Mario Luis Fuentes*
Excélsior/14 de junio de 2010
La ponencia presentada por el ministro Arturo Zaldívar con respecto al incendio de la guardería ABC ha despertado un alud de posiciones tanto a favor como en contra. De inicio, en este debate hay algo positivo. La Corte, al hacer públicas sus sesiones, ha iniciado todo un proceso de apertura y transparencia, asunto que no es menor pues su principal responsabilidad es velar por el estricto cumplimiento del orden constitucional.
En esa lógica, es preciso señalar que el debate público sobre este tema ha comenzado a tener giros y enfoques que, desde mi perspectiva, están orientando la discusión hacia donde no debe ir: una vez más se está pensando desde la perspectiva de los probables victimarios y no desde la perspectiva de las víctimas.
No se trata de construir un proceso de linchamiento colectivo; tampoco se trata de un ejercicio justiciero para responder al reclamo generalizado de fincar responsabilidades ante una de las mayores tragedias sociales que ha vivido nuestro país; sin embargo, no puede ponerse en segundo plano el hecho de que ahí murieron 49 niñas y niños y que 74 más sufrieron heridas que tendrán consecuencias de por vida.
Así pues, el documento presentado por el ministro Zaldívar debería llevarnos al debate responsable sobre temas fundamentales para el país. Por ejemplo: ¿El Estado debe subrogar, con base principalmente en criterios financieros, los servicios sociales, o hay esferas de justicia que no pueden ser cedidas al ámbito de lo privado?
El debate no resuelto consiste en determinar qué le corresponde hacer al Estado y qué bienes y servicios pueden ser proveídos por el mundo de lo privado. Lo que es claro es que en todo esquema de servicios sociales debe prevalecer la protección del interés superior de la niñez, y no exclusivamente los criterios aplicados de oportunidad financiera.
Otro tema implícito en la ponencia del ministro Zaldívar es que hemos olvidado que la Constitución establece un sistema de responsabilidades que por "usos y costumbres" no ha sido obedecido, pero que es preciso restablecer a fin de garantizar la preeminencia del Estado social de derecho.
Lo anterior equivaldría a decir, desde mi punto de vista, que en la prevalencia de la pobreza, la desigualdad y la desprotección social hay responsables, tanto por comisión como por omisión, así que es indispensable hacer valer el orden jurídico nacional a fin de evitar que lo que puede llamarse la "impunidad de la injusticia social" siga campeando en detrimento de los más vulnerables.
Así, la idea del "desorden generalizado" en los mecanismos institucionales de coordinación entre la Federación, las entidades y los municipios puede ser aplicada a todos los ámbitos del gobierno: en seguridad pública no hay una adecuada coordinación; en desarrollo social la articulación es inexistente; en materia de fomento económico no hay criterios compartidos en prácticamente ningún tema; la educación es un desastre en todo el país, y suma y sigue.
La muerte de las niñas y los niños en la trágica guardería ABC es de tal magnitud que no puede ni debe quedar impune, sino tiene que ser tomada como el punto de inflexión moral para reconstruir nuestro pacto social y con ello fundar un México apropiado para los niños, y un país que, con base en la equidad y la justicia social, sea apropiado para todos.
*Director del CEIDAS, A. C.
Excélsior/14 de junio de 2010
La ponencia presentada por el ministro Arturo Zaldívar con respecto al incendio de la guardería ABC ha despertado un alud de posiciones tanto a favor como en contra. De inicio, en este debate hay algo positivo. La Corte, al hacer públicas sus sesiones, ha iniciado todo un proceso de apertura y transparencia, asunto que no es menor pues su principal responsabilidad es velar por el estricto cumplimiento del orden constitucional.
En esa lógica, es preciso señalar que el debate público sobre este tema ha comenzado a tener giros y enfoques que, desde mi perspectiva, están orientando la discusión hacia donde no debe ir: una vez más se está pensando desde la perspectiva de los probables victimarios y no desde la perspectiva de las víctimas.
No se trata de construir un proceso de linchamiento colectivo; tampoco se trata de un ejercicio justiciero para responder al reclamo generalizado de fincar responsabilidades ante una de las mayores tragedias sociales que ha vivido nuestro país; sin embargo, no puede ponerse en segundo plano el hecho de que ahí murieron 49 niñas y niños y que 74 más sufrieron heridas que tendrán consecuencias de por vida.
Así pues, el documento presentado por el ministro Zaldívar debería llevarnos al debate responsable sobre temas fundamentales para el país. Por ejemplo: ¿El Estado debe subrogar, con base principalmente en criterios financieros, los servicios sociales, o hay esferas de justicia que no pueden ser cedidas al ámbito de lo privado?
El debate no resuelto consiste en determinar qué le corresponde hacer al Estado y qué bienes y servicios pueden ser proveídos por el mundo de lo privado. Lo que es claro es que en todo esquema de servicios sociales debe prevalecer la protección del interés superior de la niñez, y no exclusivamente los criterios aplicados de oportunidad financiera.
Otro tema implícito en la ponencia del ministro Zaldívar es que hemos olvidado que la Constitución establece un sistema de responsabilidades que por "usos y costumbres" no ha sido obedecido, pero que es preciso restablecer a fin de garantizar la preeminencia del Estado social de derecho.
Lo anterior equivaldría a decir, desde mi punto de vista, que en la prevalencia de la pobreza, la desigualdad y la desprotección social hay responsables, tanto por comisión como por omisión, así que es indispensable hacer valer el orden jurídico nacional a fin de evitar que lo que puede llamarse la "impunidad de la injusticia social" siga campeando en detrimento de los más vulnerables.
Así, la idea del "desorden generalizado" en los mecanismos institucionales de coordinación entre la Federación, las entidades y los municipios puede ser aplicada a todos los ámbitos del gobierno: en seguridad pública no hay una adecuada coordinación; en desarrollo social la articulación es inexistente; en materia de fomento económico no hay criterios compartidos en prácticamente ningún tema; la educación es un desastre en todo el país, y suma y sigue.
La muerte de las niñas y los niños en la trágica guardería ABC es de tal magnitud que no puede ni debe quedar impune, sino tiene que ser tomada como el punto de inflexión moral para reconstruir nuestro pacto social y con ello fundar un México apropiado para los niños, y un país que, con base en la equidad y la justicia social, sea apropiado para todos.
*Director del CEIDAS, A. C.
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