abusos del poder. A historias como esas pertenece el caso que ustedes tienen bajo juicio. ¿Es que no se han terminado? ¿Es que tendremos “presos de Atenco” por años todavía? ¿Van ustedes a avalar con su voto las atrocidades jurídicas, procedimentales y morales de las instancias inferiores?

Tengo la debilidad de esperar que no, que esta vez no, que el voto de cada uno de ustedes pondrá un hasta aquí a esa historia oscura y repetida que, extraña paradoja, está descrita y condenada en los murales de José Clemente Orozco y de Rafael Cauduro en ese mismo edificio donde ustedes estudian los expedientes, deliberan los casos y dictan las sentencias. Miren una vez más, les pido por favor, el gran mural de Cauduro en el cubo de la escalera. Allí está pintada la represión de 1968, las cárceles adonde fueron a parar los estudiantes, las torturas a las que fueron sometidos, la policía cargando sobre ellos, los muertos, la sangre y los zapatos huérfanos en las calles.
El 4 de mayo de 2006 esas escenas se repitieron, a la debida escala, en un pequeño pueblo del estado de Mexico, San Salvador Atenco. Sobre él se desató la violencia sin frenos ni medida de miles de policías que mataron, golpearon, robaron, vejaron y violaron. El único “delito” que había cometido ese pueblo, ustedes bien lo saben, era el que viene cometiendo el pueblo mexicano desde tiempo inmemorial: defender sus tierras, sus aguas y sus bienes contra la usurpación y el despojo.

¿Cual es entonces el delito punible? ¿A quién mataron, a quién robaron, a quién violaron los 12 presos de San Salvador Atenco? ¿Qué bién juridico, cuál principio de justicia se tutela con las sentencias que han recaído sobre ellos?

La cárcel es dura, sobre todo para quienes se saben inocentes. Hace pocas semanas estuvimos de visita, junto con Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, en el penal de Molino de Flores. Pudimos conversar con los nueve pobladores de Atenco allí encerrados desde hace cuatro años. Son jóvenes, son gente de trabajo. No se han dejado destruir por el encierro largo e injusto.

¿Pero por qué les estan destrozando sus vidas y las de sus familias, a ellos y a los otros tres que están, peor aún, en la cárcel de alta seguridad delAltiplano?

El proceso de San Salvador Atenco se ha convertido en un caso ejemplar. Sentará jurisprudencia. Nos dirá a todos, también a ustedes, cuál es el lugar y la imagen del supremo tribunal de la nación en estos tiempos terribles que México atraviesa.

En derecho y en conciencia, quieran dictar ustedes la libertad inmediata de los 12 presos de San Salvador Atenco. No permitan que la venganza siga tomando el lugar de la justicia en esta tierra mexicana. Ojalá. Esa es mi tenue pero terca esperanza.

Reciban mis atentos saludos.

Se agotó


Sergio Aguayo Quezada
Reforma/30 de junio de 2010

El asesinato de Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas confirma una vez más que el principal logro de la transición y la democracia electoral se agotó. ¿Y ahora qué?
La democracia es rigurosa. Para funcionar apropiadamente requiere de un mínimo de seguridad económica y física. Hace 10 años hubo alternancia en la Presidencia y seguimos siendo un país de pobres y multimillonarios, mientras que la violencia obnubila el entendimiento. A Torre Cantú lo ejecutaron ¿por lo que había hecho o por lo que quería hacer? Nunca lo sabremos. En lugar de
certidumbres nos abrumarán con versiones encontradas que serán los tabiques para edificar la capilla a la Santa Impunidad, hermanastra de la Santa Muerte.
En el 2000 creíamos que llegábamos al Olimpo de las elecciones confiables, en el 2006 nos desengañamos y en el 2010 observamos azorados cómo los comicios son controlados por unos cuantos. No nos engañemos. Los ciudadanos somos comparsas de los grandes electores: las burocracias de los partidos, los gobernadores, algunos empresarios y sindicatos, el crimen organizado. Pelean con tanta ferocidad porque se juegan cargos, presupuestos y negocios. No hay equidad, control sobre el dinero o certidumbre pues los órganos electorales están sometidos o atemorizados. Y ahora vemos cómo la urna es la versión moderna de la piedra de los sacrificios.
Toda proporción guardada, estamos de regreso a los inicios de la transición. Los inconformes tenemos tres caminos: tomar las armas, seguir confiando en que la redención llegará de alguna manera por medio del voto o empeñarnos en la defensa cotidiana de los derechos en condiciones adversas. Desecho la violencia y en las condiciones actuales seguiré anulando mi voto. Sería de masoquistas seguir concentrándonos tanto en las elecciones cuando la democracia también se
construye de otras maneras. Nos queda el compromiso permanente.
Empecemos reescribiendo la historia. Es falso que los partidos fueran los protagonistas de la transición. Algo hicieron, por supuesto, pero la sociedad tuvo una participación mucho más destacada. Tanto así que los partidos pudieron competir en las urnas después de movilizaciones sociales en las que los partidos tuvieron una participación marginal. El movimiento del 68 y la Guerra Sucia llevaron a la reforma de 1977, y las rebeliones zapatista y cívicas de 1994 desembocaron en la legislación de 1996. Estas reformas electorales encumbraron y enriquecieron a los partidos que, cuando tuvieron jerarquía, se despreocuparon por ganar la autoridad que concede la ciudadanía. Al día de hoy los partidos son un lastre, no una vanguardia. La avanzada del futuro es la sociedad organizada que debe repensarse, renovarse y reactivarse. Entre sus tareas está la identificación de quienes corrompen de múltiples formas la vida pública y la presión simultánea a los organismos encargados de tutelar derechos; estos últimos son los aliados naturales de la ciudadanía, aunque a veces hacen lo posible por ignorarlo.
En mi natal Jalisco hay un regidor en el ayuntamiento de Guadalajara llamado Gamaliel Ramírez. Por patear balones de futbol quedó con un halo de celebridad, lo cual le ha permitido ocupar diversos cargos públicos por medio de su partido, el PRI. Por el cambalache de candidatos ahora ejerce como regidor en el ayuntamiento de Guadalajara por el Partido Verde Ecologista de México. Aunque el "partido" "Verde" pregona en su Declaración de Principios el "respeto
por todas las manifestaciones de la vida", Gamaliel Ramírez condenó hace días la marcha del orgullo gay realizada en Guadalajara porque andan "desfasados, casi semidesnudos, porque no es la Guadalajara sidosa que queremos".
No es la primera vez que hace una declaración homofóbica. Cuando buscaba el voto en el 2009 descalificó a los gays tildándolos de "bola de maricones", "anormales" y "cosas nocivas". El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco dejó pasar, por supuesto, esas declaraciones. Los afectados acertaron al presentar una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que por el perfil de quienes lo dirigen debe sacar un pronunciamiento claro y directo.
Hay muchas otras causas por las cuales pelear. No siempre se hará justicia pero es una forma digna de sobrellevar la democracia fallida mientras se crean, en algunos espacios, las condiciones para el florecimiento de elecciones limpias y confiables. Hoy, esa vía ya se agotó.
La Miscelánea
Estaré en Oaxaca en vísperas de las elecciones para apoyar a Alianza Cívica en su heroica defensa del juego limpio en los comicios. Hacen falta reflexiones colectivas y es una forma de expresar mi hartazgo por los atropellos y el cinismo de Ulises Ruiz, quien rebasó los límites de la decencia. No lo hago, aclaro, por simpatía hacia el PAN o el PRD, que ahora deambulan como "lloronas" cuando fueron cómplices en la demolición de la cultura democrática.

Colaboró Rodrigo Peña González.
Comentarios: http://www.sergioaguayo.org/

Vocación democrática


Lorenzo Córdova Vianello
El Universal/30 de junio de 2010

El asesinato de Rodolfo Torre, aventajado candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, representa, además del drama personal que supone, la constatación de un urgente replanteamiento del las políticas de seguridad pública, y, a la par, la enésima puesta a prueba de la vocación democrática de la sociedad y de los actores políticos, así como de su compromiso con la legalidad y con los derechos.

Por un lado, demuestra que la lógica unidimensional de combate al crimen organizado, que ha venido inspirado la actuación del gobierno federal, y que neciamente es defendida por éste, está condenada (como desde sus inicios) al fracaso. Es urgente entender que el único modo eficaz de enfrentar a la criminalidad es asumiendo que se trata de un fenómeno multifactorial y que tiene diversas expresiones: criminal —por supuesto—, económica, social, política, cultural y hasta religiosa. Por ello la forma de poder confrontarla con posibilidades de éxito es atacándola en diversos planos y diversificando las estrategias, no viéndola como algo que puede combatirse sólo con la fuerza.

Ayer, en su discurso televisivo, el Presidente hablaba de la necesidad del diálogo y de la unidad para enfrentar el fenómeno criminal. Tiene razón, pero me temo que lo que entiende por unidad es cerrar filas en torno a su fallida estrategia de seguridad pública. Así lo revela la tal vez inconsciente afirmación en su mensaje en el sentido de que: “Frente al desafío que hoy nos plantea la delincuencia organizada, no hay margen para pretender dividendos políticos. Éste es un reto donde sólo cabe la unidad y la corresponsabilidad de los mexicanos. Éste es un desafío que mi gobierno no ha evadido y, por el contrario, lo ha enfrentado con toda determinación, pero que requiere el apoyo de los ciudadanos y la colaboración franca y sin titubeos de las fuerzas políticas y sociales del país.”

Cerrar filas entendiendo que el fenómeno criminal es transversal a todas las fuerzas políticas y que su combate requiere de la condena y colaboración de todos los actores políticos y sociales es algo indispensable. Pero que ello tenga que hacerse en torno a una estrategia que apuesta por la fuerza, la militarización y el desprecio a los derechos y a sus instituciones de garantía, como lo evidencia la grosera consideración de “tontos útiles” de la delincuencia con la que el secretario de Gobernación parece confundir la actuación de los ombudsman, es otra cosa. En una democracia el combate al crimen sólo puede fundarse en un compromiso irrestricto e incondicional con el respeto de los derechos.

Por otro lado, como lo recordaba ayer en estas páginas Pedro Salazar, el desafío que hoy lanza a la democracia y a sus instituciones el crimen organizado requiere una respuesta racional y no instintiva que refrende la vocación democrática de nuestra sociedad. No es un problema sólo de las fuerzas políticas, sino también de los ciudadanos que debemos rechazar la lógica y las dinámicas que pretende imponer el crimen. En 1994, cuando la violencia —otro tipo de violencia, pero igualmente disruptiva— se instaló entre nosotros, la respuesta de la sociedad fue acudir masivamente a las urnas. Ese año se dio la mayor participación electoral de nuestra historia democrática: casi el 80% de los ciudadanos votaron y con ello hicieron patente su respaldo a la vía democrática como la ruta pacífica por excelencia para resolver las diferencias políticas.

