Humberto MusacchioExcélsior/10 de junio de 2010
Un tal Javier Covarrubias González asesinó a sus hijos de uno y dos años e hizo creer a su esposa que los niños habían sido robados, que se los habían quitado en la avenida del Trabajo después de golpearlo, para lo cual se produjo él mismo algunas heridas. Corrió esta versión entre los vecinos de Tepito, tan hartos como todos los mexicanos de la inseguridad, y la gente del barrio bravo salió a la calle a protestar.
Siguió un gran despliegue de la fuerza pública y los tepiteños, lejos de amilanarse, se indignaron ante la presencia de la policía. Gritos y mentadas subieron de tono y empezaron a aparecer grupos de jóvenes a bordo de motocicletas, quienes atizaron la protesta y de paso cometieron asaltos, saquearon negocios y cometieron otros actos vandálicos, como la apropiación de un autobús de pasajeros y un turibús.
Hubo detenidos en flagrancia, pero inexplicablemente fueron puestos en libertad, pese a que entre ellos había más de uno con antecedentes penales. El pretexto que dieron las autoridades es que no había contra ellos averiguación en curso ni orden de aprehensión vigente. Con el barrio bajo aparente control policiaco, días después Covarrubias González, el padre desaprensivo, fue localizado y puesto en prisión, donde confesó su crimen. Hasta ahí parece una historia más, normal en una ciudad violenta, pero varios detalles resultan inquietantes, por decir lo menos.
Pese a que el procurador capitalino intentó minimizar lo ocurrido, algunos hechos se salen de contexto. Por ejemplo, se dijo que en el motín participaron hasta 150 motonetas y la mayoría de ellas es de la misma marca, como lo muestran las fotografías de prensa. De esa marca son también las motos que cotidianamente emplean los líderes del ambulantaje para proteger el despliegue de los "toreros", esto es, de los vendedores que se instalan en zonas prohibidas. Por supuesto, las motos no las manejan los líderes, sino integrantes de sus grupos de choque, quienes emplean también radios para eludir a la policía. Más que recuperar territorios, el despliegue de "toreros" tiene la finalidad de obtener concesiones de las autoridades. Las motos también se emplean para cometer robos o realizar ejecuciones (Reforma, 5 y 7 de junio) y hubo días en que se remitía de 15 a 20 de esos vehículos a los corralones.
Juan José García, director de Seguridad de la delegación Venustiano Carranza, declaró que lo ocurrido la semana pasada era una respuesta a los operativos de los últimos dos meses en contra de la venta de drogas y armas y de la entrada de mercancía ilegal. No obstante, el martes 18 de mayo se produjo un inusual y ostentoso despliegue de alrededor de 150 individuos de gorra negra en lo que pareció ser una maniobra de distracción (¿para que entrara el contrabando que viene de la frontera o de los puertos sin que la Policía Federal se ocupe del asunto?).
En suma, todo indica que lo ocurrido a principios de mes fue una protesta que derivó en motín impulsado por gente poderosa del barrio. La liberación de los detenidos en flagrancia es inexplicable, a menos que Ebrard hubiera querido lanzar un mensaje de conciliación. Las preguntas son inevitables: ¿Por qué continúa la venta de drogas y armas en puntos bien conocidos? ¿Por qué los capos del contrabando que surten a los ambulantes no pisan la cárcel? ¿Son ellos los instigadores del motín? ¿Existe un pacto tácito con los poderes fácticos? ¿Se rompió ese pacto? Las autoridades capitalinas y las federales nos deben explicaciones.
Periodista y autor de Milenios de México
hum_mus@hotmail.com
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