Darío Ramírez
El Universal/26 de junio de 2010
El gobierno de Calderón tiene un discurso mentiroso en materia de transparencia y acceso a la información pública. La realidad y el mal actuar gubernamental disipan toda duda. Bajo la dirección de Calderón, el gobierno federal a través de instituciones del Estado se ha servido para frenar y obstaculizar el ejercicio y desarrollo de este derecho. Fue el Ejecutivo quien elaboró y sometió al Congreso (para la cual todos los partidos votaron a favor y fue aprobada con 314 votos a favor, 4 en contra del Partido convergencia y 181 diputados ausentes) la modificación al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales que impide conocer las actuaciones del Ministerio Público y dota de opacidad a las autoridades de procuración de justicia. Para los que ejercemos el derecho sabemos que cada vez son más comunes las reservas de información, inexistencias de documentos, incumplimientos de resoluciones del IFAI y la promoción de recursos jurisdiccionales (amparos directos y juicios de nulidad). Se han profesionalizado en las artimañas para asegurar la opacidad. Los actores en contra se han multiplicado junto con su sed por arrebatarle esta herramienta de contraloría social a la población la cual no tiene descanso. Así como su intención por reducir a su mínima expresión el derecho constitucional parece ser su objetivo final.
En un afán de burlar el contenido del artículo sexto constitucional, recientemente la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), contradictoriamente a 30 resoluciones anteriores emitidas por el mismo tribunal, decidió tomar otro rumbo y dictaron una resolución la cual anula parcialmente la resolución del IFAI sobre la entrega de versiones públicas de las averiguaciones previas que tengan como indiciada a Rosario Robles. Resulta de interés público señalar los nombres de los magistrados que aprobaron la resolución, ellos son Roberto Bravo y Avelino Toscano, especialistas en materia fiscal y administrativa. Estos señores han desafiado el contenido del artículo citado. El embate por parte del Ejecutivo no para ahí. El TFJFA admitió conocer la demanda de juicio de nulidad que presentó el SAT en contra la resolución del IFAI que ordena revelar los nombres de los contribuyentes a los cuales les condonaron sus créditos fiscales en 2007 por más de 74 millones, protegiendo nombres, empresas e intereses. Y, obviamente, dejando el interés y derecho de la ciudadanía por conocer dicha información en desvalimiento. Al parecer el TFJA es un nuevo enemigo de la transparencia. Debemos tomar nota.
Las malas noticias no terminan ahí. Hay otras prácticas como la usada por particulares como Romero Deschamps y otros integrantes (Fernando Navarrete Pérez, Manuel Limón Hernández, Eleuterio de la Rosa Esteva, Raúl Ramírez Rangel y Antonio Osorio García) del sindicato de Pemex, quienes en calidad de terceros interesados promovieron un juicio de amparo indirecto ante el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa para impedir que Pemex cumpliera con la resolución del IFAI que le ordenaba entregar copias de los comprobantes de sus pagos. Lo monstruoso de esto es que el juez, fundado en los argumentos de los sindicalistas ordenó al IFAI dejar sin efectos la resolución. Ante esta acción el IFAI se vio en la necesidad de acudir a un tribunal judicial que confirmó que el instituto debía considerar a los funcionarios públicos como terceros interesados y por tanto debía reponer el recurso de revisión. Ante esta determinación el IFAI ordenó que Pemex debe de entregar versiones públicas en las que se provea de la información requerida. Los ejemplos vertidos señalan que los enemigos de la transparencia se han multiplicado y han tomado fuerza. Resulta preocupante observar que son las instituciones de Estado como la PGR, Pemex, SAT son quienes incumplen y buscan acotar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Es a favor de la sociedad el desarrollo que ha tenido el derecho a saber en nuestro país. Se reconoce como un logro ciudadano. El desarrollo del derecho ha permitido a la población verificar su eficacia, la cual promueve un mejor gobierno y acota las libertades a funcionarios públicos para hacer actos de corrupción y mal gobierno. Todo parece indicar que estas nuevas acciones que llevan como fin debilitar a instituciones como el IFAI y negar el derecho a la sociedad responden a un deseo de involución para perpetuar la opacidad, esto mientras el Congreso, con su displicencia e irresponsabilidad, sigue sin reformar la Ley Federal de Transparencia. Los enemigos resultan ser varios pero comienzan a mostrarse. Pero también intuyo que la sociedad está lista para defender lo que es suyo y no dar un paso atrás en materia de transparencia.