Hoy el dilema también tiene que asumirse de la misma manera, una participación alta en las próximas elecciones también supone una manera en la que la sociedad puede refrendar su apuesta por la democracia y la mejor manera para demostrarse refractaria a asumir la excepcionalidad como parte de la normalidad.

El asesinato de Rodolfo Torre es un atentado a la convivencia democrática y la respuesta de todos tiene que ser firme y comprometida. Votar no significa avalar una situación en donde la falta de autonomía de muchas autoridades electorales ha sido exhibida, en donde la intervención de los gobernadores —los nuevos señores feudales— ha sido la constante y en donde la pequeñez de las fuerzas políticas ha campeado. Esos son problemas de los que tendremos que encargarnos. Pero votar hoy significa, más que nunca, refrendar nuestra vocación democrática.

Investigador y profesor de la UNAM

Encicloabierta


Carlos Ornelas*
Excélsior/30 de junio de 2010

¡Por fin, una buena noticia! El 12 de mayo dediqué mi artículo para analizar la tendencia patológica del Estado mexicano y utilicé como ejemplo el anuncio de la sustitución de la Enciclomedia por un nuevo programa que impulsa el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez.
Tuve bastantes respuestas en el blog de Excélsior y en mi buzón. Una de ellas, que firma Daniel Rodríguez y que mereció las felicitaciones de otros lectores, anuncia una página de acceso libre, Encicloabierta, que ofrece al público los contenidos de la Enciclomedia.
Tal vez he tratado de consultar la página de Encicloabierta en horas de mucha circulación porque mi máquina me responde que el ancho de banda del servidor se encuentra saturado. Por ello no la he podido navegar y confirmar con mis ojos lo que él me dice. Mas no tengo por qué descreerle. Una colega y amiga me comentó que, en cuanto leyó la respuesta a mi artículo, ingresó a la página y le pareció de maravilla.
En la parte medular de su alegato, don Daniel Rodríguez afirma que trabajó cinco años en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa como desarrollador, programador y coordinador de varios proyectos y que muchas veces propuso crear una versión libre de la Enciclomedia con el fin de que toda la comunidad de desarrolladores de México pudiera colaborar con ella, pero desgraciadamente eso nunca sucedió.
Él relata: "Un buen día, durante un viaje de capacitación con maestros de Guanajuato, me sorprendió mucho que la mayoría de los maestros querían tener acceso al programa Enciclomedia y Telesecundaria pero lamentablemente no estaba en línea, no era descargable y además era muy difícil de instalar. Al regresar de ese viaje decidí crear una versión libre de Enciclomedia y mucho más fácil de utilizar e instalar, ahí fue que decidí crear www.encicloabierta.org".
Para don Daniel la Encicloabierta tiene dos caras.
La bonita: cientos de personas la visitan a diario y la utilizan en sus escuelas y muchos académicos la usan para sus maestrías y publicar estudios.
La fea: poner esa herramienta en acceso libre le "costó el trabajo porque el Instituto Latinoamericano lo vio como un desafío a su autoridad y, además... trastocó muchos intereses económicos".
El conocimiento generado por la Enciclomedia se realizó con fondos públicos; la Secretaría de Educación, pienso, nos pertenece a todos. Don Daniel no viola ningún derecho de propiedad.
La Enciclomedia construyó la mayoría de contenidos interactivos con herramientas cuya licencia obliga a publicar los desarrollados, para su uso libre. Lo único original de la SEP, según don Daniel, era la plataforma. La cual él sustituyó con una nueva y que él mismo se encarga de darle mantenimiento. No la ha registrado ni persigue lucro alguno. Aquí no se aplica la máxima de Adam Smith, de que todos los individuos, no importa lo que hagan, lo hacen buscando el provecho propio. Don Daniel produce un bien público.
Tanto en artículos como en reseñas de investigaciones sobre la Enciclomedia, he dado muestras de mi simpatía por esa innovación, sin dejar de señalar algunas de sus limitaciones (ni los negocios que se hicieron alrededor de ella). También constaté, en charlas con maestros frente a grupo, cómo disminuía su ansiedad sobre la herramienta en cuanto comenzaban a entender sus ventajas, aprendían a navegar por la red, bajar contenidos para sus clases y establecer ciertas rutinas que modificaban su práctica cotidiana.
Claro, también encontré maestros que se negaban a trabajar con ella o la rechazaban por algunos motivos, el más mencionado: aumentaba su carga de trabajo. Pero quien la conoce y la tiene en su salón, la utiliza con frecuencia.
Los alumnos de quinto y sexto, en especial de las escuelas de barrios pobres, "adoran la Enciclomedia", según el testimonio de una madre de familia, porque ellos no tienen computadoras en sus casas ni recursos para pagar en los cibercafés. También sé, de maestros y de estudiantes que tienen máquina y acceso a la red en sus domicilios, que les gustaría consultarla fuera de las escuelas pero no lo podían hacer.
Doy la bienvenida a la Encicloabierta y agradezco a Daniel Rodríguez su contribución para hacer públicos los bienes de la educación pública. ¡Enhorabuena!

*Académico de la UAM
Carlos.Ornelas10@gmail.com

Newton, Magnus y los tiros libres


Martín Bonfil Olivera
Milenio/30 de junio de 2010

La descorazonadora derrota de la selección nacional ante Argentina hace que hablar de futbol duela. Quizá conocer la ciencia detrás de los tiros libres podría mejorar el desempeño de nuestros futbolistas.

Es un asunto bastante bien estudiado. En primera aproximación, basta la física de Newton, cuya primera ley reza: “Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que una fuerza lo obligue a cambiarlo”. Un balón se seguirá moviendo en línea recta eternamente, a menos que otra fuerza lo afecte.

Esto podría suceder en el espacio vacío. Pero en una cancha terrestre, dos fuerzas importantes afectan al balón: la gravedad, que tira hacia abajo, y la fricción del aire, que lo frena. En combinación, hacen que su movimiento se transforme en un tiro parabólico. Un futbolista profesional (igual que un artillero), debe ser capaz de juzgar con qué fuerza y ángulo tiene que patear el balón para atinar a la portería.

Pero hay más, como los famosos tiros curvos (con “efecto”, o “chanfle”) que tantos goles espectaculares dan. Aquí interviene la dinámica de fluidos: así como un avión puede sostenerse en el aire gracias al efecto Bernoulli (la curva del ala hace que el aire avance más rápidamente por la parte superior, lo que disminuye la presión y crea una fuerza hacia arriba), un balón que gira puede curvar su movimiento gracias al efecto Magnus: el giro del balón aumenta la velocidad del aire en uno de sus lados (lo que disminuye la presión) y la frena en el opuesto (lo que la aumenta). Efecto neto: una fuerza que desvía al balón hacia un lado.

No sé si los futbolistas estudien física. Pero la industria del futbol sin duda la usa: el diseño del tan criticado balón Jabulani llevó 4 años de investigación para supuestamente mejorar su desempeño (aunque muchos jugadores, especialmente porteros, se han quejado amargamente de lo “impredecible” del balón, que es más rápido de lo habitual debido a su diseño sin costuras, que reduce la fricción).

Aunque el fracaso de la selección nacional difícilmente se podrá atribuir al Jabulani, quizá un poco de física los pudiera ayudar a jugar mejor. Será para la próxima.

lacienciaporgusto.blogspot.com

mbonfil@unam.mx

martes, 29 de junio de 2010

Sí y qué


Jesús Silva-Herzog Márquez

Empezamos mal cuando le llamamos guerra sucia. Es otra cosa: un torneo de cinismo. Nuestras elecciones pueden ser una competencia de cínicos, no el mando de los torturadores. La extraña expresión—que sugiere la posibilidad de una guerra limpia—da cuenta de uno de lo espisodios más monstruosos de la política latinoamericana del siglo XX: el terrorismo de estado. Persecusión de los enemigos políticos; desapariciones forzadas, tortura. Lo que pasa en la política mexicana es algo muy distinto, reprobable y odioso, pero incomparable con aquellos horrores. Busquemos otro nombre para describir la disposición de la clase política a transgedir la ley para colgarle al otro la medalla del desprestigio.

Es cosa democrática que los ambiciosos busquen el desdoro del adversario. Quienes aspiran al poder sirven a la ciudadanía escudriñando interesadamente la trayectoria de sus antagonistas. Nos ofrecen así una información relevante. Gracias a la crítica que nace de la parcialidad, conocemos algo de quien es denunciado y algo también de quien denuncia. La negatividad política, el acento en las lacras del adversario es parte vital del debate democrático. Necesitamos de ese impulso crítico que no nace de la objetividad sino de la ambición. El problema, pues, no deriva de la hostilidad, sino de la ilegalidad. Y de ilegalidades está salpicada nuestra contienda electoral. Vale la precisión porque ahí se origina una de las lecturas equivocadas de la anterior elección presidencial: muchos concluyeron que el proceso se descompuso por el tono polarizante de la campaña. No fue así, la elección del 2006 estuvo a punto de descarriarse por una conspiración de deslealtades: desde el gobierno se usó el aparato estatal para eliminar a un contendiente y quien perdió las elecciones no estuvo dispuesto a reconocer su derrota. El problema, insisto no fue la polarización discursiva sino la falta de un compromiso auténtico con la legalidad. Esa es la sombra que se asoma en las elecciones locales: abusos el ejercicio del poder y abusos en la denuncia de los abusos.

Bajo un régimen de responsabilidad, la experiencia genera prudencia. Bajo el imperio de la impunidad, la experiencia aconseja cinismo. Las conductas de los actores políticos no pueden más que adaptarse a las circunstancias, aprenden de ellas para encumbrarse. Cada clima germina sus plantas. La temporada electoral que vivimos parece un torneo de cinismo. Los contendientes ostentan sus transgresiones para exhibir las de sus adversarios. No tienen el menor impulso de ocultar sus infracciones, no pretenden en ningún momento justificar su comportamiento: haciendo gala de la ilegalidad propia denuncian la ilegalidad del de enfrente.

El primer hecho es insólito: el presidente del partido que ocupa el gobierno federal da a conocer directamente, en conferencia de prensa, los frutos del espionaje político. Orgulloso, el dirigente panista muestra a los medios de comunicación una intervención telefónica ilegal. No hay elementos para decir que el gobierno al que respalda Nava haya sido el causante de las intervenciones, como han denunciado los priistas. Lo que no cabe duda es que el partido en el gobierno aprovecha y recompensa el espionaje político que sirve a sus intereses—el espionaje que lo perjudica sí es combatido con toda enjundia. Purificación Carpinteyro enfrenta una acusación penal por difundir grabaciones ilegales, mientras César Nava da conferencias de prensa para difundir grabaciones obtenidas ilegalmente. La ilegalidad parece irrelevante a los ojos del presidente panista: le tiene sin cuidado violar la ley. Lo que importa es darle un golpe a sus adversarios y que se vea que quien lo da es él mismo. Que la aberración pase inadvertida es alarmante: imaginemos una conferencia de prensa de uno de los principales aliados del presidente Obama mostrando una grabación obtenida ilegalmente para exhibir los abusos de los republicanos. En la medida en que el presidente de los Estados Unidos no se deslindara del espionaje, quedaría asociado indefectiblemente a la tropelía.

