León Krauze
Milenio/15 de junio de 2010
El aberrante asesinato del niño Sergio Hernández ha puesto en un brete a los gobiernos de México y Estados Unidos. Desde hace años, la relación entre ambos países se ha resuelto a través de una mezcla curiosa de cooperación “micro” y tensión “macro”. Es un hecho, por ejemplo que, sin hacer alharaca, funcionarios del Departamento de Estado visitan México frecuentemente para proponer o colaborar con proyectos que buscan mejorar variables cruciales del combate al crimen en el país, desde incrementar el porcentaje de denuncias hasta desmantelar células de narcotraficantes bien pertrechadas. Imagino que hay contactos de este tipo cada semana: a finales de la anterior, por ejemplo, supe de una visita particularmente interesante que espera, por razones elementales de respeto a la fuente, para mejor ocasión.
Por desgracia, al mismo tiempo en que se desarrolla de manera productiva la relación a través de este tipo de colaboración de bajo perfil mediático, el gobierno mexicano se enfrente a retos quizá insuperables en los grandes temas de la agenda. Ya nos hemos acostumbrado a la indiferencia arrogante del Partido Republicano (y, tristemente, de una parte considerable del Demócrata) en asuntos como la reforma migratoria o los cambios de fondo que se necesitan para luchar contra el tráfico de armas que nutre a la delincuencia en nuestro país. Por razones meramente ideológicas y electoreras, la reforma del sistema migratorio es imposible. Lo mismo imaginar apretar las reglas de venta y tenencia de armas en Estados Unidos. No es fácil tragarse la resistencia constante al más alto nivel diplomático, pero el arreglo parece evidente: a cambio de apaciguar a los electores más radicales de cada partido rechazando lo “macro”, el gobierno estadunidense ofrece colaboración constante, sólida y callada.
Es un acuerdo práctico pero frágil. Depende, como todo, de mantener una mínima consideración respetuosa a ambos lados de la frontera. Y de ahí las complicaciones recientes. El brutal asesinato de Sergio Hernández es muchas cosas pero, antes que nada, es una profunda falta de respeto. No hay pero que valga. El agente fronterizo que acabara con la vida del niño juarense no tiene justificación alguna. Lo que hizo es un crimen bajo cualquier definición. Los niños podrán haber estado sacudiendo la reja del lado estadunidense, incluso tratando de entrar ilegalmente a territorio extranjero. Podrán haber tratado de defenderse con piedras mientras corrían despavoridos al ver a la autoridad. Nada de eso permite a un guardia sacar su pistola calibre .40 y, a 15 metros de distancia, asesinar a un muchacho. Es un acto criminal.
La reacción posterior del FBI y la propia Border Patrol no ha hecho más que empeorar las cosas. Cuando por primera vez entrevisté a uno de los responsables de la investigación dentro del FBI, me aclaró que el famoso Buró no indagaba el asesinato del niño, sino la presunta agresión con piedras que había llevado al agente a tomar una decisión que —así me dijo— sólo se puede tomar “en el momento”. Fox News, esa cadena que dice ser de noticias pero se dedica a algo muy distinto, no tardó en sumarse, soltando el rumor de que Sergio era sospechoso de contrabando. En Twitter, el Sindicato de la Patrulla Fronteriza agredió a diestra y siniestra, burlándose de los mexicanos que lo increpaban, incluidos varios periodistas merecidamente respetados. A todo esto, han pasado los días y nada se sabe sobre la identidad del asesino, supuestamente suspendido de la Patrulla Fronteriza mientras no concluya la investigación. En resumen, una auténtica vergüenza, desplante de soberbia casi inhumana que recuerda lo peor de ese gran país que, por lo demás, es Estados Unidos.