Director de Artículo 19 para México y Centroamérica
El Universal/26 de junio de 2010
El gobierno de Calderón tiene un discurso mentiroso en materia de transparencia y acceso a la información pública. La realidad y el mal actuar gubernamental disipan toda duda. Bajo la dirección de Calderón, el gobierno federal a través de instituciones del Estado se ha servido para frenar y obstaculizar el ejercicio y desarrollo de este derecho. Fue el Ejecutivo quien elaboró y sometió al Congreso (para la cual todos los partidos votaron a favor y fue aprobada con 314 votos a favor, 4 en contra del Partido convergencia y 181 diputados ausentes) la modificación al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales que impide conocer las actuaciones del Ministerio Público y dota de opacidad a las autoridades de procuración de justicia. Para los que ejercemos el derecho sabemos que cada vez son más comunes las reservas de información, inexistencias de documentos, incumplimientos de resoluciones del IFAI y la promoción de recursos jurisdiccionales (amparos directos y juicios de nulidad). Se han profesionalizado en las artimañas para asegurar la opacidad. Los actores en contra se han multiplicado junto con su sed por arrebatarle esta herramienta de contraloría social a la población la cual no tiene descanso. Así como su intención por reducir a su mínima expresión el derecho constitucional parece ser su objetivo final.
En un afán de burlar el contenido del artículo sexto constitucional, recientemente la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), contradictoriamente a 30 resoluciones anteriores emitidas por el mismo tribunal, decidió tomar otro rumbo y dictaron una resolución la cual anula parcialmente la resolución del IFAI sobre la entrega de versiones públicas de las averiguaciones previas que tengan como indiciada a Rosario Robles. Resulta de interés público señalar los nombres de los magistrados que aprobaron la resolución, ellos son Roberto Bravo y Avelino Toscano, especialistas en materia fiscal y administrativa. Estos señores han desafiado el contenido del artículo citado. El embate por parte del Ejecutivo no para ahí. El TFJFA admitió conocer la demanda de juicio de nulidad que presentó el SAT en contra la resolución del IFAI que ordena revelar los nombres de los contribuyentes a los cuales les condonaron sus créditos fiscales en 2007 por más de 74 millones, protegiendo nombres, empresas e intereses. Y, obviamente, dejando el interés y derecho de la ciudadanía por conocer dicha información en desvalimiento. Al parecer el TFJA es un nuevo enemigo de la transparencia. Debemos tomar nota.
Las malas noticias no terminan ahí. Hay otras prácticas como la usada por particulares como Romero Deschamps y otros integrantes (Fernando Navarrete Pérez, Manuel Limón Hernández, Eleuterio de la Rosa Esteva, Raúl Ramírez Rangel y Antonio Osorio García) del sindicato de Pemex, quienes en calidad de terceros interesados promovieron un juicio de amparo indirecto ante el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa para impedir que Pemex cumpliera con la resolución del IFAI que le ordenaba entregar copias de los comprobantes de sus pagos. Lo monstruoso de esto es que el juez, fundado en los argumentos de los sindicalistas ordenó al IFAI dejar sin efectos la resolución. Ante esta acción el IFAI se vio en la necesidad de acudir a un tribunal judicial que confirmó que el instituto debía considerar a los funcionarios públicos como terceros interesados y por tanto debía reponer el recurso de revisión. Ante esta determinación el IFAI ordenó que Pemex debe de entregar versiones públicas en las que se provea de la información requerida. Los ejemplos vertidos señalan que los enemigos de la transparencia se han multiplicado y han tomado fuerza. Resulta preocupante observar que son las instituciones de Estado como la PGR, Pemex, SAT son quienes incumplen y buscan acotar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Es a favor de la sociedad el desarrollo que ha tenido el derecho a saber en nuestro país. Se reconoce como un logro ciudadano. El desarrollo del derecho ha permitido a la población verificar su eficacia, la cual promueve un mejor gobierno y acota las libertades a funcionarios públicos para hacer actos de corrupción y mal gobierno. Todo parece indicar que estas nuevas acciones que llevan como fin debilitar a instituciones como el IFAI y negar el derecho a la sociedad responden a un deseo de involución para perpetuar la opacidad, esto mientras el Congreso, con su displicencia e irresponsabilidad, sigue sin reformar la Ley Federal de Transparencia. Los enemigos resultan ser varios pero comienzan a mostrarse. Pero también intuyo que la sociedad está lista para defender lo que es suyo y no dar un paso atrás en materia de transparencia.
Director de Artículo 19 para México y Centroamérica
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