Pero el cinismo no se detiene ahí. La respuesta de los priistas ante las revelaciones ha sido igualmente cínica. La ciudadanía merece respuesta frente a las evidencias de sus abusos. Es cierto que las conversaciones se grabaron ilegalmente y que su difusión también es ilegal, pero no puede negarse su valor político. Que no puedan usarse judicialmente no significa que podamos borrarlas de nuestro juicio, como si nuncia las hubiéramos escuchado. Se trata de muestras extraordinarias de la forma patrimonialista en que se emplean los recursos públicos en algunos estados y de la sumisión de las autoridades electorales al poder local. Pero la respuesta de los priistas es la misma: sí… y qué.

Tomado de: http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Tamaulipas: asesinatos in crescendo


Miguel Angel Granados Chapa
Reforma/29 de junio de 2010


Seis días antes de la jornada electoral de la que muy probablemente emergería como gobernador de Tamaulipas fue asesinado el doctor Rodolfo Torre Cantú. Como principal candidato a la gubernatura su homicidio sacude a esa entidad y pone en cuestión la pertinencia de realizar los comicios el próximo domingo. Pero más allá de ese estado, donde han menudeado las muestras del poderío delincuencial que aterroriza a la gente común, aquel acontecimiento es un nuevo desafío de un poder fáctico, sobrado de armas y de dinero, al Estado mexicano, que estupefacto no acierta más que a enviar condolencias a la familia de la víctima, a su partido y al Gobernador tamaulipeco.

Conocida la fragilidad de la procuración de justicia en esa entidad, ya ingobernable, lo menos que puede hacer el gobierno de la república es que la PGR se encargue de la averiguación previa. No es que de suyo la procuración federal de justicia garantice una indagación que concluya en resultados, pero cuenta en este caso con la presunción de que sus recursos de investigación sean más efectivos y no enfrenten los lastres que podían inhibir al Ministerio Público local.

Se da por descontado que el homicidio del candidato y de sus acompañantes fue cometido por la delincuencia organizada. Autorizan a pensarlo los modos de la agresión y los antecedentes. El crimen organizado ha roto la gobernabilidad en todo Tamaulipas.

Solemos detener nuestra atención en la frontera, pero en el sur de la entidad, y en el centro; así en los límites con Nuevo León como en la costa, ha habido en los meses recientes matanzas múltiples, asesinatos de alto impacto (como se llama a los que ultiman a personas notorias), campañas de rumores que paralizan a ciudades enteras. Si el asesinato de Torre fuera puramente una agresión delincuencial para desazonar a la población y sacar de quicio a las autoridades, sería un acontecimiento grave. Pero se inscribe en la ya no breve cadena de homicidios de carácter político, que ha inaugurado una nueva forma de interferencia ilícita en la política. El crimen organizado desalienta o de plano aparta del camino a ciudadanos que han sido convencidos de participar en la lucha electoral.

Pero hacerlo en vísperas de las elecciones implica la pretensión de influir también en quién sea el candidato priísta al gobierno estatal.

Es posible sustituirlo, pues el código electoral tamaulipeco, como lo hacen en general las leyes del caso en todas las entidades y la de orden federal, permiten el registro de un nuevo candidato para reemplazar a uno que muera. Pero la persona que designe el PRI no tendrá identidad propia. Hará apenas, hoy y mañana si hay la premura necesaria, dos días de campaña, y el domingo obtendrá votos no a su nombre sino dedicados a Torre. Se produce así, y ése pudiera ser uno de los propósitos del atentado en este momento, un fraude a la democracia, pues los priístas y sus simpatizantes sufragarán por un desconocido o por lo menos por alguien a quien el partido no consideró idóneo en el momento adecuado. Los tamaulipecos ignorarán a quién escogen para gobernador.

La respuesta a esta situación anómala es el aplazamiento de los comicios, por lo menos los de Gobernador (ya que se eligen también ayuntamientos y diputados), a fin de que haya una contienda que permita contrastar la personalidad de los aspirantes. La diferición de la jornada electoral no causaría perjuicio al PRI, que según las varias mediciones obtendría el domingo más del 50 por ciento de los votos, en proporción que deja muy atrás a sus contrincantes, pues su ventaja es estructural, viene de su implantación en el estado y de los modos de condicionar el voto que el Gobierno estatal ha practicado desde siempre.

La inclinación natural a atribuir al crimen organizado el asesinato de Torre no debería eliminar otras líneas de investigación, como las rivalidades internas. Es cierto que la contienda por la candidatura se resolvió con tersura y que los aspirantes se ciñeron a la decisión del gobernador Eugenio Hernández para hacer de su secretario de Salud (elegido diputado federal para satisfacer los requisitos estatutarios del PRI) el candidato de unidad. El reconocimiento de que esa decisión era inmutable no sólo impidió escisiones (como en Sinaloa y Durango, en que precandidatos priístas abanderan hoy a la oposición), sino que llevó a gestos como el siguiente: uno de los principales aspirantes, el alcalde de Reynosa, Óscar Luebbert, pidió licencia por 36 horas, que se extenderían la tarde ayer y el día de hoy martes, para acompañar a su amigo el senador Manlio Fabio Beltrones, que a su vez haría campaña con Torre Cantú. Pero eliminando a éste a última hora se abriría la posibilidad de que un precandidato preterido a la hora de escoger a quien postularía el PRI fuera finalmente elegido gobernador.

Como quiera que sea, el atentado que cobró la vida del candidato priísta y de sus acompañantes cimbra al país entero, aunque sus habitantes en mala hora vayan acostumbrándose a la violencia homicida, ya sea porque la vivan de cerca o porque tengan noticia de ella a través de los medios informativos.

No es extravagante el temor, basado en el orden jerárquico que lleva a suponer posible que así como ya se ultimó a un candidato a alcalde y no pasó nada, y se asesinó a un candidato a gobernador y no pasa nada, se alce la mira y en pleno 2012, o con motivo de la contienda de ese año, se atente contra un candidato presidencial.

Cajón de sastre

Al cumplirse ayer 14 años de la aparición en público del Ejército Popular Revolucionario, esa organización guerrillera y su brazo partidario, el Partido Democrático Popular Revolucionario emitieron un comunicado que no debe ser pasado por alto. Reiteraron su convicción de que no es “la vía pacífica la que conduzca al pueblo de México a restituir derechos ...perdidos durante esta larga noche del neoliberalismo, a pesar de los invaluables esfuerzos que realizan quienes están seguros de poder conseguirlos”. Y recordando que comprometieron con la Comisión de mediación una tregua mientras se logra la presentación con vida de dos de sus militantes, advirtieron que ésa no puede “ser una tregua indefinida (pues) aunque hemos cumplido esa petición de la Comed, no se sabe en qué momento el Estado quiera romper la delgada línea de la tregua...”.


Democracia moribunda


León Krauze
Milenio/29 de junio de 2010

Uno puede darle todas las vueltas retóricas que quiera, pero los mexicanos debemos enfrentar una verdad incontrovertible: nuestra democracia está muriendo. El proceso electoral de 2010 no deja lugar a dudas. La violencia (que ayer lo cambió todo), el cinismo político-electoral de los gobiernos estatales, la complicidad de muchos medios locales, el surgimiento de la forma más virulenta de las campañas de desprestigio y la falta absoluta de reglas que realmente persiga estos excesos están llevando nuestra democracia a su agonía.

¿Qué tan grave es el problema? Basta darle una vuelta a los estados donde el domingo se disputará la silla del gobernador. La campaña en Sinaloa ha sido una vergüenza. El gobierno priista de Jesús Aguilar ha inclinado los dados a favor de su delfín Jesús Vizcarra, un hombre sospechoso de tener vínculos con el narco en un estado asolado por la presencia criminal. El instituto electoral sinaloense ha jugado el papel de cómplice con gran pericia, haciéndole la vida imposible al candidato de la oposición, metiéndose hasta con su nombre y protegiendo al candidato del PRI de un debate público que podría haberlo dañado. Todo, en contubernio con los medios locales, que ni ven ni oyen lo que para la sociedad es evidente. Algo parecido ha ocurrido en Hidalgo, donde Xóchitl Gálvez ha enfrentado un evidente boicot en los medios de comunicación (eso, y no otras versiones absurdas, es un cerco mediático). Entre groserías, descalificaciones e injusticias, Gálvez ha tenido que nadar contra la corriente. Algo similar se ha visto en Puebla con el candidato opositor Rafael Moreno Valle. Fiel a su acostumbrada desfachatez, Mario Marín ha volcado toda su maquinaria para inclinar el tablero a favor de su candidato. Desde el principio de la campaña, el gobierno poblano ha amenazado e intimidado a la oposición mientras seduce, a punta de despensas y favores, al más puro estilo del dinosaurio, a los votantes. ¿Y qué decir de Oaxaca y Veracruz? Las grabaciones dadas a conocer hace unos días son reprobables y quizá, pero también son de agradecerse: ofrecieron una invaluable radiografía del México donde la transición democrática es sólo promesa. Los dichos de Fidel Herrera y Ulises Ruiz merecen un sitio en los anales del deshonor mexicano. El calibre de soberbia e impudor que despliega Herrera se explica sólo desde la presunción a priori de impunidad: se siente “en la plenitud del pinche poder” porque sabe que nadie puede, realmente, llamarlo a cuentas. Lo mismo ocurre con el procaz gobernador oaxaqueño, quien se da la libertad de planear sucia estrategia electoral y hasta negociar “pendientes”, porque supone que, en este México donde la democracia está muriendo, nadie se atreverá a perseguirlo. Y de ahí el asombroso cinismo priista después de conocerse las grabaciones. Lejos de manifestar una genuina preocupación por el asalto a la democracia mexicana evidente en las grabaciones, la cúpula priista optó por descalificar el método, y mucho pero mucho peor, sugerir que la divulgación del cochinero de su partido era sólo una distracción. “Que se investigue, que se investigue”, dicen con una mezcla de prepotencia y hartazgo que, a mí entender, revela la misma suficiencia que todos escuchamos en las voces de los gobernadores de Oaxaca y Veracruz.