El gobierno mexicano debe hacer hasta lo imposible por dar un golpe en la mesa. El frágil equilibrio que de manera meritoria ha alcanzado con Washington puede resquebrajarse si se permite que se perpetúe la injusticia de la muerte de Sergio Hernández. En la diplomacia, como en cualquier relación entre pares, sin respeto no hay futuro.
leon@wradio.com.mx
Milenio/15 de junio de 2010
El aberrante asesinato del niño Sergio Hernández ha puesto en un brete a los gobiernos de México y Estados Unidos. Desde hace años, la relación entre ambos países se ha resuelto a través de una mezcla curiosa de cooperación “micro” y tensión “macro”. Es un hecho, por ejemplo que, sin hacer alharaca, funcionarios del Departamento de Estado visitan México frecuentemente para proponer o colaborar con proyectos que buscan mejorar variables cruciales del combate al crimen en el país, desde incrementar el porcentaje de denuncias hasta desmantelar células de narcotraficantes bien pertrechadas. Imagino que hay contactos de este tipo cada semana: a finales de la anterior, por ejemplo, supe de una visita particularmente interesante que espera, por razones elementales de respeto a la fuente, para mejor ocasión.
Por desgracia, al mismo tiempo en que se desarrolla de manera productiva la relación a través de este tipo de colaboración de bajo perfil mediático, el gobierno mexicano se enfrente a retos quizá insuperables en los grandes temas de la agenda. Ya nos hemos acostumbrado a la indiferencia arrogante del Partido Republicano (y, tristemente, de una parte considerable del Demócrata) en asuntos como la reforma migratoria o los cambios de fondo que se necesitan para luchar contra el tráfico de armas que nutre a la delincuencia en nuestro país. Por razones meramente ideológicas y electoreras, la reforma del sistema migratorio es imposible. Lo mismo imaginar apretar las reglas de venta y tenencia de armas en Estados Unidos. No es fácil tragarse la resistencia constante al más alto nivel diplomático, pero el arreglo parece evidente: a cambio de apaciguar a los electores más radicales de cada partido rechazando lo “macro”, el gobierno estadunidense ofrece colaboración constante, sólida y callada.
Es un acuerdo práctico pero frágil. Depende, como todo, de mantener una mínima consideración respetuosa a ambos lados de la frontera. Y de ahí las complicaciones recientes. El brutal asesinato de Sergio Hernández es muchas cosas pero, antes que nada, es una profunda falta de respeto. No hay pero que valga. El agente fronterizo que acabara con la vida del niño juarense no tiene justificación alguna. Lo que hizo es un crimen bajo cualquier definición. Los niños podrán haber estado sacudiendo la reja del lado estadunidense, incluso tratando de entrar ilegalmente a territorio extranjero. Podrán haber tratado de defenderse con piedras mientras corrían despavoridos al ver a la autoridad. Nada de eso permite a un guardia sacar su pistola calibre .40 y, a 15 metros de distancia, asesinar a un muchacho. Es un acto criminal.
La reacción posterior del FBI y la propia Border Patrol no ha hecho más que empeorar las cosas. Cuando por primera vez entrevisté a uno de los responsables de la investigación dentro del FBI, me aclaró que el famoso Buró no indagaba el asesinato del niño, sino la presunta agresión con piedras que había llevado al agente a tomar una decisión que —así me dijo— sólo se puede tomar “en el momento”. Fox News, esa cadena que dice ser de noticias pero se dedica a algo muy distinto, no tardó en sumarse, soltando el rumor de que Sergio era sospechoso de contrabando. En Twitter, el Sindicato de la Patrulla Fronteriza agredió a diestra y siniestra, burlándose de los mexicanos que lo increpaban, incluidos varios periodistas merecidamente respetados. A todo esto, han pasado los días y nada se sabe sobre la identidad del asesino, supuestamente suspendido de la Patrulla Fronteriza mientras no concluya la investigación. En resumen, una auténtica vergüenza, desplante de soberbia casi inhumana que recuerda lo peor de ese gran país que, por lo demás, es Estados Unidos.
El gobierno mexicano debe hacer hasta lo imposible por dar un golpe en la mesa. El frágil equilibrio que de manera meritoria ha alcanzado con Washington puede resquebrajarse si se permite que se perpetúe la injusticia de la muerte de Sergio Hernández. En la diplomacia, como en cualquier relación entre pares, sin respeto no hay futuro.
leon@wradio.com.mx
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