José Antonio Crespo
Excélsior/14 de junio de 2010
Con la esperanza de salvar la candidatura de GregSánchez para el gobierno de Quintana Roo, el PRD recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se apeló a la presunción de inocencia para preservar los derechos políticos. Diversas voces autorizadas advirtieron que el Tribunal estaba obligado a aceptar el recurso, y preservar el derecho de Greg a continuar en la elección, pese a estar en prisión. Eso, porque, dicen, el Tribunal mantuvo ese derecho en el caso del ciudadano JoséGregorio Pedraza a quien se le negó el registro electoral en 2007, e igualmente a Martín Orozco, candidato panista al gobierno de Aguascalientes en el actual proceso. Ante todo, conviene analizar los fundamentos jurídicos de cada decisión, y ver si hay congruencia o no entre ellas. En el caso de Pedraza, se consideró que, pese a que la Constitución estipula en su artículo 38 que los derechos políticos se suspenden al estar bajo proceso judicial que implique castigo corporal, se apeló a la normatividad internacional signada por México, donde se sugiere que los derechos políticos no se pierden hasta en tanto no haya sentencia ejecutoria. Y es que se presume inocencia mientras no se dictamine jurídicamente la culpabilidad, principio también plasmado en el artículo 20 de la Constitución mexicana.
En el caso del panista Orozco, y sobre quien también pesa una orden de aprehensión, el Tribunal aplicó criterios semejantes a los validados en el caso de Pedraza, permitiéndole preservar sus derechos políticos. Es por ello que muchos sugieren que el caso de Greg demandaba un fallo en ese mismo sentido, dado que, pese a haber sido ya aprehendido y encarcelado, está pendiente la sentencia firme sobre su culpabilidad. Al negarse ese derecho a Greg, se acusa al Tribunal de incongruencia jurídica. Sin embargo, en el fallo en torno a Pedraza y Orozco se destacaba la preservación de la libertad como elemento clave para preservar o no los derechos políticos. En el fallo sobre el caso Pedraza, el Tribunal determinó que "aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político-electorales; pues resulta innegable que, salvo la limitación referida, al no haberse privado la libertad personal del sujeto y al operar en su favor la presunción de inocencia, debe continuar con el uso y goce de sus derechos" (SUP-JDC-85/2007).
El mismo criterio se aplicó en el caso Orozco. Entonces se señalaron como dos condiciones que implican la pérdida de derechos políticos "cuando el sujeto a proceso. ha sido declarado penalmente responsable de la comisión de un ilícito, por sentencia ejecutoria. o bien, cuando está privado de su libertad provisionalmente" (SUP-JDC, 98/2010). En el caso de Orozco no se cumplía ninguno de los supuestos. En el caso de Greg, pese a no haber enfrentado una sentencia ejecutoria, ha perdido la libertad, y no tiene derecho a la caución. Lo cual le impide el ejercicio material del voto pasivo y activo. El magistrado Constancio Carrasco, sin embargo, consideró que el mero impedimento físico de hacer campaña no debiera bastar para eliminar los derechos políticos de un ciudadano, ni el activo (votar) ni el pasivo (ser votado). Con todo, votó a favor de suspender esos derechos a Greg Sánchez, dado que, si bien podría hacer una campaña sui géneris desde prisión, no podría, en cambio, gobernar, en caso de ganar.
Por su parte, el magistrado Manuel González Oropeza consideró que hay una flagrante contradicción entre el artículo 38 constitucional y el 20, ya descritos, y optó por privilegiar al segundo, lo que le llevó a ser el único miembro de la Sala Superior que votó en contra de ratificar la privación de los derechos políticos de Greg. En general, me parece que, pudiéndose estar en desacuerdo con eliminar los derechos políticos de un sospechoso -aun antes de ser declarado culpable por sentencia firme- por estar en prisión, el Tribunal no fue incongruente respecto de los argumentos y criterios que fijó en los casos de Pedraza y Orozco. Eso no implica que, de ser encontrado inocente GregSánchez, no se ponga en duda la legitimidad -no necesariamente la legalidad- de la elección en Quintana Roo, así como su resultado.