Evidentemente, este no es un asunto exclusivo del PRI. El PAN y el gobierno han degradado el discurso político, poniendo en riesgo, gracias a su violenta estrategia electoral, cualquier posibilidad de negociación en los dos años que quedan de calderonismo. La culpa, en suma, es de todos. La persecución del poder se ha convertido en un auténtico agujero negro en nuestro país, capaz de engullir aquello mismo que le da vida: la sociedad mexicana. Lo ideal sería que los votantes castigaran esta porquería. Probablemente no lo harán. Tocará a la clase política verse al espejo y plantearse un cambio profundo que incluya maneras de embridarse. Si no lo hace, el riesgo del autoritarismo, nuestro gran fantasma, volverá a rondar las calles mexicanas. Esta vez será difícil hallarle un antídoto.

leon@wradio.com.mx

Los tontos útiles


Gustavo de la Rosa
El Universal/29 de junio de 2010

Es inconcebible que el secretario de Gobernación vaya a un evento contra la tortura a llamar “tontos útiles” a los defensores de derechos humanos y a dictarnos consejos de cómo actuar en nuestro trabajo diario.

Alguien debiera informarle que los funcionarios tienen prohibido dirigir instrucciones a las comisiones de Derechos Humanos. Por el contrario, es necesario que él asuma la responsabilidad de su trabajo en materia de derechos humanos antes de dar consejos no pedidos.


La Secretaría de Gobernación es la responsable de crear un mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos, y ese mecanismo empieza por reconocer la importancia de los derechos fundamentales de los seres humanos y a las dependencias que nos encargamos de defenderlos.


Ir a las casas de los derechohumanistas a denostar nuestro trabajo mientras los trabajos que son su obligación no se concretan es una absoluta incongruencia. Es una tontería y falta de respeto al Estado de Derecho. Sugerirnos que no apliquemos la ley cuando esté involucrado un delincuente, ¡no tenemos autorización legal para enjuiciar a los quejosos!, solamente podemos hacerlo respecto a las conductas de las autoridades.


La ley no se aplica con perspicacia ni con suspicacia, se aplica con justicia haciendo una debida interpretación de la letra de la misma.


Alguien debe informarle que los derechohumanistas sólo aplicamos la ley y la Constitución cuando se demuestra que la autoridad las violenta en perjuicio de uno o varios ciudadanos sin poder hacer ninguna consideración de índole personal sobre los ofendidos y no debemos tener otra actitud diferente a la exigencia de que la Constitución se respete. No puedo creer que un abogado insinúe que miremos de lado cuando evaluemos que nuestras resoluciones vayan a desprestigiar a las autoridades.


El prestigio de los gobernantes depende de sus conductas y nosotros nada más las analizamos a la luz de la ley. Si la conducta es indebida, el desprestigio así acarreado no es culpa de las comisiones de derechos humanos, es culpa de los funcionarios que violaron la ley y con ello la Constitución.


No me imagino cómo el secretario Gómez Mont era tan exitoso en la práctica privada, y no creo que se atreviera a pedirle a un juez que fuera perspicaz o suspicaz, y si así lo hacía, él es uno de los destructores de la escasa cultura de la legalidad en el país.


Algún amigo o asesor debe decirle que la consolidación del Estado de Derecho se logra únicamente aplicando a ojos cerrados la ley, sin tomar en cuenta efectos o resultados colaterales de la resolución.


Aun durante la vigencia de la Ley de la Acordada, en el virreinato, que fue la época de mayor rigor en el combate contra los salteadores de caminos, era un juez itinerante que acompañaba a los piquetes de policías y soldados quien ordenaba la ejecución de la pena que solía ser pena capital.


Como se nos insinúa que mediante el uso de habilidades extralegales dictaminemos quién tiene derecho a la protección de sus derechos humanos y quién ya perdió ese derecho, quiénes somos nosotros para hacer eso al recibir la queja y darle trámite, o al evaluar las evidencias acumuladas en el sumario.


Sólo un juez puede determinar la pérdida de derechos de algún gobernado, nosotros no, y él debería saberlo porque es abogado. En fin, es una gran tontería llamarnos tontos útiles.


Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Una transición pendiente


Alberto Aziz Nassif
El Universal/29 de junio de 2010


Las grabaciones de los gobernadores del PRI en Oaxaca y Veracruz nos muestran cómo se ejerce el poder en esos estados. Control del árbitro de la contienda electoral, distribución de recursos con fines abiertamente partidistas, restricciones severas a la libertad de expresión y un discurso político que puede ubicarse en la década de los cincuenta. Sobre lo que ya se sospechaba, ahora hay pruebas y evidencias que muestran lo que pasa en esos territorios, en donde nunca llegó ese extraño e incierto fenómeno que hace unos años se conoció como la transición a la democracia.

Ya se había dado el gran desencanto con la democracia realmente existente en México. La última medición de Latinobarómetro 2009 nos ubica en el sótano en temas de confianza y apoyo a la democracia. Las fallas y regresiones graves a nivel federal, como el conflicto de la sucesión presidencial en 2006, deterioraron la imagen de los organismos electorales y la confianza institucional que se construyó entre 1996 y 2003. En diversos gobiernos, resultado de una alternancia a nivel estatal, el factor partido político de oposición, que gana elecciones competidas, dejó de representar una diferencia importante, porque las prácticas y la cultura política del viejo régimen contaminaron las formas de gobernar. Ya se había visto que los impulsos de la transición empezaron a agotarse, como recurso de un horizonte de futuro, y en su lugar llegó la desconfianza institucional. Los actores políticos, partidos y legisladores bajaron hasta el suelo en la confianza ciudadana. Expresiones de desafección y convocatorias para anular el voto fueron voces importantes que llegaron en 2009. Sin duda, hay graves problemas en la representación política y nos hemos llenado de una democracia que ha perdido su horizonte de futuro.


En unos cuantos años se ha vulnerado la democracia y los déficits de desigualdad, baja calidad ciudadana, la pérdida de capital político y un conjunto institucional poco confiable, forman algunas de las piezas que nos dejó la transición democrática. En este contexto aparecen los espejos locales y los gobernadores que operan para sus partidos, trafican con los recursos públicos y controlan todos los espacios en donde faltan las piezas fundamentales de una competencia democrática: equidad, debate, y tolerancia.


Ulises Ruiz y Fidel Herrera son la expresión concentrada de los gobiernos del PRI. Estas grabaciones muestran el nivel de violación a la legalidad y, sin embargo, siguen tan campantes rumbo a las elecciones del próximo 4 de julio. El PRI acusa al gobierno federal de usar los instrumentos del Estado con fines partidistas, y con ello defiende a sus gobernadores y a sus candidatos. Sin saber todavía el origen de las grabaciones, lo más probable es que no se conozca de dónde surgieron, quizá estemos ante una doble guerra sucia. La batalla en algunos casos no es entre demócratas y autoritarios, porque estos últimos están en los dos bandos, como sucede en Veracruz, en donde la opción es más PRI o el viejo PRI con acento magisterial y registro panista. Así los comicios locales se han convertido en un campo de batalla con diversos cruces, desde la propaganda sucia, la compra del voto, la debilidad del debate público, hasta los escándalos de las grabaciones, más lo que se acumule hasta el día de las elecciones, todo lo cual deja un ambiente político asfixiante. Alianza Cívica está documentado las irregularidades en la página www.cuidemoselvoto.org


La película que estamos viendo con estas elecciones me recuerda las primeras batallas electorales de la oposición al inicio de los la década de los ochentas, hace 25 años. Las estrategias son muy parecidas: era el control de su estructura corporativa, los descuentos forzados en los cheques de los trabajadores sindicalizados, el uso del dinero público, el aparato de gobierno al servicio de la campaña electoral y el gobernador como el capitán de los comicios. En ese entonces era un reto ganarle al partido gobernante, que en las elecciones era un Estado recubierto de forma partidista. Sin embargo, se pensaba que una alternancia podría cambiar la forma de hacer política. Hoy se repite la estrategia, pero se ha perdido esa expectativa, porque lo que se ha generado, en muchos casos, ha sido decepcionante.


A pesar de que ya vimos la película y lo que sigue, en varios estados es necesario completar los ciclos de la alternancia, porque esa pieza se necesita para que esos ciudadanos tengan la oportunidad de optar, quizá pasen por el desencanto y puedan llegar al hartazgo, pero hasta ahora no han experimentado una transición electoral y tienen derecho a tenerla...

Investigador del CIESAS

Futbol: la tecnología y el culto al error


Javier Flores
La Jornada/29 de junio de 2010

El mediocampista inglés Frank Lampard, sin duda uno de los mejores jugadores del mundo, recibió la pelota en una zona muy alejada del marco rival. Con el virtuosismo que le caracteriza, produjo algo semejante a un rayo con su pierna derecha. El balón pegó primero en la parte inferior del travesaño en la portería custodiada por el guardameta alemán Manuel Neuer, y luego se dirigió a gran velocidad hacia el pasto rebasando completamente la línea de meta, en uno de los goles que, de haber sido declarado válido, sería sin duda uno de los mejores realizados en el certamen. Como sea, fue una de las jugadas más hermosas del campeonato mundial de futbol que actualmente se realiza en Sudáfrica y al mismo tiempo una de las más polémicas.

Este gol fue visto por todo el mundo, menos por dos personas: el árbitro y el juez de línea. Y no es que haya habido mala fe de estos personajes en la cancha. Como la jugada partió de un lugar alejado de la portería, simplemente no lo vieron, y por lo tanto no lo consideraron válido. Pero el gol fue verdadero, como se comprueba por las múltiples imágenes captadas por las cámaras de televisión. La primera conclusión que se desprende de lo anterior es que en este caso la realidad no importa.

La decisión de los jueces cambió por completo la historia del partido disputado entre Inglaterra y Alemania. El marcador antes del fallo favorecía a los alemanes 2-1 y el gol de Lampard significaba el empate. Conforme avanzaba el tiempo, el error arbitral obligó a los jugadores ingleses a buscar con todo el marco rival, lo que los exponía a recibir una goleada, cosa que finalmente ocurrió.

Por su conservadurismo, la Federación Internacional de Futbol (FIFA) se ha negado una y otra vez a recurrir al empleo de la tecnología para esclarecer jugadas dudosas como la descrita, lo que ha conducido a una especie de culto al error. Se argumenta que las fallas arbitrales son una parte del juego y que pueden afectar por igual a los dos equipos. Pero esta razón es completamente absurda. Al hacer depender estas decisiones solamente de un factor humano, se corre el riesgo de cambiar la realidad por algo completamente falso. Pero no sólo eso. Tal vez en los campeonatos del mundo no sea el caso, pero la ausencia de una verificación apoyada en la tecnología, favorece en los torneos locales la corrupción.
Este culto al error conduce además a una especie de esoterismo, pues algunos explican lo que ocurrió en este partido como una especie de “justicia divina”, dado que, en una jugada muy parecida, ocurrida en el partido final del Mundial celebrado en 1966, el error arbitral llevó al triunfo en esa ocasión a Inglaterra. Una justificación que es también completamente absurda.

