Nada que celebrar

Rubén Moreira Valdez
El Universal/11 de junio de 2010

Eso de la represión a periodistas no es nuevo. El Pensador Mexicano periódico que dirigía José Joaquín Fernández de Lizardi, sufrió de los embates de la censura. Los hombres de la Reforma, llevaron a la Constitución del 57 la libertad de expresión. En la Constitución de 1917, los artículos seis y siete protegen la libertad de expresarse, claro que por si mismos no le garantizan a nadie salir con vida si se tratan algunos temas, para eso se requieren políticas públicas, que garanticen la seguridad de los comunicadores.

Un 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos que dedica su artículo 19 a la libertad de expresión. Durante el gobierno de Miguel Alemán se instituyó en México el día siete de junio para celebrar la libertad de expresión.


Durante el gobierno de Felipe Calderón tenemos poco que celebrar. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el periodo 2000 – 2010 se han cometido 61 homicidios y ocho desapariciones de comunicadores. Organismos internacionales de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado el clima de violencia que pone en peligro a quienes se dedican a la profesión de informar y que afecta a los medios de comunicación en especial, a aquellos que cubren la fuente policíaca. En todo el territorio nacional hay ejemplos, pero en el norte del país el problema ha llegado a extremos inimaginables, que obligan a la auto censura.


Los gobiernos panistas, siempre proclives a colocar a México en los últimos lugares de todo tipo de índices, hoy tienen a nuestro país en el sitio número 138 de un total de 175 naciones en el “Índice Mundial de Libertad de Expresión”. En este reporte elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras, se reseña que hemos superado a Colombia y hoy somos más inseguros para el oficio de informar que Serbia, Kosovo, Venezuela y Gambia. En el 2002 México ocupaba la posición número 76, ocho años después descendimos 62 lugares.


De nada ha servido la fiscalía establecida ex profeso por la PGR para proteger los derechos de los periodistas. Las agresiones mortales a periodistas están hoy relacionadas en su mayoría al narcotráfico y las amenazas no se pueden cuantificar, porque no son denunciadas.


Si aspiramos a tener una sociedad democrática, la libertad de expresión, debe ser un derecho garantizado por el Estado mexicano. La presión de las bandas delictivas sobre los medios produce distorsiones de la realidad; es tanta la fuerza de estas organizaciones que sus sistemas de inteligencia tienen, en muchos casos, infiltradas las mesas de redacción. Cada vez resulta más común encontrar notas firmadas por la “redacción”, figura que hoy se usa para proteger a los autores. A los medios llegan listas de notas y personajes que deben o no aparecer. Hoy se viven momentos de terror en los medios de muchas ciudades de México.


La atención del problema es crucial; la función del comunicador es esencial en el estado de derecho y en la construcción de la democracia, su silencio se convierte en la ignorancia de la comunidad y es una puerta más a la impunidad. El narco avanza por muchos caminos, se infiltra y trata de vencer los obstáculos que se atraviesan a su paso, el periodismo es una incomodidad y hoy es su objetivo.


Hay otros actores que agraden la libertad de expresión. También faltan algunas reformas en la materia. Por ejemplo, es importante despenalizar los llamados delitos contra el “honor”, que han servido para tratar de callar periodistas, en este caso quedan algunas entidades de retirar estos tipos penales de sus legislaciones.


Para enfrentar el riesgo actual con éxito es urgente que se reconozca el hecho de que las bandas que hoy agreden a los periodistas, tienen una naturaleza que rebasa los límites geográficos de las entidades y que para combatirla se requiere la participación de las autoridades federales, eso sin descontar la cooperación local. La actual fiscalía que se ubica en la PGR, tiene un gran reto que corre contra el tiempo. No se puede esperar más por resultados, la impunidad alienta el crimen. A la sociedad le queda la obligación de no olvidar, de ser intransigente con la autoridad.


Este lunes hubo poco que festejar, el país esta hundido en la violencia y los medios no pueden dar la nota, sin el miedo fundado de ser agredidos… ¿Quién puede demostrar que se va ganando la guerra?

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.