Excélsior/14 de junio de 2010
Con la esperanza de salvar la candidatura de GregSánchez para el gobierno de Quintana Roo, el PRD recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se apeló a la presunción de inocencia para preservar los derechos políticos. Diversas voces autorizadas advirtieron que el Tribunal estaba obligado a aceptar el recurso, y preservar el derecho de Greg a continuar en la elección, pese a estar en prisión. Eso, porque, dicen, el Tribunal mantuvo ese derecho en el caso del ciudadano JoséGregorio Pedraza a quien se le negó el registro electoral en 2007, e igualmente a Martín Orozco, candidato panista al gobierno de Aguascalientes en el actual proceso. Ante todo, conviene analizar los fundamentos jurídicos de cada decisión, y ver si hay congruencia o no entre ellas. En el caso de Pedraza, se consideró que, pese a que la Constitución estipula en su artículo 38 que los derechos políticos se suspenden al estar bajo proceso judicial que implique castigo corporal, se apeló a la normatividad internacional signada por México, donde se sugiere que los derechos políticos no se pierden hasta en tanto no haya sentencia ejecutoria. Y es que se presume inocencia mientras no se dictamine jurídicamente la culpabilidad, principio también plasmado en el artículo 20 de la Constitución mexicana.
En el caso del panista Orozco, y sobre quien también pesa una orden de aprehensión, el Tribunal aplicó criterios semejantes a los validados en el caso de Pedraza, permitiéndole preservar sus derechos políticos. Es por ello que muchos sugieren que el caso de Greg demandaba un fallo en ese mismo sentido, dado que, pese a haber sido ya aprehendido y encarcelado, está pendiente la sentencia firme sobre su culpabilidad. Al negarse ese derecho a Greg, se acusa al Tribunal de incongruencia jurídica. Sin embargo, en el fallo en torno a Pedraza y Orozco se destacaba la preservación de la libertad como elemento clave para preservar o no los derechos políticos. En el fallo sobre el caso Pedraza, el Tribunal determinó que "aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político-electorales; pues resulta innegable que, salvo la limitación referida, al no haberse privado la libertad personal del sujeto y al operar en su favor la presunción de inocencia, debe continuar con el uso y goce de sus derechos" (SUP-JDC-85/2007).
El mismo criterio se aplicó en el caso Orozco. Entonces se señalaron como dos condiciones que implican la pérdida de derechos políticos "cuando el sujeto a proceso. ha sido declarado penalmente responsable de la comisión de un ilícito, por sentencia ejecutoria. o bien, cuando está privado de su libertad provisionalmente" (SUP-JDC, 98/2010). En el caso de Orozco no se cumplía ninguno de los supuestos. En el caso de Greg, pese a no haber enfrentado una sentencia ejecutoria, ha perdido la libertad, y no tiene derecho a la caución. Lo cual le impide el ejercicio material del voto pasivo y activo. El magistrado Constancio Carrasco, sin embargo, consideró que el mero impedimento físico de hacer campaña no debiera bastar para eliminar los derechos políticos de un ciudadano, ni el activo (votar) ni el pasivo (ser votado). Con todo, votó a favor de suspender esos derechos a Greg Sánchez, dado que, si bien podría hacer una campaña sui géneris desde prisión, no podría, en cambio, gobernar, en caso de ganar.
Por su parte, el magistrado Manuel González Oropeza consideró que hay una flagrante contradicción entre el artículo 38 constitucional y el 20, ya descritos, y optó por privilegiar al segundo, lo que le llevó a ser el único miembro de la Sala Superior que votó en contra de ratificar la privación de los derechos políticos de Greg. En general, me parece que, pudiéndose estar en desacuerdo con eliminar los derechos políticos de un sospechoso -aun antes de ser declarado culpable por sentencia firme- por estar en prisión, el Tribunal no fue incongruente respecto de los argumentos y criterios que fijó en los casos de Pedraza y Orozco. Eso no implica que, de ser encontrado inocente GregSánchez, no se ponga en duda la legitimidad -no necesariamente la legalidad- de la elección en Quintana Roo, así como su resultado.
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