Como ocurre con la mayor parte de los deportes, el futbol está inmerso en la más avanzada tecnología. El empleo de nuevos materiales, la evaluación del desempeño físico, la construcción de estadios, la ropa que usan los jugadores, las bebidas enriquecidas con iones, el calzado, la verificación sobre el uso de sustancias prohibidas, el balón, las transmisiones de televisión y las imágenes captadas en cámara lenta que permiten ver, con sorprendente detalle, las contracciones armónicas de los músculos de los atletas. Todo ha avanzado menos la FIFA, que se empeña en fomentar el culto al error, dañando con ello al verdadero futbol.

La negativa de los dirigentes del futbol mundial a apoyarse en la tecnología ha convertido las fallas arbitrales en un factor determinante –y a mi juicio inaceptable– en este deporte. A este torneo, por ejemplo, llegó el equipo de Francia gracias a una jugada ilegal cometida por el atacante Thierry Henry. Es muy probable que los aguerridos jugadores irlandeses, que fueron eliminados por esa terrible equivocación de los jueces, hubieran desempeñado un papel más decoroso que el mostrado por la selección francesa.

Volviendo a lo esotérico, es inevitable referirse al “gol” de Diego Armando Maradona en los cuartos de final del campeonato del mundo de 1986, anotación que hizo empleando la mano, y que ilustra el grado de distorsión al que se ha llegado en este deporte. La explicación que dio el astro argentino, realmente jocosa, fue que había sido ayudado por la “mano de Dios”. Lo que resulta sorprendente es que este hecho ilegal se celebre, se levanten templos y se rinda culto a un jugador que, simple y llanamente, hizo trampa.

Tontos inútiles


Pedro Miguel
La Jornada/29 de junio de 2010

En 1887 L. L. Zamenhof publicó su primer opúsculo en esperanto. Ciento veintirés años más tarde, el 25 de junio de 2010, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pronunció un discurso en una nueva lengua sintética, distinta del esperanto y del volapük, a la que llamaremos, a falta de nombre oficial, gomezmontés. La complejidad gramatical de este nuevo idioma (quienes lo duden pueden comprobarlo en el sitio web de la SG) y la inexistencia de textos normativos y diccionarios específicos hacen difícil la plena comprensión de los conceptos de su único hablante, por lo que cualquier intento de análisis resulta arriesgado. Sin embargo, en algunos de sus pasajes esa pieza oratoria tiene cierto parecido con el español y con ayuda de elementos contextuales tal vez sea posible entender algo.

Dirigiéndose al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el erudito en el idioma de sí mismo dijo que esa institución federal, al igual que sus equivalentes estatales, “deben ser perspicaces para no ser instrumento injusto de deslegitimación de los esfuerzos del Estado y de la nación para reconstruir a sus fuerzas de seguridad (¿están destruidas?), para que no se deslegitime este esfuerzo y se sirva involuntariamente a aquellos intereses contrarios a los principios básicos de la convivencia, contrarios a los intereses fundamentales de la sociedad y de sus miembros (…) Deben ser perspicaces para distinguir aquellos actos que pueden ser propios de la tortura, a aquellas huellas que sólo reflejan la necesidad de someter a quien siendo llamado de la autoridad para ser privado de su libertad o porque está cometiendo un delito, o porque es llamado por la autoridad para rendir testimonio, o porque es llamado por la autoridad en calidad de indiciado. Hay veces que en estas operaciones hay resistencia de los particulares al llamado legítimo de la autoridad y se tiene que entrar por vías de hechos a someterlos, a fin de cumplir con dichos actos. (…) Esta es la difícil tarea que hoy nos congrega: Ni ser cómplices ni encubridores de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad, ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar la acción de esa autoridad”. La cita es literal.
O sea, los defensores de derechos humanos deberán vivir en lo sucesivo bajo la sospecha de ser tontos útiles.

Beneficiemos al gobierno con la duda y pensemos que el único vínculo de sus integrantes con el narcotráfico es la enemistad; supongamos, incluso, que son sinceros y honestos los argumentos de la guerra oficial contra la delincuencia organizada. Aun así, si se juzga con base en los resultados, el empeño calderonista por robustecer la seguridad y la legalidad ha tenido consecuencias opuestas a las deseadas: de acuerdo con los datos disponibles, hoy la criminalidad es más poderosa, más impune y más acaudalada que hace tres años y medio (ya hay en la lista de los asesinados un candidato a gobernador), en tanto la zozobra y la indefensión de la población son mucho más graves que al inicio del calderonato; es posible que, en la perspectiva de los malos de la película, los chicos del gobierno sean los verdaderos tontos útiles (para entrar al universo semántico del señor secretario). Peor aún: si se les coteja con los objetivos y los resultados declarados por ellos mismos, son más bien tontos inútiles. O bien las intenciones que esgrimen son puras mentiras y entonces no son tan tontos.

Sea como fuere, no se recuerda el caso de un delincuente que se haya visto beneficiado en su carrera por la tontería útil de un activista humanitario; en cambio, la memoria está repleta de inocentes agraviados por funcionarios públicos, y así fuera sólo por eso, no está bien que el señor que despacha en Bucareli plante la sospecha sobre los defensores de derechos humanos, quienes ya bastantes broncas tienen en el México de hoy. Tampoco está bien que se pretenda justificar con la “resistencia al arresto” el estado de evidente maltrato físico en que son presentados a los medios buena parte de los detenidos por las instituciones de seguridad y procuración; no es bueno que las autoridades se refocilen en una disolución de escrúpulos semejante a la que disfruta la delincuencia organizada.

¿O será que el gomezmontés es menos semejante al español de lo que podría pensarse en un primer golpe de vista y que su hablante quería decir otra cosa?

navegaciones@yahoo.com

La SEP y la eliminación de las humanidades


Gabriel Vargas Lozano *
La Jornada/29 de junio de 2010

Entre septiembre y octubre de 2008, la SEP inició una Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), a través de dos acuerdos (442 y 444) publicados en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma, dictada y orientada por la OCDE e inspirada en el Plan de Bolonia, tiene una gran trascendencia porque afecta a millones de estudiantes. Se trata de un paso más en la estrategia neoliberal puesta en marcha en el país desde 1982 y proseguida por todo y a pesar de todo por los gobiernos priístas y panistas. Algunas de sus características son: ubicar a todos los subsistemas de educación media superior (Colegio de Bachilleres, Conalep, Cecyt, las preparatorias de las universidades con excepción de la UNAM) en un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) controlado por el gobierno; poner en práctica una reforma educativa tecnocrática y eficientista basada en el método de competencias y eliminar, en lo posible, la función propedéutica que tenía la preparatoria para convertirla prácticamente en el último grado de educación de los mexicanos. Para este fin, los artífices de la RIEMS fijaron un “marco curricular común” para todos los subsistemas que estaba inicialmente formado por cuatro áreas disciplinares: matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales (donde se ubicó la historia) y comunicación (donde se colocó la literatura). En otras palabras, la reforma ya no contemplaría ni el área de humanidades ni las asignaturas filosóficas como obligatorias.

¿Cuáles eran las razones? La SEP nunca las ha explicado pero no hace falta mucha perspicacia para descubrirlas: se trata de un proyecto de instrucción para el mercado de trabajo. Ante ello, desde un primer momento, las asociaciones de filosofía del país, organizadas en el Observatorio Filosófico de México (OFM), denunciaron, con el apoyo de la comunidad científica y cultural del país, el enorme desatino que implicaba la supresión de las disciplinas mencionadas para la educación. Afortunadamente, diversos factores hicieron que las autoridades educativas se retractaran y llegaran a un acuerdo (el 488) con el OFM, avalado por las autoridades educativas de todo el país y que se publicara en el Diario Oficial el 23 de junio de 2009 restableciendo el área de humanidades y considerando la lógica, la ética, la estética y la introducción a la filosofía como disciplinas obligatorias. Ese mes se celebró en Santo Domingo la Reunión de alto nivel sobre la enseñanza de la filosofía en la educación media superior convocada por la UNESCO y allí descubrimos que en otros países de Latinoamérica, desde hace unos años, se había suprimido la enseñanza de la filosofía; se había cambiado de nombre a los cursos y se había declarado que su función era “transversal” con los resultados de la eliminación de la disciplina. En esa oportunidad se redactó un importante documento (que se puede consultar en www.ofmx.com.mx) rechazando esa tendencia tecnocrática y antihumanística. Pasaron los meses y la SEP no movía un solo dedo para cumplir el acuerdo y, por tanto, el 5 de febrero de 2010 hicimos entrega tanto al titular de la SEP, Alonso Lujambio, como al subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Martínez, de una carta firmada por un centenar de profesores e investigadores; representantes de todas las escuelas y facultades de filosofía del país y avalada por la Federación Mundial de Sociedades de Filosofía (FISP) donde se demandaba el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo 488. La respuesta verbal (que está grabada) que dio el subsecretario a una comisión del observatorio fue negativa. En otras palabras, la SEP se retractaba de sus propios acuerdos y la mayor prueba es que hasta el momento, pasados 10 meses de la publicación del acuerdo 488, los funcionarios de la secretaría no han ofrecido una respuesta por escrito a nuestro documento ni se han interesado en promover los cambios de los planes y programas de estudio en los subsistemas. Frente a ello, hay que felicitar al Consejo Universitario de la UNAM por su excelente, preciso y contundente comunicado del 7 de abril, conminando a la SEP para que cumpla con el acuerdo 488.
¿Por qué la SEP se opone a las humanidades y la filosofía? A mi juicio, los autores de la reforma creen, en forma equivocada, que la formación técnica y competente está reñida con una buena formación filosófica y ya no se diga humanística. Se trata de un inmenso error. En las condiciones en que se encuentra el país, que afectan especialmente a la juventud, ¿no debería de ofrecerse un curso de ética bien formulado, no doctrinal y laico, donde se aborden los temas como el de las drogas, el narcotráfico, el aborto, la clonación, la muerte asistida, la enajenación, la desigualdad o la crisis de valores?; ¿el estudiante no debería saber cuáles son las concepciones filosóficas que han conformado a nuestra sociedad desde el pensamiento prehispánico hasta la actualidad?; ¿no debería tener elementos para conformar un pensamiento propio y correctamente formulado? ¿Y no debería ser consciente de la dimensión estética que se expresa en el arte o la literatura? Y en el caso de la técnica, ¿no debería saber qué es la técnica; cuál es su función en la sociedad y cuáles son sus formas de utilización beneficiosas o perjudiciales para la naturaleza y la especie humana? La respuesta de las autoridades ha sido y es la supresión de estas dimensiones en la formación del estudiante para que sólo se preocupe de cómo integrarse en forma acrítica, alienada y mecánica a las formas de trabajo exigidas por la “globocolonización”. Pero además de negarse en los hechos a incorporar las humanidades han recurrido a la simulación colocando cursos como los de “construcción de la ciudadanía” que, por el contrario, no deberían ser exclusivamente filosóficos sino interdisciplinarios.

Para documentarse, los tecnócratas de aquí y de allá, deberían leer el libro de la UNESCO La filosofía, escuela de la libertad, donde se expone que la materia debería ser enseñada en todos los niveles para conformar una auténtica ciudadanía democrática. Agregaría que la filosofía “bien enseñada” (ojo, autoridades de la SEP) permite la conformación de una mente libre, creativa, dispuesta a debatir y dialogar racionalmente sobre los grandes problemas sociales y que coadyuva a que los individuos puedan desempeñar en forma competente cualquier actividad. La filosofía y las humanidades proporcionan a los individuos armas culturales, históricas y lingüísticas para poder enfrentar un mundo extraordinariamente conflictivo como el actual. Es por ello que la SEP está obligada a cumplir ética y jurídicamente sus propios acuerdos.

* Coordinador del Observatorio Filosófico de México y profesor-investigador de la UAM-I.

lunes, 28 de junio de 2010

Conservadurismo e incompetencia


Arnaldo Córdova
La Jornada/27 de junio de 2010

Siempre ha sorprendido la tendencia profundamente conservadora de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se entiende, jurídica y políticamente, que así sea, porque la misión de la Corte es, ante todo, mantener incólume el ordenamiento jurídico del país. Se entiende, pero no se justifica. De los tres poderes de la Unión, el encargado de salvaguardar el orden constitucional y, desde luego, la justicia para todos, es el Judicial Federal. Que el conservadurismo de la Corte llegue a denegar sistemáticamente la justicia es inaceptable. La mayoría de las veces, hacer justicia implica ir más allá de lo que existe y más allá de lo que merece ser conservado.

Si a lo anterior agregamos una persistente muestra de incompetencia y hasta de ignorancia para resolver los problemas de la justicia, la cosa se vuelve atroz. Que en la Corte se haga política y se tomen decisiones políticas no debería extrañarnos. Se trata de un poder político integrante del Estado federal. Que hacer política signifique encubrir designios extraños a la justicia o intereses ajenos al interés público es, simplemente, deleznable. Si al menos se hiciera inteligentemente, pero no es así. Se peca no sólo de numerosas sinrazones, sino de una indecente impericia y de una flagrante ignorancia.

En el pasado, como nadie se ocupaba de ese alto tribunal, la cuestión no pasaba a mayores. Ahora es otra cosa. Veamos el contenido del segundo párrafo del artículo 97 que establece que la Corte podrá nombrar a alguno o algunos de sus miembros o a algunos jueces o magistrados o comisionados especiales y a petición del Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso o el gobernador de algún estado, “únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”. También podrá solicitar que el Consejo de la Judicatura averigüe a jueces o magistrados federales.

Qué querrá decir “averiguar” no es problema. Es investigar y es la palabra que se prefiere hoy en día. El texto original de la Constitución de 1917 introdujo la cuestión, al estipular que los designados serían nombrados para que “averiguaran” únicamente “la conducta de algún juez o magistrado federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual o la violación del voto público o algún otro delito castigado por la ley federal”. La imperfección del texto era notoria y lo peor de todo fue que nadie la cuestionó. ¿Para qué se metió en honduras el Constituyente al estatuir semejante institución? Qué se ganaba con ello era claro: preservar las garantías individuales y el voto público o actuar contra delitos. La pregunta era y sigue siendo, ¿para qué?

No se puede hacer otra cosa más que suponer. El fin de dicha “averiguación” no implica, de ningún modo, juzgar, lo que es el resultado de un juicio en forma y aquí no se trata de un juicio, sino, precisamente, de una “averiguación”. Pero averiguar por averiguar no conduce a nada. Debe haber algún fin, cosa que no se indica en el precepto constitucional, pero debe haberlo, pues, si no, no tiene caso averiguar. Estas cuestiones deberían haberlas discutido los mismos ministros de la Corte a través del tiempo desde 1917, pero nunca lo hicieron. El ministro Arturo Zaldívar, en su dictamen sobre el informe de los hechos del caso ABC, apunta, por primera vez, al objetivo: señalar, no juzgar, responsable o responsables de los hechos que se averiguan. Sí, en efecto, no podría haber otro fin.

Qué seguiría después de señalar responsables es otra materia. Los responsables, como ocurre después de un juicio de procedencia o juicio político, en un auténtico Estado de derecho, deberían ser sometidos a juicio. El asunto aquí entraña varios problemas que no han sido precisados en el debate a que ha dado lugar la ponencia de Zaldívar. El mismo ministro ha dado lugar a que se le ataque por los flancos cuando pretende justificar la “averiguación” como una “condena moral y política” de los responsables. La Corte, como atinadamente lo señala José Woldenberg, no es ningún “tribunal moral” y, la verdad sea dicha, su función no tiene nada que ver con la moral como los moralizadores Sólo que los ministros que se lo reprocharon a Zaldívar lo hicieron sólo por conservadurismo (por el prurito de no entrar en conflicto con los demás poderes de la Unión, se justificaron), sino también por incompetencia. “La Corte no puede ser juez y parte”, se dijo con ignominiosa ignorancia, sin que ninguno entendiera de verdad de qué se trata. No se trata de ningún juicio, hay que repetirlo una y otra vez. Se trata de una “averiguación” para señalar o establecer responsables probados de violaciones a las garantías individuales, los que, luego, podrán ser sometidos a juicio. Muchos piensan que se trata de una atribución que no tiene ningún asidero y, además, ningún fin aceptable en derecho. Se equivocan.

Al otorgar esa facultad investigadora a la Corte, el Constituyente del 17 no quiso erigir ningún poder extraño al orden constitucional, sino reforzar su poder de control constitucional con una facultad específica que le permitiera investigar y señalar responsables de violaciones graves a las garantías individuales (y, originalmente también, de delitos), sin juzgar ni condenar. Mi referencia anterior al juicio político, por si no se entendió, iba dirigida a encontrar el mejor símil. No se juzga, aunque hay un proceso interno para fijar responsabilidades. Sólo se fijan esas responsabilidades y, después, un juez determinará la penalidad del caso.

Una de las muchas necedades que se han dicho en este debate, aparte de atribuir a la Corte la naturaleza de un tribunal “moral”, es la de negar que la misma sea un poder político y que sus determinaciones sean, como tales, de carácter político. El control de constitucionalidad, que es propio de ella, es una facultad política y no jurídica ni, mucho menos, moral. Implica que la Corte vela porque todos, dentro del orden público, cumplan con lo que señala la Carta Magna y se apeguen en sus funciones y facultades a lo que ella dispone. El investigar o “averiguar” hechos susceptibles de ser violadores de los derechos humanos por parte de algún funcionario, cualquiera que sea su categoría, es una facultad de control de constitucionalidad.

En su determinación sobre el dictamen del ministro Arturo Zaldívar, la Corte abdicó claramente de esa facultad y fue incapaz de dilucidar su propia función como garante de la Constitución y sus leyes. Es un baldón que la exhibe de cuerpo entero. Nunca como ahora se vio a cada uno de sus ministros enseñar el cobre, sus prejuicios, sus intereses y también su ignorancia del derecho. Desde luego que a un cuerpo colegiado como ése no podría entregársele la moralidad del país. No sólo falló como órgano investigador, sino además como órgano de equidad, que es lo menos que podría esperarse de un tribunal del que depende la salvaguardia del estado de derecho entre nosotros.

A mi querido Monsi que sigue entre nosotros.

El legado


Sara Sefchovich
El Universal/27 de junio de 2010

Se ha dicho mucho que Carlos Monsiváis se burlaba de todo y de todos, incluido de sí mismo. Pero se ha dicho menos, que había ciertos temas de los que nunca se rió ni ironizó, y de los que pensó que “no admiten en método Rashomon”, que consiste en creer que todo se puede entender de muchas maneras distintas, según el cristal con que se mira o el lugar desde donde se lo mira.

Uno de esos era el de los animales. Monsiváis era un adorador de los gatos. Llegó a tener una docena que iban y venían por su casa y su escritorio. “Agradezco el equilibrio sicológico que procuran los gatos. En ellos siempre encuentro un elemento para la restauración de mi ánimo”, dijo en 2005.

Tan importantes eran para él, que en uno de los discursos que se dijeron en su honor en el Teatro de la Ciudad, Marta Lamas, su amiga entrañable, consideró necesario explicarles a los asistentes lo que sucedería con los gatos deCarlos Monsiváis ahora que él no está más: a todos se les va a colocar con personas que los cuiden bien, dijo.

Monsiváis no podía soportar la crueldad contra los animales, que se ejerce de modo tan generalizado y tan impune en nuestra sociedad, por igual por parte de ricos que de pobres, de ilustrados que de analfabetas, de jóvenes que de viejos, de mujeres que de hombres.

El día en que lo estaban homenajeando de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes, EL UNIVERSAL Online traía en la portada una carta de un ciudadano relatando el maltrato a los elefantes en un circo, tan severo que chillan a todo pulmón y sus gritos desgarradores se oyen a la distancia. ¿Cómo explicarse ese trato a un ser que trabaja para nosotros y nos da de comer?

Y sin embargo así es, a los caballos y burros se les golpea sin piedad, y se les da apenas de comer, a las ballenas que se usan en los espectáculos (la famosa Keiko una de ellas) se las deja enfermas. A pocos animales se les trata peor que a los de pelea, gallos y perros, que se juegan la vida para que su dueño gane miles de pesos y cuando sobreviven los abandonan, las heridas se infectan y la muerte es lenta y entre terribles dolores.

Y ni qué decir del maltrato a los animales domésticos, a los pájaros encerrados en jaulas pequeñísimas, a los perros amarrados con cadenas o cuerdas tan apretadas y cortas que no se pueden mover, viviendo a la intemperie, bajo el sol ardiente o la lluvia, sin agua y días enteros sin alimento. En este diario se publicó hace algún tiempo la historia de un perro de casa rica que enloqueció por el encierro en una jaula y hace poco, la historia de otro que había vivido toda su vida con una familia, pero ahora que estaba viejo, lo pateaban y regañaban y apenas si le aventaban algunas sobras para comer.

Y si eso les hacemos a animales que son nuestros, ni qué decir de lo que se le hace a los que no lo son, el maltrato y las torturas a que se somete a los callejeros. En la televisión vimos a un perro al que unos hombres le prendieron fuego sólo por diversión, y aquí he hablado de aquel al que le cortaron los testículos, de aquel al que tres jóvenes de buena familia torturaron brutalmente en Nayarit, del gato al que le sacaron los ojos, del que amarraron a la defensa de un auto y luego arrancaron sin más.

Monsiváis sufría por esto, más de una vez dijo que la izquierda tendría que tomar como causa la defensa de los animales. Donaba dinero para organizaciones y grupos que recogían animales callejeros, como lo atestiguan algunas esquelas que aparecieron en los periódicos y los agradecimientos que periódicamente le hacían. Cualquiera que tocara a su puerta diciendo que le interesaban los animales contaba con él. Así lo cuentan unos vecinos suyos que formaron una asociación para recoger gatos abandonados: “¿Cuántos son ustedes?, les preguntó el cronista cuando lo fueron a ver. Somos dos, le respondieron. Pues ahora ya son tres”, dijo, sumándose inmediatamente a la causa y adoptando a un minino.

Entre las muchas lecciones que nos dio Monsi, está la de la compasión y respeto por todos los seres sintientes, como se les llama en la tradición budista. ¿Seremos capaces de aprenderla?

sarasef@prodigy.net.mx

Escritora e investigadora en la UNAM

Involución en transparencia


Darío Ramírez
El Universal/26 de junio de 2010

El gobierno de Calderón tiene un discurso mentiroso en materia de transparencia y acceso a la información pública. La realidad y el mal actuar gubernamental disipan toda duda. Bajo la dirección de Calderón, el gobierno federal a través de instituciones del Estado se ha servido para frenar y obstaculizar el ejercicio y desarrollo de este derecho. Fue el Ejecutivo quien elaboró y sometió al Congreso (para la cual todos los partidos votaron a favor y fue aprobada con 314 votos a favor, 4 en contra del Partido convergencia y 181 diputados ausentes) la modificación al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales que impide conocer las actuaciones del Ministerio Público y dota de opacidad a las autoridades de procuración de justicia. Para los que ejercemos el derecho sabemos que cada vez son más comunes las reservas de información, inexistencias de documentos, incumplimientos de resoluciones del IFAI y la promoción de recursos jurisdiccionales (amparos directos y juicios de nulidad). Se han profesionalizado en las artimañas para asegurar la opacidad. Los actores en contra se han multiplicado junto con su sed por arrebatarle esta herramienta de contraloría social a la población la cual no tiene descanso. Así como su intención por reducir a su mínima expresión el derecho constitucional parece ser su objetivo final.

En un afán de burlar el contenido del artículo sexto constitucional, recientemente la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), contradictoriamente a 30 resoluciones anteriores emitidas por el mismo tribunal, decidió tomar otro rumbo y dictaron una resolución la cual anula parcialmente la resolución del IFAI sobre la entrega de versiones públicas de las averiguaciones previas que tengan como indiciada a Rosario Robles. Resulta de interés público señalar los nombres de los magistrados que aprobaron la resolución, ellos son Roberto Bravo y Avelino Toscano, especialistas en materia fiscal y administrativa. Estos señores han desafiado el contenido del artículo citado. El embate por parte del Ejecutivo no para ahí. El TFJFA admitió conocer la demanda de juicio de nulidad que presentó el SAT en contra la resolución del IFAI que ordena revelar los nombres de los contribuyentes a los cuales les condonaron sus créditos fiscales en 2007 por más de 74 millones, protegiendo nombres, empresas e intereses. Y, obviamente, dejando el interés y derecho de la ciudadanía por conocer dicha información en desvalimiento. Al parecer el TFJA es un nuevo enemigo de la transparencia. Debemos tomar nota.

Las malas noticias no terminan ahí. Hay otras prácticas como la usada por particulares como Romero Deschamps y otros integrantes (Fernando Navarrete Pérez, Manuel Limón Hernández, Eleuterio de la Rosa Esteva, Raúl Ramírez Rangel y Antonio Osorio García) del sindicato de Pemex, quienes en calidad de terceros interesados promovieron un juicio de amparo indirecto ante el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa para impedir que Pemex cumpliera con la resolución del IFAI que le ordenaba entregar copias de los comprobantes de sus pagos. Lo monstruoso de esto es que el juez, fundado en los argumentos de los sindicalistas ordenó al IFAI dejar sin efectos la resolución. Ante esta acción el IFAI se vio en la necesidad de acudir a un tribunal judicial que confirmó que el instituto debía considerar a los funcionarios públicos como terceros interesados y por tanto debía reponer el recurso de revisión. Ante esta determinación el IFAI ordenó que Pemex debe de entregar versiones públicas en las que se provea de la información requerida. Los ejemplos vertidos señalan que los enemigos de la transparencia se han multiplicado y han tomado fuerza. Resulta preocupante observar que son las instituciones de Estado como la PGR, Pemex, SAT son quienes incumplen y buscan acotar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Es a favor de la sociedad el desarrollo que ha tenido el derecho a saber en nuestro país. Se reconoce como un logro ciudadano. El desarrollo del derecho ha permitido a la población verificar su eficacia, la cual promueve un mejor gobierno y acota las libertades a funcionarios públicos para hacer actos de corrupción y mal gobierno. Todo parece indicar que estas nuevas acciones que llevan como fin debilitar a instituciones como el IFAI y negar el derecho a la sociedad responden a un deseo de involución para perpetuar la opacidad, esto mientras el Congreso, con su displicencia e irresponsabilidad, sigue sin reformar la Ley Federal de Transparencia. Los enemigos resultan ser varios pero comienzan a mostrarse. Pero también intuyo que la sociedad está lista para defender lo que es suyo y no dar un paso atrás en materia de transparencia.

Director de Artículo 19 para México y Centroamérica

La subrogación de guarderías fue diseñada por Levy


Gustavo Leal F. *
La Jornada/26 de junio de 2010

El 5 de junio de 2009, un incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, subrogada por el IMSS, cumpliendo el modelo diseñado por Santiago Levy, mató a 49 niños y dejó lesionados a 104. Inmediatamente se sucedieron una serie de declaraciones sorprendentes.

6.6: “La última evaluación cumplió con todos los requisitos”: Karam.

7.6: Se “verificará cómo ocurrieron los hechos para deslindar las responsabilidades”: Calderón.

8.6: “La autoridad responsable es el área de Bomberos”: Karam.

11.6: “En las estancias de Sedeso deseamos de todo corazón que no ocurra ningún accidente”: Ernesto Cordero, ex secretario de esa dependencia.

11.6: “Son delitos no graves (los responsables) pueden salir bajo caución”: Eduardo Molina Mora, ex titular de la PGR.

11.6: “El instituto no será tapadera de nadie”: Karam.

12.6: “Ubico la tragedia en un lugar específico, una dependencia específica y de una guardería subrogada, no propia de la institución (Ssa)”: José Ángel Córdova, secretario de Salud.

13.6: “En 2005 se detectaron irregularidades e insuficiencias importantes en materia de seguridad en la guardería”: Eduardo Molina Mora.

22.6: “El IMSS ha entablado una demanda en contra de la Secretaría de Finanzas de Sonora, de los propietarios y administradores de la guardería”: Karam.

24.6: “Lo que les cayó a los niños fue prácticamente napalm”: Rafael E. Cabanillas López, Universidad de Sonora.

26.6: “La lista con los nombres de los particulares a los que se ha subrogado no será entregada aún porque se recopilan los datos”: Karam.

1.7: “No habrá impunidad; se hará justicia caiga quien caiga y tope donde tope”: Calderón.

2.7: “Se urgió al IMSS para que subiera a su portal los mil 500 contratos de subrogación”: María Marván, comisionada del IFAI.

5.7: “Con la ciudadanía dolida por la muerte de 49 niños, no se descarta que se pretenda hacer cambios en los mil 500 contratos y rasurar los padrones para sacar los nombres que podrían dejar en claro el tráfico y la corrupción”: Cleominio Zoreda, senador del PRI.

8.7: “Señor director Karam: es el momento de dignificar nuestro servicio, de hacer un alto en el camino y retomar fuerzas para seguir adelante”: Asociación Nacional de Guarderías.

9.7: “La renuncia de Karam es parte de la justicia, y cárcel para los responsables y para los funcionarios de alto nivel. Le voy a pedir que renuncie, no merece estar ahí”, Julio César Márquez, padre de Yeye, durante la comparecencia de Karam en la Permanente.

9.7: “La triste lección aprendida llevará a una nueva etapa en la historia de las guarderías”: Karam.

10.7: “El sistema de subrogación parece más eficiente que la administración directa por el IMSS. Eliminarlo equivaldría a despojar a cientos de miles de niños y madres de un servicio indispensable”: Sergio Sarmiento, Reforma.
10.7: “La subrogación de guarderías debe continuar por la vía de la licitación”: José Angel Córdova.

11.7: “Acción Nacional defiende la vida desde la concepción, pero olvida a los menores cuando nacen”: Andrea Bárcena, directora del Cemidin.

18.7: “El responsable que debe ser cesado es Molinar. Es quien firma la concesión. Fue director del IMSS. El problema es que está protegido por Calderón”: senador priísta Fernando Castro Trenti.

1.8: “Cuestionamos a Margarita Zavala, esposa de Calderón, que hasta ahora se haya mantenido al margen de la exigencia de justicia para las familias de los niños que murieron”: agrupación Nuestros Bebés no se Olvidan.

8. 12: “La función de un juez constitucional es defender al pueblo frente al abuso del poder”: Arturo Zaldívar, ministro de la SCJN.

14.12: “Subrogar guarderías no es en sí misma una mala idea”: Denise Maerker, El Universal.

20.1.10: “El IMSS está muy atento al informe de la SCJN. Cumpliremos”: Karam.

1.3: “De la lectura que se haga de la ley y de la disposición reglamentaria no se advierte la posibilidad de que terceros ajenos al instituto puedan prestar el servicio de guarderías”: SCJN, informe preliminar.

1.3: “La Ley del Seguro Social es omisa en establecer reglas sobre mecanismos de supervisión sobre la normatividad de protección civil aplicable”: SCJN.

9.3: “En el momento que sea requerido, estoy a disposición de la SCJN”: Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes.

4.6: “Son responsables de graves violaciones a las garantías individuales: Molinar, Karam y Bours”: proyecto de dictamen final Zaldívar.

16.6: “No hay responsables ni desorden generalizado en las guarderías del IMSS; la subrogación a particulares es legal, y aunque hubo grave violación de garantías individuales (derechos humanos), Molinar, Karam y Bours no están involucrados”, seis ministros del pleno.

16.6: Como ya había anticipado la demanda de inconstitucionalidad de la “reforma” calderonista del ISSSTE (dos millones de amparos), nuevamente el “argumento” defensivo del ministro Aguirre fue más el de un limitado economista tecnócrata primerizo que el que hubiera correspondido a un jurista de la nación.

18.6: “La decisión es pulcra, puntual y precisa”, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación.

18.6: “El fallo será impopular, pero es jurídicamente correcto”: Sergio Sarmiento.

18.6: “Mi labor en el IMSS no debe frenarse”: Karam.

18.6: “Un funcionario público sólo debe responder por el tramo de control que le corresponde. Es muy poco probable que la PGR o la Procuraduría de Sonora finquen responsabilidad penal a Molinar y Karam. Las guarderías subrogadas no están en riesgo de desaparecer”: Fernando Gómez Mont.

*UAM- Xochimilco

viernes, 25 de junio de 2010

El verano de nuestro desencanto


Epigmenio Carlos Ibarra
Milenio/25 de junio de 2010

Y si aquel invierno de las desdichas, de Ricardo III, se volvió, según William Shakespeare, “glorioso estío por ese sol de York” la muy sangrienta primavera nuestra, merced a un vulgar balón de futbol, puede llevarnos al verano de nuestro desencanto.
¿Qué pasará si este domingo pierde la selección mexicana y entonces “no se pudo”? ¿Qué pasará si, contra los pronósticos de la mayoría, se alza con una victoria y “sí se puede”? De eso, sólo de eso, parece en este momento depender todo.
Lo demás; lo demás está en suspenso, relegado, convenientemente oscurecido por los dilemas que el partido suscita y eso aunque continúen los narcobloqueos en Monterrey, las balaceras en Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán; los enfrentamientos, las emboscadas, los levantones, las ejecuciones a lo largo y ancho del territorio nacional.
Y eso aunque, entre otras tristes y lamentables cosas que han pasado en estos días, la SCJN al llegar hasta “las penúltimas consecuencias” en el caso de la guardería ABC, como bien lo señala Emilio Álvarez Icaza, haya consagrado, otra vez, la impunidad como norma de conducta de gobernantes y funcionarios.
Menos importa todavía, a una ciudadanía más pendiente del Vasco Aguirre y su anuncio de la alineación para el partido que de los gobernantes o dirigentes de oposición, que, ante el proceso electoral del 4 de julio próximo, la clase política se revuelque en el lodo.
Trapacerías históricas de unos (Fidel Herrera en Veracruz, Ulises Ruiz en Oaxaca, Mario Marín en Puebla) marrullerías del mismo cuño (de la mano del poder que presta sus aparatos de inteligencia y se hace de la vista gorda ante evidentes violaciones a la Constitución) la de los otros.
No importa, nada de eso importa, sólo cuentan los minutos hasta que comience el partido.
Del “vivir mejor”, al “orgullo de ser mexicanos” pagadas estas campañas con nuestros impuestos, al “sí se pudo” de la Iniciativa México hemos vivido los mexicanos sometidos a un inclemente bombardeo propagandístico.
De eslogan en eslogan al colmo del paroxismo nos han llevado. Todo está en juego en esa victoria, todo puede perderse si se pierde. La patria está en los botines de esos 11. Los goles que metan o les metan habrán de decidir su suerte.
El gobierno y la tv se han empeñado en convencernos de que, ahora sí y por fin, las cosas están bien y de que si es la necia realidad la que arroja otros datos, es la realidad la que está equivocada, por lo que, más que transformarla, toca darle la espalda.
Si la victoria llega entonces “se abrirán las grandes alamedas” y el Ángel de la Independencia resultará insuficiente para recibir al pueblo. Qué digo el Ángel, el Zócalo mismo, las plazas todas del país. Tocarán las campanas a rebato y aunque se sigan matando por el norte parecerá que aquí reinan, de la mano, la paz y el relajo.
Y en ese frenesí de la victoria querrán, desde el poder político y el poder del dinero, montarse los mismos de siempre que para eso han gastado su dinero y el nuestro; para hacer la victoria parte de su patrimonio aunque le regalen —hablo, claro, en sentido figurado— una porción del mismo —el festejo— a los que no pertenecen a la élite.
A ese frenesí de la victoria apuestan quienes como FCH quieren dar legitimidad y continuidad a su legado y a ese mismo frenesí apuesta el PRI para montar su retorno.
Del PRD, del PRD ni hablamos; aliado de sus enemigos, enemigo de sus principios, mendigará votos por un lado y espacios en los medios por el otro para tratar de hacer suya una victoria que, por todos, le será negada.
Habrá entonces de convertirse la felicidad de la gente en el más preciado botín político. Una especie de patente de corzo que dará al poder —en tanto dura la euforia y para alimentarla está la tv— espacio de maniobra para seguir actuando sin rendir cuentas claras.
Pero y si —como muchos lo creen— pierde la selección, ¿qué pasará entonces?
La clase política —y hablo de todas las vertientes ideológicas— está lista y entrenada para capitalizar la victoria, pero no está preparada, menos ahora, para dar la cara a una multitud desencantada a la que de pronto las arengas patrióticas asociadas al futbol, los llamados al optimismo, al triunfo de la voluntad, le sonaran no sólo huecas, sino ofensivas.
Y vendrá el desencanto y en mala hora; con los precios de la gasolina subiendo y el desempleo arreciando, y el hartazgo de la política y los políticos obligando a la gente a mirar hacia otros lados, y la inseguridad a tope y la violencia invitando a la violencia.
Mucho ha aguantado la gente en este país y casi sin chistar. Tan mal acostumbrados están los poderosos que pulsaron, irresponsablemente, con la propaganda fibras sensibles en una población sedienta de logros, harta de engaños.
Por mucho menos que lo que aquí sucede, casi todos los días ha habido en otras capitales violentos disturbios y han caído gobiernos. Quizás entonces, como ya lo está siendo para Sarkozy en Francia luego de la derrota futbolística, “el verano de nuestro desencanto” se torne el verano de nuestro descontento.



ABC: la “letra” de la ley


Jorge Camil
La Jornada/25 de junio de 2010

Hubo responsabilidad, pero no hubo responsables”, dijo el editorial de La Jornada, reconociendo que nos hemos convertido en una nación de irresponsables; un pueblo que descansando en esotéricos argumentos jurídicos (¡como si fuésemos un verdadero estado de derecho), atrincherado en posiciones políticas y protegido por tribunales que abdican de sus responsabilidades sociales, esconde bajo el tapete sus grandes tragedias nacionales. (Por eso, entre bromas y veras, nos describimos como “el país donde nunca pasa nada”.) La medalla de oro se la lleva el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, que resolvió Tlatelolco de un certero plumazo: “hubo genocidio, sí, pero no hubo culpables”, exonerando con ello a Luis Echeverría.
Y con la misma delicadeza con la que hoy actúa la mayoría de los ministros de la Corte, el melindroso Luna Altamirano se refugió en la “teoría pura del derecho” aclarando, para que nadie dudara de su “profesionalismo”, que su resolución se encontraba “completamente exenta de todo tipo de cuestiones sentimentales, humanitarias, ideológicas, sociales o políticas”: ¡fue obra de un robot jurídico! Hoy se repite la historia. ¿Para qué sirve un sistema jurídico esterilizado, que opera conforme a la letra de la ley pero al margen de la sociedad?
Mientras los padres de los 49 inocentes muertos (y aquellos de los 104 menores enfermos o marcados de por vida) esperan justicia, ministros melindrosos y algunos analistas políticos sin conocimientos jurídicos hacen piruetas alrededor del artículo 97 constitucional y disquisiciones filosóficas sobre su aplicabilidad en la tragedia de la guardería. Los legos están en cierto modo justificados, porque por motivos políticos los propios ministros han denigrado esa valiosa disposición legal, considerándola “un artículo anacrónico y redactado con los pies” (Mariano Azuela), o un numeral “que no sirve para nada” (Salvador Aguirre Anguiano).
Frente a la arrogancia de Azuela y la displicencia de Aguirre, es un placer leer el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Donde otros, por motivos políticos o tecnicismos legales, se quedan atrapados en la letra de la ley, él va más allá: considera, con visión de jurista moderno, que la disposición constitucional es una valiosa herramienta que puede contribuir a la democratización de México. Adoptando el concepto de una Constitución “viva”, que va adaptándose a las realidades sociales, Zaldívar afirmó, en un proyecto rechazado por la mayoría, que el artículo 97 no debe considerarse “una invasión en el ejercicio del poder público” sino “una facultad que se inserta en el juego democrático y (…) coadyuva a la operatividad (…) del sistema”.
Con argumentos jurídicos objetivos y bien fundados, el proyecto Zaldívar apuntaba graves violaciones a los derechos humanos y señalaba responsables: Molinar Horcasitas, Karam, Bours y el ex alcalde de Hermosillo. Una a una, el proyecto desmenuzó las obligaciones legales de esos funcionarios, y su responsabilidad personal en la cadena de mando. Mostró cómo y dónde incumplieron. (Vale la pena que Fernando Gómez Mont, destacado abogado postulante, lea personalmente esa parte del proyecto, para que no repita que un servidor público sólo debe responder “por el tramo de control que le corresponde”: ¿cuál es ese “tramo”, señor secretario, y hasta dónde alcanza? El ministro Zaldívar se lo aclara.)
Arturo Zaldívar relata, con lujo de detalles y maestría de lenguaje, el infierno en la tierra que fue el incendio: 14 maestras en servicio (en vez de 41) intentando salvar a 200 niños; la guardería compartiendo el inmueble con una bodega de la Secretaría de Hacienda, que almacenaba cinco toneladas de papeles que prendieron como hojarasca; el techo de poliuretano despidiendo nubes de gases tóxicos, y deshaciéndose en una infernal lluvia de fuego… ¿Quién les negaría a esos padres la justicia arguyendo que el artículo 97 es “anacrónico”, o que “no sirve para nada”?
El proyecto Zaldívar concluyó, tras un minucioso análisis de 300 páginas, que a Molinar Horcasitas “le era atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propició las condiciones para la tragedia”. No obstante, el dictamen de la mayoría exoneró a los principales funcionarios involucrados.
Felipe Calderón no podría haber escogido mejor abogado para defender a los suyos que Gómez Mont. Conocedor de la ley y político sagaz, el secretario reconoció varias visitas a la Corte antes del fallo, pero afirmó que no hizo nada indebido: “no fui a defender a nadie ni a litigar en contra de los padres”. ¿A qué fue entonces? A asegurarse, mediante indebidos “alegatos de oreja” que violan la separación de poderes, que ministros obsecuentes interpretaran “correctamente” la letra del artículo 97.
Como la Corte tampoco pudo entrar “allí dónde autoridades e instituciones fallaron” (cito el proyecto Zaldívar), hoy sólo quedan abiertas las instancias internacionales, para que el régimen siga acumulando fallos judiciales contra México.
http://jorgecamil.com/